Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122935
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
La Plata, 18 de septiembre de 2019.
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata, en lo que interesa destacar, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Antonio Ángel Cossu contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, a quien condenó a abonar la suma que especificó en concepto de diferencia de indemnización por incapacidad parcial y permanente (arts. 6 inc. 1, 12 y 14 apdo. 2 inc. "a" de la ley 24.557 y art. 3 de la ley 26.773). Por el contrario, la rechazó en cuanto procuraba la reparación por daños y perjuicios con fundamento en el derecho común y prestación tarifada de la Ley de Riesgos de Trabajo (v. fs. 168/177 vta.).
Para así decidir, en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, juzgó que el actor no logró demostrar las tareas que denunció en su escrito de inicio y por las cuales reclama como causantes de las dolencias que alegó padecer.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica con cargo 19-X-2018), el que fue concedido por el a quo a fs. 182.
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Cita normas y la doctrina legal que considera violadas. En esencia, le objeta al juzgador no haber valorado correctamente el escrito de contestación de demanda, y soslayar la ponderación de prueba significativa obrante en la causa, en especial la pericia médica, toda vez que las labores de esfuerzo desarrolladas por el actor durante toda la relación de trabajo, reconocidas expresamente por la accionada, originaron las patologías denunciadas en autos.
III. El recurso no ha de prosperar.
III.1. En primer lugar, sabido es, que la tarea de interpretar los escritos constitutivos del proceso, y establecer los términos en que quedó planteada la litis, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria, y su decisión al respecto sólo puede revisarse en la sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe absurdo en la interpretación y violación del principio de congruencia (causas L. 99.910, "López de Armentía", sent. de 21-XII-2011 y L. 99.441, "Batista", sent. de 27-VI-2012).
En el caso, el recurrente no sólo no evidencia en forma cabal el señalado vicio, sino que omite denunciar la violación del evocado postulado y de las normas adjetivas que lo receptan (causas L. 113.611, "Guzmán", resol. de 30-III-2011 y 117.540, "Sangronis", resol. de 30-X-2013).
III.2. Sentado lo anterior, cabe recordar que esta Corte ha declarado que determinar las características de las tareas realizadas por el trabajador y la relación de causalidad entre ellas y las dolencias incapacitantes, como así también evaluar el mérito y fundamento de la pericia médica, constituyen facultades privativas de los jueces de grado, y las conclusiones que al respecto formulen no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria, salvo efectiva demostración de absurdo (causas L. 103.856, "Angilella", sent. de 12-XII-2012 y L. 117.155, "Roselli", sent. de 22-X-2014; e.o.).
Asimismo, también ha sostenido que determinar si se configuraron o no los presupuestos de responsabilidad que eventualmente tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida en los términos del derecho común, corresponde al ámbito de las facultades privativas de los jueces de mérito, salvo que se invoque y se demuestre eficazmente la existencia de absurdo (causas L. 107.246, "A., P.", sent. de 5-IX-2012; L. 113.462, "Irigoyen", sent. de 13-XI-2013 y L. 116.978, "Dalfonso", sent. de 8-IV-2015).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 111.199, "Baltar", sent. de 14-VIII- 2013; L. 113.610, "Agustinelli", sent. de 5-III-2014 y L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo (causas L. 112.200, "R., V.E.", sent. de 5-VI-2013; L. 109.926, "Mouriño", sent. de 27-VIII- 2014 y L. 121.001, "Ledesma", resol. de 7-III-2018).
En el caso, el mentado vicio no logró ser demostrado.
III.3. Como se anticipó, el órgano judicial de grado señaló que las probanzas de autos dieron cuenta de que el trabajador realizaba labores distintas a las que alegó en su demanda como causante de las dolencias que padece, por lo que en definitiva, juzgó no demostrado que en el cumplimiento de sus funciones en favor del Ente Administrador del Astillero Río Santiago, el trabajador estuviera sometido a esfuerzos físicos y/o posiciones antiergonómicas nocivas para su salud.
III.4. Estas esenciales conclusiones del fallo, claramente vinculadas a cuestiones de hecho y prueba, y a las que arribó el tribunal de origen en uso de facultades que le son privativas, no logran ser descalificadas por el recurrente.
En efecto, la impugnación sólo transita sobre meras apreciaciones personales del interesado en torno al modo en que considera que el a quo debió ponderar la prueba aportada al proceso, soslayando que el absurdo sólo queda configurado si media cabal demostración de su existencia, pues no basta con invocarlo, sino que es menester probarlo acabadamente a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en las cuestiones fácticas y valoración probatoria (causas L. 113.536, "Salgado", resol. de 16-III-2011; L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013 y L. 117.769, "Sandobal", resol. de 17-XII-2014).
Corresponde señalar, además, que la tarea de adjudicar a la pericia médica la eficacia probatoria pertinente es atribución privativa de los jueces de grado, no revisable en casación salvo el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 93.232, "P., E.P.", sent. de 28-X-2009 y L. 117.155, "Roselli", sent. de 22-X-2014), el cual, como se anticipó, no logra ser evidenciado.
Asimismo, soslaya el interesado que es el propio juzgador quien tiene la facultad privativa para evaluar la habilidad y el mérito de las declaraciones testimoniales que recibe, así como la confiabilidad que alguna o algunas de ellas le merezcan con relación a otras, no resultando tales apreciaciones susceptibles de revisión en esta instancia extraordinaria salvo efectiva acreditación de error en el razonamiento del juzgador, que en el caso -como se anticipó- no logra demostrarse (causas L. 99.083, "De Tellería", sent. de 28-V-2010 y L. 111.513, "Caballero", sent. de 13-XI-2013).
En definitiva, la impugnación deviene manifiestamente insuficiente, desde que sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013 y L. 118.172, "Delgado", resol. de 8-X-2014; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia