Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122757
La Plata, 26 de Febrero de 2020.
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud, Pettigiani y Torres y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 6 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó la acción promovida por Gustavo Fabián Cardano en representación de su hija -entonces menor- Marina Cardano, e hizo lugar a la iniciada por su propio derecho contra María Luisa Liliana Margarita Judith Gigli, condenando a la demandada a abonar al actor la suma total de ochenta y tres mil seiscientos pesos ($ 83.600), con más intereses (v. fs. 764/776 vta.).
A su turno, la Sala II de la Cámara de apelación departamental receptó parcialmente la excepción de prescripción interpuesta por la legitimada pasiva, y revocó la sentencia dictada, rechazando íntegramente la demanda por indemnización de daños y perjuicios, con costas de ambas instancias a la actora vencida (v. fs. 867/878).
Contra esa decisión, el actor dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 5-VIII-2018), el que fue denegado con sustento en la insuficiencia del valor del agravio (v. fs. 885), y ello motivó la articulación de una queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. fs. 971/977 vta.).
II. Al respecto corresponde señalar, como lo expresara el a quo , que el valor del agravio a los fines previstos en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial se encuentra representado para el recurrente por el capital reclamado, por su propio derecho, en la demanda que fuera rechazada ($ 308.600, v. fs. 19 vta. y 21 vta.; doctr. causas C. 120.046, "Acevedo", resol. de 2-IX-2015; C. 121.192, "Sosa", resol. de 28-XII-2016; C. 121.418, "Resquin", resol. de 21-VI-2017).
En el caso, debe destacarse que en la fundamentación de la queja el impugnante no desconoce que el importe estimado al accionar, en las sumas por él reclamadas, no alcanza el mínimo para recurrir establecido por el citado art. 278 del Código de forma. Sin embargo, expresa que al tiempo de la demanda (año 2009) el valor del JUS era de noventa y nueve pesos ($ 99), por lo que su reclamo superaba el mínimo exigido de 500 JUS. Plantea también gravedad institucional, la necesidad de considerar valores actualizados y requiere la aplicación del supuesto previsto en el art. 55 de la ley 11.653 para el procedimiento laboral (v. fs. 972 vta./976).
Finalmente plantea la existencia de cuestión federal y arbitrariedad (v. fs. 973).
Pues bien, en el sub lite , en el que la impugnación se sustenta en el absurdo en la apreciación de la prueba y en la crítica de la interpretación dada por el sentenciante a normas de derecho común y local, no se exhiben argumentos que prima facie valorados sean suficientes para dar apoyo a la invocación de carácter excepcional (conf. doctr. causas C. 117.011, "Astroza", resol. de 26-VI-2013; C. 119.375, "Famyl S.A. Salud para la Familia", resol. de 10-XII-2014; C. 119.779, "Pacheco", resol. de 4-XI-2015; C. 120.551, "Menéndez", resol. de 30-III-2016; C. 120.726, "Club Social y Deportivo Unión de Villa Iris", resol. de 13-VII-2016; C. 121.428, "Marengo", resol. de 12-VII-2017), y que permita habilitar la instancia revisora.
En relación a la alegada gravedad institucional (v. fs. 976), reiteradamente esta Corte ha señalado que tal extremo se encuentra íntimamente relacionado -en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no advirtiéndose en el caso la configuración de un supuesto de las características prealudidas. En esta línea de pensamiento se ha juzgado que no cabe hacer lugar a su invocación, si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de aquella circunstancia (doctr. causas C. 117.402 "Municipalidad de General Madariaga", resol. de 17-IV-2013; C. 118.270, "Ramírez", resol. de 9-IV-2014; C. 119.622, "Serantes", resol. de 9-XII-2015; CSJN Fallos: 303:221), resultando inconducentes los motivos brindados por el impugnante.
Por otra parte, cabe recordar que esta Corte ha dicho, en casos análogos, que a los fines previstos en el art. 278 citado, no corresponde actualizar la suma peticionada en la demanda de acuerdo a lo dispuesto por el art. 7 y concordantes de la ley 23.928 -texto según ley 25.561- (conf. causas Ac. 91.200, "Biasutti", resol. de 3-XI-2004; Ac. 91.629, "Sánchez Escudero", resol. de 1-XII-2004 y Ac. 92.986, "Del Canto Zamora", resol. de 23-II-2005, entre muchas otras), cuya invalidez constitucional aún no ha sido declarada por este Tribunal.
Asimismo ha sostenido -reiteradamente- que las condiciones de admisibilidad de los recursos extraordinarios, y en particular el monto mínimo para recurrir, se rigen por la ley vigente al momento de su interposición (doctr. causas C. 121.479, "Rodríguez Roldán", resol. de 19-IV-2017; C. 121.695, "Silvero,", resol. de 13-IX-2017 y C. 122.250, "Raut", resol. de 15-VIII-2018), por lo que no pueden ser atendidos los argumentos expuestos a fin de superar tal valladar.
Por último, la excepción a la limitación prevista en el art. 278 citado, por vía del art. 55 de la ley 11.653, como se invoca en la queja (v. fs. 973 vta. y 976), no resulta de aplicación al caso, desde que el supuesto se refiere al procedimiento laboral, no existiendo norma similar en el ámbito civil y comercial (doctr. causas C. 108.979, "Cacheda", resol. de 11-V-2011; C. 120.593, "Bocanera", resol. de 1-VI-2016 y C. 122.454, "Gimenez", resol. de 16-V-2018).
En consecuencia de lo expuesto, corresponde rechazar la queja articulada (arts. 278 y 292 CPCC).
El señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Discrepo con los distinguidos colegas que me preceden en el voto, y por las consideraciones que desarrollaré, adelanto que a mi entender la queja bajo estudio debe ser recibida y declarado admisible el alzamiento extraordinario.
I. La cámara interviniente denegó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el actor en virtud de que el monto reclamado resulta inferior al mínimo previsto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 885).
De una lectura del expediente se desprende que el actor ha reclamado una suma de dinero, por su propio derecho, de trescientos ocho mil seiscientos pesos ($ 308.600), habiéndose cuantificado esa pretensión al tiempo de promoverse la demanda, eso es el 24 de junio de 2009.
II. Si bien es cierto que esta Suprema Corte viene entendiendo que a los efectos de evaluar el contenido patrimonial del recurso debe estarse exclusivamente al capital reclamado, sin que posean incidencia los intereses ni tampoco la actualización monetaria de aquel guarismo (conf. causas Ac. 93.603, "Di Sanzo", resol. de 23-II-2005; Ac. 92.919, "Pavon", resol. de 20-IV-2005, entre infinidad de precedentes), entiendo necesario delimitar adecuadamente tal criterio.
En primer lugar, cabe dejar de lado la temática relacionada a aquellos reclamos dinerarios planteados en la respectiva demanda en los que se indica determinada suma sin ningún otro tipo de aditamentos. No es aquí la oportunidad de considerarla porque la base fáctica que nos concita es otra. En el caso de autos, ha formado parte de la pretensión el requerimiento expreso de que la suma pretendida reciba actualización por la incidencia de la depreciación monetaria. En esas condiciones, sostengo que este complemento debe ser tenido estrictamente en cuenta al tiempo de analizar el presupuesto de admisibilidad vinculado con el valor del agravio.
El interés es lo que justifica la actuación ante la justicia. Así como el interés es la medida de la acción, también el interés es la medida en la apelación, y se halla determinado por el perjuicio o gravamen que la resolución ocasiona al recurrente. Radica en la diferencia que existe entre el contenido de la sentencia y las pretensiones que ha deducido la parte recurrente. De allí que el agravio es la insatisfacción, total o parcial, de cualquiera de las pretensiones formuladas en el proceso.
Surge de autos que el objeto de la demanda estuvo constituido por el reclamo de un resarcimiento de daños y perjuicios que se justipreció en el monto antes referido (v. fs. 19 vta. y 21 vta.). Pero la mención de la cantidad así individualizada resultó complementada con pretensiones confluyentes: "con intereses, costas y actualizaciones" (v. fs. 14 vta.).
Deteniéndonos en este último rubro, puede advertirse entonces que el actor reclamó la actualización de su pretensión. Tal corrección, más allá de lo que finalmente se resuelva respecto de la misma, forma parte del pedimento y es objeto específico del proceso. La demanda le fue rechazada, produciendo una insatisfacción entre lo pretendido y lo resuelto. ¿Qué es lo que se desestimó?: la pretensión de resarcimiento por $ 308.600 con más su actualización. Dicho con otras palabras, el conjunto de capital más actualización es lo que ha resultado insatisfecho y, por tanto, constituye el valor del agravio.
Entonces, no importa ahora cuál sea la postura que se adopte para juzgar dicho rubro -actualización- (cuestión que hace a la procedencia del recurso). El cálculo del resultado económico denegado cumplimenta con creces el extremo del art. 278 del Código de rito. En efecto, aquella suma, actualizada hasta la época de interposición del recurso extraordinario por cualquiera de los índices existentes (sea usando como moneda de referencia al JUS, de la misma forma que se la utiliza en el art. 278 el Código de forma, o tomando en consideración el índice de precios al consumidor, o el de incremento de salarios, etc.) después de nueve años excede largamente el mínimo establecido.
Queda claro que, a esta altura del trámite, esto es, en la etapa de admisibilidad, no puede traerse a colación la prohibición de actualización e indexación consagrada por las leyes 23.928 y 25.561. Dejar de considerar que ese pedido de actualización forma parte integrante del reclamo (por estimar que el mismo sería rechazado), vale tanto como anticipar el juzgamiento sobre la procedencia del recurso extraordinario. Erróneo trastocamiento que infecta el estadio previo de admisibilidad con el final de juzgamiento sobre el mérito. Ambas cuestiones de ninguna manera pueden ser confundidas (v. mis votos en las causas C. 91.208, "Fontana", sent. de 25-II-2009; C. 92.463, "Scherpa de Labanca", sent. de 12-XI-2008). Porque admitir un recurso no impone asumir su procedencia, ya que una cosa es la existencia o inexistencia de vías aptas para remontar determinada situación jurídica (lo que tiene que ver con la admisibilidad) y otra, muy distinta, radica en juzgar el acierto o desacierto de la solución a la que arribará el tribunal a quo en la aplicación que ha efectuado de la ley, lo que tiene que ver con la procedibilidad o fundabilidad del alzamiento (conf. causa C. 91.208, cit.).
Por lo expuesto, considero que corresponde hacer lugar a la queja, declarándose mal denegado el recurso de inaplicabilidad de ley (art. 292, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Por mayoría, desestimar la queja traída (art. 292 CPCC y Acordada 1.790). Con costas.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA EDUARDO JULIO PETTIGIANI
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia