Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120623
En la ciudad de La Plata, a trece de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Negri, Genoud, Soria, Kogan , Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.623, "Silva, Sonia Noemí contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro. Daños y Perjuicios".
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción de daños y perjuicios promovida contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, imponiéndole las costas. En cambio, rechazó la acción dirigida contra Provincia ART S.A., cargando las costas a la parte actora (v. sent., fs. 1.023/1.031).
Se dedujeron, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.049/1.054 vta. y 1.075/1.078 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Fisco provincial a fs. 1.049/1.054 vta.?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del de fs. 1.075/1.078 vta.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En lo que interesa por ser materia de recurso, el tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la acción deducida por la señora Sonia Noemí Silva, condenando a la Provincia de Buenos Aires a pagar a la actora la suma que especificó en concepto de reparación integral de los daños y perjuicios sufridos en el ámbito de trabajo, con más los intereses a liquidarse de acuerdo a lo establecido en el fallo (v. fs. 1.030 vta.).
En cambio, rechazó la demanda instaurada contra Provincia ART S.A. Las costas fueron impuestas al Fisco provincial por el tramo de demanda admitida y a la parte actora por el rechazo de la acción contra la aseguradora (v. sent., fs. 1.023/1.031).
Luego, a fs. 1.055/1.056 el tribunal a quo dictó resolución aclaratoria a instancia del escrito presentado por la Fiscalía de Estado (contemporáneamente con el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley indicado, según cargos de fs. 1.048 vta. y 1.054 vta.). Declaró la consolidación del crédito determinado en autos en tanto excede $10.000, cuyo depósito, con más el agregado de intereses a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires, ordenó efectuar en autos.
Seguidamente, dispuso que -por Secretaría- se practicara liquidación de los acrecidos a la referida tasa, hasta el día 30 de noviembre de 2001.
A fs. 1.057 luce el cálculo del actuario, donde se liquidan tales intereses respecto de los montos de capital consolidado y no consolidado, de acuerdo a lo ordenado en la aclaratoria.
II.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a fs. 1.049/1.054 vta., la Fiscalía de Estado denuncia la violación de los arts. 505 y 622 del Código Civil y de la doctrina legal que cita.
Por un lado, cuestiona la aplicación de la tasa pasiva digital dispuesta a fs. 1.030 vta., y por el otro, alega que la regulación de los honorarios practicada en autos excede el 25% del monto de condena, en franca violación a lo prescripto por el art. 505 del Código Civil (t.o. según ley 24.432).
II.2. Luego, contra la decisión aclaratoria, el representante del Fisco provincial interpuso -nuevamente- recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a fs. 1.075/1.078 vta., denunciando ahora la violación de lo normado por el art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación, así como de la doctrina legal que cita.
III. El recurso en tratamiento no prospera.
III.1. Pasando a analizar la vía extraordinaria de fs. 1.049/1.054 vta., se impone destacar que ha sido bien concedida, pues la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, y su validez constitucional fue declarada -por mayoría- por esta Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014.
III.2. Sin embargo, los agravios que porta el remedio intentado han perdido virtualidad pues, tal como lo anticipé, mediante la resolución de fs. 1.055/1.056 el tribunal de grado admitió la aplicación de la ley 12.836 y ordenó calcular los intereses en la forma descripta supra, practicando una nueva liquidación y una nueva regulación de honorarios.
Más allá de las diversas apreciaciones que podrían formularse en relación a la petición del Fisco de fs. 1.048 y vta. y lo resuelto por el a quo , lo cierto es que una resolución posterior ha modificado las circunstancias que dieron sustento al remedio incoado, por lo que cabe declarar abstracto su tratamiento.
IV. Por tales razones, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 1.049/1.054 vta.
Voto por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, se ha pronunciado -por mayoría que no integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial. Al respecto, he de reiterar mi opinión contraria a dicha interpretación a tenor de los fundamentos que expuse al votar en dicho precedente, a los que -por razones de brevedad- me remito.
II. Luego, adhiero a los puntos III.2. y IV del voto del doctor de Lázzari y doy el mío por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud , Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la primera cuestión planteada también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El recurso analizado en esta segunda cuestión, tampoco prospera.
I.1. Como quedó dicho -en lo que interesa destacar- el tribunal interviniente, luego de dictada la sentencia definitiva y en atención a lo peticionado por la parte demandada a fs. 1.048 y vta., procedió a dictar resolución en la cual dispuso la aplicación de la ley 12.836, modificando así el monto de la condena y la base regulatoria de los honorarios profesionales, que se determinaron conforme las normas previstas en el decreto ley 8.904/77 aplicable al caso (v. fs. 1.055/1.058 vta.).
Contra dicha decisión se alzó la accionada afirmando que los estipendios cuestionados superan el umbral establecido en el art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación, con cita del precedente de esta Corte L. 77.914, "Zuccoli", sentencia de 2-X-2002, entre otros (v. rec., fs. 1.075/1.078 vta.).
II.1. En lo relativo al depósito previsto en el art. 56 de la ley 11.653, me remito a lo que he expresado en el punto III.1. de la primera cuestión planteada.
II.2. Debo precisar, luego, que el valor de lo cuestionado ante la instancia extraordinaria no supera el monto mínimo fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, por lo que la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 117.832, "Campos Dure", sent. de 2-XI-2016; L. 118.322, "Farías", sent. de 14-XII-2016; e.o.).
En consecuencia, la función revisora de la Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 98.133, "Vallejos", sent. de 26-X-2011; L. 96.956, "Berestycki", sent. de 11-VII-2012; L. 107.416, "Pedrozo", sent. de 27-III-2013; e.o.).
II.3. Al respecto, me parece del caso efectuar las siguientes consideraciones con la finalidad de clarificar la doctrina legal que emerge de la causa L. 77.914, invocada -como dije, entre otras-.
Siempre he entendido que la doctrina que se desprende de dicha causa -que fuera reiterada en otros pronunciamientos posteriores- indica que lo prescripto por el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (o el art. 505, Cód. Civ., actual art. 730, Cód. Civ. y Com. de la Nación) resulta no una restricción a la facultad de los jueces para aplicar las reglas locales sobre, por ejemplo, los honorarios que pudieran regularse, sino un límite a la responsabilidad del deudor (condenado en costas) a quien no puede serle exigido un pago que supere el porcentaje fijado por la ley.
Si tal es la doctrina legal de esta Suprema Corte que ha establecido por mayoría, deben quedarnos claras algunas de sus consecuencias. Así, si lo que se instruye con ella es que la ley no fija una limitación a la regulación de honorarios según la normativa local (o a cualquier otro rubro que integre las costas), no ocurre violación de aquella doctrina si los miembros de un tribunal estiman regulaciones que superan aquel límite. En todo caso, tal transgresión ocurrirá si luego se hace lugar a una ejecución por el total de los honorarios porque, según nuestro criterio, lo que se ha limitado es la responsabilidad del deudor que quedará eximido de responder cuando el total de lo que se le reclama por costas supere el 25% del monto definitivo del juicio.
Ahora bien: ¿ha habido con las regulaciones practicadas en autos una violación de esa doctrina? Evidentemente no, porque los jueces al efectuar las regulaciones que provocan la queja de la demandada lo hicieron dentro de los parámetros establecidos por el decreto 8.904/77 (vigente al momento de practicarse la regulación) respecto de los abogados actuantes, y de los que disponen las respectivas normas arancelarias para el resto de los peritos, aunque su total (una vez adicionados los aportes y la tasa de justicia y contribución sobre la misma) supere el 25% del monto de condena con sus intereses. En tanto no se haga un reclamo por el pago total no habrá violación de la doctrina legal.
Formuladas estas aclaraciones sólo me queda por señalar que deberá recomendarse al tribunal de trabajo actuante que tenga en cuenta que la responsabilidad de la condenada en costas tiene los límites fijados en aquel precepto, conforme la referida doctrina legal, debiendo -en el caso- prorratearse los distintos rubros (honorarios, aportes, tasa de justicia, contribución, etc.) hasta el límite del 25% del monto de condena con más sus intereses.
III. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. En relación al depósito previsto en el art. 56 de la ley 11.653, me remito a lo expresado en el punto I de la primera cuestión planteada.
II. Luego, debo decir que, tal como se expone en el voto inaugural, surge de las constancias de la causa que el valor de lo cuestionado ante esta instancia no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141, B.O. de 17-VII-2010), de modo que la admisibilidad del recurso deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
II.1. Por regla, en esas situaciones, esta Corte sólo puede verificar si lo resuelto por el tribunal de grado contradice la doctrina legal vigente. Sin embargo, las interdicciones vinculadas a la summa gravaminis que resultan del régimen procesal local no se aplican cuando, como en el caso, el tema encierra una cuestión federal tal como la constitucionalidad de la reforma introducida por la ley 24.432 a los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. e.o., causa L. 119.157, "Ahumada", sent. de 14-XII-2016), correspondiendo en ese supuesto darle curso a la impugnación por ante esta Corte, a fin que el recurrente pueda eventualmente acceder al remedio federal (art. 14 inc. 1, ley 48; CSJN Fallos: 308:490; 311:2478; causas L. 90.223, "Collado", sent. de 28-V-2010; L. 100.635, "Berón", sent. de 30-II-2011; L. 103.103, "Lazarte", sent. de 11-V-2011; L. 97.703, "Vega", sent. de 22-VI-2011; e.o.).
II.2. En ese esquema, debo decir que conforme mi opinión y por los fundamentos expresados en reiteradas oportunidades y a los que por motivos de brevedad me remito, el agravio debe ser rechazado (v. sobre la inconstitucionalidad de la reforma introducida por la ley 24.432 a los arts. 277, LCT y 505, Cód. Civ.; causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002 y L. 73.148, "Sciandra", sent. de 12-III-2003).
III. Propicio entonces, conforme lo expuesto, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
El recurso debe prosperar.
Comparto lo señalado por el doctor de Lázzari en los puntos I.1., II.1. y II.2. de su voto.
Luego, considero acertada la denuncia de violación del art. 730 del Código Civil y Comercial (que receptó la previsión contenida en el art. 505, Cód. Civ.) y de la doctrina elaborada en torno a la ley 24.432.
Con acierto denuncia el agraviado que la regulación de los estipendios (v. fs. 1.058 y vta.), excede el límite establecido en la disposición precitada (causas L. 77.859, "Acosta", sent. de 27-VII-2005; L. 92.089, "Arroyo", sent. de 26-X-2011; L. 111.176, "Gómez", sent. de 21-VIII-2013 y L. 117.427, "C., M. Á.", sent. de 20-V-2015).
En atención a lo señalado, corresponde revocar el pronunciamiento de grado y devolver las actuaciones al tribunal de origen para que dicte nuevo fallo en esta parcela, ajustándose en tal tarea a los límites fijados por el legislador nacional, de modo tal que la responsabilidad de la demandada por el pago de las costas no supere el porcentaje del 25% del monto de la condena impuesta a su parte.
Costas de esta instancia a cargo de la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Suscribo lo expuesto por el doctor de Lázzari en los puntos I.1., II.1. y II.2. de su sufragio.
I.1. Luego, considero que merece respuesta favorable el agravio que versa sobre la denuncia de violación de la doctrina legal sentada -entre otros- en el precedente L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002) y vinculada con lo normado por los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 24.432).
Cabe reseñar cierta jurisprudencia relacionada con las disposiciones contempladas en la ley 24.432.
Al fallar la causa "Fox, Héctor Raúl c/ Siderca S.A.C.I." (F.420.XXXVII, sent. de 28-VII-2004), la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió sobre la naturaleza común de la legislación mencionada.
Sobre tal base, puede concluirse que los arts. 1 y 8 de la ley 24.432, que incorporaron un nuevo párrafo a los arts. 505 del Código Civil (reiterado en análogos términos en el art. 730 del Cód. Civ. y Com.) y 277 de la ley 20.744, estableciendo un tope del 25% del monto fijado en la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo, en concepto de costas -por la sustancia que regulan- no requieren adhesión alguna. Son entonces aplicables en el ámbito de las provincias (art. 75 inc. 12, Const. nac.), sin que ello implique alterar en modo alguno la autonomía local (causas L. 77.914, cit.; L. 73.148, "Sciandra", sent. de 12-III-2003; L. 77.859, "Acosta", sent. de 27-VII-2005 y L. 89.979, "S., M.", sent. de 16-IV-2008).
Por otro lado, el Alto Tribunal en la causa "Abdurraman, Martín c/ Transportes Línea 104 S.A. s/ accidente ley 9.688" (A.151.XXXVII, sent. de 5-V-2009) sostuvo que la limitación de responsabilidad incorporada por la ley 24.432 al art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, constituye un régimen especial en principio válido, cuya solución -a tenor de la finalidad tenida en miras por el legislador- "se manifiesta como uno de los arbitrios posibles enderezados a disminuir el costo de los procesos judiciales y morigerar los índices de litigiosidad" (cons. 12°).
I.2. En el caso, surge de fs. 1.058 y vta. que el juzgador de origen rebasó la limitación porcentual establecida en las normas mencionadas.
II. Corresponde entonces que -una vez devueltos los autos- dicho tribunal adecue el pronunciamiento efectuando el prorrateo pertinente, de modo tal que la responsabilidad de la accionada por el pago de las costas no supere el porcentaje del 25% del monto de condena (causa L. 92.089, "Arroyo", sent. de 26-X-2011).
Costas de esta instancia a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor de Lázzari en los puntos I.1., II.1. y II.2. de su voto.
I.2. Luego, en relación al agravio por el que se denuncia que el juzgador excedió el límite en la responsabilidad por el pago de las costas (con cita del art. 505, Cod. Civ. -730, Cód. Civ. y Com. de la Nación-, t.o. ley 24.432), también considero que se verifica en el caso la violación de la doctrina legal de esta Corte y, a los efectos de abordar el tratamiento del presente recurso, remito -por razones de celeridad- a los términos de la adhesión que efectuara al votar en la causa L. 91.884, "Arzamendía Rolón" (sent. de 18-VIII-2010) y L. 117.701, "Titos" (sent. de 20-V-2015).
Lo expresado en dichas causas, entre otras, se encuentra en la misma línea de ideas ya volcada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Abdurraman" (Fallos: 332:921) y "Villalba" (Fallos: 332:1276), ratificados en fallos dictados por el Alto Tribunal, en las causas "Canosa, Javier Eduardo c/ Canal del Este S.A. y otros s/ despido" y "Malynowyc, Ignacio Javier c/ Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. y otros s/ despido", sentencias de 6-VIII-2015 y en "Tarantino, María de los Ángeles c/ Refinería del Norte S.A y otro s/ accidente - acción civil", sentencia de 15-X-2015.
Tal como lo advierte el doctor Genoud en su voto, la regulación de los estipendios profesionales practicada en la instancia de grado (v. fs. 1.058 y vta.) excede el límite del 25% establecido en el art. 505 del ordenamiento sustantivo (art. 730, Cód. Civ. y Com. de la Nación). En consecuencia, devueltos los autos a la instancia de grado, el tribunal interviniente deberá efectuar el correspondiente prorrateo adecuándose a lo dispuesto en la citada norma sustantiva.
II. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en los términos señalados.
Costas de esta instancia a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero a lo expuesto por mi colega doctor de Lázzari en los puntos I.1., II.1. y II.2. de su voto.
En lo que concierne a la violación de la doctrina legal elaborada en torno a los arts. 505 -último párrafo- del Código Civil (art. 730. Cód. Civ. y Com.) y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificados por la ley 24.432, comparto la propuesta decisoria de la doctora Kogan, para lo cual habré de remitirme -por razones de brevedad- a los fundamentos que he manifestado en la causa L. 77.914, "Zuccoli", sentencia de 2-X-2002 (causas L. 92.960, "G. M. d. C. y otros", sent. de 11-V-2011; L. 117.701, "Titos", sent. de 20-V-2015; e.o.).
Así lo voto .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que ant
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