Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121143
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Soria, Negri, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 121.143, "Hurtado, Juan Miguel y otro/a contra Municipalidad de San Antonio de Areco. Daños y Perjuicios".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Pergamino hizo lugar parcialmente a la acción instaurada, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 481/508 y aclaratoria de fs. 509/510).
Se dedujeron, por la Municipalidad de San Antonio de Areco y por Juan Miguel Hurtado (padre), sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 11 de abril de 2017 y fs. 515/519), los que fueron denegados por el citado tribunal a fs. 541/545 y 548/549 vta., respectivamente. Con posterioridad, esta Corte concedió el segundo de los mencionados -el interpuesto por el coactor- mediante resolución de fs. 632/633 vta., al resolver la queja articulada por el interesado (v. fs. 620/622 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda deducida por Dora Soledad Hurtado y Bakman, Elcira Susana Hurtado y Bakman, Jorge Abel Jonatan Hurtado y Rosa, Juan Miguel Hurtado y Rosa, Néstor Miguel Hurtado y Rosa, Juan Cruz Rosa y Graciela Marcela Rosa contra la Municipalidad de San Antonio de Areco, en cuanto procuraba el cobro de una indemnización -con fundamento en las normas del derecho común- derivada del fallecimiento de Juan Miguel Hurtado (padre y conviviente de los reclamantes). En cambio, en lo que interesa, desestimó la acción deducida por Juan Miguel Hurtado (padre -homónimo- de la víctima) y Dora Audelina Bakman (cónyuge separada de hecho del occiso).
Para así decidir, juzgó acreditado que el causante sufrió un accidente fatal el día 7 de octubre de 1997, en ocasión de encontrarse cumpliendo sus tareas habituales para la Municipalidad demandada, conduciendo un camión que transportaba tosca -de propiedad de esta última- para reparar calles de la ciudad. Asimismo, tuvo por probado que el rodado no cumplía con las condiciones mínimas de seguridad para poder circular sin riesgos para el conductor y terceros (v. vered., cuestiones segunda y tercera, fs. 482/485).
Destacó el juzgador que no se incorporaron elementos de prueba para demostrar el eventual aporte económico que el occiso pudiera haber prestado a su padre ni a su cónyuge Dora Audelina Bakman, de quien se encontraba separado de hecho (desde que se comprobó en autos que Hurtado convivía siete años antes de su deceso con la señora Marcela Rosa) y no ostentaba la guarda de sus hijas menores de edad (v. vered., cuestión cuarta, fs. 485 vta.).
Sobre esa base fáctica -y previa declaración de inconstitucionalidad de los arts. 39 y 46 de la ley 24.557 (v. sent., fs. 492 vta./495), declaró configurados los presupuestos atributivos de responsabilidad civil objetiva y subjetiva (arts. 1.113 y 1.109, Cód. Civ., respectivamente).
Puesto a determinar la viabilidad de la reparación solicitada por los demandantes, afirmó que la señora Marcela Graciela Rosa accionó, en su carácter de concubina, por sí y en representación de sus hijos menores -que en el transcurso del proceso llegaron a la mayoría de edad-.
Desde esta perspectiva, determinó que los damnificados indirectos (es decir, la accionante mencionada) se encuentra legitimada a reclamar "...lo necesario para la subsistencia..." (arts. 1.079, 1.084 y 1.085, Cód. Civ.) que consiste en el caso en la pérdida derivada de la persona que fue concubino y padre de familia, en cuanto importa para sus causahabientes la frustración de una legítima esperanza de ser sostenidos económicamente por el causante, vale decir, una pérdida de chance cierta de ser asistidos materialmente en el futuro. Idénticos fundamentos aplicó a las accionantes Dora Soledad Hurtado y Elcira Susana Hurtado (hijas de la víctima), que concurrieran a estos autos con la representación legal de su madre y -alcanzando la capacidad civil- lo hicieron por su propio derecho (v. sent., fs. 496/498).
Así las cosas, cuantificó el daño material sufrido por cada uno de sus seis hijos y su concubina en la suma de $60.000 (v. sent, fs. 498/499).
Por el contrario, fue desestimado el reclamo introducido por el señor Juan Miguel Hurtado -por su propio derecho- por el daño material que le provocara la muerte de su hijo, en tanto el tribunal a quo consideró que el interesado no logró probar la pérdida económica de los aportes que ese hijo brindaba a su padre; no resultando el caso de autos un supuesto de "pérdida de chance" -que no fue alegada ni probada-, generalmente indemnizable por la muerte de un hijo menor o soltero y sin descendientes (v. sent., fs. 499).
La misma suerte corrió la pretensión de la señora Audelina Bakman por daño material alegado por la muerte de su cónyuge -de quien, reiteró, se encontraba separada de hecho- toda vez que se limitó a comparecer a juicio por su propio derecho, sin adicionar ningún argumento en sustento de su reclamo (v. sent., fs. 499 vta.).
En cuanto a la reclamación por daño moral, hizo lugar a la pretensión de los seis hijos de la víctima por revestir la calidad de herederos forzosos y -declarando la inconstitucionalidad del art. 1.078, del Código Civil- la de la señora Marcela Graciela Rosa que convivía con Juan Miguel Hurtado, con quien tuvo tres hijos en común y que al momento de la muerte del trabajador se encontraba embarazada, por considerar acreditado un menoscabo espiritual susceptible de ser reparado. A tal efecto, cuantificó el rubro en la suma de $30.000 a cada uno de los coactores (v. sent., fs. 499 vta. y 500).
Distinto criterio aplicó a la petición del señor Juan Miguel Hurtado pues sostuvo que al demandar se limitó a cuantificar el daño moral sin referirse a su caso concreto y sin aportar elementos probatorios relativos a la existencia de las particularidades de la relación que pudieran ameritar entrar a analizar el valor justicia de las expresas previsiones del art. 1.078 del Código Civil (v. sent., fs. 500 vta. y 501).
Por similares razones, también rechazó la petición de la señora Bakman.
II. Contra dicho pronunciamiento, se alzó el coactor Juan Miguel Hurtado, mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer lugar, cuestiona que el tribunal de grado desestimara la pretensión resarcitoria en concepto del daño material derivado del fallecimiento de su hijo.
Sostiene que el juzgador tergiversó el concepto de la indemnización pretendida, desde que, si bien en el escrito de demanda reclamó la reparación del "valor vida", el sentenciante lo analizó y rechazó como "pérdida de chance".
Aduce que la doctrina más calificada reconoce que la pérdida de chance no requiere una demostración acabada del daño que produce, pues -por su propia naturaleza- constituye una mera e incierta posibilidad.
Estima que aun cuando el causante fuera una persona de condición humilde y con numerosas cargas de familia, ello no significa que en el futuro no podría asistir económicamente a su padre (v. fs. 515 vta./518 vta.).
II.2. Por otro lado, objeta el rechazo de la pretensión afincada en el daño moral reclamado.
En lo esencial, argumenta que, con arreglo a la doctrina legal que cita, el daño moral no requiere prueba específica cuando se trata de la muerte de un hijo, sino que antes bien, debe tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica, siendo el responsable del hecho dañoso a quien le incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad del resarcimiento.
Entiende que las particularidades que surgen acreditadas en autos (a saber: el hecho imprevisto que originó la muerte, la corta edad del causante, las cargas de familia, etc.) debieron ser valoradas en su integridad para que, unidas a la entidad de la pérdida, confluyeran en la procedencia del rubro (v. fs. 517 vta./518 vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. Corresponde destacar, liminarmente, que luego de que el tribunal de origen -tras revocar la concesión oportunamente dispuesta (v. fs. 541/545)- denegara el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a la insuficiencia del valor del litigio (v. fs. 548/549 vta.), el remedio fue concedido por esta Suprema Corte a fs. 632/633 vta., en el marco de excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal denunciada en el recurso, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015; L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
III.2. En el caso bajo examen, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción prevista en la citada norma adjetiva laboral se impone nítida.
III.2.a. De un lado, porque el embate por el que se objeta el rechazo del reclamo en concepto de pérdida de chance, no encuadra en el mencionado supuesto excepcional, toda vez que la doctrina de esta Corte que la recurrente aduce como infringida (v. fs. 516 y vta.) -además de remitir al análisis de cuestiones de hecho y de prueba (tales como la interpretación del escrito de demanda y la apreciación del material probatorio tendiente a determinar la existencia del daño), asuntos detraídos de revisión de la Suprema Corte en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto procesal citado- alude a presupuestos fácticos diferentes de los que se ventilan en la causa bajo examen (causas L. 86.280, "Stremiz", sent. de 14-XI-2007 y L. 110.706, "Barrenechea", sent. de 5-IX-2012).
III.2.b. Del otro, deviene inatendible el planteo tendiente a controvertir la definición de grado que desestimó la reparación por daño moral, en tanto el análisis del agravio -nuevamente- remite a la evaluación de típicas cuestiones de índole fáctica y probatoria, ajenas al supuesto que recepta el art.55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 95.314, "Leguizamón", sent. de 3-III-2010; L. 96.699, "Grisette", sent. de 11-VII-2012; L. 115.021, "Mazza", sent. de 27-XI-2013 y L. 110.732, "Bustos", sent. de 1-VII-2015), tal como lo son las vinculadas al análisis y establecimiento de conclusiones referidas al reconocimiento y resarcimiento del daño moral (causas L. 112.532, "Sanchez", sent. de 3-VII-2013; L. 111.621, "Delía", sent. de 30-IX-2014; e.o.).
Cabe finalmente recordar que tanto la jurisprudencia de otros tribunales de justicia, como la emanada de la Corte nacional no constituyen la doctrina legal a que aluden los arts. 279 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653 (causas L. 93.147, "Facorro", sent. de 14-IV-2010; L. 99.703, "Romero", sent. de 17-VIII-2011; L. 100.692, "Gallego", sent. de 21-XII-2011; L. 106.554, "Lofiego", sent. de 14-III-2012; e.o.).
III.3. Entonces, no habiéndose configurado la hipótesis de admisibilidad contemplada en la ley procesal laboral local, deben permanecer incólumes las conclusiones del fallo en crisis.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Soria , Negri y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia