Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122851
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por cumplida en término la intimación dispuesta a fs. 917 y 2) denegar el recurso extraordinario federal deducido, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
La Plata, 6 de Noviembre de 2019.
I. Agréguese la presentación de fs. 918/920 vta. y téngase por cumplida en término la intimación de fs. 917.
II. La actora deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, por un lado, rechazó el de nulidad en razón de haberse planteado agravios desestimados en otros casos sustancialmente análogos y, por el otro, desestimó el de inaplicabilidad de ley en virtud de su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279, 289 y 298, CPCC; v. fs. 874/888 vta. y 866/868 vta., respectivamente).
En el caso, la Cámara interviniente confirmó el fallo del juez de grado que -a su turno y en el marco de un proceso por daños y perjuicios incoado por la señora Elina Rosalía Kusich contra Transporte Metropolitano General Roca S.A., Herso S.A., Marcelo Ventresca, la Municipalidad de Quilmes y la citada en garantía HSBC La Buenos Aires S.A. (hoy QBE Seguros La Buenos Aires S.A.)- decretó la caducidad de instancia al encontrar reunidos los extremos necesarios para su progreso (v. fs. 754 bis y vta. y 788/790 vta.).
III. En la vía ahora intentada, la impugnante funda la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio, debido proceso y propiedad (arts. 16, 17, 18 y 19; v. fs. 877 y vta., 882 vta., 883 vta., 886 y vta., 887 vta./888 vta.).
III.1. Sostiene que la decisión en crisis desestimó -mediante afirmaciones dogmáticas y con excesivo rigor formal- los recursos deducidos, confirmando -de ese modo- la caducidad de instancia decretada. Se colocó así a su representada en una grave situación de indefensión al no aplicar la solución normativa prevista para resolver el caso, vulnerando, en consecuencia, las garantías constitucionales de igualdad, debido proceso y propiedad (v. fs. 876 vta./878 y 882 vta./888 vta.).
En tal sentido, argumenta que esta Corte sin fundamentación suficiente y apartándose de las constancias de la causa, aplicó mecánicamente su propia doctrina, soslayando considerar -al igual que el a quo - los agravios referidos a la falta de cumplimiento de los presupuestos necesarios para decretar la caducidad. Insiste en la existencia de actividad procesal útil en cabeza del órgano jurisdiccional interviniente, circunstancia que -a su modo de ver- obstaba el fenecimiento de la instancia. Y objeta la falta de tratamiento de dichos planteos por parte del Tribunal de Alzada y la violación del plexo normativo que entiende aplicable al caso (v. fs. 883/vta. y 886/887 vta.).
III.2. En razón de expuesto, concluye que el caso suscita una cuestión federal suficiente y que la sentencia debe ser dejada sin efecto en tanto no califica como acto jurídico válido (v. fs. 887 vta./888 vta.).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 889), el mismo fue contestado por la apoderada de QBE Seguros La Buenos Aires S.A., la apoderada de la Municipalidad de Quilmes y el apoderado de Hersa S.A. (v. fs. 890/900 vta., 905/916 -y escrito electrónico de fecha 17/VII/2019 a las 7:59:46 hs.- y fs. 918/920 vta.).
V.1. En relación al remedio federal impetrado, corresponde recordar -liminarmente- que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación del derecho procesal local (en el sub lite , el análisis de las circunstancias fáctico-probatorias efectuado por el Tribunal de alzada en torno a la declaración de la caducidad de instancia, la aplicación de la figura prevista en el art. 31 bis de la ley provincial 5.827 y la suficiencia técnica de los recursos locales) son ajenas -por regla y naturaleza- al recurso federal, por lo que en estos casos se hace particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 310:750; 311:1337 y 1556; 312:1458; 315:2689; 316:238; 317:1684; 318:862; 319:3395 y 322:1426, entre otros).
En el caso, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones de la impugnante no constituyen más que discrepancias de criterio, ineficaces como tales para habilitar la instancia federal (doctr. art. 15, cit.).
V.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de dogmatismo, falta de fundamentación suficiente, apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable y excesivo rigor formal, tampoco se observan motivos que - prima facie valorados- sean suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto excepcional.
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN; F. 1792. XL, RHE, sent. de 28-VIII-2007 y Fallos: 329:2206; 330:133 y 329:3761; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (conf. Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493, entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie.
V.3. Por otro lado, cabe apuntar que la mera denuncia de la supuesta vulneración de normas constitucionales (derechos de defensa en juicio, debido proceso y propiedad; arts. 16, 17, 18 y 19, Const. nac.; v. fs. 877 y vta., 882 vta., 886 y vta., 887 vta./888 vta.), no abastece el medio de impugnación formulado, puesto que dicha referencia no constituye una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017; C. 121.760, "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 122.575, "Álvarez", resol. de 19-XII-2018; C. 122.884, "Silva", resol. de 26-VI-2019; entre otros).
V.4. Resta agregar, que tampoco se advierte la exposición de motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida con base en la doctrina de la gravedad institucional, por cuanto la misma constituye un supuesto excepcional, que no se avizora configurado en el caso (CSJN Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799, v. fs. 883 vta., 886 vta., 887 vta./888).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por cumplida en término la intimación dispuesta a fs. 917 y 2) denegar el recurso extraordinario federal deducido, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia