Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 121869
En la ciudad de La Plata, a 16 de octubre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Genoud, Soria, Negri , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 121.869, "Bordón, Oliva y otros contra Municipalidad de Moreno y otros. Daños y perjuicios".
La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mercedes modificó el fallo anterior que, en su momento, estimó parcialmente la demanda promovida (v. fs. 675/681 vta.).
Se interpuso, por la comuna accionada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 688/692).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Se debate en autos un reclamo de daños y perjuicios derivado del fallecimiento del señor Ángel Ernesto Farías, esposo y padre de los accionantes.
Arriba incontrovertido a esta instancia que el 12 de febrero de 1998, en compañía de dos de sus hijos y otros dos niños, el causante se encontraba caminando por la orilla de la "cava" existente en calle Barker y Dalmacio Sánchez del Barrio Villanueva de Moreno -emplazada en un predio de propiedad de "Proyectos Urbanísticos Lagos del Oeste S.A." citada como tercera al juicio- cuando resbaló en forma accidental y cayó al agua, produciéndose su muerte por inmersión.
Responsabilizando en forma concurrente al municipio y a la mencionada sociedad anónima (50%) por un lado; y a la propia víctima por el restante 50%, el juez de la fase inicial hizo lugar al reclamo incoado, fijando importes resarcitorios por diversos rubros, con más intereses moratorios liquidados a tasa pasiva promedio informada por el Banco Central de la República Argentina desde la fecha del hecho hasta la firmeza del decisorio y de ahí en más la activa para las "restantes operaciones en pesos" suministrada en el respectivo sitio web por esta Corte provincial (v. fs. 613/622).
II. Apelado el fallo por ambas partes, la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mercedes lo modificó en cuanto a los porcentuales de responsabilidad atribuidos en el fallo apelado, guarismos que estableció en un 80% a cargo de la comuna y la citada sociedad y en un 20% a la víctima. Asimismo, confirmó la procedencia y cuantía de los importes resarcitorios reconocidos y modificó lo resuelto respecto de los intereses de condena, los que fijó a la tasa pasiva más alta utilizada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días, desde la fecha del hecho hasta su efectivo pago (v. fs. 675/680).
Para así decidir, y en lo que interesa principalmente destacar en función del remedio extraordinario interpuesto, compartió liminarmente el criterio del juzgador inicial en cuanto a la omisión antijurídica del municipio en ejercicio del respectivo poder de policía, déficit determinante de la concurrencia de su responsabilidad objetiva. En tal sentido, puso de relieve el conocimiento que dicha comuna tenía de la formación de lagunas por extracción de toneladas de tierra del predio en cuestión, extremo emergente de las actuaciones administrativas que corren por cuerda (v. fs. 677 vta. y 678). A tenor de las declaraciones testimoniales de fs. 486/488, juzgó acreditado que los vecinos utilizaban dicho predio sin cercar para actividades recreativas, incluso como natatorio, sin control o advertencia municipal (v. fs. 678).
En relación a la conducta observada por la víctima, consideró que teniendo en cuenta la discapacidad motora que padecía -causada por un accidente cerebrovascular sufrido con anterioridad- debió el señor Farías actuar con mayor cuidado y prudencia, no exponiéndose al peligro de caminar por el borde de la cava. Coligió asimismo que tal situación de riesgo innecesariamente asumido, desplazándose al filo de un espejo de agua, importó una deliberada imprudencia en abierta infracción al deber de obrar con cuidado y previsión (v. fs. 678 y vta.).
III. Contra esta decisión se alza la Municipalidad de Moreno mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo en la valoración probatoria e infracción de los arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial. Formula reserva del caso federal (v. fs. 688/692).
IV. La impugnación no prospera.
IV.1. Esta Corte tiene dicho que la verificación de los requisitos o presupuestos configurativos de la eventual responsabilidad de alguna de las partes del proceso, en todo caso, importa la evaluación de cuestiones de hecho y prueba, tarea en principio reservada a los jueces de grado y, por tanto, exenta de contralor en sede extraordinaria, salvo que se alegue y demuestre el vicio de absurdo, considerando a su vez que éste es el error grave y ostensible que se comete en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo, con tergiversación de las reglas de la sana crítica en violación de las normas procesales aplicables, de todo lo cual resulta una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico-formal, e insostenible en la discriminación axiológica (conf. causa C. 116.525, "Gallegos de Sandoni", sent. de 12-III-2014).
En cuanto a la particular responsabilidad estatal ventilada en la especie, y en oportunidad de emitir mi voto en causa C. 105.746, "Carrizo" (sent. de 7-VII-2010), recordé -a su vez- que al pronunciarme en Ac. 73.526, "Vargas" (sent. de 23-II-2000), había señalado que en el derecho público no existe un texto específico que contemple lo atinente a la responsabilidad del Estado -en el caso la Municipalidad de Moreno- por las consecuencias de sus hechos o actos de omisión o abstención. Por ello, su tratamiento jurídico básico debe efectuarse recurriendo a la norma del art. 1.074 del Código Civil (art. 16, Cód. Civ.), que permite ubicar en ella el tema de la responsabilidad del Estado por sus comportamientos o actitudes omisivas o de abstención (conf. Miguel S. Marienhoff; Responsabilidad extracontractual del Estado por las consecuencias de su actitud "omisiva" en el ámbito del derecho público , pág. 9; esta Corte en causas Ac. 81.917, "Carabajal", sent. de 30-IV-2003; C. 91.336, "Mazza", sent. de 18-XI-2008 y C. 119.370, "Hernández", sent. de 9-V-2018).
Asimismo, sostuve que el art. 1.074 dispone que toda persona que por cualquier omisión hubiere ocasionado un perjuicio a otra, será responsable solamente cuando una disposición de la ley le impusiere la obligación de cumplir el hecho omitido. Dice el mencionado autor que no sólo la ley formal o material puede contener un deber cuyo incumplimiento determine que una omisión sea sancionable y obligue la responsabilidad del autor de la misma, sino que basta con que la omisión sea antijurídica, vale decir contraria a derecho (v. obra citada, págs. 24/27); agrega también que lo que los litigantes deben acreditar es la existencia de la mencionada omisión y el razonable deber jurídico del Estado de haber cumplido el hecho o acto omitido (pág. 71).
Ahora bien, analizado el despliegue crítico desde tales atalayas interpretativas, anticipo que no logra la recurrente acreditar que, al sopesar la causalidad del siniestro y el condigno reparto de responsabilidades concurrentes, el Tribunal de Alzada hubiera recaído en el apuntado vicio lógico (v. fs. 689 vta./690 vta.). Veamos:
IV.1.a. En principio, resulta inabordable la argumentación crítica basada en los testimonios rendidos en sede penal por Cristian Farías y Gastón Bordón (de catorce y doce años de edad -a ese momento-, hijo y sobrino del occiso Ángel Ernesto Farías respectivamente; v. fs. 10 y 11 de dichos actuados), que apuntalan la hipótesis de que la víctima no habría resbalado accidentalmente sino incursionado voluntaria y deliberadamente en el agua (v. fs. 689 vta. y 690).
En tal sentido, repárese en que al inicio del proceso la actora adujo que Farías había resbalado accidentalmente, cayendo al agua (v. fs. 73). Por su parte, y haciéndose eco de dicho factum , la Municipalidad demandada acusó la negligente conducta observada en la ocasión por aquél quien, pese a la discapacidad física que padecía, caminó por la orilla de una profunda excavación, colocándose en una situación apta para que sobreviniera el siniestro (v. fs. 89 vta.).
Pues bien, conforme se aprecia, la demandada no controvirtió el relato del hecho dañoso planteado por la actora, limitándose en todo caso a discrepar con sus consecuencias jurídicas. De allí que, no habiéndose entablado un concreto contrapunto de la sustancia fáctica en la génesis del juicio, y en observancia del consabido principio de congruencia que rige nuestro orden adjetivo (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6 y concs., CPCC), no resulta admisible la pretensión de modificar -a esta altura del proceso- los contornos de la respectiva plataforma que, tal como se lo adelantara, arriba firme por falta de controversia.
Al respecto, no es ocioso recordar que el principio de congruencia refiere a la correspondencia entre la pretensión jurídica planteada (integrada por el contenido de la disputa y la identidad de personas, objeto y causa) y lo resuelto, y que su sentido es que el pleito sea conducido en términos de razonable equilibrio -dentro de la bilateralidad del contradictorio- de manera que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa y no ocurra un quebrantamiento de la misma. En otras palabras: no han de existir omisiones en la consideración de la temática planteada, como tampoco una demasía decisoria que signifique una excedencia de juzgamiento por ocuparse el juez de cuestiones no planteadas. La doctrina de esta Suprema Corte lo ha expresado así en buen número de precedentes (conf. causas C. 116.630, "Transporte Atlántico del Sud S.R.L.", sent. de 8-IV-2015; C. 114.081, "F., L. P. y C., R. M.", sent. de 11-III-2015; L. 117.223, "Santore", sent. de 19-II-2015 y L. 102.237, "Villate", sent. de 5-IV-2013), al igual que lo ha hecho la Corte federal (CSJN causa C-10-XXV, sent. de 13-X-1994 y C. 119.525, "Vallejos", sent. de 10-VIII-2016).
IV.1.b. Seguidamente, corresponde señalar que las restantes reflexiones traídas en torno a la problemática no sobrepasan el umbral de la mera discrepancia subjetiva, no abasteciendo, por tanto, la referida carga demostrativa del absurdo (doctr. art. 279, CPCC).
IV.1.b.i. Al respecto, aduce la impugnante que la orilla de una cava, ubicada en un predio privado cuyo acceso se encontraba de por sí vedado al público, no es un lugar donde ir a pasear. No obstante ello, la Cámara le atribuyó -equivocadamente- una mayor responsabilidad a su parte, en razón de no haber colocado cartel de advertencia y cerco perimetral. Tampoco habría advertido el sentenciante que de las actuaciones administrativas que corren por cuerda surge su diligente actuación en cuanto jamás autorizó la explotación, y cuando la misma igualmente se llevó a cabo irregularmente dispuso su clausura y ordenó al propietario la recomposición del predio a su estado anterior. Destaca, asimismo, que ante la falta de cerco perimetral ordenó una consigna policial y que aun después de ocurrido el hecho de autos, procuró la realización de las obras de rellenado del terreno. Subraya finalmente que no hay un fundamento lógico en cuanto a la omisión de servicio que se le imputa (v. fs. 690 y vta.).
IV.1.b.ii. Pues bien, conforme se aprecia, la recurrente se limita a contraponer su disgusto personal a la valoración probatoria desplegada por el juzgador, anticipando, correlativamente, aquellos aspectos que a su entender han sido soslayados o malinterpretados en el fallo. En tal faena, sin embargo, omite la interesada brindar una ulterior explicación puntual y pormenorizada de tales extremos, cuya omisa o errónea ponderación habría derivado en el absurdo escrutinio probatorio que se denuncia.
Sabido es que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que el impugnante se limita a discrepar con las conclusiones del a quo , exponiendo su propio criterio interpretativo que no es base idónea de agravios ni exterioriza el absurdo que viabilizaría la queja, ya que éste solo se configura por el desvío lógico manifiesto, el arribo incongruente o la notoria falta de prudencia jurídica en el mérito otorgado al material probatorio (causas Ac. 80.753, "Kolcevich", sent. de 19-II-2002; C. 99.720, "Audax S.A.", sent. de 23-IX-2009; C. 117.550, "Rusconi", sent. de 4-III-2015 y C. 120.743, "O., E. J.", sent. de 21-III-2018), carga demostrativa que no se logra evidenciar, máxime cuando el concepto de absurdo, tal como ha ido elaborándose por esta Suprema Corte, hace referencia a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o una interpretación groseramente errada de la prueba producida. Al recurrente no le alcanza con argumentar que los hechos, la valoración de la prueba, la interpretación de las conductas involucradas, etcétera, pudieron ocurrir o hacerse de otra forma, tanto o más aceptable. Es indispensable demostrar que de la manera sostenida en la sentencia no pudo ser (conf. causas C. 109.731, sent. de 2-V-2013; C. 119.362, sent. de 21-X-2015 y C. 120.499, "Bide", sent. de 21-XII-2016).
IV.2.a. En otro orden de ideas, no corresponde tampoco receptar la protesta formulada por el quebrantamiento de los arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del digesto adjetivo, concerniente a la cuantía de los rubros resarcitorios reconocidos (v. fs. 690 vta. y 691).
Al respecto, esta Corte tiene dicho que no incurre el juzgador en demasía decisoria al condenar al pago de una suma mayor a la reclamada en la demanda si el actor exhibió la voluntad de no inmovilizar su cuantía; intención que queda demostrada si, como en el caso (v. fs. 50), al formular tal reclamo, se lo hizo refiriendo "a lo que en más o en menos resulte de la prueba" (art. 163 inc. 6, CPCC; conf. doctr. causas Ac. 81.476, "Marti", sent. de 23-IV-2003; C. 108.764, "De Michelli de Caporicci", sent. de 12-IX-2012 y C. 118.459, "Liberti", sent. de 15-VI-2016), no advirtiéndose en la especie que la Cámara hubiese "abierto las puertas a una absoluta discrecionalidad", conforme se lo sugiere sin mayor respaldo (v. fs. 691).
A lo dicho, cabe agregar que la recurrente omite criticar el motivo sustancial adoptado por la Cámara para definir la cuestión: "...el argumento que sella la suerte desfavorable de la queja, es principio reconocido por los tribunales y la doctrina mayoritaria nacional que el daño debe valorarse a la fecha de la sentencia o lo más próximo a ella que sea posible, ya que el resarcimiento pretende ser la prestación del equivalente pecuniario del daño, es decir, de una suma de dinero que represente la misma entidad que la medida del mismo, que no está cristalizada en el momento que se produce, sino cuando se liquida para determinar su equivalente. Y en autos, entre la muerte de Farías y la presente, transcurrieron más de 19 años por lo que sostener que la suma nominal reclamada en la demanda limita el reclamo a lo allí consignado, atenta desde todo punto de vista con el concepto de reparación integral..." (fs. 679).
Para el caso, vale recordar que resulta insuficiente el recurso que deja en pie un argumento sustancial dirimente (conf. causas C. 121.645, "Agro Ramabe S.A.", sent. de 26-IX-2018; C. 104.516, "Villanueva", sent. de 30-III-2010; e.o.).
IV.2.b. Tampoco merece estimarse la postulación de haberse concedido una indemnización superior a la reclamada sin apoyarse en las probanzas de autos, incurriéndose en una decisión ulta petita , desde que la recurrente no señala siquiera a qué pruebas en concreto se refiere ni, menos aún, cómo vendrían las mismas a apoyar la legitimidad del interés particular esgrimido. Por cierto, similar ineficacia conlleva el argumento de no haber sido debidamente sopesadas las especiales condiciones personales de la víctima y sus derechohabientes -aquí demandantes- en lo que hace a la cuantificación del valor vida y el daño moral, desde que tampoco brinda la interesada, más allá de la mera enunciación de su discrepancia, una concreta y razonada justificación de la indebida discrecionalidad atribuida al sentenciante.
En suma, no se debe perder de vista que la cuantificación de determinados rubros indemnizatorios constituye una típica cuestión de hecho, que sólo puede ser revisada en la instancia extraordinaria en el caso de que se demuestre acabadamente que las conclusiones de los sentenciantes son el producto de un razonamiento viciado por el absurdo (conf. causas C. 94.723, "G., J. C.", sent. de 9-XII-2010; C. 104.720, "Romero", sent. de 14-IX-2011 y C. 111.214, "Jordán", sent. de 15-VII-2015), hipótesis que, según se deja expuesto, no alcanza la interesada a abastecer mediante la simple expresión de su disconformidad con lo resuelto, sellándose así la suerte adversa de este otro tramo del embate (doctr. art. 279, CPCC).
IV.2.c. Finalmente, no mejor destino ha de correr la protesta vinculada a los intereses de condena, en cuanto se señala la contraposición de principios entre la fijación "actual" de una suma indemnizatoria y el otorgamiento de un interés moratorio que, calculado desde la fecha del hecho, en el caso deriva en un importe final que cuadruplica -aproximadamente- el capital de condena (v. fs. 690 vta. y 691).
En efecto, y si bien en principio la recurrente no explica cómo llega a los guarismos que precisa a fs. 691 -pues ni el monto sobre el cual hipotéticamente desarrolla los cálculos se condice con la suma definitiva que corresponde a la responsabilidad que se le endilga-, lo cierto es que el agravio revela, en realidad, el sometimiento a decisión de una cuestión ya consentida. Veamos:
El juez de primera instancia mandó a aplicar intereses sobre los montos determinados ("...en base a parámetros que estén lo más próximo posible a la fecha de sentencia...", v. fs. 618), desde la fecha del hecho hasta el momento en que el fallo adquiriera firmeza, a la tasa pasiva promedio informada por el Banco Central de la República Argentina, y desde allí hasta el efectivo pago a la tasa activa para las restantes operaciones en pesos que suministra la página de este Tribunal (v. fs. 621).
Acerca de tal modo de liquidar intereses sobre los montos determinados nada dijo la apelante en su expresión de agravios (v. fs. 660/662 vta.).
Ahora bien, el Tribunal de Alzada ratificó los montos y el modo de determinarlos ("...a la fecha de la sentencia o lo más próximo a ella que sea posible...", v. fs. 679). Únicamente modificó el tipo de tasa de interés a aplicar sobre tales sumas (v. fs. 680), materia sobre la cual no se agravia la recurrente en su recurso extraordinario.
De este modo se revela como una reflexión tardía la queja sobre una cuestión ya consentida: el modo de calcular los intereses (sea cual fuere la tasa a aplicarse) sobre los montos dispuestos.
Sobre el punto, viene al caso recordar que cuando la cuestión que se pretende debatir a través del recurso extraordinario ha sido consentida por el recurrente, no puede ser acogida por ser fruto de una reflexión tardía (doctr. causas C. 118.854, "Alfieri", sent. de 9-III-2016; C. 111.640, "Rzepeski", sent. de 24-IV-2013 y C. 110.634, "Chimondeguy", sent. 7-VIII-2013; e.o.).
V. Por lo expuesto, si mi opinión resulta compartida, corresponderá rechazar el presente remedio extraordinario. Con costas de esta instancia a la recurrente vencida (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor
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