Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 121331
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN).
La Plata, 22 de mayo de 2019.
I. La actora deduce recurso extraordinario federal contra la sentencia de esta Corte que rechazó -por mayoría- el de inaplicabilidad de ley articulado, en virtud de su insustancialidad o carencia de trascendencia, con costas (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812, 68 y 289 CPCC; v. fs. 1068/1082 y 1057/1062, respectivamente).
En el marco del presente reclamo de daños y perjuicios, la Cámara interviniente declaró mal concedido el recurso de apelación contra la providencia de primer grado que dispuso la intimación a depositar el anticipo de gastos periciales, al resultar la decisión atacada alcanzada por la regla de inapelabilidad del art. 377 del CPCC (v. fs. 1001/1002 vta.).
En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de los arts. 17, 18, 31, 41, 42 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8 de la carta de la OEA y Resol. 39/248 (Directrices para la Protección del Consumidor) de la Asamblea General de la ONU (v. fs. 1068/1069, 1070 vta., 1079 vta./1080, 1081 y 1082).
I.1. Sostiene que esta Corte, al rechazar el remedio extraordinario interpuesto por su parte mediante el empleo del certiorari autorizado por el art. 31 bis de la ley 5.827, dejó sin resolver la compleja cuestión federal referida al derecho a la tutela judicial efectiva de que goza el consumidor, en tanto sujeto de preferente protección (v. fs. 1080 vta.). En efecto, se explaya acerca del surgimiento e importancia de la normativa en la materia (v. fs. 1076 vta./1079 vta.)
I.2. Expone, además, que la resolución en crisis violó el art. 41 de la Constitución Nacional que establece la protección de los intereses económicos, trato equitativo y digno y el establecimiento de procedimientos eficaces por parte del estado para la defensa de los derechos de usuarios y consumidores, desde que, a su criterio, esto se conseguiría con la gratuidad del proceso judicial (v. fs. 1081).
I.3. Insiste que el art. 53 de la ley 24.240 establece -con carácter de orden público- que las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la ley citada gozarán del beneficio de gratuidad y que la eficacia de ese imperativo implica estar exento de las cargas económicas, no sólo para acceder a la jurisdicción, sino también para obtener de ella una sentencia justa (v. fs. 1081 y vta.)
I.4. Aduce que la insustancialidad e intrascendencia del caso invocadas en el fallo en cuestión, terminaron por confirmar la decisión de la instancia de grado, subvirtiendo aquella preferente y efectiva tutela judicial reconocida a los consumidores. Y ello así, porque -a su entender- el voto mayoritario vinculó el monto fijado para gastos con los conceptos de insustancialidad e intrascendencia, desconociendo que las cuestiones que afectan al consumidor son especialmente carentes de contenido económico (v. fs. 1080)
II. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 1084), el mismo no fue contestado.
III.1. Inicialmente, cabe recordar que las cuestiones relativas a la interpretación del derecho común y procesal local (en el sub lite , la denunciada vulneración a la ley 24.240, así como la insustancialidad del asunto traído mediante el recurso local para atacar la decisión del a quo , según lo normado por el art. 31 bis de la ley 5.827), no justifican -por regla y naturaleza- la habilitación de la instancia federal, por lo que en estos casos se torna particularmente exigible que la apelación cuente, respecto de los agravios que la originan, con fundamentos suficientes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial; situación que no se advierte en el caso en el que los argumentos de la recurrente no constituyen más que una diferencia de opinión, insuficiente como tal para habilitar la presente vía (doctr. CSJN, Fallos: 249:530; 267:59; 310:405; 324:4349, 330:133, entre otros).
III.2. En lo relativo a la arbitrariedad denunciada con base en la causal de omisión de cuestiones conducentes y apartamiento de la solución normativa aplicable, tampoco se observa que se formulen razones bastantes que - prima facie ponderadas- autoricen la concesión del remedio incoado (doctr. art. 15 citado).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación ha dicho que la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN, Fallos: 313:493; 323:4028; 329:2206, 3761; 330:133, entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (Fallos: 311:100; 313:493, entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes fundamentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, extremos que -como se anticipara- no se encuentren satisfechos en la especie.
III.3. Por otro lado, cabe apuntar que la simple denuncia de la invocada violación de normas constitucionales y convencionales (arts. 17, 18, 41, 42 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8 de la carta de la OEA y Resol. 39/248 -Directrices para la Protección del Consumidor- de la Asamblea General de la ONU; v. fs. 1068/1069, 1070 vta., 1079 vta./1080 y 1081), no abastece el medio de impugnación formulado, puesto que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (doctr. SCBA, causas C. 118.431, "Perlberger", resol. de 6-VIII-2014; C. 116.629, "Olhaberry de Agrazar", resol. de 11-XI-2015, C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; entre otros)
Por ello, el Tribunal
Denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
CARLOS ANGEL NATIELLO
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia