Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 121688
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Soria, de Lázzari , Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 121.688, "Daix, Isaac José contra Gorosito, Mónica Beatriz. Daños y perjuicios".
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Junín revocó el pronunciamiento de origen que, a su turno, hiciera parcialmente lugar a la acción de daños y perjuicios -derivados de un accidente de tránsito- incoada por Isaac José Daix contra Mónica Beatriz Gorosito, rechazándola al encontrar acreditada la eximente de responsabilidad basada en la culpa de la víctima (v. fs. 549/564 y 634/640).
Se interpuso, por el actor vencido, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 645/664).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor Isaac José Daix promovió acción de daños y perjuicios contra la señora Mónica Beatriz Gorosito en virtud del accidente que protagonizaron el día 30 de octubre de 2010 en la intersección de avenida Garay y la calle Brandsen de la ciudad de Chacabuco.
Refirió que el siniestro se produjo cuando iba conduciendo una motocicleta -marca Zanella, Modelo ZB 110 D- por la mencionada avenida, en sentido de circulación ascendente, a baja velocidad y con las correspondientes luces encendidas. Que al sobrepasar la encrucijada con la calle Brandsen se percató de que un vehículo -marca Volkswagen Gol, color blanco, dominio ATO603- conducido por la señora Mónica Beatriz Gorosito iba a gran velocidad, por calle referenciada en dirección ascendente, intentando cruzar la avenida por la que transitaba, con total descuido y negligencia, provocando así la colisión intempestiva de la trompa del vehículo contra la parte trasera derecha de su motocicleta (v. fs. 48 vta. y 49).
Sostuvo que a raíz del impacto terminó golpeando su cabeza contra el cordón de la esquina, lo que le provocó una pérdida de conocimiento y de líquido encefálico, cortes varios en cabeza y piernas, que sufrió graves lesiones en su pierna derecha (quebradura total de fémur) y columna, como también raspones de todo tipo y la destrucción total de su moto vehículo (v. fs. 49).
Consecuentemente, reclamó la suma de tres millones seiscientos dieciséis mil quinientos veintinueve pesos ($3.616.529,00) o lo que más o en menos resulte acorde con la prueba a rendirse en autos, con más la actualización e intereses que correspondan desde la fecha del evento lesivo hasta la del efectivo pago, con más las costas del juicio (v. fs. 48 y vta.).
II. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Junín revocó el fallo de primer grado que, a su tiempo, acogiera -parcialmente- la pretensión actoral, desestimándola al encontrar configurada la eximente de responsabilidad apoyada en la culpa de la víctima (v. fs. 549/564 y 634/640).
Como punto de partida, criticó la posición asumida por el juzgador de origen en torno a la regla de prioridad de paso, toda vez que consideró que en el sub lite se hallaba acreditada una circunstancia que se erigía en una condición idónea y excluyente del suceso en su verificación objetiva, ella es, la ebriedad del actor (v. fs. 636 y vta.).
Por otra parte, destacó que el riesgo propio de los vehículos en circulación, en su potencialidad dañosa por no respetar la prioridad de paso resultante de la mayor jerarquía de la vía, se encontraba relativizada en la especie, ya que, conforme a la planimetría obrante, la Avenida Garay a la altura de Brandsen guarda dimensiones similares, viendo reducida la calzada en relación a su recorrido bordeando la plaza (v. fs. 638).
Finalmente, resaltó la falta de acreditación -por parte del legitimado activo- de los presupuestos de responsabilidad atribuida, es decir, sobre la ocurrencia de los hechos, las velocidades de los vehículos, las maniobras de evitación, las posiciones al momento del impacto y las calidades de embistente-embestido (v. fs. 638/639).
III. Frente a ello, el reclamante vencido -por medio de asistencia letrada- interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que aduce infracción a los arts. 1.078, 1.109, 1.110, 1.113 y concordantes del Código Civil; 163 inc. 6, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 16 de la Constitución nacional y 10 de su par local. Asimismo, invoca el vicio de absurdo en la ponderación de la prueba y transgresión de doctrina legal que cita (v. fs. 645/664).
Primero, cuestiona el juicio efectuado por el Tribunal de Alzada sobre la prioridad de paso. En este aspecto, critica la valoración que se hizo respecto del material probatorio colectado y endilga el vicio de absurdo, ya que la conducta imprudente de la accionante ha sido la exclusiva causa que dio origen al suceso lesivo de marras (v. fs. 650/652 vta.).
En segundo término, se agravia de la calificación que hiciera el juzgador de grado anterior respecto a la jerarquía de la arteria vial por la cual transitaba. Aquí, reprocha el accionar de la Cámara por introducir argumentos que no fueron planteados en forma oportuna por la legitimada pasiva, denunciando la vulneración al principio de congruencia (v. fs. 652 vta./656).
En tercer lugar, disiente con la solución en torno al grado de alcoholemia que portaba. Considera errónea la incidencia causal atribuida por el a quo , toda vez que -asevera- la violación de una norma de tránsito no puede, en ningún caso, eximir de responsabilidad a quien por imprudencia, impericia o negligencia ha provocado un evento dañoso (v. fs. 656/658 vta.)
Finalmente, expone su disconformidad sobre la apreciación de la prueba y las conclusiones que se extrajeron de ella. En dicha tarea, estima que los testimonios aportados resultan hábiles para dar fuerza a sus dichos y que la tacha de objetividad que hiciera la Cámara a su respecto resulta desacertada (v. fs. 658 vta./662).
IV. El recurso no prospera.
IV.1.a. Llega debatida a esta sede extraordinaria la responsabilidad extracontractual atribuida a la señora Gorosito producto del accidente de tránsito del que participara junto al señor Daix el día 30 de octubre del año 2010 en la ciudad de Chacabuco.
En las instancias de grado se han dictado soluciones dispares. En primer turno, el juzgador de origen hizo lugar parcialmente a la demanda, estableciendo un porcentaje de responsabilidad compartida para ambas partes (v. fs. 549/564). Posteriormente, el Tribunal de Alzada revocó el mentado pronunciamiento y, en consecuencia, desestimó la pretensión resarcitoria (v. fs. 634/640).
Sin embargo, tales soluciones jurídicas, aunque parezcan contradictorias entre sí por su resultado final, partieron de una misma razón lógica, cual es el tránsito del accionante por una vía de mayor jerarquía. Sobre dicho presupuesto jurídico es que los órganos jurisdiccionales analizaron las circunstancias fácticas que rodearon el hecho lesivo y llegaron a las conclusiones precedentemente explicadas.
Explicitado ello, habré de señalar que "según el principio iuria novit curia , la aplicación e interpretación de las normas legales pertinentes queda reservada a los jueces con abstracción de las alegaciones de las partes, es decir que los magistrados pueden enmendar el derecho mal invocado y suplir el omitido, y esto hace que sea necesario pronunciarse acerca de cuál es la ley aplicable al caso. Ello es así sin infracción al principio de congruencia y de defensa en juicio, puesto que es a los jueces a quienes corresponde calificar jurídicamente las circunstancias fácticas con independencia del derecho que hubieran invocado las partes, en tanto y en cuanto, no alteren los hechos o se tergiverse la naturaleza de la acción deducida" (C. 118.128, "Rearte", sent. de 8-IV-2015; conf. doctr. causas C. 90.993, "L., R.", sent. de 5-IV-2006; C. 105.173, "Bonacalza", sent. de 2-V-2013 y C. 116.712, "Sociedad Comercial del Parque S.A.", sent. de 4-III-2015).
"En suma, no resulta un quiebre al principio de congruencia que de tal actividad surja una nueva perspectiva de apreciación del hecho o conducta de la víctima en el evento dañoso, en el marco de la eximente a la responsabilidad objetiva del dueño o guardián de la cosa que ha causado un daño (art. 1113, segundo párrafo in fine, Cód. Civil), a la luz de las reglas que establecen localmente las prioridades de paso vehicular en las encrucijadas" (C. 118.128, cit.).
Consecuentemente, encontrándose contestes las partes en cuanto a que el siniestro ocurrió el día 30 de octubre del año 2010 (v. fs. 48 vta. y 49; 111/112 vta. y 652 vta.; arts. 330 apdo. 4, 354 inc. 1 y 375 - contrario sensu-, CPCC) cabe dejar establecido que, en el supuesto que nos convoca, resulta de aplicación la ley provincial 13.927, la cual presta su adhesión a su par nacional 24.449 (B.O.P. de 30-XII-2008).
IV.1.b. Ahora bien, a la luz de la legislación vigente, y tal como se resaltó en el precedente C. 118.128 de esta Corte citado, el art. 41 de la ley 24.449 no incluye como excepción a la prioridad de paso de quien circula por la derecha a quienes lo hagan desde una vía de mayor jerarquía (art. 41).
De tal modo, introduciendo las circunstancias fácticas -que llegan firmes a esta sede- dentro del marco legal expuesto, surge sin hesitación que el señor Daix había perdido la prioridad de paso en la encrucijada que se encuentra entre la avenida Garay y la calle Brandsen de la localidad de Chacabuco por avanzar con su motocicleta desde la izquierda del otro rodado, toda vez que se encuentran contestes las partes y surge de la prueba aportada que la señora Gorosito circulaba al comando de su automóvil por la derecha (v. fs. 48 vta. y 49; 111/112 vta.; arts. 330 apdo. 4, 354 inc. 1 y 384, CPCC).
IV.1.c. Resta ahora entonces abocarse al tratamiento de la responsabilidad endilgada, de conformidad con las constancias incorporadas al proceso y el principio de la carga de la prueba que recae sobre la parte demandante (art. 375, CPCC).
En tal tarea, debo resaltar que tanto el análisis de las circunstancias y de las pruebas que llevan a establecer la responsabilidad, como determinar la relación de causalidad entre éste y el daño, o reconocer en su caso la culpa de la víctima, conforman -como quiera que se trata de un estudio fáctico- típicas cuestiones de hecho extrañas a la competencia de esta Corte a menos que a su respecto concurra la denuncia y consecuente demostración del vicio de absurdo (conf. doctr. causas C. 120.312, "Seco", resol. de 2-XII-2015; C. 120.509, "Vouilloud", resol. de 24-II-2016; C. 121.116, "Cisterna", resol. de 22-III-2017; entre muchas), yerro valorativo que si bien fue esbozado a fs. 652 no se logra demostrar en la especie (art. 279, CPCC).
En efecto, sostuvo el Tribunal de Alzada -a la luz de la experticia mecánica de fs. 406/408 y sus explicaciones de fs. 427 y 464, conjuntamente con los testimonios de fs. 542/543 vta.- que el reclamante no probó los extremos de la responsabilidad atribuida y que tal incertidumbre, respecto a la velocidad de los móviles, las maniobras de evitación, las posiciones al momento del impacto, las calidades de embistente y embestido, no podía jugar a su favor (v. fs. 638 y vta.).
Tal fundamento, que se erige en el pilar jurídico del fallo en crisis, no logra ser desvirtuado por las manifestaciones esbozadas. Pues bien, la atenta lectura de la pieza fundante de fs. 645/664 permite advertir que el recurrente se ha reducido a confrontar los fundamentos brindados por el juzgador anterior, desentendiéndose de ellos, al exponer su propia consideración acerca del plexo fáctico obrante, en especial: el informe pericial que da cuenta de los daños de los vehículos (v. fs. 652 y vta.) y las declaraciones testimoniales que afirman que fue embestido por la accionada (v. fs. 658 vta./662), sin demostrar el grado de absurdidad que denuncia.
Dicho de otro modo, el impugnante no logra rebatir eficazmente la conclusión del fallo respecto a la ausencia de demostración de la mecánica del suceso lesivo, desde que omite toda referencia acerca de la forma en que el accidente de tránsito se produjo. Tan esquiva táctica de embate, sabido es, no alcanza a abastecer la carga técnica que debe insoslayablemente observar quien pretende recorrer con éxito la vía extraordinaria (conf. doctr. art. 279, CPCC).
Reiteradamente ha expresado esta Corte que es requisito ineludible del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley su adecuada fundamentación, impugnando concreta, directa y eficazmente las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que la misma se asienta (conf. doctr. causas C. 108.432, "Merena", sent. de 3-XI-2010; C. 109.902, "Frontera", sent. de 27-VI-2012 y C. 118.466, "Trotta", sent. de 4-III-2015).
Asimismo, es también insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que al cuestionar las conclusiones fácticas del fallo circunscribe la impugnación a la simple invocación de la opinión discrepante del apelante respecto de lo decidido en la instancia de grado y expone consideraciones fundadas tan solo en su propio criterio personal con afirmaciones meramente dogmáticas y sin demostrar que el pronunciamiento impugnado sea absurdo en su conclusión esencial (conf. doctr. causas C. 81.623, "Jiménez de Aguirre", sent. de 8-XI-2006; C. 100.581, "Zazulak", sent. de 15-IV-2009 y C. 117.936, "Llorente", sent. de 1-VII-2015).
Lo expuesto, me exime de considerar las restantes circunstancias que condicionaron el resultado adverso de la pretensión (v.gr. el estado de alcoholemia de la víctima) y basta para rechazar el intento revisor impetrado, descartándose las infracciones normativas indicadas a fs. 663 vta. (arts. 279 y 289, CPCC).
IV.2. El mismo déficit porta la aducida infracción a la garantía constitucional puntualizada a fs. 662 vta., por cuanto no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo del impugnante -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.119, "Sampedro", resol. de 14-X-2015; C. 121.205, "Alternativa Bahiense S.C.", resol. de 21-XII-2016 y C. 121.337, "Matossian", resol. de 5-IV-2017; entre tantas).
IV.3. Finalmente, tampoco cabe atender el reproche que alega violación de la doctrina legal expuesta a fs. 651/652, 656 vta./657 y 659/660 vta., toda vez que en los casos en los cuales se endilga dicha infracción es indispensable que primeramente la misma sea individualizada y luego se exponga su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación (conf. doctr. causas C. 120.290, "Dip", resol. de 2-XII-2015; C. 120.909, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 21-IX-2016 y C. 121.806, "Casaux Alsina", resol. de 20-IX-2017), carga esta última no abastecida por el interesado.
Además, para los efectos del carril extraordinario de inaplicabilidad de ley, los pronunciamientos cuestionables no son otros que los emanados de este Tribunal. En suma, las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de otros tribunales no constituyen la "doctrina legal" a la que se refiere el art. 279 del Código ritual (conf. doctr. causas C. 119.930, "Conciencia Ciudadana Mejorar Asociación Civil", resol. de 1-VII-2015; C. 121.129, "G., A. V.", resol. de 15-XI-2016 y C. 121.556, "Muller", resol. de 28-VI-2017). En tal razón, las referencias expuestas a fs. 654/655 vta. y 660 vta. devienen inatendibles.
Lo dicho basta para repeler esta porción impugnativa (arts. 279 y 289, CPCC).
V. En mérito a ello y en atención a la aplicación e interpretación de las normas legales vigentes -actividad reservada a los jueces en virtud del principio iura novit curia -, respetando los hechos y la naturaleza de la acción deducida, se desestima el recurso traído, con costas (arts. 68, 279 y 289, CPCC).
Voto, pues, por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al desarrollo argumental que efectúa el distinguido colega que abre el acuerdo, a partir del punto IV.1.c, por resultar suficiente para abastecer la respuesta adversa al recurso extraordinario de inaplicabilidad en tratamiento.
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
He dicho en diversas oportunidades (por ejemplo, en las causas C. 87.234, "Landi", sent. de 29-VIII-2007 y C. 101.548, "Basconsellos", sent. de 14-IV-2010) que el término "avenida" resulta por demás equívoco y que es arbitrariamente asignado a algunas calles y negado a otras, generando dudas sobre tal jerarquía en algunos cruces y multiplicando las situaciones de conflicto. Esta falta de acuerdo sobre a qué tipo de arteria debemos reservar el nombre parece no tener tanta importancia en el presente caso, donde la disputa versa sobre si la prioridad de paso se pierde para el conductor que llega a una avenida transitando desde la derecha, descontando que el actor circulaba por una vía a la que las partes reconocen como "avenida" y que la demandada se hallaba en circunstancias de transponerla al momento del hecho.
La técnica del recurso extraordinario impide ingresar en cuestiones que no han sido propuestas entre los agravios traídos. Ello me veda efectuar otras ponderaciones (como podría ser la influencia que, en la determinación de las responsabilidades, pudieron tener otras presunciones), para concluir, tal como lo hace el doctor Genoud, en que no se advierte que en el pronunciamiento recurrido se haya incurrido en absurdo, se hayan criticado eficazmente los argumentos esenciales expuestos por el a quo para motivar su pronunciamiento o exista alguna violación de la ley o de la doctrina legal (art. 279, CPCC) que autorice la modificación del fallo.
En suma, adhiriendo al voto inicial, doy el mío por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I.1. En relación a la temática implicada en el caso: prioridad de paso de quien circula por una avenida y los argumentos expuestos por el recurrente a partir de fs. 652 vta., he tenido oportunidad de expedirme en varios antecedentes.
En la causa Ac. 79.618, "Salinas" (sent. de 8-VI-2005), destaqué la importancia que tiene el ordenamiento jurídico de una comunidad y la necesidad de establecer una serie de normas de prevención que se traduzcan en pautas de comportamiento de sus habitantes, como medio de mitigar y evitar, en lo posible, riesgos.
En esa sentencia se citaron claros ejemplos de circulación vial y se concluyó en que para neutralizar los riesgos el conductor que se asoma a una avenida de doble mano debe hacerlo con extrema prudencia y cautela, poniendo el debido celo en el estricto cumplimiento y acatamiento de la norma de prevención que regula tal situación. De modo que antes de ingresar o cruzar la avenida le corresponde siempre detener la marcha.
Esa conclusión jurisprudencial tendiente a preservar la seguridad vial y ordenar la armónica convivencia entre los automovilistas fue luego incorporada expresamente por la legislación.
I.2. Advierto que esa necesidad de preservación y orden es una constante.
Hoy sigue presente.
Así, los fundamentos que se expusieran para decidir el precedente "Salinas" -ya citado- a la luz de la legislación anterior (ley 11.430) resultan aplicables al caso, aún en vigencia de la normativa actual.
I.3. Es cierto que la ley nacional 24.449, a la cual adhirió la Provincia de Buenos A
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.