Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122509
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que los agravios tratados en los puntos III.1 y III.2 han sido insuficientemente fundados, y que el abordado en el punto III.3, ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
MARTINEZ HERNAN C/ PROVINCIA ART S.A Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
La Plata, 12 de junio de 2019.
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Hernán Martínez y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por incapacidad parcial y permanente en los términos de la ley 24.557. Por el contrario, la rechazó en cuanto reclamaba la reparación integral de daños y perjuicios con fundamento en el derecho común (v. fs. 227/235).
Para así decidir, en lo que resulta de interés destacar por ser materia de agravio, juzgó no acreditado que el actor padezca incapacidad psíquica relacionada con el trabajo. Por otro lado, tuvo por no demostrados los presupuestos de responsabilidad objetiva y subjetiva del empleador. Finalmente, teniendo en cuenta que el trabajador tomó conocimiento de su minusvalía en octubre de 2008, denegó la aplicación del índice RIPTE.
II. Frente a lo así resuelto, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 241/247), concedido por el a quo a fs. 248.
En su impugnación, alega que el juzgador basó su pronunciamiento en una interpretación antojadiza y sin sustento, toda vez que surge plenamente acreditado el nexo causal entre el trabajo y la dolencia psíquica que padece el actor.
En segundo término, denuncia absurdo y la arbitrariedad en relación al rechazo de la pretensión del reclamo por daños y perjuicios con sustento en el derecho común.
Por último, reitera la aplicación al caso de la ley 26.773 tanto en relación al índice RIPTE, como también respecto a la prestación adicional de pago único prevista en el art. 3 de la citada ley.
III. El recurso intentado ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
III.1.a. En primer lugar, corresponde observar que determinar tanto la existencia de nexo causal o concausal entre las labores desarrolladas por el trabajador y la minusvalía que lo afecta, así como la apreciación del material probatorio, constituyen el ejercicio de una atribución privativa del tribunal de trabajo, que no resulta susceptible de revisión en esta sede salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 116.935, "Treboux", resol. de 5-IV-2013 y L. 119.083, "Carbia", resol. de 11-XI-2015).
La configuración del vicio señalado requiere del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 118.065, "Ferrari", resol. de 3-XII-2014 y L. 118.387 "Sala", resol. de 19-II-2015).
III.1.b. En el caso, el recurrente no cumple con la carga de acreditar el absurdo alegado, ya que su crítica se reduce -en rigor- a una simple divergencia de opinión con las motivaciones sentenciales que inspiran el pronunciamiento, y como tales insuficientes para conmover el fallo atacado (causas L. 117.754, "Caballero", resol. de 12-III-2014 y L. 118.799, "Giménez", resol. de 14-X-2015).
Así, el recurso no contiene una réplica que desvirtúe el razonamiento del juzgador, según el cual no se logró probar que el actor padezca incapacidad psíquica alguna relacionada con su trabajo. Y si bien -añadió- en la pericia de fs. 130/137 se determinó un desorden por estrés postraumático, que el experto lo relaciona a las tareas habituales y por índices asociados con hechos descriptos en la demanda; cierto es, que en el dictamen no se han señalado ni identificado las causales específicas que puedan haber provocado dichos síntomas en función del trabajo, por lo cual correspondia apartarse de la experticia, en tanto la misma -concluyó- no se encontraba fundada (v. vered. fs. 227 vta./228).
III.1.c. Por el contrario, el remedio intentado transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el sentenciante de grado debió valorar la prueba aportada al proceso, poniendo de manifiesto -tan sólo- su disconformidad con la solución alcanzada en el fallo (causas L. 119.646, "Zaracho", resol. de 1-VI-2016 y L. 119.869, "Parodi", resol. de 17-VIII-2016).
Asimismo, cabe agregar que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte (causas L. 102.928, "Mansilla", sent. de 21-XII-2011; L. 105.461, "Bertón", sent. de 22-VIII-2012; L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013; L. 117.155, "Roselli", sent. de 22-X-2014 y L. 119.519, "Salas", resol. de 1-VI-2016 y L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019).
III.2.a. Por otra parte, esta Corte tiene dicho que tanto el análisis del material probatorio aportado por las partes al proceso, como la determinación relativa a si se configuran o no los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida en los términos del derecho común, son facultades privativas de los jueces de mérito, salvo absurdo, que debe ser demostrado por el recurrente (causas L. 96.362, "Alincastro", sent. de 28-X-2009; L. 102.695, "Santillán", sent. de 10-VIII-2011; L. 105.399, "G., S.B.", sent. de 14-III-2012 y L. 120.019, "Mangas", resol. de 26-X-2016).
III.2.b. En la especie, si bien el interesado ha denunciado el referido vicio, el cuestionamiento expuesto no es hábil para demostrar su existencia, en cuanto las alegaciones formuladas no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debió apreciarse el dictamen pericial técnico agregado a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 95.515, "Ciar", sent. de 18-III-2009 y L. 117.032, "Caballero", sent. de 13-XI-2013).
En ese marco conceptual, los argumentos que porta la impugnación se muestran carentes de idoneidad para conmover la decisión atacada, pues basado en apreciaciones desencontradas con la definición medular del fallo, el recurrente sólo exhibe su disconformidad con la decisión adoptada sin hacerse cargo de desvirtuar las principales motivaciones sobre las que se estructura el pronunciamiento, relacionadas a que no resultó acreditado en autos que, con relación a las dolencias del actor, se hayan intervenido cosas riesgosas y/o viciosas bajo la titularidad o guarda de la empleadora, ni que ésta hubiera transgredido el deber de seguridad y por lo cual debería responder en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del anterior Código Civil.
Recuérdese además que la apreciación, jerarquización y selección de la prueba aportada a la causa -como adjudicarle a la pericia técnica la eficacia probatoria pertinente- es atribución privativa del tribunal de trabajo, que no conoce más límite que la conciencia del juez, esto es, su prudencia jurídica (causas L. 102.699, "Mascareño", sent. de 7-XII-2011; L. 103.036, "Molina", sent. de 16-V-2012 y L. 120.191, "Ruiz", resol. de 19-IV-2017).
III.3. En relación al último de los agravios, esta Suprema Corte -por mayoría- en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), estableció que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decreto 1.278/00, BO de 3-I-2001 y decreto 1.694/09, BO de 6-XI-2009), por lo que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio. Tal criterio fue reiterado con posterioridad en otros precedentes (causas L. 117.871, "Spinali", sent. de 28-IX-2016; L. 118.202, "B. T.,E. y o.", sent. de 8-II-2017; L. 120.345, "Barroso" y L. 121.346, "Astrada", resols. de 6-XII-2017).
El señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por mis colegas preopinantes, y respecto de lo indicado en el punto III.3., dejando a salvo mi opinión plasmada en el precedente L. 118.695, "Staroni", sent. de 24-V-2016, habré de plegarme a la doctrina legal sobre el tópico (art. 31, ley 5.827 y modif.).
Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que, con fecha 7-VI-2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18036/2011/1/RH1) se pronunció en ese mismo sentido.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que los agravios tratados en los puntos III.1 y III.2 han sido insuficientemente fundados, y que el abordado en el punto III.3, ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia