Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122886
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
La Plata, 6 de noviembre de 2019.
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, hizo lugar a la excepción de prescripción interpuesta por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires y rechazó la acción promovida por Miriam Isabel Barrios en concepto de reparación integral por daños y perjuicios (v. fs. 205/212).
Para así decidir, el juzgador de origen declaró que el trastorno depresivo de Barrios tuvo su primera manifestación invalidante a partir del año 2007, y en ese entendimiento, al confrontar dicha fecha con la de la promoción de la demanda, determinó transcurrido el plazo de dos años exigido por el art. 44 apdo.1 de la ley 24.557.
Luego, y sin perjuicio de encontrarse sellada la suerte adversa del presente reclamo, el a quo concluyó -a mayor abundamiento- que la actora no ha logrado demostrar la relación causal invocada entre las patologías que padece y las tareas desarrolladas en favor del Fisco bonaerense.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 217/231 vta.), los que fueron concedidos por el a quo a fs. 232.
III. En el primero de los remedios intentados, con cita del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, afirma que el tribunal interviniente soslayó pronunciarse sobre la cuestión de la concausalidad oportunamente planteada en la demanda.
III.1. Al respecto, corresponde señalar que la vía prevista en el art. 161 apdo. 3 inc. "b" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 93.996, "Pérez Baglivo", sent. de 19-X-2011; L. 100.717, "Miño", sent. de 28-XII-2011 y L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018).
III.2. En este marco, el embate articulado carece de andamiaje, pues si bien se denuncia la omisión de tratamiento de cuestión esencial, lo cierto es que el tema que se dice preterido, fueron abordado y resuelto por el juzgador de grado, quien, tras declarar la prescripción de la acción, concluyó -a mayor abundamiento- que la actora no había logrado probar la relación de causalidad entre la minusvalía que la afecta y las tareas prestadas en favor del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 210/211), importando la réplica, en consecuencia, la imputación de típicos errores in iudicando , ajenos como tal al carril intentado (causas L. 87.056, "Heugas", sent. de 27-III-2008; L. 108.824, "Hospital", resol. de 2-XII-2009 y L. 120.506, "Sucesores de Angel Salva y Lunardino Hilda Elba y otro", resol. de 15-XI-2017).
IV.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la interesada denuncia la infracción de las normas y la doctrina que cita.
En su presentación señala que el a quo incurrió en absurdo y arbitrariedad en la apreciación de la prueba en relación a la fecha que tomó en consideración para el inicio del cómputo del plazo de prescripción.
Asimismo, afirmó acreditados en el caso los presupuestos de responsabilidad fundados en el art. 1.113 del anterior Código Civil, a cuyo fin cuantifica el daño sufrido por la trabajadora.
IV.2.a. De modo preliminar cabe señalar que, como reiteradamente lo tiene dicho esta Corte, determinar la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad y, en consecuencia, también el momento en el que debe comenzar a correr el plazo de la prescripción, constituye una cuestión de hecho reservada a la apreciación de los jueces de grado, irrevisable en casación salvo el supuesto de absurdo (causas L. 104.479, "Cattani", sent. de 30-V-2012; L. 111.319, "Dimotta", sent. de 20-VIII-2014 y L. 117.271, "López", sent. de 29-X-2014).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 112.202, "Gilles", resol. de 6-X-2010; L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014 y L. 117.795, "Idaskin", resol. de 20-XI-2014).
En la especie, la recurrente se limita a ratificar su postura inicial, situada en que la trabajadora se anotició de su minusvalía con la resolución ministerial bonaerense que dispuso su baja por incapacidad física en el mes de noviembre de 2011, sin concretar una réplica idónea a los fines de descalificar lo decidido en la instancia de origen, que estableció como primera manifestación invalidante el 12 de octubre de 2007, apoyándose en el certificado del médico psiquiatra de la actora.
En efecto, la impugnante no logra rebatir la conclusión que impugna, ya que las alegaciones que formula no exteriorizan más que su discrepante opinión en orden a la valoración de los medios probatorios y a las conclusiones arribadas por el sentenciante, criterio que, indudablemente, no puede sustituir al de los jueces de mérito, ni tampoco basta para acreditar el vicio denunciado (causas L. 116.157, "Rosso", sent. de 25-IX-2013; L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014 y L. 111.610, "Gómez", sent. de 29-X-2014).
IV.2.b. Finalmente, permaneciendo firme la decisión de la instancia ordinaria en lo tocante a la declaración de prescripción de la acción, deviene inatendible el resto de las cuestiones vinculadas a la acreditación de los presupuestos de responsabilidad civil del demandado.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
SERGIO DANIEL ALFANO Subsecretario
Fin de la sentencia