Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120904
En la ciudad de La Plata, a 11 de marzo de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Kogan, Genoud, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.904, "Petrucelli, Isabel Carmen contra Municipalidad del Partido de Balcarce y otro. Daños y perjuicios".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 666/690 vta.).
Se interpusieron, por la codemandada Provincia ART S.A. y la actora, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 711/726 vta. y 728/732 vta., respectivamente).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por Provincia ART S.A. a fs. 711/726 vta.?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el interpuesto por la parte actora a fs. 728/732 vta.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de grado, por mayoría, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por la señora Isabel Carmen Petruccelli -quien se presentó por sí y en representación de sus hijas (hoy todas mayores de edad) Clarisa Marina, Pamela Luján y Carla Anabela Buscichio- contra la Municipalidad del Partido de Balcarce y Provincia ART S.A., condenando a esta última al pago de las prestaciones dinerarias previstas en el régimen especial de reparación de infortunios laborales que juzgó aplicable al caso (arts. 11, 15 y 18, ley 24.557 y 17 apdo. 6, ley 26.773; v. fs. 666/687 vta.).
Para así decidir, tuvo por acreditado que el día 26 de noviembre de 1998, mientras prestaba tareas habituales en la plaza que se encuentra ubicada frente al edificio municipal de la localidad de General Balcarce, el señor Carlos Alberto Buscichio -esposo y padre, respectivamente, de las accionantes- sufrió una indisposición, siendo trasladado al Hospital Subzonal de dicha localidad, donde ingresó con paro cardiorrespiratorio y, pese a las maniobras de reanimación efectuadas, fallece (v. vered., fs. 671 y vta.).
En la sentencia, se analizó la responsabilidad sistémica de la codemandada Provincia ART S.A. y se juzgó que, en el caso, en función de lo previsto por el art. 17 apartado 6 primer párrafo de la ley 26.773, correspondía aplicar el mecanismo de actualización para los montos tarifados (RIPTE) a partir del 1 de enero de 2010. Ello así, señaló, pues la jurisprudencia mayoritaria se ha inclinado por el ajuste de las prestaciones derivadas de contingencias anteriores a la vigencia de dicha ley, abarcando en consecuencia siniestros pendientes de cancelación y nuevos infortunios (v. fs. 676 in fine ).
En ese sentido, trajo a colación la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Aquino", "Vizzotti", "Ascua" y "Lucca de Hoz", así como las directrices plasmadas por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la causa "Méndez c/ CNA ART S.A.", sentencia de 31-III-2014 (v. fs. 677).
Declaró también la inconstitucionalidad del art. 17 del decreto 472/14, en cuanto -indicó- tiende a excluir situaciones que claramente se encuentran contempladas en la ley 26.773, excediendo de manera irrazonable el marco de reglamentación (v. fs. 677 in fine y vta.).
Por otra parte, fijó la indemnización que le hubiera correspondido percibir al trabajador en los términos del derecho común, estableciéndola en la suma de $99.681,19 (v. fs. 678 vta./679 vta.).
Juzgó que las prestaciones dinerarias legalmente previstas en la normativa especial sistémica ascendían a $758.312,59 -monto al que arribó luego de actualizar por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) vigente entre el mes de diciembre de 2015 (1.806,09) y el mes de enero de 2010 (344,73), que arrojaba un coeficiente de 5,23, los importes de $25.031,05 (fijado en concepto de incapacidad por muerte) y de $120.000 (correspondiente a la prestación dineraria del art. 11 apartado 4 inc. "c" de la ley 24.557) y que resultaban superiores a la indemnización calculada según las pautas del derecho civil, por lo que rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 (v. fs. 679 vta.).
Finalmente dispuso aplicar intereses de la siguiente manera:
i) Desde que cada suma era debida y hasta el 31 de diciembre de 2009 a la "tasa pasiva digital, opción: plazo fijo tradicional". Aclarando que para el supuesto de que exista un período en el que no había comenzado a regir dicha tasa, se aplique aquella que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días vigente al inicio de cada uno de los períodos comprometidos (v. fs. 679 vta./681 y 686 vta.).
ii) A partir del 1 de enero de 2010, atento a que el capital ya había sido actualizado por el índice RIPTE, a la tasa de interés pura del 6% anual (v. fs. 681/682 y 686 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, el letrado apoderado de Provincia ART S.A. interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de su derecho de propiedad consagrado por el art. 17 de la Constitución nacional y la transgresión de la doctrina legal que identifica.
Dos agravios estructuran la crítica:
II.1. De un lado, controvierte los intereses moratorios aplicados por el tribunal de grado al capital de condena.
En este aspecto, refiere que de conformidad con consolidada doctrina de esta Suprema Corte (emanada, entre otras, de las causas Ac. 43.448, "Cuadern", sent. de 21-IV-1991; L. 76.276, "Vilchez", sent. de 2-X-2002; L. 88.156, Chamorro", sent. de 8-IX-2005 y L. 83.198, Tévez", sent. de 14-IX-2005), cuando la indemnización es fijada con posterioridad al 1 de abril de 1991, tales accesorios deben liquidarse a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días.
Destaca que dicha doctrina fue mantenida pese al abandono de la paridad cambiaria producida a partir de la ley 25.561, habiendo sido ratificada en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi", sentencias de 21-X-2009.
Luego, reflexiona sobre la naturaleza jurídica de los intereses moratorios y explica que constituyen derecho de fondo previsto en los códigos y normas de derecho común, no pudiendo las legislaturas provinciales sancionar leyes sobre dicha materia.
II.2. Del otro, cuestiona la aplicación al caso de las disposiciones de la ley 26.773.
Alega que la decisión del tribunal a quo de juzgar aplicable un régimen legal que no se encontraba vigente a la época de la contingencia sufrida por el trabajador, implica desconocer el principio de irretroactividad de la ley consagrado por el art. 3 del Código Civil (ley 340).
Con sustento en doctrina de este Tribunal afirma que dicho precepto no consagra la retroactividad de la nueva ley, sino la aplicación inmediata aún a las consecuencias de las relaciones o situaciones jurídicas existentes, o sea que la nueva norma rige para los hechos que están in fieri o en curso de desarrollo al tiempo de su sanción, y no para consecuencias de los hechos pasados, que quedan sujetos a la ley anterior, pues juega la noción de consumo jurídico.
Cita, además, en apoyo de su postura, algunos pasajes del fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Lucca de Hoz", así como de pronunciamientos emitidos por distintas salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, donde se resolvió la cuestión relativa a la inaplicabilidad de la ley 26.773 en casos como el que se ventila en las presentes actuaciones.
Finalmente, argumenta que la aplicación en la especie de dicho régimen legal importa, en rigor, soslayar la prohibición de indexar las deudas consagrada por los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y ratificada por la ley 25.561 (v. fs. 725).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. En primer lugar corresponde señalar que la facultad revisora de esta casación está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación contra ella formulada (causas L. 117.723, "Sarmiento", sent. de 15-VII-2015 y L. 117.452, "Gómez", sent. de 22-XII-2015).
III.2. En ese marco, y alterando el orden en que los agravios fueron expuestos por razones metodológicas, estimo fundada la disconformidad que exhibe el agraviado contra lo resuelto por el tribunal de origen en tanto cuantificó la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773.
III.2.a. El pronunciamiento sobre el agravio que gira en torno al empleo del índice RIPTE allí previsto no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte -si bien, como habré de señalar luego, no contribuí a su conformación- aun cuando ésta a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455 "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
De modo tal que la cuestión debe ser resuelta por aplicación de la doctrina legal actualmente vigente.
III.2.b. En la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 expuse mi postura en torno a la vigencia temporal de la ley 26.773, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aún a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, entiendo que la respuesta al agravio traído, de conformidad con lo que anticipé, debe ajustarse a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.2.c. Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que, con fecha 7 de junio 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinado que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
Ello aunque, como he expresado reiteradamente (v. mis votos en las causas C. 103.189, "Crudo", sent. de 18-XI-2009; C. 103.420, "Rozitchner", sent. de 14-IX-2011 y C. 112.791, "Langiano", sent. de 5-XII-2012; e.o.), soy partícipe de la tesis del sometimiento restringido (en el sentido usado por Néstor Pedro Sagüés, "Eficacia vinculante o no vinculante de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", ED, tomo 93, pág. 891, o por Emilio A. Ibarlucía, "Fallos plenarios y doctrina de la Corte Suprema", LL, 2009-A-654) respecto de los pronunciamientos del Máximo Tribunal, de manera de entender que la fuerza vinculante que fluye de sus sentencias -siendo sin duda significativa-, no se equipara a la obligatoriedad jurídica a la que quedamos supeditados por la legislación. En el tema convocante, sin embargo, considero que en contribución a la seguridad del tráfico jurídico y a la coherencia del sistema normativo, los lineamientos que emergen del mencionado precedente deben ser aplicados.
III.2.d. En consecuencia, corresponde hacer lugar a este tramo del recurso en cuanto en el fallo se dispuso la aplicación del índice RIPTE previsto en la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara.
III.2.e. Por derivación de lo resuelto, corresponde dejar sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 del decreto 472/14 en cuanto refiere a la aplicación del referido mecanismo de ajuste.
III.3. Dadas las particularidades que exhibe la presente, cabe señalar que, en tanto la decisión del tribunal de grado -que aquí se modifica- lo condujo a desestimar la pretensión indemnizatoria promovida contra el empleador con fundamento en las disposiciones del derecho civil, devueltos los autos a la instancia ordinaria, y a partir de lo juzgado anteriormente, dicho órgano jurisdiccional -nuevamente integrado- deberá resolver respecto de la procedencia de dicha acción atendiendo a los argumentos y defensas esgrimidas por las partes al respecto.
En ese contexto, deberá efectuar el control de constitucionalidad requerido respecto del art. 39 de la ley 24.557, cuyo tratamiento hubo de llevar a cabo oportunamente (v. sent., fs. 679 y vta.), si bien teniendo en consideración las pautas y elementos de juicio establecidos en ese momento.
Para tal cometido, y según se desprende de las directrices plasmadas por esta Suprema Corte a partir de las causas L. 75.708, "Abaca", sentencia de 30-III-2005; L. 81.826, "Yamán" y L. 87.394, " V. d. C., M. C. y otros", sentencias de 11-V-2005, resulta necesario verificar si las prestaciones previstas en la ley 24.557 -sin las modificaciones introducidas por la ley 26.773- reparan adecuadamente el daño padecido por el trabajador, deviniendo indispensable, a tales efectos, efectuar una comparación entre la reparación en ella contemplada y el resarcimiento al que la víctima accedería en el marco del régimen común de responsabilidad civil.
III.4. En cuanto a los intereses determinados en la instancia de grado, cabe manifestar lo siguiente.
III.4.a. El tribunal de trabajo dispuso que tales accesorios debían ser calculados -desde que cada suma es debida y hasta el 31 de diciembre de 2009- a la "tasa pasiva digital, opción: plazo fijo tradicional", aclarando que para el supuesto de que exista un período en el que no había comenzado a regir dicha tasa, se aplique aquella que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días vigente al inicio de cada uno de los períodos comprometidos; y a partir del 1 de enero de 2010, atento a que el capital ya había sido actualizado por el índice RIPTE, a la tasa de interés pura del 6% anual (v. fs. 679 vta./682 y fs. 686 vta.).
III.4.b. Ante ello, el impugnante denuncia la violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte emanada -entre otras- de las causas L. 108.164, "Abraham", sentencia de 13-XI-2013; C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi", sentencias de 21-X-2009 (v. rec., fs. 713 vta. y 716 vta.).
III.4.c. Debido al modo en que el tribunal a quo resolvió determinar los intereses moratorios, considero que resulta imposible escindir, por un lado, la decisión de aplicar la ley 26.773 al importe de las prestaciones dinerarias previstas por la Ley de Riesgos del Trabajo y, por otro, la manera en que tales accesorios deben ser estimados.
Por lo cual, siendo que -conforme propongo precedentemente- debe revocarse la aplicación de esa norma, también corresponde dejar sin efecto lo resuelto por el sentenciante en lo que respecta a los intereses moratorios, en tanto fueron establecidos a partir de una argumentación que involucró un ajuste del capital de condena.
En consecuencia, habida cuenta de que los autos deberán volver para su resolución al tribunal de origen -con diferente integración- por los motivos expuestos en el punto III.3., asimismo los intereses moratorios tendrán que ser nuevamente fijados en dicha oportunidad.
Sin perjuicio de lo cual resulta oportuno recordar que esta Suprema Corte ha sentado doctrina legal al respecto, en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), entre muchas otras.
IV. Por lo expuesto, debe hacerse lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y revocar la sentencia en cuanto determinó el importe de la prestación dineraria que le corresponde abonar a Provincia ART S.A. con arreglo a las prescripciones de la ley 26.773, norma cuya inaplicabilidad al caso se declara.
Los autos deberán volver al tribunal de la instancia ordinaria para que, nuevamente integrado, obre de conformidad con lo resuelto en los puntos III.2.d., III.3. y III.4.c. de este voto, atendiendo -además- a los planteos y defensas esgrimidas por las partes en sus respectivas presentaciones.
Las costas se imponen por su orden, en atención a la recepción parcial de la impugnación (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcance expuesto, voto por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo manifestado por mi distinguido colega doctor de Lázzari en el punto III.1. de su voto.
I.2. Merece favorable recepción el agravio que trae el interesado contra lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto cuantificó la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773.
Ello, toda vez que en el marco de lo regulado en dicha ley, esta Corte ha sostenido que -salvo excepción consagrada- las mejoras introducidas en ese cuerpo normativo sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia, lineamiento establecido en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), en sentido concordante con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016), a la que por razones de brevedad remito.
I.3. Sentado lo anterior, comparto lo expuesto por el ponente en los apartados III.2.e. y III.3. de su opinión.
I.4. En lo referido a los intereses aplicados, coincido con la solución que contiene el voto inaugural, toda vez que habiéndose revocado lo decidido por el a quo en cuanto justipreció la prestación dineraria empleando el mecanismo de ajuste previsto en la ley 26.773, lógicamente -a tenor del fundamento plasmado en esta parcela del pronunciamiento- debe dejarse sin efecto lo juzgado en el punto, correspondiendo señalarle al tribunal de grado que al resolver la cuestión deberá tener presente la doctrina de esta Corte que emana -entre otras- de la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016).
II. Con todo, cabe acoger parcialmente el recurso conforme se resuelve en el apartado final del sufragio del doctor de Lázzari.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. En primer lugar adhiero a lo manifestado por el doctor de Lázzari en los puntos III.1. y III.2.a. de su voto.
I.2. Luego, también considero que merece favorable recepción el agravio por el que el interesado controvierte la aplicación al caso de las pautas previstas por la ley 26.773, ello con sustento en lo resuelto –entre otros- en el precedente L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, al que remit
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