Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120435
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en los puntos III.2. y III.3. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 13 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Pettigiani, Negri, de Lázzari, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.435, "Francia, Claudio Ángel y otro contra Provincia de Buenos Aires - Fisco Provincial. Daños y perjuicios".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Matanza acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 444/451 vta.).
Se interpuso, por Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 461/466).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente admitió la demanda promovida por el señor Claudio Ángel Francia y la señora Gladis Sebastiana Jaime contra la Provincia de Buenos Aires, por la que pretendían -con fundamento en las disposiciones del anterior Código Civil- la reparación de los daños y perjuicios derivados del fallecimiento de su hijo Federico Adrián Francia, acaecido el día 29 de noviembre de 2010 mientras desempeñaba sus tareas de policía bajo dependencia de la demandada.
En el veredicto, juzgó acreditado que en la fecha señalada el agente de policía fue agredido por dos delincuentes "con varios disparos de armas de fuego" que le provocaron una herida en la zona del tórax que generó su deceso; también entendió probado que el padre y la madre, como consecuencia de su muerte, sufrieron un grave perjuicio económico y diferentes afecciones psíquicas que les provocan una incapacidad del 40 y 60% del índice de la total obrera, respectivamente (v. fs. 444/445 y vta.).
En la sentencia, "en atención al basamento de la demanda efectuada en cuanto a las normas del Código Civil", el a quo consideró innecesario expedirse acerca de los planteos de inconstitucionalidad efectuados de ciertas normas de las leyes 24.557 y 26.773. En ese marco, juzgó que para evaluar las responsabilidades imputadas a la demandada correspondía aplicar las normas del Código Civil y Comercial. Señaló que, si bien de acuerdo a los arts. 1.764 y 1.765 sus disposiciones no son aplicables en materia de responsabilidad del Estado en forma directa ni subsidiaria, "cuando las provincias o la Nación en su ámbito de incumbencia no establezcan específicamente las cuestiones resarcitorias derivadas del obrar estatal con una normativa acorde -como en la especie- y se produzca una laguna del derecho, se permeabiliza entonces la opción de aplicar por analogía" dicho cuerpo legal (v. fs. 447 vta. y 448).
Con fundamento en el art. 1.741 del citado Código, el juzgador declaró verificada la legitimación de los accionantes para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales; en lo atinente a los demás daños esbozados en la demanda, también los encontró habilitados para peticionar su reparación con apoyo en el art. 1.745 (v. fs. 448).
Luego, entendió configurados los presupuestos necesarios para atribuirle responsabilidad civil objetiva a la Provincia de Buenos Aires en los términos del art. 1.757 del referido código (v. fs. 448 vta. y 449).
En consecuencia, efectuó el cálculo del resarcimiento que le correspondía percibir a los demandantes, y dispuso que el capital de condena devengase intereses de acuerdo a la tasa pasiva que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en su variante digital (v. fs. 449 vta.).
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 7 del Código Civil y Comercial; 18 y 39 de la ley 24.557; 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial; y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 461/466).
II.1. Cuestiona lo decidido por el tribunal de grado en cuanto juzgó que el reclamo de los actores era de naturaleza civil y que por ello devenía innecesario expedirse sobre el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557.
Explica que la naturaleza jurídica de la pretensión de los actores es laboral porque se funda en la relación de trabajo que tenía el hijo de éstos con la accionada, y que si fuese civil el a quo carecería de competencia para entender en el caso de acuerdo a lo establecido en los arts. 2 inc. "a" de la ley 11.653 y 4 del Código Procesal Civil y Comercial.
Señala que el fallo carece de todo fundamento y lesiona gravemente la defensa ensayada por la demandada en torno a la falta de legitimación de los accionantes de acuerdo a lo regulado en el art. 18 de la Ley de Riesgos del Trabajo, régimen que -enfatiza- es válido, se encuentra vigente y es aplicable al caso (v. fs. 462/463).
II.2. A su vez, se opone a la aplicación de las normas del Código Civil y Comercial.
Indica que la sentencia infringe el principio de irretroactividad de la ley consagrado en los arts. 3 del anterior Código Civil y 7 del nuevo Código Civil y Comercial. Alega que tanto el infortunio como la legitimación de los demandantes, deben ser juzgados de acuerdo a lo normado por la legislación vigente al momento del hecho (v. fs. 463/464)
II.3. Finalmente, objeta la tasa de interés pasiva digital que empleó el tribunal pues entiende que ello vulnera la doctrina legal establecida -entre otras que cita- en la causa C. 101.774, "Ponce" (v. fs. 464 vta./465 vta.).
III. El recurso prospera con el siguiente alcance.
III.1. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), se ha pronunciado -por mayoría que integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en tanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial.
III.2. Aclarado lo anterior e ingresando a tratar los agravios que contiene el recurso, cabe señalar -como bien lo destaca el impugnante- que el daño cuya reparación pretenden los actores (el fallecimiento de su hijo) ha sido consecuencia de la labor desempeñada por el señor Federico Adrián Francia en su condición de sargento de policía de la Provincia de Buenos Aires, dato que surge del propio pronunciamiento impugnado (v. fs. 448 vta. in fine ).
Siendo ello así, debió el tribunal de grado atender a las disposiciones que contiene la ley 24.557, régimen especial que -como es sabido- regula este tipo de pretensiones (conf. arts. 1 apdo. 1, 2 apdo. 1 inc. "a", 3 apdo. 1, 11 apdo. 4, 18 y 39 en su redacción original, ley cit.), y abordar así los planteos y defensas que realizaron las partes en torno a algunas de sus normas.
Lo anterior, sin perjuicio de recordar que según las directrices plasmadas por esta Suprema Corte a partir de las causas L. 81.826, "Yamán"; L. 87.394, "V. d. C., M. C. y otros" (sents. de 11-V-2005) y L. 80.735, "Abaca" (sent. de 30-III-2005), de juzgarse eventualmente que le asiste el derecho a quien reclama a percibir las prestaciones previstas en la ley 24.557 y que se encuentran acreditados los presupuestos para la procedencia de la acción civil intentada, a los fines de resolver la constitucionalidad del art. 39 apartado 1 de la ley especial -previo a la entrada en vigencia de la ley 26.773- resulta necesario comprobar si las prestaciones sistémicas reparan adecuadamente el daño, deviniendo indispensable a tales efectos efectuar una suerte de cotejo entre éstas y el resarcimiento al que se accedería en el marco del régimen común.
Dicho esto, luce pertinente agregar que a tenor de la fecha en la que acaeció la muerte del agente (29 de noviembre de 2010; v. fs. 444 vta.), los accionantes no contaban con la opción actualmente prevista en el segundo párrafo del art. 4 de la ley 26.773.
En virtud de lo expuesto, admitiéndose entonces el cuestionamiento traído, la causa deberá regresar a la instancia de origen para que el tribunal interviniente, debidamente integrado, dicte nuevamente el pronunciamiento conforme lo aquí resuelto.
III.3. Para más, aun cuando se ignorasen los yerros apuntados, también se advierte que considerando la fecha de entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (1 de agosto de 2015; ley 26.994, texto según ley 27.077, B.O., 19-XII-2014) y la del desafortunado suceso que motivó el reclamo de autos, la cuestión no podía ser resuelta -como se hizo- soslayando la legislación vigente al momento del hecho (conf. art. 7, Cód. Civ. y Com.; causa C. 121.244, "Casanova", sent. de 6-XII-2017).
En ese orden, esta Corte expresamente ha declarado que no son aplicables las normas del Código Civil y Comercial al caso en que los hechos objeto del juicio, acaecieron durante la vigencia del derogado Código Civil (causa C. 119.792, "Saralegui", sent. de 20-IX-2017).
III.4. Toda vez que lo establecido en los apartados anteriores importará el dictado de un nuevo fallo, no corresponde abordar el cuestionamiento vinculado con la tasa de interés aplicada. Aun así, no está demás indicar que la empleada en el caso, se ajusta a la doctrina legal que esta Suprema Corte sentó -por mayoría- en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), oportunidad en la que declaró que los intereses deben ser calculados mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días.
IV. En virtud de lo expuesto, cabe hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia de grado con los alcances establecidos en los puntos III.2. y III.3.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que, debidamente integrado, emita un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo que aquí se decide. Con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I.1. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), se ha pronunciado -por mayoría que no integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial. Al respecto, he de reiterar mi opinión contraria a dicha interpretación a tenor de los fundamentos que expuse en dicho precedente, a los que -en honor a la brevedad- me remito.
I.2. Luego, adhiero a la propuesta decisoria del doctor Soria con excepción de lo expuesto en el tercer párrafo del punto III.2. de su voto, atento a mi opinión sobre la inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo, expuesta en numerosos precedentes (causas L. 78.519, "Silva", sent. de 6-IX-2006; L. 99.545, "Caballero", sent. de 12-XI-2008 y L. 84.558, "Branca", sent. de 30-IX-2009), a los que -por las razones señaladas- también remito.
II. El recurso prospera entonces con el alcance indicado en el punto III.3. del sufragio inaugural.
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor de Lázzari y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en los puntos III.2. y III.3. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia