Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122323
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, Negri, Genoud , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 122.323, "Suelgaray, Guillermo Hugo contra Rivas, Horacio y otros. Daños y perjuicios".
La Sala II de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata revocó el fallo de primer grado que, a su turno, hizo lugar a la demanda (v. fs. 1.671/1.700 vta.).
Se interpuso, por los actores, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.707/1.772).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Se ventila en autos una acción de daños y perjuicios entablada por el señor Guillermo Hugo Suelgaray y la señora Paula Alejandra Pereyra -por sí y en representación de la hija de ambos por entonces menor de edad Agustina Suelgaray- contra los médicos Horacio Daniel Rivas y Ricardo Emmerich (v. fs. 178/220 vta.).
Relataron los actores -en su presentación inaugural- que el día 22 de septiembre de 1998 la señora Pereyra se internó en el Instituto del Diagnóstico de La Plata con motivo de un embarazo normal, a término, con controles médicos, análisis y ecografías de rutina y que, en la madrugada del día siguiente, aproximadamente a la 1:35 hs. nació Agustina, siendo el doctor Daniel Ortiz el obstetra interviniente y el doctor Horacio Rivas el médico pediatra que recibió a la niña en la sala de partos.
El día 25, madre y bebé fueron dadas de alta, reingresando Agustina al mencionado Instituto a los pocos días (28 de septiembre) con un marcado síntoma de ictericia. Evaluado el cuadro por parte del doctor Rivas, la pequeña fue derivada de urgencia -el mismo día- a la Clínica del Niño de La Plata, donde se le practicaron diversos estudios y tratamiento, siendo la misma dada de alta luego de una semana de internación.
En apretada síntesis, los actores endilgaron responsabilidad al galeno por su deficiente actuación profesional, particularmente por el hecho de no haber diagnosticado y tratado a tiempo un cuadro de hiperbilirrubinemia con implicancias neurológicas para la recién nacida.
En cuanto al codemandado doctor Emmerich, quien como médico pediatra atendió a la pequeña desde los doce días de edad, le enrostraron falta al deber de informar acerca de la patología y secuelas sufridas por Agustina, no haber adoptado medidas necesarias y no haber efectuado las derivaciones oportunas a los especialistas correspondientes, según lo imponían la historia clínica y demás circunstancias del caso.
Sustanciada la pretensión resarcitoria, ambos médicos se opusieron a su progreso, principalmente bajo la argumentación de una correcta actuación profesional durante sus respectivas intervenciones (v. contestaciones, fs. 267/284 y 320/336).
A tu turno, la juzgadora de la fase inicial consideró probado el mal desempeño profesional de ambos accionados, condenándolos al pago de una indemnización con más intereses y costas del pleito (v. fs. 1.483/1.513 vta.).
II. Apelada la decisión por las partes, la Sala II de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial departamental la revocó, disponiendo el rechazo de la demanda en su totalidad (v. fs. 1.671/1.700 vta.).
Al igual que la magistrada de primer orden, comenzó por considerar que la acción promovida en autos se encontraba atrapada, en cuanto a las responsabilidades en danza, por el digesto iusprivatista vigente al momento en que se verificaron los hechos debatidos. No así las cuantificaciones de los rubros que cabría eventualmente ponderar, los que se determinarían, en su caso, de acuerdo a las pautas interpretativas otorgadas por la novel legislación sobreviniente (doctr. arts. 3, Cód. velezano y 7, Cód. Civ. y Com.; v. fs. 1.674 y vta.).
Sentado ello, se abocó al análisis de la validez probatoria de las historias clínicas, arribando al convencimiento de que las tres obrantes en la causa resultaban elementos de valoración hábiles para dirimir los hechos sometidos a juzgamiento, no obstante el criterio opuesto plasmado en el fallo anterior y la particular objeción de la parte actora respecto de una hoja "anexa" de la historia clínica –ver las copias de fs. 259 y 888-, correspondiente a la actuación del doctor Rivas en el control evolutivo de la recién nacida durante sus primeros días de vida (v. fs. 1.679/1.681).
A continuación, y en base a lo informado por la Academia Nacional de Medicina (v. fs. 950/951 vta.) y por el perito médico forense interviniente en autos (v. esp. fs. 765 vta. y 1.051 vta.), descartó que hubiese algún antecedente médico anterior al nacimiento de la niña que preanunciara la evolución de un cuadro de hiperbilirrubinemia, motivo por el cual consideró que no era posible reprochar al galeno el no haberse anticipado al despliegue de dicha patología (v. fs. 1.681 vta. y 1.682).
Enfocó luego el análisis en lo acontecido entre los días 23 y 28 de septiembre de 1998, día este último en el que Agustina reingresó al mencionado Instituto con fiebre, vómitos e ictericia, siendo en tal ocasión nuevamente atendida por el doctor Rivas. En base a la valoración de diversa prueba rendida, señaló la falta de constancias médicas que indicaran factores de riesgo o la concreta presencia de un cuadro clínico que impusiera la realización de un dosaje de laboratorio para determinar los valores de bilirrubina durante los dos primeros días de vida de la niña (v. fs. 1.682/1.686 vta.).
A renglón seguido, destacó la efectiva constancia del alta obstétrica indicada por el doctor Ortiz y la correlativa ausencia del alta pediátrica, por haberse retirado la niña del nosocomio con anterioridad a que el doctor Rivas pudiera revisarla, según consta en la mencionada hoja de evolución obrante a fs. 259. En tales condiciones, estimó que no resultaba posible reprochar la falta de controles pediátricos el día 25 (arts. 512 y 902, Cód. Civ.; 384 y 474, CPCC; v. fs. 1.686 vta. y 1.687).
Destacó luego la ausencia de constancias médicas entre el día 25 y el día 28 de septiembre de 1998 en el que, habiendo reingresado al Instituto, la niña fue nuevamente atendida por el doctor Rivas, quien dispuso su inmediata internación, tratamiento con luminoterapia, colocación de sonda nasogástrica, orden de estudio de bilirrubina total y hematocrito, repetición del estudio a las 6 hs. y, ante el resultado obtenido, urgente derivación a la Clínica del Niño que contaba en ese momento con el único Servicio de Neonatología disponible en la ciudad.
Con apoyo en la opinión pericial, puso asimismo de relieve la corrección de este proceder médico del doctor Rivas (v. fs. 1.687/1.687 bis).
En función de lo informado por la Asesoría Pericial departamental, expuso también la imposibilidad de prevenir la hiperbilirrubinemia, siendo importante, una vez detectada, realizar una evaluación dinámica y tratarla, según el caso (v. fs. 1.687 bis).
A tenor del testimonio rendido por el doctor Pérez Alzueta -Jefe del Servicio de Neonatología de la Clínica del Niño y médico a cargo en la derivación dispuesta por Rivas-, puso de especial resalto que luego de normalizar la bilirrubina en sangre y remitir con tratamiento antibiótico un cuadro infeccioso, la niña no presentaba signos neurológicos, siendo un bebé normal (v. fs. 1.687 bis/1.688).
En mérito del principio de apelación implícita, estimó asimismo carente de base la imputación de no haber completado el galeno la libreta sanitaria de la niña. Ello así por cuanto, de un lado, la misma lucía completa, y por otro, porque de acuerdo a la opinión del experto, usualmente era la obstétrica quien completaba esa información, pudiendo hacerlo eventualmente el médico pediatra (v. fs. 1.689).
En cuanto a la responsabilidad endilgada, el codemandado Emmerich -médico pediatra que atendió a la niña a partir de los 12 días de edad-, y a diferencia de lo juzgado en la fase liminar, ponderó que el mismo había efectuado las derivaciones correspondientes a especialistas que realizaron los estudios recomendados para la situación de Agustina, no encontrando entonces reprochable su actuación médica en los términos esgrimidos por los reclamantes (v. fs. 1.690 vta./1.698 vta.).
Descartó a la vez que la falta de esmalte en los dientes provisorios de la niña fuera un aspecto procedente del reclamo contra este facultativo. En primer lugar, porque la detección de dicha circunstancia y la necesidad de consulta con un especialista constaba en la libreta sanitaria con fecha junio de 1999 y porque los propios padres reconocieron haber llevado a la niña a una odontopediatra en su primer año de vida (v. fs. 1.688 vta.). A mayor abundamiento, señaló la inexistencia de daño resarcible, circunstancia emergente del informe odontológico agregado a fs. 1.110/1.111, respuesta 1, en cuanto se constató el recambio de las piezas provisorias y la buena salud de las permanentes (v. fs. 1.699).
Desestimó finalmente la imputada falta de comunicación o información diagnóstica por parte del doctor Emmerich, reticencia que consideró desmentida por las anotaciones obrantes en la libreta sanitaria, en cuanto denotaban lo que el médico sabía de la evolución de Agustina. Adunó a ello que los especialistas que actuaron por su derivación depusieron en las presentes el haber advertido a los padres acerca de la necesidad de proseguir con controles mensuales (v. fs. 1.699 y vta.).
III. Contra este último pronunciamiento se alzan los actores mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncian infracción de los arts. 163 inc. 6, 164, 260, 261, 266, 384, 421, 456, 457 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial y 501, 901, 902, 903 y 1.109 del Código Civil. Alegan absurdo en la valoración probatoria y quebrantamiento de doctrina legal de esta Corte en diversas causas que señalan. Formulan reserva del caso federal (v. fs. 1.707/1.772).
Aducen, en síntesis, que el juzgador vulneró el principio de congruencia por extralimitación (v. fs. 1.709 vta./1.712) e incurrió en absurdo en la labor de ponderación de hechos y pruebas para la dilucidación de la responsabilidad de los demandados.
IV. La impugnación prospera parcialmente.
IV.1. Cabe en primer término descartar el quebrantamiento del principio de congruencia que se alega en razón de la liberación de responsabilidad del doctor Rivas -resuelta en el fallo- cuando tal tópico no habría sido, conforme se lo esgrime, debidamente articulado por el mismo en la fase de apelación y por haberse rechazado la demanda sin revocar el fallo anterior (arts. 163 inc. 6, 164, 260, 266 y concs., CPCC; v. fs. 1.709 vta./1.712 vta.).
En tal sentido, no es ocioso recordar que el principio de congruencia, establecido por el art. 163 inc. 6 y reiterado por el art. 272 del Código Procesal Civil y Comercial, significa que -como regla general- debe existir correspondencia perfecta entre la acción promovida y la sentencia que se dicta, lo que se desarrolla en una doble dirección: el juez debe pronunciarse sobre todo lo que se pide, o sea sobre todas las demandas sometidas a su examen y solo sobre éstas, y debe dictar el fallo basándose en todos los elementos de hecho aportados en apoyo de las pretensiones hechas valer por las partes en sus presentaciones y solo basándose en tales elementos (conf. doctr. causas C. 111.236, "Barreto" y C. 113.463, "Sánchez", sents. de 9-X-2013; C. 120.653, "Campagne", sent. de 7-VI-2017).
Pues bien, una somera lectura del respectivo escrito de expresión de agravios basta para advertir la sinrazón de la protesta. En efecto, y luego de reseñar el ámbito normativo, doctrinario y jurisprudencial en el que, a entender del apelante, correspondía analizar la responsabilidad que el juzgador de primer grado le enrostrara (v. fs. 1.588 vta./1.594), se aprecia una concreta argumentación crítica orientada a revertir lo resuelto con relación a la temática. Es lo que dócilmente se desprende de los subsiguientes párrafos vertidos con motivo de la falta de rigor médico científico de las conclusiones de la sentencia, la errónea ponderación de las historias clínicas y de la prueba testimonial, así como de la relación de causalidad adecuada entre el obrar galénico y los daños sufridos por la niña y de la prueba pericial médica rendida (v. fs. 1.594 vta./1.610).
Sin ser necesario en este punto precisar si tales argumentos portaron una crítica sustancialmente idónea para lograr efectivamente rebatir la respectiva atribución de responsabilidad, es evidente que los mismos cumplieron con la misión técnica de poner en crisis esa determinación del juzgador, evidencia que, sopesada a la luz del anticipado lineamiento interpretativo, deja sin sustento al ataque esgrimido desde el cuadrante de la incongruencia por extralimitación.
En otras palabras, si el contrapunto en torno a la responsabilidad del doctor Rivas establecido en los albores del proceso fue inequívocamente sostenido por el mismo en la fase de apelación, mal puede decirse que el Tribunal de Alzada se ha extralimitado en su decisión al abordar la respectiva problemática. Por el contrario, no podría en tales condiciones haberla soslayado en su análisis, bajo la paradójica consecuencia de vulnerar por omisión el mentado principio (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 266, 272, 384 y concs., CPCC).
Por otro lado, cabe precisar que carece de asidero el restante argumento bosquejado en el sentido de que la congruencia habría sido quebrantada por el rechazo de la demanda resuelto sin revocación del fallo anterior (v. fs. 1.711, cuarto párr.).
En efecto, la imputación parece afincarse en una ritual lectura del segmento decisorio cuya literalidad no exhibe la expresa revocación del fallo anterior, sino que directamente rechazó la demanda entablada contra ambos accionados: "...POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se rechaza la demanda articulada por los señores [...] contra [...]..." (fs. 1.700 vta.).
Si bien esta circunstancia es cierta, no menos lo es que la revocación del fallo anterior emerge implícita del desarrollo de los considerandos en los que el Tribunal de Alzada plasmó su criterio favorable a la liberación de responsabilidad de los demandados, sellándose -en consecuencia- el rechazo de la pretensión resarcitoria. El hecho de que la sentencia no contenga una fórmula expresa de revocación del pronunciamiento apelado no es obstáculo para interpretar su concreto sentido y alcance cuando ello, tal como aquí sucede, emerge prístino de su despliegue argumental.
Al respecto, sabido es que la sentencia es un todo único compuesto de diversas partes consideradas entre sí armónicas y solidarias; de manera tal que lo que -eventualmente- se deja de decir en la parte dispositiva, que es sin duda donde se polariza el mandato del juez, debe suplirse o interpretarse por lo que el mismo juez ha dicho al fundar su resolución (conf. causas Ac. 50.350, "Oggero Hnos. Sociedad de hecho", sent. de 3-V-1994; Ac. 53.753, "Cooperativa Agrícola Limitada La Victoria", sent. de 4-IV-1995; C. 100.949, "C., J. R.", sent. de 29-VI-2011 y C. 121.394, "Fernández", sent. de 19-IX-2018).
IV.2. Diversamente, considero que asiste razón a los impugnantes en cuanto aducen una absurda valoración probatoria en punto a la liberación de responsabilidad del doctor Rivas. Veamos.
Tal como se lo señala en la pieza de alzamiento, la respectiva decisión de la Cámara reconoció un singular sustento en la hoja "anexa" a la historia clínica de la señora Pereyra acompañada en fotocopia -pieza en la que el doctor Rivas habría plasmado los acontecimientos médicos relevantes de las primeras horas de vida de Agustina, entre las 13:10 hs. del día 23 de septiembre de 1998 hasta las 15:30 hs. del día 25 de igual mes y año (v. fs. 259 y 888)- a través de la opinión del perito médico forense y pediatra, doctor de Sousa e Sá, cuyo dictamen se hizo eco -en parte- de las contingencias médicas allí relatadas.
Tan es así, y a tenor de la descalificación probatoria que para la juzgadora de la fase inicial había merecido dicha pieza, que el Tribunal de Alzada estimó en acápite especial su valor probatorio -junto al de las restantes fojas de dicha historia clínica y de las restantes agregadas-, no encontrando especial motivo para descartarla como elemento de análisis (v. fs. 1.679/1.681).
Dicho lo anterior, cuadra evocar que en su contestación de demanda el doctor Rivas acompañó fotocopias que corresponderían a la historia clínica de la internación de la señora Paula Pereyra el día 22 de septiembre de 1998 a las 23 hs., y de Agustina el día 28 de septiembre (v. fs. 250/263), ambas en el Instituto del Diagnóstico. Requirió en tal contexto defensivo el libramiento de oficio para que la entidad remitiera al juzgado los respectivos originales (v. fs. 281 y vta.).
Al evacuar el traslado conferido, los actores impugnaron especial y categóricamente la autenticidad y contenido de dos fojas de la primera de esas historias clínicas (v. fs. 278/279; actual foliatura: 258 y 259) en las que supuestamente constaban el examen neonatal de la recién nacida en la sala de partos (v. fs. 258) y el ya señalado seguimiento médico de las subsiguientes horas de vida de Agustina, entre las 13:10 hs. del día 23 de septiembre hasta las 15:30 hs. del día 25. Asimismo, en tal responde, destacaron la invalidez de dichas piezas en razón de tratarse de una falsificación, además del hecho de no haberse ofrecido prueba supletoria (v. fs. 301/306).
Cabe al respecto señalar que no obstante los reiterados oficios cursados al Instituto del Diagnóstico, la historia clínica original de la internación de la señora Paula Pereyra del día 22 de septiembre de 1998 no fue incorporada a los autos, ya que la entidad finalmente remitió copia simple de la misma, en la errónea inteligencia de que "el original" había sido ya agregado a la causa (v. fs. 897).
Para más, esta remisión no es consistente con las copias respectivas acompañadas por el doctor Rivas, desde que una de las hojas cuestionadas -examen neonatal en sala de partos- que obra entre estas últimas (v. fs. 258), no consta sin embargo entre las remitidas por la entidad (v. fs. 885 bis/893).
Sabido es que la historia clínica constituye un medio de prueba de capital importancia en el ámbito de la responsabilidad civil médica (conf. causas Ac. 89.345, "M., M. A.", sent. de 12-IV-2006; C. 94.117, "M., D. H.", sent. de 5-XII-2007 y C. 98.305, "M., J. H.", sent. de 25-VI-2008) porque su confección se va desarrollando a medida que ocurren los acontecimientos que involucran al paciente, registrándose en ella una totalidad sucesiva de hechos que facilitarán luego, a quien la analice con ojo crítico, discernir con claridad tanto el fundamento científico de la asistencia brindada como el cabal cumplimiento de los deberes inherentes a la profesión ejercida (conf. causas C. 98.113, "C., E. D. V.", sent. de 20-VIII-2008 y C. 107.510, "Zamora", sent. de 11-IX-2013).
A la vez, es menester recordar que esta Corte ha flexibilizado las reglas que gobiernan el onus probandi en la materia (doctr. art. 375, CPCC), entendiendo que en la mayoría de los casos en que se juzga la responsabilidad de los médicos el judicante se encuentra ante situaciones extremas de muy difícil comprobación, cobrando fundamental importancia el concepto de la carga dinámica de la prueba o prueba compartida que hace recaer en quien se halla en mejor situación de aportar los elementos tendientes a obtener la verdad objetiva el deber de hacerlo (conf. causas Ac. 82.684, "Abdelnur de Molina", sent. de 31-III-
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.