Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122686
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Reanudar la tramitación de este recurso de hecho cuya suspensión se dispusiera a fs. 1657/1659 (art. 34 inc. 5 y 292, CPCC) y 2) desestimar, por mayoría de fundamentos, la queja interpuesta (arts. 292 cit. y 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812); con costas (art. 68, CPCC).
"SERVICIOS PORTUARIOS S.A. C/ TOIA NORA MARTA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL"
La Plata, 10 de Julio de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. Reanúdese el trámite de la queja deducida que fuera suspendido por este Tribunal a fs. 1657/1659 con motivo de la remisión de los autos a la instancia de origen a los fines allí dispuestos (art. 34 inc. 5, CPCC).
II. En las presentes actuaciones Servicios Portuarios S.A. inició demanda de daños y perjuicios contra Nora Marta Toia, titular de un portal de noticias, por considerar que las publicaciones de una serie de artículos en el portal del diario "La Verdad" -acreditadas con copia certificada- son lesivas (v. fs. 283/362).
Asimismo pidió el cese definitivo de la difusión de publicaciones injuriantes y agraviantes por parte de la demandada, la eliminación permanente de los artículos constatados mediante certificación notarial del portal de noticias www.diariolaverdad.com.ar y de los perfiles de Facebook del diario y de la accionada, de los comentarios a las mismas y toda otra publicación ofensiva, injuriante, insultante o denigrante dirigida a la actora; la rectificación del contenido y que se mantenga un estricto control sobre comentarios que se inserten en los mismos. Solicitó, además, que se ordene la eliminación de esas notas de todos los buscadores de internet (v. fs. 284 vta.).
Añadió, en petición cautelar, el cese inmediato en la difusión de artículos injuriantes en su contra a través del sitio web mencionado y perfiles de Facebook del mismo y de la demandada y la eliminación, dentro de las 24 horas, de las publicaciones constatadas por notario, sus comentarios y toda otra expresión ofensiva, injuriante, insultante o denigrante de todo buscador de internet, hasta que se dicte sentencia que ponga fin a estas actuaciones (v. fs. 284 vta./285 y 312 vta./321 vta.). También requirió la publicación de la sentencia que se dicte acogiendo las pretensiones deducidas en periódicos de amplia circulación nacional y local (v. fs. 285).
Con posterioridad, amplió la demanda denunciando hechos sobrevinientes (v. fs. 349/354 vta.).
La señora jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 1 de San Nicolás concedió la medida cautelar ordenando a la demandada Toia la eliminación de cada una de las noticias publicadas en el diario digital "La Verdad", individualizadas en la certificación notarial acompañada por la actora, previa caución personal (v. fs. 698/701).
Para efectivizarla dispuso oficiar a los buscadores de internet y a Facebook a fin de que instrumenten los medios necesarios para suprimir el acceso a esa información a través de ellos (v. fs. 698/701 y 706).
Notificada la medida, fue apelada por Google Inc. (v. fs. 726/729 y 777/794 vta.) así como por Facebook (v. fs. 743 y 812/823 vta.) y la señora Toia (v. fs. 745 y vta. y 775/776 vta.) y dejaron planteada la incompetencia de la justicia provincial para entender en un tema que refiere a actividades que se desarrollan vía internet, debiendo intervenir la justicia federal.
Tal defensa fue desestimada por la magistrada de grado con fundamento en que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación citados en sustento de su postura se dictaron en el marco de acciones dirigidas contra los propios proveedores del servicio de búsqueda y enlace de contenidos en internet, cuando en el caso la situación es distinta, y la medida cautelar no importó redirigir la acción contra quienes fueron oficiados para efectivizarla en el marco del principio de cooperación procesal (v. fs. 917/918).
Esa decisión fue apelada por el apoderado del buscador Google Inc. (v. fs. 919 y vta. y 921/926 vta.), así como también por Facebook (v. fs. 928 y 940/944 vta.) y la señora Toia (v. fs. 929 y 946/947).
A su turno la Cámara de Apelación departamental, en lo que aquí interesa, confirmó el rechazo de la excepción de incompetencia, solución que entendió aplicable al recurso respecto de la medida precautoria (v. fs. 970/977 vta.).
Para así resolver destacó la condición de Google Inc. y Facebook de sujetos extraños a la relación procesal, oficiados sobre la base del principio de colaboración para que diera cumplimiento a una orden en el marco de una cautelar dictada en un proceso que tiene otras partes como protagonistas; tercero que -enfatizó- no desplaza por sí la competencia ni puede recurrir las medidas que se dicten por carecer de legitimación para ello (v. fs. 970 vta./972).
Asimismo, confirmó la cautelar luego del tratamiento del recurso interpuesto por la demandada Toia, analizando la concurrencia de los requisitos para su procedencia (v. fs. 972/975).
Contra ese pronunciamiento, en lo que aquí importa destacar, Google Inc. dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por el cual se agravió de lo resuelto sobre la cautelar y del rechazo del planteo de incompetencia (v. fs. 1004/1044).
La vía fue denegada por el Tribunal de Alzada que, más allá de señalar que las resoluciones que conceden o deniegan cautelares no son definitivas en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, concluyó en que el impugnante carece de interés para recurrir la decisión atacada y las precedentes en tanto, por haber sido oficiado al solo efecto de dar cumplimiento a la medida, no es parte legitimada para actuar en esta litis (v. fs. 1045/1046).
Frente a ello, la empresa Google articuló una queja ante este Tribunal (art. 292, CPCC; v. fs. 1600/1643 vta.). Allí expuso que lo impuesto a su respecto excede la cooperación procesal puesto que le causa un agravio directo y afecta la libertad de expresión (v. fs. 1641 vta.).
III. Al respecto, corresponde destacar que de la reseña efectuada se desprende que, en el caso, el impugnante oficiado en estos actuados a fin de suprimir el acceso a determinada información a través suyo, carece de interés para recurrir ante esta sede la decisión del Tribunal de Alzada sobre la suerte de la medida cautelar y la competencia del órgano para entender en la causa.
Así ha concluido esta Corte en un caso sustancialmente análogo, C. 122.682, "Terminales y Servicios S.A." (resol. de 8-V-2019.
Ello, habida cuenta de que no se observa explicitado en su postulación revisora un agravio concreto y actual que resulte válidamente atendible en esta instancia (doctr. causa C. 121.634, "Arias", resol. de 16-VIII-2017 y C. 122.682, cit.).
En efecto, en atención a los términos del fallo reseñados ut supra , la alegada violación a la libertad de expresión, al derecho de acceso a la información y de la prohibición de censura, frente a su propia afirmación de revestir el carácter de intermediario de internet ajeno a los contenidos (v. fs. 1641 vta./1642 vta.), resulta insuficiente para sustentar un gravamen actual respecto de la decisión confirmatoria de la cautelar que impone quitar determinada información de la web.
Cabe aquí recordar que lo que legitima la impugnación es el mentado interés de quien la interpone, es decir, el gravamen sufrido como consecuencia de una decisión que al eludir la concreta voluntad de la ley ha desconocido un bien actual tutelado por aquella (doctr. causas Ac. 89.718, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 4-II-2004; Ac. 94.924, "D. G.", resol. de 18-V-2005; Ac. 97.226, "Gallardo", resol. de 8-XI-2006; C. 107.995, "López", resol. de 26-X-2010 y C. 122.682, cit.).
Así, el ejercicio de un camino recursivo, como toda acción en justicia, no se reconoce sino a quienes justifiquen una afectación que legitime el acceso a la vía judicial de carácter extraordinario, ya que a falta de aquélla, no hay petición audible ante dicha instancia (doctr. causas C. 120.527, "Márquez", resol. de 30-III-2016; C. 107.995 y C. 122.682, cits.).
En consecuencia, no reuniendo el remedio extraordinario articulado los requisitos esenciales, se impone el rechazo de la queja intentada (arts. 292, CPCC y 31 bis, ley 5.827).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. reanudar la tramitación de este recurso de hecho cuya suspensión se dispusiera a fs. 1657/1659 (art. 34 inc. 5 y 292, CPCC) y 2) desestimar, por mayoría de fundamentos, la queja interpuesta (arts. 292 cit. y 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812); con costas (art. 68, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia