Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122456
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, de Lázzari, Soria, Negri , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 122.456, "Ruiz, Lorena Itatí contra Fernández, Sergio Rubén y otros. Daños y perjuicios".
La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata modificó el pronunciamiento de origen que, a su turno, hiciera lugar a la acción de daños y perjuicios incoada por las señoras Lorena Itatí Ruiz y Yamila Soledad Tobio contra la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 168/175 vta., conjuntamente con su aclaratoria de fs. 179 y vta. y 207/214).
Se interpuso, por la accionada vencida, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 217/224 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. A los fines de resolver la problemática traída mediante la pieza recursiva de fs. 217/224 vta., encuentro necesario destacar las siguientes circunstancias procesales.
Las señoras Lorena Itatí Ruíz y Yamila Soledad Tobio interpusieron demanda de daños y perjuicios contra los señores Sergio Rubén Fernández, Daniel Ernesto Fernández, Jesús Alberto Monzón, Carlos Luján y Carlos Gerónimo Monserrat y la Provincia de Buenos Aires, en virtud del secuestro y posterior homicidio del señor Pedro Daniel Tobio (v. fs. 7/12).
En su escrito de inicio relataron que la víctima -esposo y padre de las demandantes- fue privada de su libertad en ocasión de encontrarse en su domicilio y, posteriormente, asesinada por dependientes de la policía provincial. Por tal razón, por un lado, atribuyeron responsabilidad al Fisco local en virtud del ejercicio irregular de las obligaciones de sus funcionarios y, por el otro, solicitaron la respectiva condena por las sumas que allí determinaron, según lo que surja de la prueba a producirse, con más su actualización (v. fs. 7 vta. y 8).
II.1. En horas de resolver, el Juzgado en lo Civil y Comercial n° 14 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar al reclamo impetrado. Para así decidir, sostuvo que en la especie se hallaba configurada una prestación irregular del servicio de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en tanto uno de los partícipes de los delitos ejercía el cargo de agente policial, empleando en el acto dañoso su uniforme, el arma reglamentaria y las esposas para su consumación, lo cual permitía subsumir el hecho en el ejercicio irregular de un servicio del Estado tras haberse consumado por un dependiente utilizando una cosa de su propiedad (v. fs. 168/175 vta.).
En cuanto al monto de condena estableció que el Estado local debía pagar a las accionantes la suma de $4.300.000 con más intereses, debiendo ser calculadoséstos según la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires desde el día 19 de mayo de 2009 hasta su efectivo pago (v. fs. 175 vta.).
II.2. Posteriormente, el magistrado de origen aclaró oficiosamente su propia sentencia desestimando el pedido de actualización monetaria solicitado por la parte actora, en base a las consideraciones allí vertidas (v. fs. 179 y vta.).
III. Apelada tal decisión, la Sala III de la Cámara Segunda de Apelaciones en el fuero departamental la mantuvo en cuanto a los rubros indemnizatorios. Sin embargo, ante al agravio del Fisco bonaerense en torno a los intereses fijados en la especie, calculados desde el día 19 de mayo de 2009 hasta su efectivo pago a la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires, los modificó (v. fs. 207/214).
Inicialmente dejó establecido que el hecho lesivo ocurrió el día 17 de octubre de 1989 y no el 19 de mayo de 2009, como fuera consignado por el juzgador de primera instancia. Sobre tales circunstancias, adujo que el tipo de interés establecido resultaba inoponible al accionado en virtud de las prerrogativas que establece la ley 11.192, debiéndose aplicar el tipo de tasa que determina el referido cuerpo legal (v. fs. 212 vta.).
Luego, indicó que por el efecto adhesivo del recurso de apelación se imponía el análisis de la pretensión de actualización solicitada por la parte actora en la demanda que fuera desestimada en la decisión de primer grado, como consecuencia directa de la errónea determinación de la fecha de mora (v. fs. 212 vta. y 213).
En tal dirección, estableció que el capital de condena debía ser reajustado a partir del día 17 de octubre de 1989 de acuerdo a las variaciones del índice de precios al consumidor -nivel general que suministra el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)-, monto sobre el cual se devengarían los accesorios a la tasa el 6% anual desde la fecha aludida hasta el día 31 de marzo de 1991, corriendo a partir del día 1 de abril de 1991 los citados, conforme lo determina el art. 6 de la ley 11.192 (v. fs. 213).
IV. Frente a ello, la letrada apoderada del Fisco local interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que esgrime el vicio de absurdo y violación a los arts. 519, 622, 1.068 y 1.083 del Código Civil; 7 y 10 de la ley 23.928; 34 incs. 4 y 5, 163 inc. 6, 165, 272 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 17 y 18 de la Constitución nacional y 11, 15, 161 inc. 3 y 171 de su par bonaerense (v. fs. 217/226 vta.).
IV.1. En primer término, critica la confirmación de los rubros indemnizatorios por apartarse de la realidad económica del caso y desentenderse de las consecuencias patrimoniales del fallo. Cuestiona la determinación de las sumas resarcitorias a valores actuales y achaca la excesiva fijación en los rubros por pérdida de chance y daño moral (v. fs. 221 vta./223).
En este segmento de la protesta indica que la decisión del a quo deviene absurda porque: a] se mantiene una elevada indemnización que ha sido fijada a valores actuales en la suma de 4.300.000; b] se expresa un monto en una moneda no vigente al momento del hecho y, a su vez, declara aplicable la actualización monetaria y c] se determina la aplicación de tasas de interés del 6% anual desde la fecha del hecho y hasta el 31 de marzo de 1991 y a partir del 1 de abril de 1991 conforme el art. 6 de la ley 11.192 (v. fs. 222).
Por tales motivos, sostiene que la forma de decidir implica conceder a los damnificados una indemnización que supera los límites de la reparación plena e integral, generándose un enriquecimiento sin causa en favor de aquellos y, por tanto, reclama su morigeración (v. fs. 221 vta./223).
IV.2. En segundo orden, cuestiona la decisión del Tribunal de Alzada en referencia a la actualización monetaria aplicada sobre valor resarcitorio. En esta porción del embate argumenta que el procedimiento dispuesto por el juzgador de grado anterior resulta contrario a las pautas que emanan de la ley 23.928, las cuales impiden practicar reajuste alguno sobre las deudas de valor con posterioridad al día 1 de abril de 1991 (v. fs. 223).
IV.3. Finalmente, se agravia de la fórmula de los intereses empleada con motivo de una extensión a un capital de condena confirmado a valores actuales con más su actualización monetaria (v. fs. 224 vta./226).
Particularmente, se encarga de remarcar que la operación elaborada por la Cámara de Apelaciones para establecer los accesorios se encuentra huérfana de la razonable proporción que debe guardar con el monto de condena establecido, prescindiendo del criterio de realidad económica. Por tal motivo, transcribe ciertos pasajes jurisprudenciales en apoyo de su postura y solicita su expresa revocación (v. fs. 225/226).
V. El recurso prospera parcialmente.
V.1. Tal como fuera expuesto, la letrada apoderada del Fisco se agravia de la estimación de los rubros indemnizatorios. En este sentido, critica la cuantificación de los montos a valores actuales y considera excesiva su fijación (v. fs. 221 vta./223).
Esta protesta no puede ser atendida, en atención a su insuficiente fundamentación (conf. doctr. art. 279, CPCC).
V.1.a. Inicialmente, corresponde señalar que no se debe confundir la actividad de estimar los rubros indemnizatorios a fin de reflejar los "valores actuales" con la utilización de aquellos mecanismos de "actualización", "reajuste" o "indexación" de montos históricos expresamente prohibidos por la norma, toda vez que estos últimos suponen una operación matemática y la primera sólo expresa la adecuación del valor a la realidad económica del momento en que se pronuncia el fallo (conf. doctr. causas C. 59.337, "Quiroga", sent. de 17-II-1998; C. 92.667, "Mercado", sent. de 14-IX-2005; C. 99.152, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 5-IV-2013 y C. 117.735, "Bi Launek S.A.A.C.", sent. de 24-IX-2014).
Por tal motivo, en los procesos por daños y perjuicios los jueces se hallan facultados para fijar el quantum indemnizatorio al momento de dictar sentencia (conf. causas L. 77.503, "Cardelli" y L. 75.346, "Britez", sents. de 6-VI-2001; C. 101.107, "Arbizu", sent. de 23-III-2010; C. 100.908, "Ormaechea", sent. de 14-VII-2010 y C. 117.735, "Bi Launek S.A.A.C.", cit.).
V.1.b. Cabe referenciar que el Tribunal de Alzada, para confirmar el capital de condena otorgado en favor de las legitimadas activas, analizó en forma separada la razonabilidad de los acápites por pérdida de chance y daño moral.
En cuanto al primero, dejó en claro que a fin de establecer su cuantía, ante la supresión de la vida humana, no resultaba imprescindible una prueba concreta, sino que es suficiente contar con los elementos indispensables para que la reparación pueda estimarse en equivalencia a la pérdida sufrida, conforme a un criterio de apreciación subjetivo y objetivo, en forma integral (v. fs. 210 y vta.).
A tenor de ello, valoró las edades de Yamila Soledad Tobio y Lorena Ruiz Itatí quienes al momento del infortunio contaban con seis meses de vida y diecinueve años, respectivamente; y la de Pedro Daniel Tobio, quien tenía veintiún años. Asimismo, estimó la proyección de sus aportes y potencialidades como padre y esposo, otorgándole un gran alcance. Por tales circunstancias, consideró adecuada la apreciación efectuada por el judicante de primer grado y confirmó los importes condenatorios a favor de las accionantes (v. fs. 210/211 vta.).
En torno al segundo, ponderó la afectación espiritual que sufrieron las demandantes ante la partida del señor Tobio. Destacó que, para su estimación, debía valorarse que el homicidio acortaba en los hechos la lógica expectativa de la continuidad existencial y la de gozar por un tiempo razonable con el apoyo y compañía de la víctima. Bajo estas directrices, encontró también adecuada la operación realizada por el magistrado de origen y mantuvo los resarcimientos otorgados a las reclamantes (v. fs. 212).
Tales fundamentos, que resultan ser la base jurídica del pronunciamiento en crisis, no logran ser rebatidos eficazmente por las escuetas manifestaciones vertidas a fs. 221 vta./223. Pues bien, su atenta lectura deja advertir que la recurrente se ha limitado a discrepar con las razones expuestas por el a quo , al exteriorizar una mera disconformidad con el resultado obtenido y al esgrimir un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la desproporcionalidad de las sumas acordadas, la realidad económica y el alcance de la condena (conf. doctr. causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 121.801, "Ermanni", resol. de 20-IX-2017 y C. 122.307, "Solla", resol. de 22-VIII-2018). La recurrente omite cuestionar las razones de hecho y de derecho que llevaron a la Cámara a confirmar los importes indemnizatorios (art. 279, CPCC).
Sabido es que para revisar las cuestiones de hecho es indispensable evidenciar contundentemente que las conclusiones que se cuestionan son el producto del error grave y manifiesto que derivan en afirmaciones insostenibles a la luz de los instrumentos objetivos de la causa, situación que no ocurre en autos. Por más respetable que sea la opinión de la aquí impugnante, ello no autoriza -por sí solo- para que este Superior Tribunal sustituya con su criterio al de los jueces de la instancia de apelación (conf. doctr. causas C. 121.297, "Moyano", resol. de 28-XII-2016; C. 121.867, "Cabrera", resol. de 11-X-2017 y C. 122.560, "Sánchez", resol. de 15-VIII-2018).
Lo expuesto basta para rechazar este segmento de la protesta y descartar las infracciones normativas indicadas a fs. 217 vta. y 222 vta. (arts. 279 y 289, CPCC).
V.2. Distinta suerte ha de llevar el agravio vinculado con el mecanismo de actualización establecido sobre el monto de condena.
Así, sostuvo la Cámara que habiéndose pronunciado erróneamente el juzgador de origen sobre la fecha del acontecimiento lesivo, correspondía modificar tal aspecto de la decisión y, consecuentemente, dejar sin efecto la fijación de intereses, imponiendo el tipo que surge del art. 6 de la ley 11.192 conforme la petición de la demandada (v. fs. 212 vta.).
Posteriormente, haciendo alusión al efecto adhesivo del recurso de apelación de la parte actora, analizó la pretensión de actualización solicitada en el escrito de inicio, destacando que tal petición fue desestimada en la solución de primer grado como consecuencia directa de la errónea determinación de la fecha de mora (v. fs. 212 vta. y 213).
Bajo este andamiaje, estableció que el capital de condena debía ser reajustado a partir del día 17 de octubre de 1989 de acuerdo a las variaciones del índice de precios al consumidor, nivel general que suministra el INDEC, monto sobre el cual se devengarían los accesorios a la tasa el 6% anual desde la fecha aludida hasta el día 31 de marzo de 1991, corriendo a partir del día 1 de abril de 1991 los citados conforme lo determina el art. 6 de la ley 11.192 (v. fs. 213).
Frente a ello, la recurrente, denuncia infracción al art. 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial y descalifica esta parcela del fallo por cuanto entiende que el mecanismo de actualización del crédito se encuentra expresamente vedado por las leyes especiales (v. fs. 217 vta. y 223).
Considero que debe hacerse lugar a esta parcela del recurso, pues entiendo que acierta la recurrente respecto a que el Tribunal de Alzada ha violado el principio de congruencia.
Ello así en tanto que el órgano de origen dictó sentencia condenando al Estado provincial al pago de $4.300.000, con más la tasa de interés pasiva más alta que pagase el Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 168/175 vta.). Luego, en forma oficiosa, integró el pronunciamiento a los fines de suplir la omisión en que se había incurrido en torno a la actualización monetaria solicitada por la parte actora y la descartó por considerar aplicables las disposiciones que surgen de las leyes 23.928 y 25.561 (v. fs. 179).
Dicha decisión fue apelada por la parte actora (v. fs. 180), pero cabe destacar que su recurso fue declarado desierto por no haberse expresado los agravios en el plazo que otorga el Código ritual (v. fs. 194/195), motivo por el cual tal aspecto sentencial quedó firme y consentido.
En tal sentido, sobre la base de los principios que gobiernan el proceso dispositivo, considero que el Tribunal de Alzada los ha transgredido pronunciándose sobre un capítulo que no fue propuesto por las legitimadas activas y que tampoco correspondía ponderar en virtud del instituto de la apelación implícita, ya que dicha porción de la sentencia había sido analizada y resuelta con sentido desfavorable por el magistrado de primera instancia (conf. causas C. 99.308, "O., E. A.", sent. de 17-VI-2009; C. 100.498, "Banco Bansud S.A.", sent. de 12-X-2011 y C. 118.055, "Fernández", sent. de 15-VII-2015; etc.).
A su vez, también entiendo que asiste razón a la impugnante cuando cuestiona la aplicación de una fórmula de actualización.
En efecto, ha manifestado este Superior Tribunal -de manera invariable- que hasta el 31 de marzo de 1991 inclusive los créditos deben ser repotenciados, de acuerdo con el índice de variación de precios al consumidor -nivel general- publicados por el INDEC (conf. doctr. causas Ac. 43.858, "Zgonc", sent. de 21-V-1991; B. 61.920, "Pecker", sent. de 15-XI-2005; entre muchas otras). Si bien esta interpretación no varía luego de la derogación del art. 8 de la ley 23.928 por el art. 3 de la ley 25.561, toda vez que el principio nominalista que rige las obligaciones de dar sumas de dinero continúa teniendo vigencia a partir del 1 de abril de 1991, lo cierto es que las circunstancias fácticas que se tuvieron en consideración para elaborar tales precedentes distan de ser asimilables a la presente y su aplicación en la especie resulta censurable.
Como vimos, en estos actuados las instancias inferiores han cuantificado los perjuicios sufridos por las actoras, otorgando una indemnización fijada a valores actuales. Sobre tal operación, la Cámara de Apelaciones -por los motivos antes expuestos- dispuso reajustar dicho capital a partir del día 17 de octubre de 1989 de acuerdo a las variaciones del índice de precios al consumidor (v. fs. 213).
Obrando de tal modo la operación que efectuó el a quo genera una doble repotenciación de la deuda, una al establecer los rubros indemnizatorios a valores actuales y otra al ordenar su reajuste desde la fecha del hecho lesivo, llevando la condena a una injusta e inadmisible doble indemnización (conf. arts. 499, 728 y concs., Cód. Civ.; 1.794, Cód. Civ. y Com. y doctr. causas C. 77.461, "González", sent. de 13-XI-2002; C. 100.299, "H., S. M.", sent. de 11-III-2009 y C. 117.926, "P., M. G.", sent. de 11-II-2015).
Por tanto, en sustento de este doble orden de motivos, corresponde hacer lugar a los agravios aquí vertidos por la representante de la Provincia de Buenos Aires y casar la sentencia cuestionada en este aspecto (art. 289, CPCC).
V.3. En cuanto al tópico vinculado con los accesorios, el mismo no puede progresar, en virtud de los argumentos que a continuación paso a exponer.
En primer lugar, cabe recordar que la ley 11.192 resulta ser una norma provincial que consolida a las obligaciones que debe pagar el Estado cuya causa o título sea anterior al 1 de abril de 1991 (conf. art. 1).
En segundo término, también vale destacar que si bien el pago mediante títulos públicos no se encuentra vigente (conf. art. 12, ley cit.), sí lo están la cancelación en efectivo y la aplicación de la tasa de interés a la que alude el art. 6 de la ley 11.192, equivalente a la tasa promedio de la Caja de Ahorro Común que publique el Banco Central de la República Argentina (conf. doctr. causas C. 78.797, "Conarges S.A.", sent. de 20-V-2009; C. 94.765, "Quevedo", sent. de 6-IV-2011; e.o.).
Bajo esta plataforma, encontrándose alcanzado el crédito de las actoras por el mentado régimen, en tanto el hecho lesivo aconteció el 17 de octubre de 1989, la aplicación de las disposiciones aludidas deviene ajustada a derecho (v. fs. 7 vta.).
En consecuencia, corresponde rechazar esta parcela del recurso, descartar las violaciones legales expuestas a fs. 217 vta. y dejar establecido que la tasa de interés aplicable al monto de condena, a partir del día 17 de octubre de 1989, es la dispuesta por el art. 6 de la ley 11.192 (art. 289, CPCC).
V.4. Tampoco pueden ser atendidas las aducidas infracciones a las garantías constitucionales de fs. 218 por cuanto no se logra acreditar de qué manera el pronunciamiento colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo de la interesada -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.119, "Sampedro", resol. de 14-X-2015; C. 121.205, "Alternativa Bahiense S.C.", resol. de 21-XII-2016;
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.