Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120987
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, de Lázzari, Genoud, Kogan, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.987, "D'Agostino, Alicia Noemí contra Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar parcialmente a la acción instaurada imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 477/499 vta.).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 505/512).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde anular de oficio la sentencia de fs. 480/499 vta.?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, en lo que interesa, hizo lugar a la acción deducida por la señora Alicia Noemí D'Agostino y condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de la indemnización prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 con las modificaciones introducidas por la ley 26.773.
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 505/512).
II.1. En sustancia, se agravia de la decisión con arreglo a la cual el tribunal de grado, previa declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, aplicó en el caso tal normativa, cuya entrada en vigencia es posterior al acaecimiento del accidente sufrido por la accionante.
En definitiva, alega que la interpretación formulada por el a quo importa la aplicación retroactiva de la norma. Invoca en sustento de su posición lo resuelto por este Tribunal en la causa "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y por la Corte de Justicia nacional en el precedente "Espósito" (sent. de 7-VI-2016).
II.2. Subsidiariamente, cuestiona el modo de aplicación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en el caso. En ese sentido, esencialmente, señala que el tribunal de grado lo empleó como coeficiente multiplicador del capital obtenido, cuando -sostiene- de la correcta aplicación de los arts. 8 y 17 apartado 6 se desprende que el índice se aplica únicamente a las prestaciones adicionales de pago único y a los pisos mínimos indemnizables.
En ese mismo sentido, se agravia porque al resolver como lo hizo, el a quo se apartó de las pautas establecidas en el decreto 472/14 sin siquiera declarar su invalidez constitucional.
Agrega que, además, utiliza erróneamente el piso indemnizatorio de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 387/16 para el cálculo de la prestación establecida en el art. 14 de la Ley de Riesgos del Trabajo, pues -expresa- es la vigente al tiempo del dictado de la sentencia y no al momento del hecho.
III. A mi criterio, corresponde responder afirmativamente al primer interrogante planteado.
III.1.a. Liminarmente, es preciso recordar que la anulación oficiosa de las decisiones judiciales constituye una facultad exclusiva y excluyente de la Suprema Corte establecida en resguardo de las formas sustanciales del juicio, cuando las falencias de que adolece el pronunciamiento lo descalifican como acto jurisdiccional válido, imposibilitando el ejercicio de la facultad revisora (causas L. 95.514, "Galván", sent. de 26-XI-2008 y L. 91.868, "R., B.", sent. de 5-VIII-2009).
III.1.b. Esta circunstancia es la que ocurre en el caso bajo examen y justifica la solución que aquí se propone.
En efecto, y en lo que resulta de interés para resolver esta cuestión, cabe destacar que en el primer interrogante planteado en la sentencia, el juez Ortega propuso la admisión del reclamo de la accionante con fundamento en la Ley de Riesgos del Trabajo. En ese orden, atendiendo a lo peticionado por la parte actora (v. fs. 453 vta.), previa declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, concluyó que la citada ley debía aplicarse a las contingencias acaecidas aún con anterioridad a su entrada en vigencia y que a la fecha del dictado del pronunciamiento de mérito todavía se encontraran incumplidas -como ocurre en el caso-, destacando que esa conclusión no importaba aplicarla en forma retroactiva, puesto que se trataba de una reparación no consumada. A continuación, determinó que le correspondía percibir a la trabajadora la prestación establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" (ley 24.557), resolución de la Secretaría de Seguridad Social 387/16, a la que agregó el 20% previsto en el art. 3 de la ley 26.773. El importe resultante fue ajustado según índice RIPTE calculado desde la fecha del accidente de trabajo (3 de abril de 2007) y el último publicado a la fecha de la sentencia, pues explicó que la aplicación de tal índice a partir del 1 de enero de 2010 carece de sustento jurídico y fáctico válido, desde que resulta contradictorio con lo normado en el art. 2 de la ley 26.773, en tanto determina que "...la reparación dineraria se computará, más allá del momento en que se determine su procedencia y alcance, desde que acaeció el evento dañoso o se determinó la relación causal adecuada de la enfermedad profesional". Agregó "...el deber de reparar nace en el momento del acaecimiento del evento dañoso o determinación de la enfermedad, y por ende, debe resarcirse acabadamente con todos los parámetros incapacitantes y legales, desde tal momento" (v. sent., fs. 488 vta.)
A su turno, la doctora De Tomaso, quien votó en segundo término, manifestó su adhesión a la opinión expresada por su colega con relación a la aplicación de los lineamientos de la ley 26.773 y resolución 387/16, pero discrepó respecto a la fecha a partir de la cual debía aplicarse el índice RIPTE en el caso, pues sostuvo que en causas como la presente, el extenso transcurso del tiempo del proceso, si se toma como punto de partida la fecha del siniestro, importa arribar a sumas extraordinarias. En consecuencia, concluyó que el ajuste debía establecerse utilizando el índice obtenido como resultado de computar el determinado para el período comprendido entre el día 1 de enero de 2010 y el último publicado.
Expresó que "...se trata de resarcir, justamente, equitativamente, el daño padecido, mas ello no puede implicar una fórmula que no evalúe los ponderables del caso -como el presente el paso de casi 10 años desde el evento- no imputables en concreto a las partes del proceso o a la justicia, sino a un conjunto de factores, que han llevado a que la incapacidad no pudiera resarcirse en su tiempo oportuno. A partir de este nuevo y profundo análisis legal y de hecho del tema de aplicación del RIPTE, considero que resulta razonable, que en tanto los eventos que se ventilen, sean anteriores al 01/01/2010, la aplicación del índice, la propiciaré conforme a la ley" (v. sent., fs. 489 vta.).
En último término, el juez Bazzani al emitir su voto descartó la aplicación de las disposiciones de la ley 26.773 en el caso por resultar la contingencia de autos de fecha anterior a la entrada en vigencia de la citada ley y, en consecuencia, consideró improcedente el reclamo con fundamento en esa normativa, sin efectuar otra consideración (v. sent., fs. 491 vta./497 vta.).
Así, es sencillo advertir que a la hora de cuantificar las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, sólo dos de los jueces (doctores Ortega y De Tomaso) consideraron que correspondía aplicar en la especie la ley 26.773, mientras que el tercer integrante entendió que dicha ley no era aplicable en el caso. Sin embargo, los magistrados que coincidieron en el extremo apuntado discreparon -tal como quedó expuesto- acerca del modo como debía ser aplicado el índice RIPTE, careciendo en consecuencia el pronunciamiento impugnado de la imprescindible mayoría de opiniones respecto de una cuestión esencial como lo es la cuantificación de la indemnización reclamada.
En ese marco, se impone concluir que esta anomalía configura una violación de lo preceptuado por el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que requiere el juicio individual de cada uno de los jueces intervinientes, desde que las decisiones deberán adoptarse por mayoría de opiniones expuestas en los votos de los tres integrantes del tribunal de trabajo (art. 44 incs. "d", "e" y "f", ley 11.653), ya que la coincidencia o discrepancia de los magistrados en los tribunales colegiados del fuero laboral no pueden establecerse por vía de implicancias (causas L. 89.252, "Cintoro", sent. de 15-II-2006 y L. 84.401, "Bautista", sent. de 26-VIII-2009).
De esta forma, y reconociendo el carácter extraordinario de la atribución, se justifica en el caso la procedencia de la anulación oficiosa del fallo, aun sin que medie denuncia de infracción a los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, desde que los magistrados que integran el tribunal de grado no arribaron a un verdadero acuerdo sobre cuestiones litigiosas cuya definición resulta insoslayable y esencial en el marco del reclamo impetrado (causa L. 100.658, "Ciotti", sent. de 7-VII-2010).
III.2. En suma, atento la deficiencia ya señalada, corresponde disponer la anulación parcial de la sentencia exclusivamente en lo que concierne a la decisión vinculada a la cuantificación de las prestaciones dinerarias objeto de condena, toda vez que con relación a las restantes cuestiones abordadas por el a quo ha mediado la necesaria mayoría de opiniones exigidas por las normas constitucionales y legales.
Así, esta Corte ha resuelto que la circunstancia de que algún aspecto de la sentencia se encuentre viciada por un defecto de gravedad tal que justifique su anulación, no implica que resulte necesario declarar la nulidad de aquellos fragmentos del decisorio que componen las restantes controversias suscitadas entre las partes, lo que configuraría un dispendio jurisdiccional -afectando el rendimiento del servicio de administración de justicia-, cuando los términos de los mismos no han provocado agravios, o bien, si los hay, nada impide que la Suprema Corte ejerza, a su respecto, la función revisora, satisfaciendo los fines de la casación (causas L. 80.137, "Garín", sent. de 6-IX-2006; L. 90.689, "Martínez Gómez", sent. de 15-V-2009 y L. 118.963, "Bernal", sent. de 9-VIII-2017).
III.3. Finalmente, dadas las deficiencias del pronunciamiento que llega a revisión, estimo pertinente hacer notar a los jueces integrantes del órgano de grado que deben ajustar sus decisiones a las previsiones legales y constitucionales vigentes, de modo tal de evitar un dispendio jurisdiccional innecesario que conspira contra la eficacia y celeridad en la administración de justicia (art. 15, Const. prov.).
IV. Por lo expuesto, corresponde anular de oficio la sentencia de fs. 480/499 vta. con el alcance establecido en el punto III.2.
Los autos deberán volver al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Voto por la afirmativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Las razones que habré de explicitar al abordar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada me conducen a afirmar que no corresponde anular de oficio el pronunciamiento de grado.
Voto por la negativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero al sufragio emitido por mi distinguido colega doctor Negri.
Sólo he de agregar que, convencido de que la nulidad que conlleva este tipo de infracciones no resulta gratuita para los justiciables, al prolongar más allá de lo razonable los procesos judiciales, me veo en la obligación de requerir a los jueces del tribunal de trabajo interviniente extremo celo en el cumplimiento de los requisitos formales, constitucional y legalmente exigibles, en los pronunciamientos y decisiones que de aquí en adelante emita el órgano jurisdiccional que integran.
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la primera cuestión también por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
Atento el resultado obtenido en la primera cuestión, no corresponde abordar la siguiente planteada.
Así lo voto .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso debe prosperar.
Sin perjuicio del resultado obtenido, por mayoría, respecto de la decisión de anular de oficio la sentencia impugnada, y conforme lo anticipara al emitir mi opinión en la primera cuestión, habré de formular las siguientes consideraciones.
I.1. En las causas L. 120.764, "Márquez" (sent. de 7-II-2018) y L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018) esta Corte -por mayoría- revocó las sentencias dictadas por el tribunal de grado aquí interviniente que mediante argumentos análogos a los expuestos en el pronunciamiento impugnado había resuelto emplear el índice RIPTE para cuantificar las prestaciones que integraban las respectivas condenas.
Luego, y en tanto la pertinente aplicación de los lineamientos trazados por este Tribunal en los citados precedentes conduce a acoger el principal agravio que contiene el recurso deducido y -con ello- a dejar sin efecto lo decidido por el a quo en cuanto juzgó aplicable el mentado mecanismo de ajuste contemplado en el art. 8 de la ley 26.773, opino que no resulta necesario declarar la nulidad de la sentencia en razón de la verificada ausencia de opinión mayoritaria en orden al lapso temporal sobre el cual habría de proyectarse el referido índice.
Fundada en la doctrina actual del Tribunal (posterior a la interposición del recurso pero plenamente aplicable; causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010 y L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011), la solución propuesta también encuentra su motivación en la búsqueda de la mayor celeridad en el litigio, pues dable es recordar que la anulación oficiosa de los pronunciamientos fruto de este tipo de infracciones, no resulta gratuita para los justiciables ya que suele prolongar los procesos más allá de lo razonable (causas L. 104.645, "Molfesa", sent. de 26-X-2010 y L. 109.595, "Juárez", sent. de 1-VIII-2012).
I.2. Conforme lo anticipado, y reiterando en lo pertinente lo expuesto en las mencionadas causas L. 120.764 y L. 119.371, habré de desarrollar los argumentos que justifican la revocación de lo resuelto por el tribunal de grado en lo tocante al índice RIPTE.
I.2.a. Es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.).
Puede observarse que bajo la aparente contradicción con ciertos preceptos de la Constitución nacional, la solución a la que arribó el sentenciante al marginar del caso al art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 reposa en verdad en un argumento que, lejos de sustentarse adecuadamente en una regla de rango constitucional, pretende encontrar fundamento en una pauta general prevista en la legislación civil (la de la aplicación inmediata de la nueva norma; arts. 3, Cód. Civ. y 7, Cód. Civ. y Com.). Aunque ello se hace reemplazando las normas especiales que contiene el régimen de infortunios laborales.
La reflexión plasmada en el pronunciamiento atacado no evidencia una falta de razonabilidad en el criterio escogido en las normas cuestionadas para determinar la entrada en vigencia de las disposiciones pertinentes teniendo en consideración la fecha en que se produjo la primera manifestación invalidante.
Tampoco la genérica alusión al "principio de progresividad" que efectúan los magistrados de la instancia justifica la decisión adoptada; máxime cuando ningún argumento porta el fallo tendiente a demostrar la configuración en el caso de una situación de "total desamparo" relativa al damnificado que aconsejase aplicar una solución acorde con apoyo en el citado principio (CSJN "Arcuri Rojas, Elsa c/ ANSeS", sent. de 3-XI-2009).
Lo resuelto por el tribunal de grado no se ajusta a aquellas directrices de este Tribunal que señalan que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal sólo ha de tener cabida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad normativa inconciliable (causa L. 74.814, "Sánchez", sent. de 29-IX-2004).
Para más, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como este Tribunal se han expedido sobre la temática que gira en orden al ámbito temporal de aplicación del índice RIPTE contemplado en la ley 26.773, debiéndose destacar que en dichas oportunidades ningún reproche constitucional mereció la pauta que recepta la norma cuestionada, cuya aplicación llevó a los mencionados tribunales a una solución que contrasta con la adoptada en la sentencia impugnada.
Luego, debe ser dejada sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia.
I.2.b. Sentado lo anterior, cabe señalar que en el marco de lo regulado en la referida ley, esta Corte tiene dicho que -salvo excepción consagrada- las mejoras introducidas en ese cuerpo normativo sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia (causa L. 118.695, "Staroni", sent. de 24-V-2016; e.o.), criterio concordante con el plasmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016).
Entonces, teniendo en cuenta que, a la fecha de ocurrencia del infortunio laboral -en tanto ella fue determinante en el razonamiento trazado por el tribunal de grado- no se encontraba vigente la ley 26.773, no resultan aplicables al caso las normas actuadas por el a quo para cuantificar las prestaciones dinerarias. La sentencia debe ser revocada en este aspecto, devolviéndose las actuaciones al tribunal de origen para que con diferente integración, dicte una nueva conforme lo aquí resuelto.
I.3. Lo expuesto torna innecesario el tratamiento de los restantes cuestionamientos que en subsidio trae el quejoso.
II. En virtud de lo dicho, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia de grado en cuanto en ella se aplicó la ley 26.773 para cuantificar las prestaciones sistémicas. Con costas por su orden, atento al modo en que se resuelve la presente (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votó la segunda cuestión en el mismo sentido.
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la segunda cuestión también por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Ne
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