Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 121792
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por cumplidas en término las intimaciones dispuestas a fs. 1815;
2Tener por no presentados los escritos de fs. 1785/1786 vta. y 1817/1820 vta., reputándose inoficiosas dichas actuaciones, así como sus pares electrónicos de fechas 14-VIII-2019 y 23-VIII-2019 (v. fs. 1815; arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit.; 257 y sigs., CPCCN arts. y 5 y 6, Ac. 3/2015, CSJN) y 3) denegar el recurso federal interpuesto a fs. 1770/1783, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 3, inc. "d" del reglamento aprobado por Acordada 4/2007).
"MONTERO, JUAN C/ MUNICIPALIDAD DE TIGRE Y OTROS S/ DS. Y PS."
La Plata, 26 de Diciembre de 2019.
I. Con las presentaciones de fs. 1817/1820 vta. y 1821 y vta., ténganse por cumplidas en término las intimaciones dispuestas a fs. 1815.
En el caso, en el marco de una acción de daños y perjuicios, la Cámara interviniente confirmó el fallo del juez de primera instancia que, a su turno, había hecho lugar a la demanda entablada, modificándolo sólo en cuanto a los porcentajes de responsabilidad atribuidos a las partes (v. fs. 1344/1379 vta. y 1548/1585).
III.1. En la vía ahora intentada, los impugnantes fundan la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de afianzar la justicia, defensa en juicio y debido proceso (art. 18, 31 y 75 Const. nac.; v. fs. 1775 vta., 1776 vta., 1778 y vta., 1780 vta., 1782 y vta.).
III.2. Sostienen que la sentencia en crisis se basa en afirmaciones dogmáticas que la descalifican como acto jurisdiccional válido y, en consecuencia, debe ser revocada. Ello por cuanto, -apartándose de la normativa aplicable y de las constancias de la causa- confirmó el pronunciamiento de los magistrados anteriores en grado, vulnerando -así- las garantías constitucionales mencionadas (v. fs. 1775 vta./1782 vta.).
Al respecto, aseveran que esta Corte desconoció lo normado por el art. 39 del Código Civil e invocó -erróneamente, según su entender- la supuesta falta de personería jurídica del Consorcio de vecinos que integraban sus representadas. Agregan, que esta última cuestión fue introducida novedosamente por el magistrado de origen, y exponen que ello fue denunciado tanto ante el Tribunal de Alzada así como en la vía de inaplicabilidad de ley, pero fue desoído por ambas instancias (v. fs. 1776 vta./1777).
En tal sentido, insisten con los planteos vertidos en el remedio local referidos a que la finalidad del mentado Consorcio fue financiar la obra realizada por Supercemento S.A.I.C., que nunca tuvieron la guarda intelectual ni poder alguno sobre los trabajos realizados y que dado el tipo societario instituido no correspondía validar la extensión de la condena a cada uno de sus miembros de modo personal (v. fs. 1777 vta./1782 vta.).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 1784), el mismo fue contestado por el apoderado de Noriega (v. fs. 1821 y vta. y escrito electrónico de fecha 13-VIII-2019), por el apoderado de Seguros Sura S.A. (v. fs. 1785/1786 vta. y escrito electrónico de fecha 14-VIII-2019), por el apoderado de Supercemento S.A.I.C. (v. fs. 1787/1793 y escrito electrónico de fecha 21-VIII-2019), por el apoderado de Nordelta S.A. (v. fs. 1794/1801 vta. y escrito electrónico de fecha 21-VIII-2019) y por la apoderada de la Municipalidad de Tigre (v. fs. 1817/1820 vta. y escrito electrónico de fecha 23-VIII-2019).
En relación a las piezas de fs. 1785/1786 vta. y 1817/1820 vta., cabe destacar que en las mismas no se ha dado cumplimiento con el requisito relacionado a la cantidad máxima de renglones por página, tal como exige el art. 1 del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema (los escritos presentan más de 26 renglones a fs. 1785, 1786, 1818 y 1819 y vta.; doctr. CSJN, causas "Pérez Bernardita c/ Lorena Ruiz Arias Marciano s/ daños y perjuicios", sent. de 1-VI-2010, P. 720-XLV; "Monterisi, Ricardo c/ Banco Central de la República Argentina s/ incidente ejecución de sentencia", sent. de 28-IX-2013, M. S7.XLIX).
En razón de ello, se las tiene por no presentadas, reputándose inoficiosas las actuaciones de fs. 1785/1786 vta. y fs. 1817/1820 vta., así como sus pares electrónicos de fechas 14-VIII-2019 y 23-VIII-2019 (v. fs. 1815; arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit.; 257 y sigs., CPCCN arts. y 5 y 6, Ac. 3/2015, CSJN).
V.1. En lo que atañe al remedio federal, liminarmente cabe señalar que la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema establece la carga de refutar todos y cada uno de los fundamentos independientes que dan sustento a la resolución apelada (art. 3, inc. "d").
En el sub lite , se advierte que los recurrentes no han cumplido con la mentada exigencia, en tanto los escuetos planteos ensayados se limitan -en rigor- a denunciar la arbitrariedad de la sentencia atacada -al igual que la de las instancias anteriores en grado- y a discrepar con el criterio fijado por este Tribunal para descartar el recurso intentado, reiterando cuestionamientos vertidos en el recurso local que ya han merecido respuesta (v. fs. 1644/1659 y 1776/1782 vta.).
Y en dicha tarea soslayan rebatir -adecuadamente- los específicos argumentos esbozados por esta Corte que, en lo que resulta pertinente, destacan la insuficiencia técnica de los recursos de inaplicabilidad de ley intentados para demostrar las infracciones normativas y el absurdo denunciados, al desentenderse de los pilares jurídicos del fallo del Tribunal de Alzada (v. fs. 1750 vta./1754, del pronunciamiento en crisis).
En razón de lo expuesto, no habiéndose cumplido debidamente con el deber impuesto por el inc. "d" del art. 3 de la citada reglamentación, la vía intentada deviene inadmisible.
V.2. Asimismo, cabe agregar que la simple denuncia de la doctrina de la arbitrariedad (v. fs. 1775 vta., 1777/1783), así como la mera alegación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (arts. 18, 31 y 75 Const. nac.; v. fs. 1775 vta., 1776 vta., 1778 y vta., 1780 vta., 1782 y vta.) no abastecen el recurso deducido, ya que tales referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA causas C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017; C. 122.527, "Caja de Seg. Soc. Prof. Ciencias Económicas", resol. de 21-XI-2018; C. 122.680, "González Rodríguez", resol. de 20-III-2019; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por cumplidas en término las intimaciones dispuestas a fs. 1815; 2) tener por no presentados los escritos de fs. 1785/1786 vta. y 1817/1820 vta., reputándose inoficiosas dichas actuaciones, así como sus pares electrónicos de fechas 14-VIII-2019 y 23-VIII-2019 (v. fs. 1815; arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit.; 257 y sigs., CPCCN arts. y 5 y 6, Ac. 3/2015, CSJN) y 3) denegar el recurso federal interpuesto a fs. 1770/1783, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 3, inc. "d" del reglamento aprobado por Acordada 4/2007).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia