Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122534
En la ciudad de La Plata, a 11 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Negri, Soria, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 122.534, "Sociedad de Acopiadores de Cereales Zona Bahía Blanca contra Casa Balda S.A.C.I.F. y otro. Daños y perjuicios".
La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca, en lo que importa destacar, confirmó el fallo de origen que, a su turno, rechazara la acción de daños y perjuicios incoada por la Sociedad de Acopiadores de Cereales Zona Bahía Blanca contra Casa Balda S.A.C.A.I.I. y Carlos Esteban Dumrauf (v. fs. 1.923/1.931 y 1.994/2.003).
Se interpuso, por la accionante vencida, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 2.017/2.032).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
A fin de dilucidar la problemática traída, estimo prudente destacar en particular las siguientes circunstancias:
I. La Sociedad de Acopiadores de Cereales Zona Bahía Blanca entabló demanda contra la empresa Casa Balda S.A.C.A.I.I. y el señor Carlos Esteban Dumrauf en procura de obtener una reparación patrimonial, a raíz de los daños y perjuicios ocasionados por estos últimos sobre la primera al tiempo de ejercer su administración (v. fs. 508/526 vta.).
Efectuado el traslado de ley se presentó la letrada apoderada del señor Dumrauf y opuso excepción de falta de legitimación activa. Concretamente cuestionó la ausencia de manifestación del órgano de gobierno -asamblea- para legitimar la promoción de la presente acción (v. fs. 1.184 vta./1.185).
II. La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca, en lo que interesa resaltar, confirmó el fallo de origen que -a su tiempo- hiciera lugar a la excepción planteada y, en consecuencia, rechazara la pretensión indemnizatoria (v. fs. 1.923/1.931 y 1.994/2.003).
III. Frente a ello, el letrado apoderado de la accionante vencida interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que aduce violación a los arts. 34 inc. 4, 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial y 17 y 19 de la Constitución nacional (v. fs. 2.017/2.032).
En primer término, denuncia excesivo rigor formal y desentendimiento de la verdad jurídica objetiva del pleito. En tal sentido, critica la actuación del a quo al tiempo de declarar extemporánea la agregación de la prueba documental que acredita la voluntad del órgano de gobierno para la promoción de la presente acción, dando preeminencia a las normas de rito por sobre la realidad de los hechos (v. fs. 2.020/2.021 vta.).
En segundo orden, cuestiona la falta de ponderación del libro de actas de asamblea. En este segmento de la protesta cuestiona la actividad del juzgador de grado anterior quien, teniendo a la vista el mentado libro, hizo caso omiso a la existencia de un acta asamblearia en donde los socios -con fecha 20 de julio de 2006- instruyeron a la Comisión Directiva para que recorra los caminos necesarios para recuperar el dinero que los accionados malversaron (v. fs. 2.022/2.023).
En tercer lugar, ratifica su posición vertida en las instancias anteriores en cuanto a que la Comisión Directiva de la Sociedad de Acopiadores se encuentra facultada para disponer el inicio de una acción de responsabilidad como la que aquí se discute, aún sin la correspondiente voluntad del órgano de gobierno y frente a la doctrina sentada por este Superior Tribunal en la causa C. 86.033, "Asociación Tiro y Gimnasia de Quilmes" (v. fs. 2.029).
En el cuarto pasaje de su embate, denuncia la errónea ponderación de las actuaciones penales acollaradas seguidas contra el señor Dumrauf por el delito de administración fraudulenta. En este aspecto, lamenta que no se haya advertido que el libro de asambleas y las actas formaban parte del plexo probatorio y que, según la doctrina de esta Suprema Corte, tales elementos fácticos deben ser receptados y valorados con el mismo alcance que el que tuvieron allí (v. fs. 2.028/2.029).
Finalmente, transcribe los pasajes de las actas asamblearias en crisis que darían cuenta de la voluntad del órgano de gobierno en pos de iniciar la presente acción y solicita -en forma subsidiaria- la declaración de improcedencia de la revocación de la excepción de prescripción liberatoria resuelta en la especie (v. fs. 2.029/2.031 vta.).
IV. Tal como fuera expuesto, la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca confirmó el fallo de origen que admitiera la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la parte accionada y, en consecuencia, desestimara la acción resarcitoria (v. fs. 1.923/1.931 y 1.994/2.003).
Para así decidir, estructuró su pronunciamiento en base a dos fundamentos esenciales: el marco fáctico-probatorio y las pautas de derecho sustancial.
En cuanto al primero, sostuvo que la parte actora no solamente no acreditó -en tiempo y forma- la oportuna resolución social que decidiera el ejercicio de la acción de responsabilidad contra los accionados, sino que tampoco lo alegó en ninguna de sus presentaciones. Más precisamente, dijo que ese documento no sólo nunca fue ofrecido como prueba, sino que tampoco había sido alegado como circunstancia de hecho en la demanda, en las dos sucesivas ampliaciones de la misma o cuando contestó el traslado de la excepción, la que versaba -justamente- sobre la falta de decisión previa de la asamblea acerca de instar la acción judicial contra el ex administrador de la asociación (v. fs. 1.998/1.999 vta.).
Sostuvo el Tribunal de Alzada que "Contrariamente a ello, al replicar esa defensa, la demandante adujo la innecesaridad de esa decisión, señalando que el estatuto no la contempla como una atribución de la asamblea, que las decisiones de la entidad son tomadas por la comisión directiva por delegación directa de los asociados, y que el art. 43 faculta a la comisión directiva a resolver cualquier asunto no previsto [...] congruentemente con esa línea argumental, ofreció como única prueba el acta de la reunión de comisión directiva donde se decidió promover la acción judicial" (fs. 1.999 vta.).
A lo que agregó que "...ni siquiera se trata ya de la incorporación visiblemente extemporánea de una prueba documental (art. 255 inc. 3 CPCC), sino de la novedosa alegación en la alzada de un hecho constitutivo de su legitimación actoral, que no fue alegado ni en la demanda ni en sus sucesivas ampliaciones, y ni tan siquiera cuando por vía de excepción le fue planteada su inexistencia".
En cuanto al segundo fundamento, luego de efectuar una tarea de integración e interpretación entre el estatuto de la asociación accionante y las reglas de la ley general de sociedades, entendió que resultan plenamente aplicables al sub lite las disposiciones del art. 276 de la ley 19.550 y que, por tal motivo, la competencia para decidir la promoción o no de una acción de responsabilidad contra los administradores del ente a causa del desempeño que han tenido en la gestión de sus asuntos recaía sobre la asamblea -quien es la que aprueba o desaprueba esa actuación- y no sobre los mismos administradores (v. fs. 2.000/2.001 vta.).
Lo justifica el Tribunal de Alzada señalando que "cuando se trata de procurar la reparación del daño infligido a la propia sociedad, es esta misma la que debe decidir al respecto a través del pronunciamiento de su órgano de gobierno. Por lo que la ausencia de ese recaudo insoslayable priva de legitimación al órgano de representación que promueve la acción con la mera decisión de su órgano de administración (art. 345 inc. 3 CPCC)" (fs. 2.001 vta.).
Ante la falta de incorporación de una prueba que certeramente acreditara la voluntad del órgano de gobierno y frente a la carencia de facultades del órgano de administración para entablar la presente demanda, confirmó lo resuelto en la instancia de origen (v. fs. 2.001 vta.).
V. El embate no puede ser atendido.
V.1. Ha manifestado reiteradamente este Superior Tribunal que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos del derecho vigente anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 109.731, "R. C., F. J.", sent. de 2-V-2013; C. 120.728, "Macovoz", sent. de 31-V-2017; e.o.).
Sin embargo, si se pretenden impugnar las conclusiones de un pronunciamiento sobre las cuestiones fácticas de la litis, no basta con presentar la propia versión sobre el mérito de las mismas, sino que es necesario realizar un juicio crítico de los razonamientos desarrollados por el sentenciante y demostrar cabalmente que padecen de un error grave, trascendente y fundamental (conf. doctr. causas. C. 107.330, "Violante", sent. de 27-IV-2011; C. 118.443, "La Chara S.A.", sent. de 12-VII-2017; e.o.).
Ello, en tanto no cualquier error, ni la apreciación opinable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanza para configurar el absurdo, sino que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, es decir, una anomalía extrema, una falla palmaria en los procesos mentales, para que se evidencie la irracionalidad de las conclusiones a las que se ha arribado. En definitiva: al recurrente no le alcanza con argumentar que el hecho, la valoración de la prueba, la interpretación de los hechos probados, la relación dialéctica entre los hechos y las normas, etcétera, pudo ocurrir o hacerse de otra forma, tanto o más aceptable: en cambio, le resulta indispensable demostrar que, de la manera que lo afirma la sentencia, no pudo ser (conf. doctr. causas C. 117.714, "Plazos Fijos Com. S.A.", sent. de 6-VIII-2014; C. 118.085, "Faúndez", sent. de 8-IV-2015; C. 120.100, "Colman", sent. de 28-XII-2016; e.o.).
Además, la objeción referida a cuestiones procesales previas, atinentes a la producción y agregación de la prueba documental, constituye una materia ajena al ámbito del recurso extraordinario deducido (causa C. 101.621, "Banco de la Nación Argentina", sent. de 6-V-2009).
Tras una íntegra evaluación de lo actuado surge incontestable que, tanto en las presentes actuaciones como en las perseguidas criminalmente, existe una orfandad de instrumentos idóneos que permiten corroborar los dichos del interesado y que el propio Tribunal de Alzada califica como cuestión novedosa, es decir, que el órgano de gobierno de la sociedad se expidió en forma previa a la promoción de esta acción de responsabilidad.
De un lado, se puede observar una actitud omisa de la actora al no ofrecer la correspondiente documentación: a) al tiempo de interponer la demanda (v. fs. 508/526 vta.); b) a la hora de ampliarla (v. fs. 942/947; 958/959) y c) en ocasión de contestar el traslado de la excepción (v. fs. 1.246/1.251).
Del otro, se avizora el ejercicio de una conducta negligente al momento de cuestionar la solución de primera instancia, en tanto habiendo incorporado -a través de su escrito de expresión de agravios- el libro de actas de la sociedad, en forma sorpresiva y en contra del éxito de su pretensión, solicitó el desglose y entrega, manifestando que "si fuese necesario", entregaría copias en su respaldo, lo que no hizo y luego le fue denegado (v. fs. 1.993, 2.003 vta. y 2.033).
Bajo este panorama, no caben dudas de que la doctrina del exceso ritual no puede encontrar su lugar en autos, en tanto su aplicación indiscriminada importaría avalar la derogación del principio de improrrogabilidad de los plazos procesales y respaldar un comportamiento omisivo y negligente del interesado en pos de incorporar una prueba en forma extemporánea (conf. doctr. causas C. 102.837, "Mansilla", resol. de 26-X-2010; C. 106.182, "Selva", sent. de 3-X-2012 y C. 122.384, "A., M. L.", resol. de 3-V-2018). Los recursos procesales y los recaudos para ellos establecidos por las leyes respectivas conforman un orden que no puede sin más ser soslayado porque la garantía de defensa, el debido proceso legal y el acceso irrestricto a la justicia no cubren ni amparan la negligencia (conf. causas C. 88.371, "O., M. E.", sent. de 22-III-2006 y C. 99.281, "S.A. Organización Coordinara Argentina", sent. de 28-V-2010).
Lo expuesto basta para repeler este segmento de la protesta y permite descartar las infracciones legales indicadas a fs. 2.020 (arts. 279 y 289, CPCC).
V.2. Otro de los argumentos recursivos consiste en manifestar el innecesario consentimiento de la asamblea para promover la acción de responsabilidad. Este planteo tampoco debe ser atendido.
De manera liminar, debo resaltar que encontrándose firme, por falta de ataque a su respecto, la tarea interpretativa realizada por el Tribunal de Alzada respecto a qué tipo de norma resulta aplicable en la especie, corresponde que pase directamente a expedirme sobre el cumplimiento de los recaudos establecidos por la ley general de sociedades para dotar de legitimación a los representantes de la sociedad para promover la presente acción (art. 163 inc. 6, CPCC).
En este camino cabe referenciar que el cuerpo normativo societario, al cual se arriba a poco de aplicar lo ya resuelto por esta Corte en la causa C. 86.033, "Asociación de Tiro y Gimnasia de Quilmes" (sent. de 6-IX-2006), establece que "La acción social de responsabilidad contra los directores corresponde a la sociedad, previa resolución de la asamblea de accionistas. Puede ser adoptada aunque no conste en el orden del día si es consecuencia directa de la resolución de asuntos incluidos en ésta..." (art. 276, ley cit.). De ello se puede inferir claramente que, por un lado, la acción para exigir la responsabilidad de los directores por actos que dañen a la sociedad en su conjunto, como ente, es privativa de la sociedad misma y, por el otro, ella no puede en ningún caso promover la acción de responsabilidad contra los directores sin la previa resolución de su asamblea.
Si se afecta el patrimonio social, el art. 276 de la ley 19.550 establece que: a) la decisión tiene que ser adoptada por la asamblea de los accionistas de la sociedad y, dentro de ellas la ordinaria, por ser en cuyo seno donde también se delibera y se resuelven las cuestiones sobre intereses eventualmente contrapuestos del órgano de administración y de los mismos accionistas, ya que el daño que se ocasione al patrimonio de la sociedad -en forma directa o indirecta- termina repercutiendo en perjuicio del patrimonio de los socios y b) puede legítimamente adoptarse, aunque no conste expresamente en el orden del día, siempre y cuando sea consecuencia directa de un punto expresamente incluido en el mismo (conf. causa cit. y Horacio Roitman, Ley de Sociedades Comerciales 19.550 comentada, 1ra. Edición, Tomo IV, LL, Buenos Aires, 2006, págs. 576/577).
En esta coyuntura, valorado el plexo probatorio incorporado a la causa, no advierto que la parte actora haya dado cumplimiento al requisito ineludible e insalvable de la previa resolución asamblearia (conf. art. 384, CPCC). En consecuencia, las manifestaciones vertidas a fs. 2.027, merecen ser desestimadas toda vez que no se ha demostrado haber cumplido con el trámite previo para impetrar la acción de marras (art. 289, CPCC).
Queda firme también por ausencia de concreto ataque la conclusión del Tribunal de Alzada dirigida a justificar la viabilidad de la falta de legitimación activa al señalar que el actor nunca ofreció como prueba el acta de asamblea necesaria para promover la acción, ni alegó siquiera aquella supuesta decisión de los asociados instando a la comisión directiva a promover la acción de responsabilidad. Y como bien señala el a quo no lo hizo oportunamente, pues desde un principio asumió una férrea negativa a la necesidad de tal autorización asamblearia ya que, en su criterio, era la Comisión Directiva quien operaba tal decisión (v. fs. 1.249 vta./1.251).
Por todo ello es que "Debe desestimarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que ha elegido elaborar su impugnación sobre una serie de razonamientos que se desentienden de aquellos que dotan de contenido al fallo, se basa en la mera reiteración de argumentos esgrimidos y rechazados en la instancia anterior y se limita a contraponer a la valoración del material probatorio que ha realizado el tribunal de grado, una argumentación apontocada exclusivamente en su propio criterio" (conf. causa A. 74.407, "Andrade", sent. de 11-VII-2018).
V.3. Por otra parte, tampoco lleva razón el recurrente cuando afirma que la Comisión Directiva se encontraba -igualmente- facultada para incoar la acción sin la expresa autorización del órgano de gobierno (v. fs. cits.).
Se puede afirmar -sin mayores reparos- que tal cuerpo de administración carece de los poderes que le fueron atribuidos a la asamblea general por medio de la ley, los estatutos o los reglamentos especiales (art. 255 y concs., ley cit.).
Resulta desacertada la posición del representante legal de la accionante al afirmar que el órgano de actuación de la sociedad se encuentra habilitado para disponer el ejercicio de la acción en función de la prerrogativa establecida en el art. 43 del estatuto social, cuando de su detenida lectura no se advierte que exista una delegación expresa de tal facultad (v. fs. 455).
Ha fundado la actora su postura alegando que la promoción de la demanda por responsabilidad societaria es un acto de administración (v. en tal sentido fs. 1.967, 1.969 vta., 1.971 vta., entre tantas otras), pero tales nociones sólo se enfrentan a su vez, sin conmoverlas, con las definidas y lógicamente sustentadas en sentido contrario por el Tribunal de Alzada a fs. 2.000 vta.
Para más, tampoco la (asumida) "posición académica" del recurrente sirve para justificar su queja pues, por un lado, su interpretación de los alcances fijados por este Tribunal en el precedente C. 86.033, "Asociación de Tiro y Gimnasia de Quilmes" (sent. de 8-IX-2006) resulta a todas luces errónea; y, por el otro, la manda legal en la que funda el Tribunal de Alzada su decisorio (art. 276) no es siquiera denunciada como inaplicable al caso de autos.
En consecuencia, ante la ausencia de un precepto legal o una prerrogativa convencional que expresamente autorice el apartamiento del principio general, esta parcela impugnativa también merece ser descartada (art. 289, CPCC).
V.4. Siguiendo este derrotero, tampoco puede acogerse la denuncia de infracción a las garantías constitucionales de fs. 2.031, por cuanto no se logra acreditar de qué manera el pronunciamiento colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo del interesado -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.119, "Sampedro", resol. de 14-X-2015; C. 121.205, "Alternativa Bahiense S.C.", resol. de 21-XII-2016; C. 121.337, "Matossian", resol. de 5-IV-2017; e.o.).
Tampoco la alegada omisión de considerarse la prueba anejada a la causa penal es de recibo pues, una vez más, incorpora el actor cuestiones novedosas que no han sido siquiera expuestas en la instancia ordinaria.
V.5. Finalmente, en cuanto a la petición subsidiaria vinculada con la excepción de prescripción, cabe decir que -en atención a la forma en que se resuelve- no debe ser abordada, toda vez que la misma se ha tornado abstracta (conf. doctr. causas C. 119.239, "D. L. C., C. G.", resol. de 3-IX-2014; C. 121.416, "Spotorno", resol. de 6-IX-2017; C. 121.782, "López y Bisval S.H. de Marisol López y Ana M. Bisval", resol. de 7-III-2018; etc.).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.