Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123984
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; y Acordada 1790). Con Costas.
La Plata, 23 de octubre de 2019.
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demanda contra la Aseguradora de Riesgos del Trabajo Liderar S.A. y condenó a IADA S.A. a abonarle a Luis Alberto Ramírez, la suma que individualizó en concepto de indemnización por daño material y moral por incapacidad laboral derivada de accidente de trabajo (v. fs. 1.331/1.345 vta.).
II. Ante lo así resuelto, la demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.487/1.501), oportunidad en la que planteó la inconstitucionalidad del art. 56 de la ley 11.653 y, asimismo, adujo encontrarse imposibilitado de hacer frente a la carga procesal exigida por aquella norma, con cita expresa del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Troche Báez, Prostacio c. Salvador Olivadese e Hijos SRL", sent. de 26-VIII-1997, ofreciendo prueba de ello (v. fs. 1.489/1.494).
A su turno, el sentenciante de grado, analizando aquel material probatorio desestimó el planteo de inconstitucionalidad del art. 56 de la ley 11.653 y denegó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado. Para así resolver, consideró, que de la prueba acompañada, no surge prima facie la imposibilidad de efectuar el depósito previo (v. resolución electrónica de fecha 1-VII-2019).
III. Contra lo así decidido, la interesada dedujo recurso de queja directo ante esta sede, en los términos del art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 1.673/1.688).
En esencia, reitera los fundamentos expuestos en el recurso extraordinario y cuestiona la decisión dictada por el a quo , en la medida en que no tuvo por demostrada la invocada imposibilidad de dar cumplimiento con el depósito previo para acceder a la instancia casatoria.
IV. La queja no prospera.
IV.1. Al respecto, cabe recordar que, en supuestos de sentencia condenatoria, el art. 56 de la ley 11.653 establece, como carga ineludible para la admisibilidad de los remedios extraordinarios, el depósito previo de capital, intereses y costas, cuya finalidad es la de asegurar al trabajador la posibilidad de hacer efectivo sin dilaciones su crédito del que el fallo atacado constituye fuerte presunción favorable (causas L. 117.089, "Lagraña", resol. de 5-IV-2013; L. 117.710, "Conte", resol. de 23-XII-2013 y L. 120.689, "Pérez", resol. de 5-VII-2017).
IV.2. En orden al cuestionamiento relacionado con la validez supra legal del art. 56 de la ley 11.653, cabe memorar que el planteo ha sido materia de reiterados pronunciamientos por parte de este Tribunal.
En efecto, esta Corte ha sostenido el criterio de que dicho precepto no conculca derechos o garantías constitucionales, pues constituye, por su finalidad, una razonable medida precautoria prevista en salvaguardia del interés social comprometido y de la celeridad procesal, colocando al trabajador en condiciones de hacer efectivo sin dilaciones su crédito, del que la sentencia en embate constituye fuerte presunción favorable, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio, toda vez que se impone de igual modo a todos los que se encuentran en las mismas circunstancias (causas L. 110.617, "Fonseca", resol. de 5-V-2010; L. 114.814, "Machuca", resol. de 13-VII-2011; L. 117.975, "Olivera", resol. de 16-VII-2014 y L. 120.985, "Palomeque", resol. de 5-VII-2017).
Específicamente, en casos similares al presente, ha señalado que el derecho de defensa en juicio sólo exige que se oiga a las partes en la forma y oportunidad prescriptas por la ley, y su ejercicio puede ser reglamentado por las normas de procedimiento a fin de hacerlo compatible con el análogo de los demás litigantes y con el interés social de obtener una garantía eficaz (causas L. 112.751, "Carballo", resol. de 10-XI-2010; L. 116.373, "Dib", resol. de 27-VI-2012 y L. 117.966, "Pascual", resol. de 24-IX-2014).
Además, y en virtud de la impugnación que porta la queja, es dable observar que esta Corte ha sostenido que el sistema de instancia única instrumentado por la ley 11.653 no resulta violatorio del art. 8 apdo. 2 inc. "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, oportunidad en la que declaró, que dicho sistema procesal, instaurado por la citada ley, no es inconstitucional (causa L. 119.452, "Tristán", sent. de 5-VI-2019).
A tenor de lo señalado, y toda vez que la interesada no han desarrollado argumentos que justifiquen la revisión del criterio expuesto en el precedente de este Tribunal antes citado, el planteo que contiene el recurso, en el contexto de las circunstancias reseñadas, debe ser desestimado.
IV.3. Sentado ello, se debe indicar que, respecto al requisito establecido en el mencionado art. 56 de la ley ritual del fuero, este Tribunal ha dicho que la desproporcionada magnitud del monto con relación a la capacidad económica del apelante y la falta comprobada e inculpable de los medios para afrontar dichas erogaciones constituyen supuestos de excepción al citado dispositivo normativo (causas L. 110.963, "Roldán", resol. de 19-V-2010 y L. 109.787, "Viel", resol. de 3-III-2010; CSJN, "Troche Báez, Prostacio c/ Salvador Olivadese e Hijos SRL", agosto, 26-1997).
Conforme ello, el principio general que marca el mentado art. 56 citado puede sufrir excepciones cuando los recurrentes demuestran, cabalmente y sin ninguna hesitación, la imposibilidad para efectuar el depósito de marras (causas Ac. 104.299, "Gómez", resol. de 8-X-2008; L. 113.681, "Gómez de Saravia", resol. de 1-VI-2011 y L. 120.809, "Cilidonio", resol. de 10-V-2017).
Sin embargo, en el caso se advierte, de acuerdo a los términos del pronunciamiento electrónico de fecha 1-VII-2019 que valorado el material probatorio adunado a la causa, el a quo concluyó, en lo que resulta oportuno destacar en atención a los agravios desplegados en la queja, no acreditada la alegada desproporción entre el monto de condena y la capacidad económica de la empleadora codemandada.
En ese contexto, y decidido por el órgano jurisdiccional competente que las alegaciones relacionadas a la imposibilidad de efectuar el depósito de marras no fueron probadas, correspondía concluir -tal como lo resolvió el juzgador de grado- que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no resultaba admisible por ausencia de cumplimiento del recaudo vinculado a la carga pecuniaria.
III.4. Por lo demás, el presente carril de impugnación no es apto para objetar la decisión que rechazó la exención solicitada, pues sólo es viable a fin de cuestionar la denegatoria o declaración de deserción de los recursos extraordinarios (art. 292, CPCC; causas L. 113.993, "Videla", resol. de 13-IV-2011; L. 117.977, "Yungblut", resol. de 16-VII-2014; L. 119.523, "Bernal", resol. de 9-XII-2015 y L. 120.857, "Villalba", resol. de 5-VII-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; y Acordada 1790). Con Costas.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia