Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122502
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja interpuesta (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812); con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
La Plata, 21 de Agosto de 2019.
Asimismo pidió el cese definitivo de la difusión de publicaciones injuriantes y agraviantes por parte del demandado, la eliminación permanente de los artículos que mencionó en su presentación y vinculadas al portal de noticias www.inforosario.com y de los perfiles de Facebook del diario y Twitter del accionado y toda otra publicación ofensiva así como las fotografías suyas que obran en dicho portal y peticionó la rectificación del contenido de las manifestaciones injuriantes (v. fs. 358).
Solicitó se ordene la eliminación de esas notas de buscadores de internet, y requirió la publicación de la sentencia que se dicte acogiendo las pretensiones en periódicos de amplia circulación nacional y local (v. fs. 358 y vta.).
Añadió, en petición cautelar, el cese inmediato en la difusión de artículos injuriantes en su contra a través del sitio web mencionado y cualquier otro y la eliminación de las publicaciones identificadas vinculadas con el portal señalado y su perfil de Facebook así como de la cuenta Twitter que indicó y toda otra expresión ofensiva y fotos suyas de todo buscador de internet, hasta que se dicte sentencia (v. fs. 358 vta. y 386).
La señora jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 5 de San Nicolás concedió la medida cautelar ordenando al accionado el cese inmediato en la difusión a través de su sitio web de toda publicación injuriante y agraviante respecto del actor, y la eliminación, en el plazo de veinticuatro horas, de la totalidad de las publicaciones mencionadas en el escrito de inicio y vinculadas al sitio de internet referido, así como toda otra publicación ofensiva dirigida a esa persona y las fotografías del mismo. También estableció el deber de suprimir en igual plazo todas esas publicaciones de todo buscador (v. fs. 407 y vta.).
Dicha medida fue ampliada respecto de nuevas publicaciones denunciadas y se hizo extensiva, junto a la anteriormente dictada, a los perfiles de Facebook, "Inforosario" y Twitter "hpttps://twitter.com/fabiocassina" (v. fs. 461).
Notificada, fue apelada por Google Inc., quien planteó en el mismo escrito la incompetencia del órgano para entender en esas actuaciones por referir el caso a actividades que se desarrollan vía internet, debiendo intervenir -a su criterio- la justicia federal (v. fs. 473/475 vta. y 496/510 vta.).
Tal defensa fue desestimada -sin perjuicio de quien lo formulara- con fundamento en que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación citados en sustento de su postura se dictaron en el marco de acciones dirigidas contra los propios proveedores del servicio de búsqueda y enlace de contenidos en internet, cuando en el caso la situación es distinta, y la medida cautelar no importó redirigir la acción contra quienes fueron oficiados para efectivizarla en el marco del principio de cooperación procesal (v. fs. 648/649).
Esa decisión fue apelada por el apoderado de Google Inc. (v. fs. 662 y 664/668).
Luego de ello, transcurrido el plazo desde que los oficiados fueran intimados a dar cumplimiento a la manda judicial bajo apercibimiento de astreintes (art. 804, Cód. Civ. y Com.) y no habiéndose verificado ello, la entonces señora jueza a cargo del órgano de grado aplicó a Google Inc., Fabio Ángel Casina y Yahoo una multa diaria de mil pesos ($ 1.000) por cada día de retardo en cumplimentar lo ordenado y por el término máximo de treinta días a computarse transcurridos dos de notificada la sanción (v. fs. 741 y vta. y 752).
Respecto de Google Inc. determinó que el apercibimiento del citado art. 804 comenzaría a correr desde el 18 de mayo de 2017 (v. fs. 779).
Contra ese último pronunciamiento el buscador de internet interpuso recurso de apelación (v. fs. 806 y vta. y 820/830).
Persistiendo el incumplimiento conforme lo expresado por el actor (v. fs. 805 y vta.) la magistrada elevó la multa diaria a cinco mil pesos ($ 5.000) por cada día de retardo y por el término máximo de noventa días, manteniendo el modo de cómputo (v. fs. 807).
Frente a esta última medida la empresa interpuso nuevo recurso (v. fs. 842/844 y 865/869).
A su turno la Cámara Primera de Apelación departamental, frente a los cuatro recursos de Google Inc., sólo dio tratamiento al dirigido a cuestionar la competencia, remedio que rechazó, y en punto a los restantes consideró prematuro expedirse al valorar que la recurrente afirmó haber cumplido la medida judicial, planteo que se encuentra pendiente de resolución por la instancia anterior (v. fs. 932 vta. y su remisión a fs. 809/816 y 842/844 vta. y 870) y eventualmente podría tornar abstractos los agravios (v. fs. 931/935).
Contra esa decisión Google Inc. articuló remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 945/981 vta.).
La vía fue denegada por el Tribunal de Alzada quien consideró que no mediaba la nota de definitividad en el fallo impugnado en relación a la medida cautelar y la sanción por su presunto incumplimiento, por su temática así como por no haber sido abordados los cuestionamientos dirigidos contra ellos. Y en torno al rechazo de la pretendida competencia federal entendió que el recurrente carecía de legitimación por ser un tercero en el proceso y no parte de él, simple oficiado del contenido de una orden judicial (v. fs. 982/983).
La empresa articuló una queja ante este Tribunal (art. 292, CPCC; v. fs. 1201/1238 vta.). Allí expuso que lo impuesto a su respecto excede la cooperación procesal puesto que le causa un agravio directo y afecta la libertad de expresión (v. fs. 1236 vta.).
II. De la reseña efectuada se desprende que en el caso el impugnante, oficiado en estos actuados a fin de suprimir el acceso a determinada información a través suyo, carece de interés para recurrir ante esta sede la decisión del Tribunal de Alzada sobre la competencia del órgano para entender en la causa.
Así ha concluido esta Corte en un caso sustancialmente análogo, C. 122.682, "Terminales y Servicios SA ", resol. de 8-V-2019.
Allí, del mismo modo que en estos actuados, no se ha explicitado en la postulación revisora un agravio concreto y actual que resulte válidamente atendible en esta instancia (doctr. causa C. 121.634, "Arias", resol. de 16-VIII-2017).
En efecto la alegada violación a la libertad de expresión, al derecho de acceso a la información y de la prohibición de censura, frente a su propia afirmación de revestir el carácter de intermediario de internet ajeno a los contenidos (v. fs. 980 vta.), resulta insuficiente para sustentar un gravamen actual respecto de la decisión que confirmó la competencia provincial en esta causa y consideró prematuro expedirse sobre los restantes planteos articulados por la referida sociedad (v. fs. 931/935).
Cabe aquí recordar que lo que legitima la impugnación es el mentado interés de quien la interpone, es decir, el gravamen sufrido como consecuencia de una decisión que al eludir la concreta voluntad de la ley ha desconocido un bien actual tutelado por aquella (doctr. causas Ac. 89.718, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 4-II-2004; Ac. 94.924, "D. G.", resol. de 18-V-2005; Ac. 97.226, "Gallardo", resol. de 8-XI-2006; C. 107.995, "López", resol. de 26-X-2010).
Así, el ejercicio de un camino recursivo, como toda acción en justicia, no se reconoce sino a quienes justifiquen una afectación que legitime el acceso a la vía judicial de carácter extraordinario, ya que a falta de aquélla, no hay petición audible ante dicha instancia (doctr. causas C. 120.527, "Márquez", resol. de 30-III-2016 y C. 107.995, cit.).
En consecuencia, no reuniendo el remedio extraordinario articulado los requisitos esenciales, se impone el rechazo de la queja intentada (arts. 292, CPCC y 31 bis, ley 5.827).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja interpuesta (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812); con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia