Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 121682
En la ciudad de La Plata, a 10 de julio de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, de Lázzari, Soria, Genoud, Kogan , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 121.682, "Gómez, Walter Orlando contra Estado provincial. Daños y perjuicios".
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mercedes revocó el fallo de primera instancia que, oportunamente, había hecho lugar a la demanda interpuesta por Walter Orlando Gómez contra la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, desestimó la pretensión indemnizatoria articulada (v. fs. 235/248 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 251/265).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Walter Orlando Gómez promovió demanda contra la Provincia de Buenos Aires, reclamando una indemnización por los daños sufridos con motivo de haber estado en calidad de procesado con prisión preventiva y oportunamente excarcelado, con sometimiento a las exigencias perentorias de la normativa vigente, en el marco de la imputación efectuada en su contra por la fiscalía instructora en la IPP n° 59.888, por los delitos de robo calificado por el uso de armas, cometidos en poblado y en banda, en un proceso penal que se extendió por el lapso de ocho años (v. fs. 22/30 vta.).
Relató que desde un primer momento la defensa técnica de Gómez ofreció todo tipo de razones a fin de que se atendiera el planteo de inocencia del encausado, demostrando que la denuncia de la supuesta víctima del ilícito era insostenible a la luz de las constancias que colectaba la instrucción. Agregó que ello fue tan así que al ser apelada la prisión preventiva, la Cámara Penal accedió a la revocatoria manifestando en forma categórica que "...hasta ese momento no se ha podido adjudicarle, en forma concreta una conducta penalmente reprochable y determinada en el evento investigado" (fs. 22 vta.).
Que no obstante ello, el juez de garantías interviniente hizo caso omiso a la resolución de la Cámara y convalidó sin observación alguna el pedido de elevación a juicio efectuado por la fiscal a cargo de la investigación inicial (v. fs. 22 vta. y 23).
Que luego de ocho años de iniciada la causa penal se llegó al juicio oral y público de conformidad con la normativa procesal en vigencia, en cuyo marco, luego de que el señor fiscal de juicio desistiera de formular acusación alguna contra Gómez, el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Mercedes, en una sentencia de la que transcribe algunos párrafos y cuya copia adjunta, resolvió absolver libremente y sin costas a Walter Orlando Gómez en orden a los delitos por los que fuera elevada la causa a juicio (v. fs. 23/25 y 7/21, respectivamente).
Manifestó que las restricciones a la libertad ambulatoria del actor se debieron a la incuria e incapacidad de funcionarios de la administración de justicia de la Provincia de Buenos Aires, responsable de los daños y perjuicios que padeció por más de ocho años de proceso (v. fs. 25).
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 4 del Departamento Judicial de Mercedes hizo lugar a la demanda y condenó a la Provincia de Buenos Aires a pagar al actor la suma resultante de la liquidación a practicarse bajo las pautas que indicó (v. fs. 177/185).
II. Apelado dicho pronunciamiento por ambas partes, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial departamental lo revocó y, en consecuencia, rechazó la demanda entablada (v. fs. 235/248 vta.).
III. Contra dicho fallo el legitimado activo deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 251/265).
Sostiene que el fallo impugnado contradice el debido proceso legal y que la conclusión a la que arriba en modo alguno puede considerarse una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (v. fs. 258 vta.).
Aduce que el Tribunal de Alzada desconoce los términos en los que está concebida la sentencia absolutoria de la causa penal dictada a favor del actor, de la cual surge palmariamente el error judicial y la falta de servicio de justicia en los que se fundó la pretensión (v. fs. 259 vta.).
Controvierte la interpretación que efectúa la Cámara de los precedentes tanto de la Corte Suprema de la Nación como de este Tribunal, aseverando que dichos pronunciamientos, analizados a la luz de los hechos y de las circunstancias comprobadas de la causa, robustecen la pretensión del actor (v. fs. 261 vta.).
IV. El recurso prospera.
IV.1. Para revocar la decisión de primera instancia y rechazar la acción incoada, la Cámara, con citas y análisis de doctrina y de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de este Tribunal, concluyó que en el caso la detención y posterior excarcelación del actor fueron actos regulares, basados en la aplicación de una mera verosimilitud y no en un juicio de certeza sobre la culpabilidad del entonces encartado (v. fs. 247).
IV.2. En consideración a la temática aquí implicada, en otras causas he expresado que la limitación de la libertad durante el trámite del proceso es algo universalmente aceptado.
Los juristas no cesan, por cierto, de advertir acerca de su carácter excepcional.
Pero, en el paradigma combinado derecho y poder que propone el estado de derecho, se la considera válida.
Las particularidades de la causa presentan a veces complejidades tales que llevan a requerirla, para que el ejercicio de la función jurisdiccional no se desvanezca (v. mi voto en causa C. 109.036, "Resumil", sent. de 3-IV-2014).
"Soportar tan grave limitación -nada menos que de la libertad corporal- (escribía Germán J. Bidart Campos en un recordado trabajo), puede ser necesario en ciertas situaciones para contribuir a la buena administración de la justicia penal...".
Y agregaba: "...lo que conduce a admitir que las limitaciones razonables a los derechos son una premisa elemental de todo derecho constitucional democrático..." ("¿Hay un derecho a reparación por la privación preventiva de libertad?", Revista de Derecho de Daños, Rubinzal-Culzoni, Bs. As. 2000, n° 9, pág. 97 y sigs.).
IV.3. En la sentencia emitida por el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Mercedes, obrante a fs. 563/577 de la causa penal n° 1870/06 que tengo a la vista, se resolvió absolver libremente y sin costas a Walter Orlando Gómez de los delitos de robo doblemente calificado por el uso de armas y por su comisión en lugar poblado y en banda, en concurso real con amenaza agravada por el empleo de armas, por los que fuera elevada la causa a juicio (v. fs. 20 vta.).
En dicha oportunidad, los jueces expresaron que ni aún en la primera etapa del trámite se tuvo la idea precisa de cuál habría sido la participación adjudicada a Gómez en los hechos referidos en la denuncia inicial y que, además había sido puesta en entredicho la plena confiabilidad de las aseveraciones efectuadas por la familia damnificada, por lo que consideraron que resultaba virtualmente imposible alcanzar un razonable grado de certeza sobre "...la materialidad misma de las conductas examinadas, lo cual lleva a acompañar jurisdiccionalmente la decisión del señor Fiscal de Juicio de desistir de la acusación..." (fs. 574, causa penal cit.).
En los fundamentos del veredicto emitido en el marco del juicio oral llevado a cabo en la causa n° 1870/06, los integrantes del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Mercedes dejaron plasmado lo siguiente: "Ya al concedérsele la palabra para que trazara sus pretensiones para el juicio oral, el señor Fiscal interviniente, Dr. Guillermo Lennard, en forma concisa y suministrando sólidos argumentos en apoyo de su posición, expresó que habría de desistir de la acusación (art. 368 'in fine', del ritual). Los Jueces -tras una breve deliberación- compartiendo plenamente el temperamento adoptado por ese representante del Ministerio Público, anticipamos en ese momento el veredicto absolutorio en favor del imputado Gómez en relación a los delitos por los que fuera elevada la causa a juicio..." (fs. 564, causa penal cit.).
IV.4. El actor: un joven trabajador de, por entonces, diecinueve años estuvo privado de su libertad por el lapso de algo más de tres meses y sometido a un proceso penal durante ocho años hasta que finalmente fue absuelto (v. fs. 27, 69/72 y 131/132 vta., 134 y de la causa penal n° 4740/3390 [684/2002] y 559/577 de la causa n° 1870/06, acollaradas a las presentes actuaciones).
Tal como señaló el juez de primera instancia a fs. 181, el actor fue sometido a prisión preventiva y su caso elevado a juicio, sin que hubieran existido durante la instrucción indicios que arrojaran algún tipo de certeza sobre su participación en el supuesto obrar delictivo.
Del informe elaborado por el perito Médico Psiquiatra Oficial de la Asesoría Pericial Departamental, obrante a fs. 102/103 de estas actuaciones, surge que la situación padecida le ocasionó un cuadro psiquiátrico de carácter crónico que condiciona su conducta a nivel familiar, social y laboral (v. fs. 102 vta.)
IV.5. En consecuencia (y con las limitaciones que en este punto también tiene la justicia humana) corresponde reconocerle el derecho a una reparación económica.
Además, recuerdo: "...que la circunstancia de que al momento de disponerse y cumplirse la prisión preventiva haya habido suficiente razonabilidad para imponerle al inculpado tal sacrificio, no configura obstáculo para el reconocimiento posterior de que, una vez beneficiado al término del proceso con el sobreseimiento o con la absolución, concurre mérito bastante para hacerle efectivo su derecho a la reparación. Ello por el perjuicio irrogado a su libertad, consistente en haber estado temporariamente privado de ella..." (Bidart Campos; op. cit.).
IV.6. La cultura romana había consagrado un principio, básico en todo derecho: no irrogar daño, no dañar a otro.
Y una suerte de principio secundario (nunca alternativo: sólo subsidiario): la necesidad jurídica de reparar el daño si se hubiese irrogado.
En autos, el desarrollo del proceso penal ha causado un daño.
Esto debió no haber ocurrido. Pero sucedió.
Sólo queda la segunda posibilidad, la de la indemnización.
Y si bien no existen normas que contemplen específicamente una situación así, no podría decirse que la misma se encuentre desguarnecida de solución.
Invariablemente ha recordado esta Suprema Corte (recogiendo por lo demás un principio básico de la hermenéutica) que la interpretación de la ley debe hacerse siempre en consonancia con las otras leyes del ordenamiento (conf. causas I. 1.702, "Arnaudo", sent. de 4-XI-1997; C. 87.328, "Cereales Salto S.A.", sent. de 1-XI-2006; C. 96.937, "Catalino", sent. de 8-VII-2009; entre muchas otras).
Lo que equivale a decir que el derecho vigente no es un conjunto de normas, sino un sistema.
Y en esas condiciones advierto una clara posibilidad de subsunción de los hechos tal como los refleja la causa, en el contexto del resarcimiento del daño. Contexto que consagra no sólo la procedencia de una indemnización civil cuando hubiese mediado culpa del agente, sino aun cuando el daño hubiese sido causado sin culpa, por un riesgo incorporado a la existencia relacional (art. 1.113 del Código Civil aplicable al caso a la luz de la fecha en la que se dieron los hechos ventilados; conf. art. 7, Cód. Civ. y Com.).
Con la introducción del riesgo creado coexisten dos fuentes de responsabilidad: la primera y anterior, que se remite a la culpa, mientras que la segunda encuentra fundamento en el riesgo o vicio de la cosa (conf. causas Ac. 38.309, "Gusti", sent. de 29-III-1988; Ac. 45.820, "Garavotto", sent. de 3-XII-1991; e.o.).
Y esto es lo que ha sucedido aquí.
El daño no ha provenido de la culpa de alguien, sino de las condiciones y características de un sistema judicial que, enredado en sus propios engranajes, ha privado de su libertad a un inocente.
Y ello surge palmario de las consideraciones efectuadas por el Tribunal en lo criminal n° 3 del Departamento Judicial de Mercedes cuando expresa que "No es la primera vez que, entre los asuntos traídos a decisión de mérito de este Tribunal, el análisis inicial del caso, previo al juicio oral, permite avizorar ya 'un final cantado', consecuencia, en buena medida, de defectos estructurales que exhibe el sistema de enjuiciamiento penal vigente" (fs. 564 y vta., causa penal n° 1870/06).
La administración de la justicia y la aplicación ulterior de sus decisiones, destinada en último grado a asegurar el imperio del derecho, ha sido realizada de un modo tal que se ha vuelto en contra de ese mismo derecho, irrogando un daño que, como fundamento de su legitimidad, tiene la misión de evitar y excluir (conf. mis votos en C. 98.844, "M., W. O.", sent. de 29-VI-2011 y C. 95.635, "H., S. A.", sent. de 18-IV-2012).
Como el tema del riesgo es decisivo en la solución que propongo, son necesarias aún ciertas precisiones.
a) El concepto de cosa que refería el art. 1.113 del Código Civil excedía el marco restringido de la cosa misma e incluía conceptualmente una tarea. Esto ya lo ha dicho esta Suprema Corte en diversos pronunciamientos a los que corresponde remitirme (conf. causas L. 57.562, "Alberti", sent. de 4-VI-1996; L. 65.978, "Luna", sent. de 27-X-1998; L. 72.336, "Iommi", sent. de 14-IV-2004; L. 83.342, "F. d.S.", sent. de 26-IX-2007).
b) La asunción por el estado de derecho del monopolio de la justicia penal (que es uno de sus principios básicos) le allega una tarea en sí misma riesgosa por las dificultades e imprecisiones inherentes a toda justicia humana (conf. mis votos en causas C. 98.844 y C. 95.635, ya cits.).
(Circunstancia esta más de una vez advertida por la filosofía, coincidente en este punto con la admonición evangélica sobre el juzgador juzgado; Mt. 7:1,2.)
c) El riesgo así asumido se proyecta luego en diversas direcciones. Alcanza al propio Estado como organización de poder. A los jueces en su actividad (conf. pto. V de mi voto en Ac. 95.464 "C. P. d. P.", sent. de 27-VI-2005). Y a los justiciables, en las simétricas posibilidades del error y la demora.
Cada una de ellas se vincula a un tipo diverso de facticidad y admite, obviamente, un grado distinto de participación voluntaria en ese riesgo.
Sin embargo, su significado jurídico no podría extrapolarse de manera lineal, ni simplificarse con el argumento de la común pertenencia a la sociedad política.
En el caso de autos, ha sido un justiciable el dañado a partir de la actividad riesgosa.
Y no resisto en este punto a la tentación de recordar fragmentos de un antiguo trabajo de Paul Duez: "Es un riesgo inherente al funcionamiento del servicio de la justicia, como el accidente de trabajo es un riesgo inherente al funcionamiento de la empresa industrial...". Pues, pese a la extrema atención de los magistrados, sus auxiliares y los operadores puede haber "...funcionamiento dañoso, sin que exista propiamente hablando funcionamiento defectuoso. La teoría de la culpa sería impotente para proveer la solución jurídica que reclama la equidad..." ("La responsabilité de la Puissance publique", Libraire Dalloz, París, 1927, pág. 143).
Concluyo, en consecuencia, que el tiempo por el que estuvo privado de su libertad el actor, en el marco preventivo de un procedimiento penal, debe ser indemnizado, con fundamento en los criterios de reparación que recepta la ley argentina, y en su contexto, específicamente, el que consagraba el art. 1.113 del Código Civil aplicable.
El riesgo originado por la actividad judicial del Estado que ha sido causa del daño sufrido por el actor es el factor fundante para la atribución de responsabilidad del demandado.
V. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, revocar la sentencia impugnada y mantener la condena a la Provincia de Buenos Aires resuelta en la sentencia de primera instancia. Los autos deberán remitirse al tribunal de origen para que, con nueva integración, se proceda a brindar tratamiento a los agravios planteados por ambas partes contra los montos indemnizatorios otorgados. Costas a la demandada vencida (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
En mi opinión, el recurso no debe prosperar.
En su discurrir el recurrente ha insistido en que desde un primer momento la defensa técnica de Gómez ofreció todo tipo de razones sostenidas en constancias irrefutables, a fin de que se atendiera a la inocencia del encausado y a la precariedad y endeblez de las que se mostraban como probanzas en su contra (v. fs. 254 y vta.).
Sin embargo, en la crítica aquél elude considerar una particular circunstancia de la defensa técnica en la que la Cámara de Apelación se detuvo en su fundamentación para poner de resalto una omisión gravosa en su ejercicio. Allí, a fs. 247, punto XXXVII, se señala que: "Párrafo aparte, merece recordarse aquí -tal como oportunamente en el apartado VIII de este voto-, que al entonces Sr. Defensor del hoy actor, en dos oportunidades posteriores al dictado de la elevación a juicio de fecha 1/03/2002, cfr. fs. 170 vta.) le fueron desestimadas por extemporáneas las puntuales piezas correspondientes a la apelación de dicha medida (cfr.: fs. 183, de fecha 20/03/2002), como así también la consiguiente adhesión al recurso concedido al entonces coencartado Sr. Ojeda (cfr.: 189, de fecha 25/03/2002; siendo finalmente elevada a juicio la causa penal en fecha 09/05/2002)" (fs. 247).
En efecto, la interposición oportuna del recurso de apelación habilitado por el art. 337 in fine del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires hubiera abierto la posibilidad de que el Tribunal de Alzada, eventualmente, diera por clausurado el proceso en la etapa preliminar.
Interesa recordar que esta Corte tiene dicho que resulta insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que desatiende la estructura argumental y jurídica del fallo, no haciéndose cargo de sus fundamentos (conf. doctr. causas C. 85.547, "Alcibar", sent. de 25-III-2009; C. 98.315, "Kaufer", sent. de 29-VI-2011; e.o.); situación que se evidencia en estos autos.
Es por ello que considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe rechazarse por insuficiente, con costas (arts. 68, 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera, atento a la manifiesta insuficiencia técnica que padece (art. 279, CPCC).
I.1. Para revocar la decisión del juez de origen, que había admitido la pretensión resarcitoria interpuesta por el aquí recurrente, el Tribunal de Alzada juzgó que no se reunían en la especie los presupuestos que tornan procedente el deber de indemnizar que se endilga al Estado provincial demandado.
Recordó que, conforme surge del libelo de inicio, el actor reclama la indemnización de los daños que dice haber padecido, "por cuanto estuvo en calidad de penalmente procesado por espacio de ocho años transitando -además- privación de la libertad; siendo oportunamente excarcelado, pero soportando el peso de las cargas legales que tal condición implica" y "que tales restricciones a su libertad, se debieron a la '...incuria e incapacidad de funcionarios agentes de la Administración Judicial de la Provincia de Buenos Aires...' " (fs. 239 vta. y 240).
Luego de exponer los antecedentes del caso a la luz de las constancias de las actuacione
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.