Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122699
"VALLEJOS JULIO CESAR Y OTRA C/ HOSPITAL INTERZONAL DR. JOSE PENNA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
La Plata, 26 de Febrero de 2020.
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud, Pettigiani y Torres y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca confirmó lo resuelto por la señora jueza de primera instancia que, a su turno, rechazó la demanda de daños y perjuicios iniciada por el señor Julio Cesar Vallejos y la señora Angélica Olivo contra el Hospital Interzonal Dr. José Penna -Fisco de la Provincia de Buenos Aires-, la señora Claudia Graciela Díaz Argüello -por quien se presentó en el carácter de citada en garantía la Caja de Seguros S.A.- y el señor Mario Rubén Iglesias (v. fs. 1281/1289 y 1394/1424).
Frente a tal pronunciamiento, los accionantes dedujeron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1431/1445), el que fue denegado con sustento en la insuficiencia del valor del agravio (v. fs. 1446). Ello motivó la articulación de una queja por parte del actor (art. 292, CPCC; v. fs. 1623/1631 vta.).
II. Al respecto cabe observar que este Tribunal ha dicho, reiteradamente, que en los supuestos de litisconsorcio facultativo activo, el valor del agravio a los efectos de cumplir con el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial está representado, para la parte accionante, por las sumas individualmente peticionadas -en concepto de indemnización- en la demanda (v. fs. 21 y 25/26 vta.; causa C. 118.371, "Ricardi", resol. de 27-XI-2013; C. 119.324, "Romero", resol. de 20-XI-2014; C. 120.590, "Meneses", resol. de 4-V-2016; C. 121.527, "Correa", resol. de 29-VIII-2017) sin que corresponda -como se ha sostenido reiteradamente- adicionar a dicho importe intereses ni actualizar (art. 8 y conc. ley 23.928, texto según ley 25.561; doctr. causas Ac. 100.588, "Chamas", resol. de 11-III-2009; C. 103.488, "Antonetti", resol. de 23-III-2010; C. 108.631, "A., M. Á.", resol. de 15-VI-2011; C. 120.932, "Cozcueta", resol. de 21-XII-2016; C. 121.488, "Cazzulo", resol. de 28-VI-2017; C. 122.239, "Matus", resol. de 5-XII-2017; C. 122.786, "Poceiro de Dieguez", resol. de 7-III-2019).
Así, en el caso, el monto reclamado por cada uno de los actores en concepto de daño moral asciende a treinta mil pesos ($ 30.000), y por pérdida de chance ambos pretenden la suma total de veinticinco mil pesos ($25.000), las que no alcanzan individualmente, de acuerdo a lo regulado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -según ley 14.141 y Acordada 3.896/18 vigente al momento de interposición del carril extraordinario- para acceder a su revisión (v. fs. 21 y 25/26 vta.).
Por lo que la manifestación del recurrente que aduce que al tiempo de la interposición de la demanda aquel importe superaba el exigido para acceder a esta instancia revisora y que, además, de tomarse como pauta de valoración el jus arancelario, debía considerarse que el referido monto en aquella época era superior conforme al valor de dicha medida en tal momento (en ese sentido también refiere a esa suma y su equivalente a dólares estadounidense, v. fs. 1630 y vta.); tales argumentaciones no pueden admitirse, desde que este Tribunal ha sostenido -reiteradamente- que las condiciones de admisibilidad de los recursos extraordinarios, y en particular el monto mínimo para recurrir, se rigen por la ley vigente al momento de su interposición (doctr. causas C. 113.930, "Becerra", resol. de 30-III-2011; C. 116.602, "Tenenbaum", resol. de 9-V-2012; C. 118.512, "Olhaberry", resol. de 27-XI-2013; C. 122.066, "Parra", resol. de 7-II-2018; C. 122.590, "Lemos", resol. de 22-VIII-2018 y C. 122.919, "Godoy", resol. de 20-III-2019), por lo que resultan inadmisibles los fundamentos expuestos para superar tal valladar (doctr. causas C. 114.679, "Cristalfin S.A.", resol. de 31-VIII-2011 y C. 120.993, "González", resol. de 26-X-2016).
III. Respecto al planteo de inconstitucionalidad del citado art. 278 (v. fs. 1628 vta. y 1631), esta Corte tiene dicho que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al monto del juicio para la concesión del remedio extraordinario regulado en aquel dispositivo legal no vulneran derechos o garantías de ese rango (doctr. causas "Fratti", resol. de 20-V-2015; C. 122.467, "Morelli", resol. de 27-VI-2018 y C. 122.369, "L. N. I.", resol. de 5-IX-2018).
Asimismo, el planteo introducido en relación a la existencia de cuestión federal, ello con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490), y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478) carece de asidero.
Como es sabido, el criterio jurisprudencial que emana de esos precedentes condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa, a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para restringir el trámite de embates que porten agravios federales.
Así, en el sub lite , en que la impugnación se refiere a la interpretación y aplicación del derecho común, invocando la causal de arbitrariedad (v. fs. 1631), no se exhiben argumentos que prima facie valorados sean suficientes para dar apoyo a la invocación de un supuesto de carácter excepcional (causas C. 117.083, "Zárate", resol. de 15-V-2013; C. 118.052, "Banco de Balcarce S.A", resol. de 16-IV-2014; C. 119.375, "Famyl S.A. Salud para la Familia", resol. de 10-XII-2014; C. 120.551, "Menéndez", resol. de 30-III-2016; C. 120.726, "Club Social y Deportivo Unión de Villa Iris", resol. de 13-VII-2016 y C. 120.990, "Luján", resol. de 26-X-2016), que permita habilitar la instancia revisora.
En consecuencia, corresponde rechazar la queja bajo estudio (art. 292, CPCC y Acordada 1.790).
El señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Disiento con los distinguidos colegas que me preceden en el voto por las consideraciones que expondré a continuación.
Surge del escrito de inicio que los actores promovieron demanda reclamando los daños y perjuicios por la muerte de su hijo, peticionando en ese escrito indemnización por "...la suma de pesos ochenta y cinco mil ($ 85.000), o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse y el justo criterio de V.S., intereses, costos y costas..." (v. fs. 21, 25 vta. y 26 vta.).
Tuve oportunidad de expedirme en la causa "Cardano" (C. 122.757) sobre el valor del agravio y la necesidad de atender -para su consideración- a la petición inicial sin cortapisa. Allí observé que la pretensión, rechazada, era un monto expresado en pesos, sus intereses, costas y actualización; complemento ese último que, sostuve, debe ser tenido estrictamente en cuenta al tiempo de analizar la suma gravaminis .
En sustento de mi posición recordé que es el interés lo que justifica la actuación ante la justicia. Como el interés es la medida de la acción, también el interés es la medida en la apelación, y se halla determinado por el perjuicio o gravamen que la resolución ocasiona al recurrente. Radica en la diferencia que existe entre el contenido de la sentencia y las pretensiones que ha deducido la parte impugnante. De allí que el agravio es la insatisfacción, total o parcial, de cualquiera de las pretensiones formuladas en el proceso.
Así, en aquel supuesto de demanda rechazada, el conjunto de capital más actualización es lo que ha resultado insatisfecho y constituye el valor del agravio sin que obste a ese análisis la postura que se adopte para juzgar dicho rubro -actualización-, cuestión que hace a la procedencia del recurso y por lo tanto no debe infectar el estadio previo de admisibilidad (mi voto en "Cardano").
Ahora bien, el caso que nos ocupa exige la misma línea de razonamiento que se extrae del voto que cito. El rechazo de la pretensión importa la insatisfacción de lo peticionado y ello, a rigor de la voluntad manifestada al promover el proceso, ha sido una cantidad numérica o lo que surja de las probanzas de autos, expresión que representa para el recurrente un agravio indeterminado, superando de tal modo el recaudo de admisibilidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causas C. 120.508, "Gelusini", resol. de 1-VI-2016 y C. 121.407, "Consorcio de Copropietarios Club Atlético Los Andes", resol. de 21-VI-2017).
Por ello, considero que corresponde hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 292, CPCC y Acordada 1.790).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Por mayoría, desestimar la queja traída (art. 292, CPCC y Acordada 1.790). Con costas.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA EDUARDO JULIO PETTIGIANI
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia