Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122369
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, Genoud , Kogan , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 122.369, "L., N. I. contra Duarte, Luis Alcides y otro. Daños y perjuicios".
La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora revocó la sentencia de primera instancia y, por ende, rechazó la demanda. Impuso las costas de ambas instancias a los actores (v. fs. 992 vta. y 993).
Se interpuso, por la actora N. I. L., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 999/1.038).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La señora N. I. L., por sí, por sus hijos menores de edad M. A. D., R. A. D., M. A. D. y Y. L. D., y por el nieto a su cargo, C. A. D., promovió demanda de daños y perjuicios por el fallecimiento de su esposo y padre de sus hijos el 4 de noviembre de 2007 contra Luis Alcides Duarte y Eduardo Aníbal Damiani, conductor y propietario, respectivamente, del camión marca Scania, modelo R 112 2H 4X2S46, dominio REB 973 y del semirremolque marca Bonano, modelo ST, dominio FJS 704.
Relatan que C. D. D. circulaba por la ruta 210 en sentido norte-sur en la localidad de Guernica cuando a la altura de la calle transversal Brasil, siendo aproximadamente las 17:50 hs., fue embestido por el camión que conducía el demandado Luis Alcides Duarte, provocándole la muerte. Endilgan el 100% de la culpa al embistente, responsabilizando también al propietario del camión y a Transporte Dacle S.R.L., reclamando, cada uno de los actores, una indemnización comprensiva del valor vida, del daño moral, del daño psíquico y tratamiento psicoterapéutico. N. I. L. reclama, además, los gastos de sepelio. Ofrecieron prueba y citaron en garantía a La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales (v. fs. 7/36 vta.; 43/44; 62/67 vta.).
Corrido el traslado de ley se presentaron a contestar demanda el señor Alcides Luis Duarte (v. fs. 78/95), la empresa de transporte (v. fs. 99 y vta.), la citada en garantía (v. fs. 119/120 vta.) y el demandado Eduardo Aníbal Damiani (v. 131/148 y 190/206), todos repeliendo la acción.
Se abrió el juicio a prueba. En el ínterin los hijos de la actora que alcanzaron la mayoría de edad –Y. L. D., M. A. D., M. L. D.- se presentaron a estar a derecho (v. fs. 62 y vta.; 600; 603).
Posteriormente el magistrado del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 4 dictó sentencia acogiendo la pretensión, condenando a los demandados al pago de las indemnizaciones reconocidas en el considerando 9 y 10-2 de la sentencia, haciéndolo extensivo a la citada en garantía. A su vez, rechazó la demanda interpuesta por Y. L. D. en representación de su hijo C. A. D. (v. fs. 883/904).
Este pronunciamiento fue apelado por los demandados y por la aseguradora en escrito conjunto (v. fs. 905) y por los actores (v. fs. 907 y vta.), quienes presentaron sus respectivos memoriales (v. fs. 922/931 vta.; 932/955) y contestaciones (v. fs. 958/966; 967/979 vta.).
I.2. A su turno, la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial revocó la sentencia y, por tanto, desestimó el reclamo actoral, imponiendo las costas de ambas instancias a los accionantes vencidos.
Para decidir de esa manera, en principio, dejó establecido que era de aplicación el Código Civil toda vez que el daño había sido originado y consumado con anterioridad al 1 de agosto de 2015 y así resultaba del art. 7 del Código Civil y Comercial y su doctrina.
Seguidamente ingresó a analizar la responsabilidad que le cupo a la víctima en el hecho porque de ello dependía el resto de la solución (v. fs. 986 y vta.).
En esa tarea hizo referencia a la doctrina de esta Corte en relación a la necesidad de investigar la relación causal en toda generación de daño, siguiendo el postulado de la causalidad adecuada (v. fs. 986/987 vta.).
Señaló que las partes resultaban contestes en señalar que el hecho tuvo lugar en circunstancias en que el demandado Alcides Luis Duarte, circulando al mando del camión Scania por la ruta provincial n° 210, embiste a la víctima al llegar a la intersección de la calle Brasil, discrepando únicamente en relación al lugar exacto en que se produjo la colisión.
Recordó que, según lo normado por el art. 57 inc. 2 de la ley 11.430, "El conductor que llegue a una bocacalle o encrucijada debe en toda circunstancia ceder el paso al vehículo que circula desde su derecha hacia su izquierda, por una vía pública transversal. Esta prioridad es absoluta desde y sólo se pierde cuando : ...c) circulen vehículos por una vía de mayor jerarquía : autopista, semiautopista, rutas y carreteras. Antes de ingresar o cruzarla se debe siempre detener la marcha" (fs. 988, 2do. párr.; el destacado figura en el original).
Apreció los testimonios brindados, advirtiendo que los de Julio César de los Santos y Ramón Martín Romero pronunciados en sede civil diferían respecto de los depuestos en sede penal; y en razón de que estos últimos eran los más cercanos al hecho debían prevalecer. Encontró que ambos testigos coincidían en que "'el ciclista venía por la calle Brasil el cual al llegar a la ruta fue arrollado por el camión Scania (v. fs. 24/25 de la causa penal)'" (fs. 988 vta.).
Advirtió que esas declaraciones eran concordantes con lo manifestado por el testigo Gerpe en sede penal, quien circulaba detrás del camión y dio detalles concretos y relevantes en torno al lugar de los hechos, ubicación de las partes intervinientes y demás circunstancias que rodearon la mecánica del accidente, pues describió el ingreso del ciclista en forma brusca a la ruta 210, el volantazo que realizó el camión Scania frente a ese hecho y la embestida del ciclista al transporte de carga en su rueda trasera derecha (v. fs. 989).
También apreció la pericia llevada a cabo por el perito oficial Lavarello, en la que el experto concluyó que el camión había participado de un encuentro en su mano de circulación entre la arista de su parte delantera derecha lateral y la rueda delantera y horquilla de la bicicleta conducida por el occiso (v. fs. 989 vta.).
En cuanto a la velocidad de circulación, destacó que esa Sala había establecido que la velocidad imprudente no se determinaba por el número de kilómetros por hora, sino cuando importa -según las circunstancias- la pérdida del dominio de la máquina que se conducía, pues ello impedía a su conductor sortear obstáculos o peligros potenciales o previsibles que se pudieran presentar durante su marcha (v. fs. 989 vta. y 990).
En tal sentido adunó que "la velocidad debe estar adecuada a las condiciones de modo, tiempo y lugar, sobre todo si se tiene en cuenta que quien conduce el vehículo es un chofer profesional; circunstancia -a mi entender- no ha sido la causa del accidente aquí denunciado, máxime si se pondera lo resuelto por el fiscal general en las actuaciones que se labraran con motivo del siniestro denunciado [...] Y arribo a tal aserto -concluyó- por entender que el ingreso e inmediata colisión del occiso sobre la cinta asfáltica de la Ruta Provincial N ° 210 sobre la cual se desplazaba el demandado, constituye la infracción reprochable a la manda citada y erige a la conducta de este último en la causa exclusiva del daño provocado" (fs. 990, 1er. y 2do. párrs.).
Ponderó asimismo el estado de ebriedad de la víctima como elemento que estimó de vital importancia a la hora de resolver como lo hizo, pues concluyó que "aún en el supuesto que el demandado se desplazara en la emergencia a la velocidad reglamentaria, igual el fatal enlace se hubiera producido", toda vez que la experticia practicada en la instancia represiva había arrojado que "la víctima tenía un dosaje de alcohol en sangre de 2.7 g/l (2700 mg/l)". Entendió que es posible ubicar dicho cuadro "en el tercer período de ebriedad -que oscila entre 1,5 a 3 gl-. En un estado de transición entre el estado crepuscular y el estado de inconciencia. Existe incoordinación motriz, desviaciones sensoperceptivas, alteraciones amnésicas y del juicio. El nivel crítico será de 2.225 g/l. En este período hay pérdida de autocrítica, liberación de los impulsos, exaltación afectiva y psicomotriz entre otros. El efecto tóxico se hace evidente en la marcha tambaleante, la disartria (alteración de la circulación de la palabra) acompañada de somnolencia y profundo sopor posterior. Algunos legistas -concluyó- dicen que en esta etapa el individuo no sabe lo que hace ni recuerda lo que ha hecho" (fs. 990/991).
Sobre esa base concluyó: "Los datos fácticos aportados, en el marco probatorio que se analiza a la luz de las reglas de la sana crítica, me conducen a inferir la existencia de la responsabilidad exclusiva en la conducta desplegada por la víctima, pues han sido su propia impericia y negligencia las que han conllevado al luctuoso desenlace de autos" (fs. 991).; y en razón de lo expuesto dispuso la revocación del fallo apelado y el consecuente rechazo de la demanda instaurada (v. fs. cit.).
II. Se agravia la actora, N. I. L., denunciando la violación de los arts. 375, 384, 473, 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 512, 896, 901, 902 a 906, 921, 1.068, 1.074, 1.109, 1.113 y 1.198 del Código Civil; 51 inc. 3, 57 inc. 2 apartado "c" y 77 inc. 1 de la ley 11.430 y 88 del decreto 40/07; así como de doctrina legal. Esgrime, además, absurdo.
II.1. Comienza su impugnación denunciado un vicio valorativo en el pronunciamiento de la Cámara.
II.1.a. Sostiene que se ha fallado sin prueba y en contra de la pericia realizada en estos autos por el ingeniero Edgardo Pedernera a fs. 426/429 y de sus explicaciones a fs. 505/507 vta., en base a los elementos de la causa penal (v. fs. 1.018).
Seguidamente transcribe de manera parcial el informe para señalar que el experto ubica la zona del impacto 6 metros más adelante de la intersección de la ruta 210 con la calle Brasil, arteria desde donde había ingresado el actor con su bicicleta (v. fs. 1.020/1.023).
A ello, agrega que cuando la parte demandada le pidió al perito explicaciones acerca del punto de impacto inicial, el experto contestó que no tenía prueba documental objetiva que sustentara lo contrario y que había descartado un embestimiento transversal del biciclo, ya que de haber sido así hubiera sido arrollado por el camión o hubiera rebotado contra su lateral, agregando que el daño en la horquilla y rueda delantera de la bicicleta pudo haber sido producto del quiebre de la trayectoria del biciclo hacia su izquierda (v. fs. 1.023/1.025).
II.1.b. Destaca que el acta de procedimiento policial obrante a fs. 1/2 de la causa penal, da cuenta de que el conductor del camión advirtió que la víctima había ingresado y circulaba por la ruta 210 previo al embestimiento y que al verlo intentó tardía e infructuosamente esquivarlo (v. fs. 1.025).
II.1.c. Señala, asimismo, que del informe de la inspección técnica sobre el camión Scania, obrante a fs. 38 de la causa penal, surge que presentaba la rotura del acrílico de la luz de giro derecha cuyos vestigios constan en el acta de "Levantamiento de Evidencias Físicas" y se corroboran además con las placas fotográficas de fs. 46 y 47, como también que se puso de relieve la existencia de signos de roce en el vértice derecho del paragolpes y en la cara externa del neumático delantero y manchas pardo-rojizas en el neumático del segundo eje del acoplado (v. fs. 1.025 y vta.).
II.1.d. Expone que en la pericia accidentológica que obra a fs. 98 de la causa penal el ingeniero Lavarello informó que el camión circulaba a 73 km/h cuando la velocidad permitida era de 60 km/h, según los arts. 88 del decreto provincial 40/07 y 77 inc. 6 "d" de la ley 11.430, límite que se corroboró con la contestación de la Municipalidad de Presidente Perón y de la Dirección de Vialidad provincial, lo que puso en evidencia que el camión circulaba a una velocidad elevada al momento del hecho (v. fs. 1.026).
II.1.e. Apunta que las declaraciones de los testigos Julio César de los Santos, Ramón Martín Romero y José Federico Ríos, obrantes en este expediente, corroboran que el impacto del camión a la bicicleta se produjo cuando ambos vehículos circulaban en la misma trayectoria sobre la ruta provincial 210 en dirección norte-sur (v. fs. 1.026/1.027).
II.1.f. Indica que el testimonio del señor Gerpe de que la bicicleta ingresó bruscamente a la ruta 210 con intenciones de retomarla no está confirmado con ninguna otra prueba y está en contradicción con las restantes producidas, como también lo están el informe del ingeniero Lavarello y el grado de alcoholemia de la víctima (v. fs. 1.028 vta.).
II.2. Esgrime que se ha aplicado erróneamente el art. 57 inc. 2 apartado "c" de la ley 11.430, al seleccionar con error grande y manifiesto los elementos probatorios para sustentar la decisión y responsabilizar en el ciento por ciento a la víctima, en base al relato del testigo Gerpe quien manifestó que la bicicleta había embestido perpendicularmente al camión, contradiciendo el informe de la pericia accidentológica producida en sede penal, que fue admitido por la Cámara al resolver (v. fs. 1.029/1.030 vta.).
Reafirma que de la pericia mecánica de autos, de sus explicaciones, de los testimonios prestados en este expediente y de los elementos que mencionó con anterioridad obrantes en la causa penal, queda acreditado que el impacto del camión con la bicicleta es claramente compatible con un embestimiento por alcance con la trompa delantera a la altura del vértice derecho del paragolpes y de la óptica delantera derecha del rodado de carga, siendo el punto de impacto a seis metros más adelante de la intersección de la calle Brasil sobre la mano sentido norte-sur (v. fs. 1.030 vta. y 1.031).
II.3. Asevera que la Cámara incurrió en una garrafal contradicción cuando por un lado sostuvo que el grado de alcoholemia por sí solo no interrumpía el nexo causal y por el otro lado le atribuyó el ciento por ciento de responsabilidad a la víctima por el dosaje de alcohol en su sangre.
Advierte que no hubo un fundamento lógico acerca de la manera en que la alcoholemia influyó en la producción del evento dañoso, pronunciándose la Cámara de manera dogmática, apartándose una vez más de las constancias obrantes en la causa en la que se probó que el camión circulaba a excesiva velocidad y que su conductor era un chofer profesional que debió guardar mayor prudencia al conducir, al extremo de detener el rodado cuando advirtió la presencia del ciclista (v. fs. 1.031/1.034 vta.).
Sostiene que la prueba de la interrupción del nexo causal por la alcoholemia debió ser probada por la demandada y la citada en garantía, quienes la alegaron, pero no la demostraron (v. fs. 1.034/1.035).
II.4. Finalmente arguye la violación de la doctrina legal que sostiene el carácter restrictivo de interpretación de las eximentes de responsabilidad civil. Al respecto, cita las causas Ac. 34.081, Ac. 36.006, C. 93.033 y C. 89.261, entre otras, en apoyo de su postura, para reafirmar que la Cámara violó la regla de la sana crítica al no tener en cuenta el restante material probatorio (v. fs. 1.035/1.036).
III. El recurso no prospera.
III.1. El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda por el fallecimiento del ciclista, señor D., condenando a los demandados y a la citada en garantía al pago de la indemnización que reclamaron su cónyuge e hijos, por encontrar al chofer del camión responsable en el 100% del acaecimiento del luctuoso suceso, en razón de que había excedido la velocidad de circulación permitida en la ruta provincial 210.
La Cámara, a su turno, revocó la sentencia de grado anterior al atribuir responsabilidad al hecho de la víctima en razón de considerar reprochable la conducta del ciclista, al infringir lo normado en el art. 57 inc. 2 de la ley 11.430, ponderando asimismo el estado de ebriedad de la víctima sobre quien se constató un dosaje de 2,7g/l de alcohol en sangre al momento de la colisión.
La recurrente discute, principalmente, la mecánica del hecho, atribuyéndole al chofer del camión la responsabilidad, pues afirma que el ciclista circulaba por delante del rodado de carga y fue este último el que provocó la colisión y, por ende, el deceso del señor D., endilgándole a la Cámara haber dictado un fallo viciado por el absurdo a partir de la equivocada apreciación de la prueba producida y en la errónea aplicación de las normas legales que individualiza.
Encuentro que el recurso no prospera (art. 289, CPCC).
III.2. El Tribunal de Alzada comenzó su análisis sosteniendo que en su tarea de apreciación de la prueba partía del principio de unidad y así, en uso de sus facultades legales, ponderó los testimonios de los señores de los Santos, Romero y Gerpe y la pericia accidentológica que obraban en la causa penal (v. fs. 988 vta./990).
Sobre la facultad de apreciación de la prueba por los jueces de las instancias anteriores esta Corte tiene dicho que a los fines de desarrollar la tarea valorativa de las probanzas arrimadas a la causa los jueces de grado cuentan con amplias facultades de selección y ponderación, actividad censurable por la Corte sólo en los casos en que se acredite acabadamente la presencia de absurdo (conf. doctr. causas C. 119.767, "Bustos", sent. de 15-XI-2016; C. 121.938, "De Lóizaga", sent. de 7-XI-2018).
Sentado lo anterior, advierto que el análisis que hizo la Cámara de las declaraciones en sede penal y en sede civil de los mismos testigos, encontrándolas contradictorias y seleccionando las primeras por su inmediatez al hecho (v. fs. 988 vta., 2do. párr.), no ha sido rebatido idóneamente por la recurrente, quien con su prédica no logra demostrar el absurdo, cuando encarrila su impugnación confrontando el pronunciamiento con los dichos de los testigos prestados en sede civil para sostener su postura contraria al acaecimiento del suceso dañoso. No dedica esfuerzo alguno a explicar por qué es absurda la selección de los testimonios prestados en sede penal, lo que demuestra la insuficiencia de su embate (art. 279, CPCC).
Tampoco logra la impugnante demostrar el absurdo en la selección que ha hecho la Cámara de las pericias accidentológicas (una producida en sede penal y otra en sede civil), formando su convicción sobre la forma en que colisionaron los vehículos, dando preeminencia al dictamen vertido en sede penal.
El Tribunal de Alzada consideró relevante la tarea del perito oficial ingeniero Lavarello. Transcribió la parte pertinente del informe en el que el experto explicó el desplazamiento de los vehículos, señalando el lugar de colisión en cada uno de ellos. Indicó que los daños en el camión se encontraban entre la arista de su parte delantera derecha lateral y en la bicicleta en la rueda delantera y horquilla (v. fs. 989 vta., 2do. párr.).
No logra demostrar ese tramo del embate que la decisión de la Cámara basada en el informe pericial esté viciada por el absurdo, sino que nuevamente se aprecia que la recurrente se desentiende de los datos objetivos que surgen de la causa, precisamente, de que los daños del biciclo se encontraban en la rueda delantera y en la horquilla, lo que descarta, por una razón lógica, la mecánica de colisión que se sostiene en el recurso.
Es más, la propia impugnante trae, en apoyo de su argumentación, las explicaciones del perito ingeniero mecánico Edgardo A. Pedernera que actuó en sede civil y transcribe una parcela de ese informe en el que el experto sostuvo que el daño en la horquilla y en la rueda delantera de la bicicl
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