Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122728
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto. Con costas de esta instancia al recurrente vencido (arts. 68 y 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Genoud, Negri, Kogan , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 122.728, "Piris, Aniceta contra Banco de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios".
La Sala II de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata, por mayoría, revocó el fallo anterior que, a su turno, había rechazado la demanda (v. fs. 1.506/1.537).
Se interpuso, por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.547/1.568).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Ha quedado debidamente acreditado en autos que el joven Pablo César Bullón -hijo de la actora- falleció por electrocución el día 28 de diciembre de 2008, en ocasión de encontrarse trabajando, como dependiente de "P. y C. Instalaciones S.A.", en el montaje de un sistema de cámaras de video para el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en la sucursal ubicada en calle San Martín esquina Córdoba de la ciudad de Mar del Plata.
Tal obra había sido licitada y adjudicada a "Sensormatic Argentina S.A.", empresa ésta que para la respectiva ejecución subcontrató a la mencionada firma "P. y C. Instalaciones S.A." para la que trabajaba la víctima.
La señora Piris accionó únicamente contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, imputándole responsabilidad objetiva en los términos del art. 1.113, segundo apartado in fine del Código Civil velezano, por su condición de dueño de la cosa riesgosa (cables de electricidad), citando en garantía a "Provincia Seguros S.A." (v. fs. 43/49 vta.).
En su contestación de demanda la entidad financiera adujo la ruptura total del nexo de causalidad por la imprudente conducta observada en la ocasión por la propia víctima y/o por la deficiente vigilancia y control de la seguridad por parte de las mencionadas empresas -adjudicataria y subcontratista- a quienes convocó en los términos del art. 94 del digesto ritual (v. fs. 1.027/1.043 vta.).
En su hora, el juez liminar estimó las oposiciones a la citación esgrimidas por ambas terceras, imponiendo al accionado las costas por las respectivas incidencias. Asimismo, rechazó la demanda principal en atención a la exclusiva culpa de la víctima en la producción causal del luctuoso infortunio (v. fs. 1.427/1.434).
II. Apelado el pronunciamiento, la Sala II de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial, por mayoría, lo revocó y dispuso hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios, condenando al Banco y a las terceras en forma solidaria y por partes iguales. Y en lo que respecta del primer obligado señaló que su actuación coadyuvó a la ocurrencia del siniestro, en particular por el mal estado de las instalaciones eléctricas del Banco, entre otras circunstancias concluyentes. Estimó, asimismo, la excepción de no seguro opuesta por "Provincia Seguros S.A.", con costas a la actora, y desestimó las excepciones de falta de legitimación pasiva postuladas por aquellas citadas, con costas (v. fs. 1.506/1.537).
III. Contra esta decisión se alza el Banco de la Provincia de Buenos Aires mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo en la tarea de valoración probatoria e infracción de los arts. 163 incs. 5 y 6, 165, 260, 266, 375, 330, 384, 456, 474 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 1.113, 901, 1.068, 1.069, 1.083, 1.086, 1.078 y concordantes del Código Civil de Vélez. Formula reserva del caso federal (v. fs. 1.547/1.568).
Se agravia, en síntesis, aduciendo absurda, arbitraria e irrazonable valoración del nexo de causalidad (v. fs. 1.562/1.564 vta.), errónea aplicación retroactiva de normas del nuevo Código Civil y Comercial (v. fs. 1.565 y vta.) y, subsidiariamente, por la procedencia y cuantía de los rubros reconocidos (v. fs. 1.565 vta./1.567 vta.).
IV. La impugnación no prospera.
La sentencia tiene su basamento en una específica circunstancia: "...fueron las malas condiciones del lugar lo que provocó el accidente, entre ellos la existencia en el lugar del hecho de un reflector de alargue deteriorado, con el cable de puesta a tierra desconectado o cortado; el ser un espacio confinado que no cumple con las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que ordenan los arts. 4 inc. a y b, 5 inc. h, 6 inc. a y b, 78 inc. c y f de la ley 19.587, por las características constructivas, cubaje, ventilación, temperatura, carga térmica, humedad, iluminación, instalaciones eléctricas, identificación y señalamiento de lugares peligrosos y singularmente peligrosos, la ausencia de puesta a tierra de las cañerías metálicas de la instalación eléctrica (masas) con un circuito continuo y permanente, con capacidad de carga para conducir la corriente de falla y la falta de disyuntor que interrumpa las descargas eléctricas. Todas estas anomalías son propias del inmueble y lo tornan en una cosa riesgosa y que, en el caso de autos, le provocó la muerte del joven Bullón (art. 1113 C.C.)" (fs. 1.516).
El recurso que se viene considerando, no obstante su inusitada extensión, se abstiene absolutamente de poner en tela de juicio, controvertir o confrontar de algún modo este eje estructural del fallo. Sin concreta referencia al rol protagónico atribuido en la sentencia a la cosa riesgosa, solamente se ocupa de denunciar un supuesto absurdo vinculado con la conducta de la víctima como factor interruptivo.
El concepto de absurdidad hace referencia a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica, o una interpretación groseramente errada de la prueba producida. Al recurrente no le alcanza con argumentar que los hechos, la valoración de la prueba, la ponderación de las conductas involucradas, etcétera, pudieron ocurrir o hacerse de otra forma, tanto o más aceptable. Le es indispensable demostrar que de la manera sostenida en la sentencia no pudo ser (conf. doctr. causas C. 109.731, "R. C., F. J. y otros", sent. de 2-V-2013 y C. 121.687, "Bardengo", sent. de 7-III-2018).
Pues bien, el recurso gira monocordemente sobre este aspecto sin llegar a demostrar el vicio lógico invocado. Si bien denuncia una apreciación errónea del material probatorio no evidencia en modo alguno que el criterio de la sentencia revista los extremos excepcionales que conforman el concepto de absurdo, único supuesto que habilita a este Tribunal para incursionar en cuestiones de hecho y prueba.
En definitiva, no se ha demostrado el absurdo endilgado y, además, permanecen enhiestas las bases que sustentan el pronunciamiento de la Cámara.
Con relación a la errónea aplicación de las disposiciones contenidas en el Código Civil y Comercial -ver fs. 1.564 vta. y 1.565-, destaco que de la lectura del recurso solo hay una apreciación doctrinaria sobre el tema, pero no se aprecia que la aplicación de alguna de esas disposiciones posea incidencia gravosa en la extensión de la indemnización, máxime cuando al mismo tiempo se sostiene que la solución no cambia a la luz de las normas contenidas en el Código Civil; de ahí la insuficiencia de su planteo (art. 279, CPCC).
Respecto a la cuantificación del daño moral, más allá de calificar como desproporcionada la cuantificación y mencionar las pautas tenidas en cuenta -la edad de la señora al tiempo de la muerte de su hijo, la edad del hijo y alteración en el ánimo de la que da cuenta la pericia psicológica; ver fs. 1.565 vta. y 1.566-, el recurrente no aborda las consideraciones hechas en el voto que hace mayoría respecto del carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado por la pérdida del hijo que surgen de la pericia psicológica -ver fs. 1.274 ,1.532 vta. y 1.533-.
Igual suerte adversa debe correr el agravio vinculado con el rubro pérdida de chance. En este sentido, cabe señalar que el recurrente circunscribe la crítica a las limitaciones que surgen a partir de cierta imposibilidad de ayuda, a raíz de la presencia de los propios hijos de la víctima y su conviviente a quienes tiene a su cargo, así como la falta de consideración de la factibilidad de asistencia de otros hijos de la señora Piris (v. fs. 1.567). Sin embargo, no se consideran otros argumentos de la sentencia tales como la certeza del apoyo de Pablo a su madre como único sostén, en atención a que el papá había fallecido y que los hermanos eran personas menores de edad -fs. 1.533 vta.-; de ahí otro motivo de insuficiencia (art. 279, CPCC).
Por último, tampoco lleva razón en cuanto endilga a la Cámara -en su mayoría- violación del principio de congruencia por haber otorgado a la accionante una indemnización mayor a la solicitada (v. fs. 1.533, 1.566 vta. y 1.567 vta.) en tanto, conforme tiene dicho esta Corte, no incurre en demasía decisoria el fallo que condena al pago de una suma superior a la peticionada en el escrito de inicio si el actor exhibió su intención de no inmovilizar su reclamo al monto peticionado. Dicha intención queda demostrada si al reclamar lo hizo refiriéndose "a lo que en más o en menos resulte de la prueba" (art. 163 inc. 6, CPCC; conf. causas C. 120.946, "Andaluz", sent. de 8-XI-2017 y C. 118.459, "Liberti", sent. de 15-VI-2016).
V. Por lo expuesto, si mi opinión resulta compartida, corresponderá rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud, Negri y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto. Con costas de esta instancia al recurrente vencido (arts. 68 y 289, CPCC).
Notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
CARLOS E. CAMPS
Secretario
Fin de la sentencia