Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123152
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
La Plata, 4 de diciembre de 2019.
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en lo que interesa destacar, hizo lugar a la acción promovida por Oscar Alfredo Vega, y condenó a DHL Express Argentina S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de daño material y moral con fundamento en el derecho civil. Las costas las impuso a la demandada (v. fs. 557/571).
Para así decidir, tuvo por demostrados los presupuestos de responsabilidad objetiva y subjetiva de la empleadora.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 4-X-2018), el que fue concedido por el a quo a fs. 598 y vta.
En su escrito recursivo relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina que considera violadas.
En lo sustancial, impugna lo decidido por el a quo , alegando que no se encuentran acreditados los presupuestos fácticos y jurídicos para la sanción al empleador en los términos del derecho común. Al efecto, denuncia absurdo y objeta la ponderación de la prueba, en particular la pericial psicológica. Finalmente, cuestiona el porcentual de incapacidad y el quantum indemnizatorio otorgados.
Luego, controvierte la regulación de honorarios practicada en la instancia de grado, desde que -afirma- excedió el 25% del monto de condena, e infringió los arts. 730 del Código Civil y Comercial y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, así como su doctrina legal.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo preliminar, corresponde señalar que, en el caso, el valor de lo cuestionado -representado por la suma establecida en concepto de condena, más la diferencia que se verifica entre el importe proveniente del cálculo de las costas que realizó el sentenciante y el que habría de obtenerse por aplicación de la doctrina legal cuyo quebrantamiento se denuncia en el recurso- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 111.056, "Kessler", resol. de 21-VIII-2013; L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014 y L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 104.305, "Instituto Nuestra Señora del Huerto", sent. de 20-III-2013; L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 103.596, "Lamas", sent. de 22-V-2013; L. 118.251, "Ponce" y L. 118.272, "García", resols. de 20-XI-2014 y L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que, mediante la denuncia de doctrina legal se traen a consideración -por un lado- agravios vinculados a cuestiones fácticas o probatorias, como la valoración de la pericia psicológica, la definición del grado o porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador, así como el quantum indemnizatorio otorgado (causas L. 117.376, "Belpassi", resol. de 10-VII-2013; L. 121.813, "Parrota", resol. de 17-X-2018 y L. 121.438, "Irigoyen", resol. de 20-III-2019); y -por el otro- a la configuración del vicio de absurdo, asuntos que se encuentran detraídos de revisión de la Suprema Corte en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto citado (causas L. 117.896, "Esteban", resol. de 3-IX-2014 y L. 120.480, "Ballongue", resol. de 14-VI-2017).
Para más, dable es recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 117.738, "Steinberg", resol. de 27-V-2015; L. 118.921, "Veliz", resol. de 23-IX-2015 y L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018).
Por otra parte, resulta oportuno destacar que se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este superior Tribunal, la cita del voto que ha quedado en minoría puesto que sólo traduce la convicción personal de uno de los magistrados, mas no constituye el fundamento del fallo estructurado sobre la mayoría de opiniones (causas L. 105.764, "Olivera", sent. de 14-XII-2011; L. 119.726, "Barrionuevo", resol. de 24-V-2016 y L. 120.843, "Perotta", resol. de 20-IX-2017).
III.3. Por último, tampoco acierta la recurrente en cuanto denuncia la violación de la doctrina legal en lo atinente a la regulación de honorarios. Al efecto, ha de señalarse que los precedentes que acusa infringidos han sido elaborados sobre la base de presupuestos fácticos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 107.939, "Continiello", sent. de 3-X-2012; L. 116.853, "Salomon", resol. de 23-XII-2014 y L. 120.862, "Amarilla", resol. de 27-XII-2017). Sobre el particular ha de indicarse que este Superior Tribunal por mayoría, ha expresado -en casos análogos- que el art. 505 del anterior Código Civil, modificado por la ley 24.432, limita el alcance de la obligación que resulta de la condena en costas al 25% del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin a la contienda, las que comprenden únicamente los estipendios de los abogados -salvo los de la parte condenada-, peritos y auxiliares, con más sus respectivos aportes legales (causas C. 117.136, "Batafarano", resol. de 10-IV-2013 y C. 120.880, "García Lazzarín", resol. de 28-XII-2016). En el caso, ha de advertirse, que los parámetros utilizados por la aquí impugnante, no se condicen con las premisas que esta Corte establece para dicho cálculo, lo cual confirma la suerte adversa de la pretensión.
Por ello, esta Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia