Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122323
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal deducido, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN).
La Plata, 15 de Abril de 2020.
I. El codemandado Horacio Daniel Rivas, con patrocinio letrado, deduce recurso extraordinario federal contra la sentencia de esta Corte que hizo lugar parcialmente a la vía de inaplicabilidad de ley interpuesta por la parte actora y, por tanto, condenó al ahora recurrente a afrontar las consecuencias patrimoniales del reclamo de autos (v. fs. 1817/1828 y 1800/1813, respectivamente).
En el caso, la Cámara interviniente revocó el fallo de primera instancia que, a su turno, había encontrado probado el mal desempeño profesional de los demandados, disponiendo el rechazo de la acción de daños y perjuicios en su totalidad (v. fs. 1483/1513 vta. y 1671/1700 vta.).
II.1. En la vía intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional (v. fs. 1817 vta., 1820 vta./1821 y 1827 y vta.)
II.2. Aduce que esta Corte basa su condena en la ausencia de una foja de la historia clínica que fue agregada en copia como medio de prueba a los autos y aceptada -oportunamente- por ambas partes. Y expone que la citada historia clínica es un elemento probatorio que se encontraba resguardado por una entidad médica y fue solicitado mediante oficio, por lo que no puede atribuírsele responsabilidad por el defecto apuntado. En atención a lo expuesto, considera que ha existido una absurda valoración del material probatorio (v. fs. 1821 vta./1823).
II.3. Alega, por otra parte, que existe en el fallo impugnado una omisión de prueba esencial. En ese sentido, opina que se ha prescindido de la experticia que indicaba que la niña nació sana, por lo que no resultaba necesario practicarle estudios de bilirrubina. Ello, agrega, corroborado por una testimonial rendida en autos (v. fs. 1823/1824).
II.4. Sostiene, además, que se ha aplicado erróneamente la teoría de la carga dinámica de las pruebas, desde que -según su opinión- ambas partes estaban en igualdad de condiciones para recabar la historia clínica del instituto asistencial requerido (v. fs. 1824/1825)
II.5. Por último, manifiesta que hubo un apartamiento de la verdad objetiva. En ese sentido, considera que falta el requisito esencial de atribución de la responsabilidad para el reclamo de daños y perjuicio, cual es, la acción u omisión antijurídica del médico demandado (v. fs. 1825/1826 vta.)
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 1829), el mismo fue contestado por la parte actora (v. fs. 1830/1836).
IV.1. Liminarmente, cabe señalar que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la aplicación e interpretación del derecho común y procesal local (en el sub lite , el análisis de las circunstancias fáctico probatorias, la valoración de la historia clínica y las reglas de la carga de la prueba) son ajenas por regla y naturaleza al recurso federal, por lo que en estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 301:951; 307:1642; 329:5424; 330:4770, entre otros).
En el caso, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones de la impugnante no constituyen más que discrepancias de criterio, ineficaces como tales para habilitar la instancia federal (doctr. art. 15, ley 48).
IV.2. En lo que respecta a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de apartamiento de la solución normativa y de las constancias de la causa, irrazonable valoración del material probatorio y omisión de cuestiones conducentes, no se observan argumentos que - prima facie ponderadas- autoricen la concesión del remedio incoado (doctr. art. 15 cit.).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN, Fallos: 323:4028; 329:2206 y 330:133, entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (CSJN Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493, entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes fundamentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, extremos que -como se anticipara- no se encuentran satisfechos en la especie (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.3. Por otro lado, la mera alegación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (arts. 16, 17 y 18, Const. nac.; v. fs. 1817 vta., 1820 vta./1821 y 1827), no abastecen el recurso deducido, ya que tales referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA causas C. 116.629, "Olhaberry de Agrazar", resol. de 11-XI-2015, C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017; C. 121.639, "Cruz Alfaro", resol. de 22-VIII-2018; C. 122.037, "Lucci", resol. de 22-V-2019; entre otros).
IV.4. Resta agregar que tampoco se observa la exposición de motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida con base en la doctrina de la gravedad institucional, por cuanto la misma constituye un supuesto excepcional, que no se avizora configurado en el caso (doctr. Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; v. también 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799; v. fs. 1827).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal deducido, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia