Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74036
En la ciudad de La Plata, a 5 de junio de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, de Lázzari, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.036, "Sena Villanueva, Tamara contra Municipalidad de Salliqueló. Daños y perjuicios".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín, por mayoría de fundamentos, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora e hizo lugar parcialmente al deducido por la demandada y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que había admitido la pretensión indemnizatoria promovida por la señora Tamara Sena Villanueva y la modificó en lo que hace al importe que fijara en concepto de daño moral (v. fs. 439/455 vta.).
Disconforme contra tal pronunciamiento, se interpusieron recursos de inaplicabilidad de ley por la accionante a fs. 460/464 vta. y por la accionada a fs. 466/473 vta., los que fueron concedidos por la Cámara interviniente a fs. 477/478 vta.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 482) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducido a fs. 460/464 vta.?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de fs. 466/473 vta.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La controversia versa sobre el reclamo indemnizatorio promovido por la señora Tamara Sena Villanueva contra la Municipalidad de Salliqueló con motivo de que el día 15 de febrero del año 2011 su hijo Guido Nahuel de 9 años de edad falleció tras sufrir asfixia por inmersión en el "Paseo del Lago" (v. fs. 39/43 vta.).
El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 de la ciudad de Trenque Lauquen hizo lugar a la pretensión indemnizatoria deducida por la accionante, condenando al citado municipio -conforme a la imputación de responsabilidad que efectuara, parte actora 40% y demandada 60%-, a abonar una suma de dinero comprensiva de diferentes rubros entre ellos el daño moral que fijara en la suma total de $400.000, con más intereses (v. fs. 390/399 vta.).
Consideró que la accionada es responsable por ser el predio donde ocurrió el evento dañoso un bien del dominio municipal afectado al esparcimiento y recreación de la población y que debió adoptar las medidas de prevención y seguridad -que en el caso no se habrían acreditado, conforme la inspección realizada después del accidente agregada a la Instrucción Penal Preparatoria, a la pericia practicada y a las declaraciones rendidas en esta causa- con motivo de la existencia de un lago artificial potencialmente peligroso, que era utilizado por niños y jóvenes en forma irregular.
Ante ello, entendió que la comuna debía responder por el incumplimiento o ejecución irregular de la actividad de sus órganos o agentes conforme el art. 1.112 del Código Civil, entonces vigente, al configurarse una falta de servicio.
Asimismo, sostuvo que la parte actora es responsable en el evento en atención a los deberes de protección, cuidado y vigilancia activa que deberían tener los padres respecto de sus hijos sometidos a la patria potestad, teniendo en consideración la edad del menor -9 años- que se hallaba en compañía de un amigo de 12 años, ello en virtud de lo normado en los arts. 264, 265 y 1.114 del Código Civil, entonces vigente.
Contra el mentado pronunciamiento, las partes intervinientes dedujeron recursos de apelación (v. fs. 406/410 y 412/413 vta.).
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín, por mayoría de fundamentos, rechazó el interpuesto por la accionante e hizo lugar parcialmente al deducido por la demandada, y en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que había admitido la pretensión indemnizatoria promovida por la señora Tamara Sena Villanueva y modificó la suma otorgada en concepto de daño moral (v. fs. 439/455 vta.).
Para así decidir, el Tribunal de Alzada, en primer término, determinó con cita de doctrina legal de este Tribunal que el Código Civil y Comercial vigente a partir del 1 de agosto de 2015 no es de aplicación a este caso, en tanto el hecho que se imputa como generador de la responsabilidad se consumó bajo el régimen del Código Civil (ley 340), entonces vigente.
Luego de ello, el pronunciamiento impugnado partiendo del deber de la comuna de mantener en condiciones adecuadas el espacio destinado a uso público de esparcimiento a fin de evitar perjuicios a terceros precisó que en esta causa se debate la responsabilidad de la municipalidad por omisión ante la falta de servicio con fundamento en el art. 1.112 del Código Civil, entonces vigente.
Acto seguido, reseñó los arts. 191 y 192 de la Constitución provincial; 27 inc.2 de la Ley Orgánica de las Municipalidades -decreto ley 6.769/58-; 1 del decreto ley 9.533/80; 7 y 8 del decreto ley 8.912 y la doctrina de este Tribunal plasmada en la causa L. 71.070, "Giménez", sentencia de 23-XII-2003 y con sustento en tales previsiones sostuvo que se había acreditado la relación de causalidad entre el daño y la responsabilidad endilgada a la accionada, en particular ante el incumplimiento irregular en el control del estado de conservación del espacio público por la falta de señalización del lago.
Puntualizó que el deber de conservación resulta una obligación que tiene el gobierno local más aún cuando la utilización del parque se realiza mayormente por personas vulnerables como niños y menores.
Ponderó que los testimonios de los señores Ferreiro, Alfonso, Falcón, May, Candido y Mitré no precisaron que los carteles de advertencia del peligro del lugar y en especial el de prohibición de bañarse estuviese el día en que ocurrió el hecho dañoso. A raíz de ello, entendió a contrario sensu de lo esgrimido por la demandada que de la prueba colectada no surgía acreditada que al momento del hecho existiera en el lago carteles prohibiendo el ingreso.
Sin perjuicio de ello consideró que la omisión de la madre al deber de vigilancia activa también contribuyera al desenlace, en virtud de que a la fecha del evento el niño no había alcanzado los diez años de edad, por ende, carecía de discernimiento y se encontraba sujeto al cuidado y vigilancia de sus padres conforme los arts. 54, 57, 127, 265, 897, 900 y 921 del Código Civil, entonces vigente.
Expresó que el día del hecho dañoso no se encontraba controvertido que el menor estaba solo en un parque público, que no se había finalizado su construcción, en el que se encontraba con otro menor jugando a más de dos cuadras de su casa y que concurriera con autorización, en ausencia de un familiar a su cargo a un espacio donde existiera un lago y que era de conocimiento general la prohibición de bañarse.
Manifestó que el peligro cierto de acceder a un espejo de agua puede no ser apreciado por el niño y ante tal circunstancia imponía razonablemente la presencia de una persona mayor que evaluara y supervisara al niño, pudiendo ser evitado el desenlace ante la presencia de sus padres o adultos que ejercieran momentáneamente su guarda, conforme los deberes impuestos por los arts. 264 y 265 del Código Civil, entonces vigente.
Luego de efectuar la cita de doctrina de este Tribunal referida a la conexión causal adecuada entre el hecho y el daño, concluyó que el evento se produjo no sólo por la responsabilidad de la Municipalidad con fundamento en la falta de servicio sino también de los padres quienes, omitieron ejercer los deberes de protección y vigilancia activa, y que en este caso la demandada no demostró que haya existido culpa de la víctima o de un tercero por quien no debiera responder.
Bajo los lineamientos expuestos, la Cámara consideró equitativo mantener los porcentajes de responsabilidad fijados por el señor juez de primera instancia, esto es, 60% para la Municipalidad y 40% a cargo de la parte actora.
En otro orden, sostuvo que la cita de la causa "Bea" fallada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que efectuara la accionante no resultaba aplicable con motivo de que en ese caso se refirió a que los padres al momento del fallecimiento del niño -viaje con su escuela- no se encontraban al cuidado de modo efectivo del menor.
En cuanto al monto del daño moral cuestionado por la demandada entendió que -luego de hacer referencia al alcance resarcitorio del mismo, a su estimación sujeta al prudente arbitrio judicial y a la demostración de su magnitud por las partes- que el hecho dañoso ha privado a la madre de la compañía de su hijo y del disfrute de su crecimiento junto con el resto de sus hermanos.
Ante ello, estimó que el importe fijado por el fallo de primera instancia era desproporcionado, conforme los arts. 1.078 del Código Civil, entonces vigente y 165 del Código Procesal Civil y Comercial y por lo tanto lo redujo a la suma total de $300.000.
III. Contra dicho pronunciamiento, la accionante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 18 de la Constitución nacional y 901, 1.068, 1.074, 1.111, 1.113 y 1.114 del Código Civil, entonces vigente. Asimismo, alega que la sentencia es absurda y arbitraria (v. fs. 460/464 vta.).
Señala que el pronunciamiento impugnado adolece de dos incoherencias. La primera que hace mención a que ha quedado establecido que la niña se lesionara por el faltante del bulón del volante al eje (cfr. cons. 7). Aduce que tal cuestión no tiene otra explicación que se trató de un descuido del fallo.
La segunda inconsistencia que denuncia se refiere a que la Cámara redujo el monto del daño moral en $300.000, en tanto que la sentencia de primera instancia lo determinara en el importe de $240.000. Interpreta con motivo de ello que es razonable suponer que el Tribunal de Alzada hace referencia al monto total fijado por el pronunciamiento de grado.
En otro orden, reprocha que el Tribunal de Alzada atribuyó responsabilidad al municipio y a la madre del niño, en forma independiente y paralela, sin atender que la conducta de la actora fue determinada por la demandada, por cuanto la Municipalidad de Salliqueló propició la concurrencia pública al parque no haciendo visibles el riesgo o peligro que entrañaba el lago con medidas de protección y en la confianza que emergiera del mensaje de innocuidad del lugar efectuado por la comuna accionada.
Aduce que el comportamiento de la madre no puede considerarse omisivo ya que no habría podido prevenir el daño con su presencia física al predio al ignorar el peligro que existiere.
Sobre tal base expresa que la sentencia impugnada viola diversos artículos del Código Civil, entonces vigente. Así menciona el 901 -frente a la innocuidad del espacio público conforme al comportamiento municipal por lo que era imprevisible su peligrosidad-; 1.068 -inexistencia de omisión de la madre que causare la muerte del hijo-; 1.074 -falta de omisión de su progenitora ante el ocultamiento municipal de los riesgos-; 1.109 -carencia de prevención del peligro y admisión de concurrencia pública al parque-; 1.111 -al no haber falta de la madre ante el ocultamiento del peligro-; 1.113 -el parque no fue utilizado contra la voluntad del municipio que admite su concurrencia pública-; y, 1.114 -ausencia de contribución causal por parte de la recurrente-.
Señala que tales cuestiones fueron expresamente planteadas en la expresión de agravios y no fueron tratadas por el pronunciamiento impugnado, por lo que considera que la omisión de efectuar una argumentación relevante constituye arbitrariedad y lesiona la garantía de defensa en juicio.
Esgrime que la sentencia impugnada es autocontradictoria, ya que por un lado hizo referencia a que la demandada incumplió con su obligación de señalizar en debida forma las cercanías del lago y por el otro, responsabiliza a la madre en virtud del deber de vigilancia, sin considerar que el peligro del lugar no era notorio ni de conocimiento público.
Alega que el pronunciamiento de la Cámara se desvincula de las constancias de la causa y es inconsistente en cuanto atribuye relevancia a circunstancias tal como que el paseo no estaba inaugurado y, sin embargo, la accionada reconoció que era concurrido en forma habitual por la población.
Aduce que el Tribunal de Alzada incurre en absurdo y arbitrariedad al apartarse del caso "Brea" resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en tanto que la circunstancia de estar a cargo de los padres o de la escuela es indiferente, por lo que viola la garantía de defensa y los arts. 901, 1.068, 1.074, 1.109, 1.111, 1.113 y 1.114 del Código Civil, entonces vigente.
Por último, con relación al daño moral -además de las incoherencias que denuncia- aduce que la sentencia es absurda y arbitraria por cuanto carece de fundamentación la reducción del importe dinerario otorgado, lesionando su derecho de defensa y los arts. 1.078 del Código Civil, entonces vigentes y 165 del Código Procesal Civil y Comercial, este último precepto al no indicar el fallo atacado con certeza aquel rubro ni dar las bases para determinarlo en forma unívoca.
IV. Preliminarmente he de advertir que las disposiciones del derogado Código Civil (ley 340) son las aplicables al caso, por estar vigentes al momento en que se configuró el hecho que ocasionó los daños cuya reparación reclama la parte actora (cfr. doctr. art. 7, Cód. Civ. y Com., ley 26.994).
Sentado ello, opino que el recurso no puede prosperar.
IV.1. Ingresando al análisis de las cuestiones formuladas por la recurrente su planteo central se erige sobre la incidencia causal que las conductas de las partes tuvieron en la producción del evento luctuoso, en especial a la que se atribuye a la madre del menor. En efecto, con el argumento de la violación de ciertas normas jurídicas que estima aplicables al caso, la impugnante alega que el municipio demandado es el único responsable del hecho dañoso por la falta de implementación de medidas de seguridad en el predio.
Es doctrina reiterada de este Tribunal que tanto la atribución de responsabilidad ante un siniestro, la determinación de la existencia de la relación causal entre el hecho y el daño, como también su ruptura, y establecer si hubo o no imposibilidad para evitar el daño, constituyen típicas cuestiones de hecho, que resultan irrevisables en las instancias extraordinarias salvo el supuesto excepcional de absurdo (cfr. causas Ac. 96.025, "Giannico", sent. de 19-IX-2007; C. 97.127, "Menna de Giampetri", sent. de 18-II-2009; C. 95.666, "Capece", sent. de 2-IX-2009; A. 71.485, "Amaya", sent. de 4-VI-2014; e.o.), que debe ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca (doctr. causas A. 101.626, "Casas", sent. de 11-II-2009; C. 101.243, "M., M.d.C. y otro", sent. de 7-X-2009 y C. 110.476, sent. de 24-IV-2013), cargo -el que adelanto- no aparece cumplido por la impugnante.
Para tener por configurado el absurdo, es necesario demostrar la concreta desinterpretación de la prueba, de modo que las razones de los juzgadores aparezcan como un dislate, no siendo suficiente para abrir la vía extraordinaria la exteriorización de un punto de vista discrepante con el del sentenciante y acorde con el personal enfoque del material probatorio efectuado por el recurrente (arts. 279 y 384, CPCC; causas C. 106.369, "Améstico", sent. de 14-III-2012; C. 116.914, "Villamil", sent. de 19-III-2014; A. 71.940, "Arruda", sent. de 8-VII-2014 y A. 71.292, "Perri", sent. de 6-V-2015).
En la especie, la quejosa se opone a la apreciación efectuada por la Cámara en base a consideraciones que se sustentan solo en su propio criterio y que no traducen más que meras discrepancias subjetivas a ese respecto (cfr. causa A. 72.442, "Arteca", sent. de 6-XI-2013).
Ha resuelto -en forma reiterada- este Tribunal que quien afirma que la sentencia transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (cfr. doctr. causas C. 103.555, "Romero", sent. de 22-V-2013; C. 111.236, "Barreto", sent. de 9-X-2013; C. 110.731, "Olguin", sent. de 15-VII-2015; e.o.).
Surge de la reseña desarrollada precedentemente, que los fundamentos y consideraciones esgrimidas por la Cámara para atribuir un porcentaje de responsabilidad a la madre del menor -centrados en que su hijo no había alcanzado los diez años de edad, que carecía de discernimiento para comprender el peligro cierto de acceder a un espacio público en donde existiere un lago, al que concurriera con un amigo menor de edad y ocurriendo el hecho a una distancia de más de dos cuadras y media de su casa-, con sustento que es quién ejerce su cuidado y vigilancia conforme los arts. 54, 57, 127, 264, 265, 897, 900 y 921 del Código Civil, entonces vigente, no resultan conmovidos por las manifestaciones vertidas por la recurrente en su escrito recursivo porque no logran revertir las conclusiones centrales a las que -más allá de su acierto o error- arribaron los jueces de la causa.
En efecto, insiste la impugnante en la endilgada atribución de responsabilidad en forma exclusiva a la Municipalidad de Salliqueló fundada en la inexistencia de medidas de prevención y seguridad y en la invitación pública efectuada por el municipio a la concurrencia al "Paseo del Lago", sin hacerse cargo de la parcela correspondiente a la valoración de la conducta omisiva de la madre.
En efecto, el Tribunal de Alzada en atención a las circunstancias fácticas no controvertidas abordó el comportamiento de la progenitora, con sustento en los preceptos legales referidos al control y vigilancia activa materna y el cual se viera reflejado en el porcentaje de incidencia causal establecido.
De allí que resulta irrelevante para justificar el desplazamiento del deber de vigilancia respecto a un niño en ese entonces de 9 años de edad invocar la invitación municipal a concurrir a un predio a los fines de esparcimiento y recreación, en donde existiere un lago que es indudable que por su naturaleza es riesgoso.
Este Tribunal ha expresado que el intento impugnatorio de la recurrente es insuficiente en tanto deja sin controvertir fundamentos del decisorio que, más allá de su acierto o error, le otorgan suficiente sustento (art. 279, CPCC; causas C. 100.330, sent. de 9-V-2012 y C. 115.713, "Ulrich", sent. de 3-IX-2014).
En efecto, el embate de la impugnante resulta pues inatendible por cuanto no se erige como una crítica concreta y suficiente de los argumentos vertidos por la Cámara, pues no reviste más que una mera discrepancia el fallo, ensayando una solución del conflicto que difiere de la sentencia, sin efectuar un ataque de éste con el rigor que lo exige esta instancia extraordinaria.
Tal actitud, como resulta sabido, no es base idónea de agravios, ni demuestra absurdo que de lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (cfr. doctr. causas C. 94.134, "Santa Olimpia S.A.", sent. de 3-III-2010; C. 103.520, "Ferrara", sent. de 13-III-2013 y C. 110.731, "Olguin", cit.), puesto que dicha anomalía queda configurada cuando media cabal demostración de su existencia, pues sólo el error palmario y fundamental autoriza la apertura de la casación para el examen de cuestiones de hecho y prueba (cfr. doctr. causas C. 101.447, "Cortés", sent. de 2-VII-2010; C. 100.984, "Ceratto", sent. de 1-IX-2010; e.o.) vicio, como se adelantara, no resulta acreditado en la especie.
Esta circunstancia permite descartar tanto las infracciones normativas que se postulan como la petición de tratamiento del tópico esgrimido a fs. 463 (cfr. art. 279, CPCC).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.