Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122865
En la ciudad de La Plata, a 4 de diciembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Soria, Torres, Genoud , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 122.865, "Á., A. A. y otra contra Clínica General Paz y otros. Daños y perjuicios (exc. uso aut. y Estado)".
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Pergamino revocó la sentencia de primera instancia y, por ende, rechazó la demanda. Impuso las costas de ambas instancias a los actores vencidos (v. fs. 955/969).
Se interpuso, por estos últimos, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 977/998).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. El señor A. A. Á. y la señora L. S. C., ambos por sus propios derechos y en representación del hijo de ellos, E. A. Á., promovieron demanda de daños y perjuicios contra Clínica General Paz, Oscar Alberto García y Juan Carlos Fernando De Pedro. Solicitaron la citación en garantía para el caso en que correspondiera.
Manifestaron que la causa de la demanda es la severa secuela neurológica que padece el hijo de ambos a raíz de la hipoxia isquémica cerebral ocurrida en el acto de la intervención quirúrgica que le fuera efectuada el día 15 de diciembre de 2007 para acomodar la prótesis ocular que anteriormente se le había colocado y que se había desacomodado por un hecho involuntario del niño con su mano. Relataron que ante el cuadro que presentaba el menor fue derivado a la terapia intensiva del Hospital San José de Pergamino, para luego y sin riesgo de vida al Hospital de Pediatría Prof. Juan P. Garrahan. Indicaron que a raíz de la lesión que padece se labró la IPP n° 12.00.001026-08, caratulada "García, Oscar s/Lesiones Culposas".
Endilgaron la responsabilidad por la parálisis cerebral espástica severa e irreversible que sufre y que representa el 100% de su incapacidad total y motora a los médicos intervinientes en el acto quirúrgico, doctores Oscar Alberto García, anestesiólogo, y Juan Carlos Fernando De Pedro, cirujano, y a la institución médica donde se realizó la cirugía. Reclamaron para su representado la indemnización del daño físico, la pérdida de la chance productiva, el daño moral y psicológico, gastos médicos, farmacéuticos y de otros servicios médicos y la adquisición de una vivienda; para sí, el daño moral y para todo el grupo familiar, el daño psicológico y el gasto del correspondiente tratamiento (v. fs. 121/151).
Corrido el traslado de ley se presentó a contestarla la Clínica General Paz (v. fs. 162/179), repeliendo la acción. En igual sentido respondieron el médico cirujano Juan Carlos Fernando De Pedro, quien interpuso, además, excepción de falta de legitimación activa por el daño moral reclamado por los padres (v. fs. 185/234 vta. y 235/243 vta.; 309/315) y el médico anestesiólogo Oscar Alberto García (v. fs. 257/302 y 303/307). Ambos médicos citaron en garantía a Seguros Médicos S.A., quien se presentó, por medio de apoderado, y adhirió a la contestación de cada uno de sus asegurados (v. fs. 338/344; 367/373 vta.).
Se abrió el juicio a prueba y, a su turno, se dictó sentencia rechazando la demanda contra el médico cirujano, pero admitiéndola contra el médico anestesiólogo y la Clínica, a quienes condenó a pagar una suma de dinero en concepto de indemnización, haciendo extensiva la condena a la citada en garantía (v. fs. 767/785 vta.).
Este pronunciamiento fue apelado por los demandados, por la citada en garantía y por los actores, presentando sus memoriales en el siguiente orden: los actores a fs. 882/891 vta.; la Clínica General Paz a fs. 892/900; el médico anestesiólogo Oscar Alberto García a fs. 901/917; el médico cirujano Juan Carlos Fernando De Pedro a fs. 918/922 vta. y Seguros Médicos S.A. a fs. 923 y vta., prestando la adhesión a las expresiones de agravios de sus asegurados.
I.2. Elevados los autos a la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Pergamino, ésta revocó la sentencia que había condenado al médico anestesiólogo y a la Clínica General Paz y, por ende, rechazó la demanda.
I.2.a. Comenzó su análisis acerca de los cuestionamientos sobre la responsabilidad de los médicos intervinientes y de la Clínica, describiendo las patologías congénitas que presentó el menor al nacer y que requirieron de diversas intervenciones quirúrgicas, como habían sido las encaminadas a la corrección de labio leporino, de párpados y de prótesis ocular, señalando que esta última cirugía debió repetirse diez días después, o sea el 15 de diciembre de 2007, en razón de que un traumatismo accidental había afectado la corrección quirúrgica realizada en el ojo izquierdo del niño (v. fs. 959/960).
Describió que en esta última cirugía se había producido un incidente anestésico que provocó una bradicardia extrema en el niño, que el menor no había respondido al tratamiento con atropina, habiendo sido necesaria la administración de inotrópicos potentes, siguiendo el algoritmo de "RCP avanzada" vigente según la NYHA, con lo que comenzó a recuperar todos los parámetros y en esas condiciones se lo derivó al centro de Terapia Intensiva en el Hospital San José, donde fue asistido, presentando luego una parálisis cerebral severa como consecuencia de una encefalopatía hipóxica isquémica posparo cardiorespiratorio (v. fs. 960/961).
Relevó, además, la documentación agregada a la causa, la que daba cuenta de los datos relacionados con la salud del niño y apreció los tres informes periciales producidos: el de la perito oficial en anestesiología, Silvia Zulema Sierra, de fs. 564/571 y explicaciones a fs. 588/591; el del perito oftalmólogo de la Asesoría Pericial de esta Suprema Corte a fs. 407/408 -ambos de este expediente- y el producido en la causa penal a fs. 50/57 por el médico forense doctor Manuel Armando Caro. Desestimó el informe técnico presentado por la parte actora, pues frente a los dictámenes de los peritos oficiales estos últimos tenían mayor valor probatorio (v. fs. 961/962).
Seguidamente ingresó al análisis de las experticias advirtiendo que no eran contradictorias sino complementarias, aclarando que la efectuada por la perito anestesióloga presentaba cierta oscuridad en la redacción de su síntesis pero ambas, la del expediente penal y la de la causa civil, llegaban al mismo resultado que era dar por tierra con la pretensión de los actores de que la culpa médica sobrevino por un erróneo o excesivo suministro de una medicación en el acto anestésico. A ello agregó que ese era el núcleo que debían probar los accionantes sin perjuicio de admitirse el reparto dinámico de la carga de la prueba (v. fs. 962 vta.).
Determinó que la doctora Sierra y el doctor Caro habían coincidido en que había constancias del uso de drogas y que habían sido administradas en forma correcta, como así también el tratamiento del incidente, resaltando que la perito al contestar a los puntos 21 y 22 señaló que entre la administración del relajante y la producción del evento dañoso había pasado una hora, lapso que consideraba suficientemente prolongado para desestimar que ese hecho fuera la causa del incidente (v. fs. 962 vta./964).
Así, estableció que de la valoración conjunta de ambas pericias debían prevalecer las afirmaciones y no las especulaciones para descartar que el incidente anestésico había sido provocado por una conducta violatoria de las reglas del arte de curar como los actores les reprochaban a los profesionales. Estableció que en los informes periciales se ponía en evidencia el error valorativo y violatorio del principio de congruencia en los que había incurrido el juez de primera instancia cuando basó su decisión en las especulaciones teóricas efectuadas por la doctora Sierra obviando las afirmaciones realizadas en la experticia, lo que había llevado a confusión al tener en cuenta un dato que nunca había sido propuesto en la demanda como causa de la mala praxis cuando la experta se refirió a la probable ocurrencia de diferentes causas, entre las que se encontraba la rotura del respirador (v. fs. 964 y vta.).
Descartó que la falta de descripción de la dosis usada de difenhidramina hubiera sido la causa de la bradicardia por un exceso en su dosificación, como lo sostenían los actores, pues de la pericia de la doctora Sierra surgía que se trataba de un antihistamínico y que en una cirugía ocular la bradicardia podía presentarse y era un reflejo vagal ante el cual la literatura aconsejaba administrar atropina. Agregó que el doctor Caro coincidía con aquella experta en que el protocolo de actuación posterior al incidente anestésico aparecía descripto como correcto (v. fs. 965/966).
En suma, la Cámara hizo lugar al agravio de violación del principio de congruencia enarbolado por los demandados porque ambos peritos habían afirmado que no había habido sobredosis de agentes anestésicos y que para la doctora Sierra había transcurrido una hora entre la administración del relajante y el incidente, lo que era demasiado prolongado y permitía desestimar que ello pudiera ser la causa de la lesión en el niño. Así despejó el juicio de reproche contra el anestesista demandado (v. fs. 965 vta. y 966).
I.2.b. Continuó la Cámara con el análisis de la responsabilidad del cirujano oftalmólogo Juan Carlos Fernando De Pedro y, para ello, valoró la prueba pericial producida por la perito oftalmóloga doctora Ana Inés Goñi, de la Dirección General de Sanidad de esta Corte, quien teniendo en cuenta las experticias de la doctora Sierra y del doctor Caro concluyó que el incidente ocurrido el día 15 de diciembre de 2007 no guardaba relación con la técnica quirúrgica que se había llevado a cabo y que en ella el médico cirujano no cumplía la función que era propia e inherente al anestesista (v. fs. 966 vta. y 967).
De esta manera determinó que no se había acreditado que el médico De Pedro hubiera vulnerado las reglas del arte de la medicina pues no había prueba de un obrar antijurídico (v. fs. 967).
I.2.c. En cuanto a la responsabilidad de la Clínica General Paz, también fue descartada por no mediar culpa de los profesionales intervinientes, agregando que la perito anestesióloga había señalado que la institución había provisto todo lo necesario para la atención del paciente (v. fs. 967 y vta.).
I.2.d. Finalizó su análisis señalado que la prestación profesional era de las llamadas de medio y que en tales obligaciones le competía al acreedor probar la culpa pues ella era demostrativa del incumplimiento, resaltando que no debía perderse de vista que en la prestación médica no se garantizaba la recuperación del enfermo sino su apropiado tratamiento, obligándose el profesional a utilizar los medios propios de su ciencia y arte y a atender al paciente con prudencia y diligencia. Agregó que en las obligaciones de medios, que son una especie del régimen general de la responsabilidad civil, el factor de atribución es subjetivo, gobernado por el principio de la culpa, la que debe ser probada por quien la alegaba (v. fs. 967/968 vta.).
II. Se agravian los actores denunciando la violación de doctrina legal y absurdo en la valoración de la prueba.
II.1. Inician su impugnación señalando el apartamiento infundado que ha hecho la Cámara de las consideraciones contenidas en la pericial efectuada en autos, violando la doctrina legal de las causas que cita, referidas a la necesaria fundamentación científica como requisito para que el juez pueda apartarse de las conclusiones del informe pericial (v. fs. 985 vta.).
Indican que tanto la pericia realizada en sede penal como en sede civil concuerdan en que el día 15 de diciembre de 2007 se presentó en la cirugía del niño un accidente anestésico. Transcribe los párrafos pertinentes de las dos pericias para afirmar que en ninguno de los informes médicos hay elementos que permitan arribar a la solución dada en el fallo de la Cámara (v. fs. 986 y vta.).
Destacan que la perito médica civil concluyó en tres posibles causas de la complicación intraoperatoria [bradicardia] y señaló en primer término la solución de remifentanilo, pues no se había anotado en la historia clínica la dosis que le fue administrada durante y al final de la intervención y con qué método de infusión, pues esa solución producía bradicardia importante aunque no extrema y que se encontraban registradas las dosis de las otras soluciones empleadas; en segundo término podría haber sido la presión en la cavidad orbitaria producida por la colocación del conformador orbitario; la última causa la falta de suministro de oxígeno al paciente porque constaba en la ficha anestésica un problema de ventilación denominado hipoxia (v. fs. 986 vta. y 987).
Resaltan que la experta en su contestación punto 9 "b" afirma que el reconocimiento de la crisis fue tardío, ya que el niño tiene parálisis cerebral hipóxica y que el experto de la causa penal, en la página 13 de su dictamen, afirmó que la bradicardia abrupta y la desaturación que llevaron al paro cardíaco tenían como causa más común la sobredosis de anestésicos (v. fs. 927 vta. y 928).
Entienden que a partir de las conclusiones médicas el fallo de Cámara incurre en absurdo al apreciar la prueba; y advierten que el sentenciante en ningún momento brindó tratamiento a las conclusiones del perito (v. fs. 988 y vta.).
Relatan que la Cámara señaló que se desprendía de la ficha anestésica el uso correcto de los medicamentos y que tampoco surgía de ella que se hubieran cometido errores médicos, por lo que sugieren que podría darse a entender que hubo una decisión previa del juzgador en orden al resultado del pleito que sesgó la narrativa de la sentencia, pues cuando el experto afirmó que no existían errores en la ficha anestésica dejó a salvo las omisiones que presentaba sobre las que no podía dictaminar pues no estaban, observación pericial que no fue tenida en cuenta por el juzgador (v. fs. 988 vta./989 vta.).
Ponen de relieve, también, la configuración del absurdo al afirmar el Tribunal de Alzada que se había alcanzado el resultado buscado, que había sido la reversión de los síntomas, pues tal conclusión del sentenciante derivaba de una incongruente y parcial transcripción del dictamen de la doctora Sierra de que el anestesiólogo nunca había despertado al paciente para saber si había habido impacto neurológico y sólo decidió su derivación y agregan que el juzgador en forma antojadiza se refirió a la falta de anotación en la ficha anestésica de la droga denominada difenhidramina y nada dice de la ausencia de anotación de la droga remifentanilo que advirtió la perito médica y describió como una de las causas del evento dañoso (v. fs. 990/991).
Hacen hincapié en que hubo inobservancia del deber del médico de confeccionar correctamente la ficha anestésica, ya que de la pericia médica surgía la falta de anotación de la dosis de difenhidramina, lo que la Cámara desmerece por ser un antihistamínico. Citan doctrina legal referida a la confección de la historia clínica para demostrar la interpretación grosera que del dictamen hizo el sentenciante (v. fs. 992/993).
II.2. Por último, despliegan sus argumentos en contra de la falta de responsabilidad de los médicos y de la Clínica General Paz, dispuesta por la Cámara.
II.2.a. Atribuyen responsabilidad al médico anestesiólogo pues, dicen, con las pericias médicas se ha probado que hubo relación de causalidad entre el resultado dañoso y el accionar médico, lo que surge del informe de la perito médica doctora Sierra, quien concluyó en que la bradicardia o se produjo por una sobredosis de la droga remifentanilo o por la desconexión del paciente del circuito anestésico y resaltó que la causa probable del evento dañoso había sido la actuación del anestesiólogo, ya que se había descartado la incidencia de algún factor constitucional generador de la bradicardia (v. fs. 993/994).
II.2.b. Afirman que el cirujano doctor De Pedro era el jefe del equipo, el único contratante de la prestación, por lo que su deber de respuesta es a título personal por el hecho propio y por el de sus auxiliares, aunque se considere al anestesista como autor directo del daño a pesar de la autonomía científica y técnica que esta Corte le reconoce. Resaltan que los recurrentes no habían elegido al anestesiólogo en forma directa (v. fs. 994 y vta.).
Agregan que el cirujano es responsable por las omisiones que presenta la historia clínica, señalando que la perito médica informó acerca de la ausencia de registro de la dosis total administrada de remifentanilo y de la forma de administración, droga que aparecía como la primera causa del incidente. A ello agregan que en la experticia se había concluido en el reconocimiento tardío de la crisis en evolución porque el niño padeció una parálisis cerebral hipóxica (v. fs. 994/995).
Señalan que sobre tales conclusiones médicas la responsabilidad trasciende al médico anestesiólogo ya que el accionar tardío involucra al jefe del equipo, dado que además la perito médica se ha referido al evento dañoso como una "complicación anestésico quirúrgica", incluyendo al cirujano. Cita la causa C. 92.810 en apoyo de su postura (v. fs. 995 y vta.).
II.2.c. Refieren que no se encuentra discutido en autos que las prestaciones médicas se desarrollaron en la Clínica General Paz. Citan fallo de Cámara en el que se atribuyó carácter objetivo a la responsabilidad de la institución cuando se encontraba probada la culpa médica (v. fs. 996).
III. El recurso prospera.
III.1. Los recurrentes se agravian de la errónea apreciación que hizo la Cámara de los informes periciales, señalando el análisis sesgado del contenido de los dictámenes, especialmente los producidos en sede penal y en sede civil, y el apartamiento de las conclusiones a las que arribó, en este expediente, la perito especialista en anestesiología.
Encuentro que les asiste razón a los impugnantes.
No existe discusión acerca de que el incidente ocurrido durante la intervención quirúrgica que se le practicó a E. Á. el 15 de diciembre de 2007, cuando contaba con tan sólo 5 años, le provocó una secuela neurológica grave: parálisis cerebral espástica.
Recurro -entonces- a verificar el contenido de las pericias y observo que la efectuada a fs. 50/57 de la causa penal, acollarada en autos, por el doctor Manuel Armando Caro, perito médico forense, se refiere al suceso ocurrido en el quirófano como "incidente anestésico" (v. fs. 52 vta. y 56 vta.) y la perito médica anestesióloga doctora Silvia Zulema Sierra, en este expediente, lo menciona como "complicación anestésica" y "accidente anestésico" (v. fs. 564 vta., pto. 5.a. y 571 vta., 2do. párr.).
Ambos peritos indagaron sobre la actuación del anestesiólogo demandado analizando la ficha anestésica.
El doctor Caro (causa penal) concluyó que "...En el caso de autos lo que se desprende de la ficha anestésica demuestra el uso correcto de medicamentos, pero no existe un vuelco de la oximetría o bien si hubo cambios en la misma, como tampoco se podrá saber si hubo alguna dosis aunque normal pero con algún efecto adverso exagerado en la vida de la víctima que pueda llevar a hoxemia+hipercapnia+bradicardia+asistólica"; y agregó que "Con respecto al punto de pericia de la rotura del respirador no existen constancias en la historia clínica que así lo puedan determinar, aunque la patología sufrida por la víctima se debe a un trastorno en la ventilación con hipoxemia, hipercapnia culminando en el paro cardiorespiratorio" (fs. 56 vta. in fine; el destacado me pertenece).
La doctora S
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