Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123202
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Denegar el recurso federal deducido a fs. 1681/1690, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 3, inc. "d" Ac. cit.) y 2) denegar el remedio federal de fs. 1691/1703, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN).
"USUARIOS Y CONSUMIDORES UNIDOS Y OTROS C/ TELECOM PERSONAL SA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC. USO AUT. Y ESTADO)"
La Plata, 11 de Mayo de 2020.
I. Contra el pronunciamiento de esta Corte que, con remisión al dictamen del Procurador desestimó los remedios de inaplicabilidad de ley articulados por los accionados -en virtud de su insuficiencia técnica- deducen recursos extraordinarios federales, por un lado, el apoderado de la firma AMX Argentina SA y, por el otro, el apoderado de la firma Telefónica Móviles Argentina SA (arts. 289, CPCC y 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812; v. fs. 1674 y vta., 1670/1673 vta., 1681/1690 y 1691/1703, respectivamente).
En el caso, en el marco de una acción de daños y perjuicios, la Cámara interviniente revocó el fallo de primera instancia que, a su turno, hizo lugar a la excepción de incompetencia articulada por las firmas demandadas, se inhibió de seguir entendiendo en la causa y ordenó la remisión al Juzgado Federal en turno de esta ciudad de La Plata (v. fs. 1410 y vta., 1448 y 1530/1535 vta.).
II.1. En la primera de las vías ahora intentadas (AMX Argentina SA), el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de los derechos constitucionales de defensa en juicio y debido proceso (arts. 17, 18, 31, 75 incs. 13 y 14 y 116 de la Const. nac.; v. fs. 1684 vta., 1685, 1686 vta. y 1688 vta./1689 vta.).
II.2. Sostiene que la sentencia en crisis ignora el régimen legal imperante en la materia y debe ser revocada. Ello, en tanto entiende que la controversia del presente pleito, al cuestionar la responsabilidad de los servicios prestados por su representada, está directamente relacionada a las prescripciones de la Ley Nacional de Telecomunicaciones n° 19.798 y de la Ley Argentina Digital n° 27.078. Y denuncia que dichas normas, que regulan el funcionamiento y organización del servicio de telefonía, son una potestad exclusiva del gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación y del ente regulador ENACOM y deben ser aplicadas por la justicia federal (v. fs. 1686 vta./1690).
Agrega que, dados los servicios que se prestan, la materia resulta de derecho interprovincial, ajena -desde su punto de vista- a la competencia de las jurisdicciones locales. Cita, en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estima aplicables al caso (Fallos: 304:1186; 312:1495 y 327:5771; v. fs. 1687 vta./1689).
III. En lo que a atañe al remedio incoado por el apoderado de la firma Telefónica Móviles Argentina SA, funda la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de los derechos constitucionales de defensa en juicio, propiedad, razonabilidad, jerarquía normativa y juez natural (arts. 14, 17, 18, 31 y 75 incs. 13, 14 y 19, de la Const. nac.; v. fs. 1696/1697, 1698, 1700 vta. y 1702).
III.1. Alega que la decisión en crisis adhirió -dogmáticamente, a su modo de ver- al pronunciamiento del Procurador General provincial y desestimó el remedio de inaplicabilidad de ley por considerarlo insuficientemente fundado. Y afirma, que esa postura implicó omitir el tratamiento individualizado de las distintas cuestiones sostenidas por su parte y llevó al apartamiento de la causa de sus jueces naturales que -de forma exclusiva y excluyente- debían conocer en materia federal. Se vulneran así, concluye, las garantías constitucionales de defensa en juicio, propiedad, razonabilidad y jerarquía normativa (v. fs. 1696/1698 vta., 1699 vta./1700).
Asimismo, arguye que -contrariamente a lo resuelto- rigen para el caso las previsiones de las citadas leyes n° 19.798 y n° 27.078, en razón de fundarse la acción en una supuesta prestación defectuosa del servicio de telefonía móvil que habría generado perjuicios derivados de dicha actividad. Y explica que el presente caso configura una cuestión federal suficiente, en tanto la materia sometida a debate -por su naturaleza- resulta de estricta competencia federal y la decisión impugnada es contraria al derecho invocado (v. fs. 1698 vta./1699 y 1701/1702 vta.).
III.2. Cuestiona, también, que esta Corte haya remitido a lo dicho por el Procurador General. Afirma que el mentado dictamen carece de una fundamentación suficiente, no aclara los motivos que llevaron a la descalificación de la impugnación de su representada y se limita a citar antecedentes de la materia que no permiten visualizar el error específico incurrido. Al respecto, cita los precedentes del Máximo Tribunal nacional que estima atinentes (v. fs. 1700/1701).
III.3. Finalmente, denuncia que el caso constituye un supuesto de gravedad institucional. Ello, por cuanto lo resuelto no sólo es de interés de las partes, sino también de todos los usuarios de telefonía móvil en el territorio nacional (v. fs. 1702).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 1704 y 1705), los recursos fueron contestados por el apoderado de la parte actora (v. fs. 1710/1712 vta. y 1713/1717).
V.1. En cuanto al medio revisor de fs. 1681/1690, liminarmente, corresponde señalar que en la decisión en crisis se resolvió desestimar el recurso local por haber sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, cit.).
Ahora bien, en el escrito en tratamiento, el impugnante tampoco formula una crítica concreta, directa y eficaz del basamento del fallo atacado, por lo que no satisface la carga impuesta por el art. 3 inc. "d" de la Acordada 4/2007 que exige refutar todos y cada uno de los fundamentos independientes que dan sustento al pronunciamiento apelado.
En efecto, los planteos esgrimidos por el recurrente se limitan -en rigor- a denunciar la arbitrariedad de la sentencia atacada -así como la de la instancia anterior en grado- y a discrepar con la postura de este Tribunal para descartar el remedio intentado, reiterando cuestionamientos vertidos en el recurso local que ya han merecido respuesta en autos (v. fs. 1686 vta./1690 y 1573/1576).
Y en dicha tarea soslaya rebatir debidamente los particulares argumentos de la decisión impugnada, que destacan la insuficiencia técnica del remedio extraordinario por limitarse a discrepar con lo resuelto por el Tribunal de Alzada, desentenderse de sus motivaciones fundantes y omitir acreditar el absurdo y la arbitrariedad denunciadas, así como la violación de la doctrina legal invocada (v. fs. 1672/1673 vta. y 1674).
En razón de lo expuesto, no habiéndose cumplido debidamente con el deber impuesto por el inc. "d" del art. 3 de la citada reglamentación, la vía intentada deviene inadmisible.
V.2. A ello, cabe agregar que la simple denuncia de la doctrina de la arbitrariedad, así como la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (derechos de defensa en juicio y debido proceso; arts. 17, 18, 31, 75 incs. 13 y 14 y 116 de la Const. nac.; v. fs. 1684 vta., 1685, 1686 vta. y 1688 vta./1689 vta.) no abastecen el recurso deducido, ya que tales referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA causas C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017; C. 122.527, "Caja de Seg. Soc. Prof. Ciencias Económicas", resol. de 21-XI-2018; C. 122.680, "González Rodríguez", resol. de 20-III-2019; C. 121.534, "Zubillaga", resol. de 16-X-2019; entre otros).
VI.1. En lo que refiere a la vía federal de fs. 1691/1703, se recuerda que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relativas a la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el sub lite , la suficiencia técnica del recurso extraordinario local -art. 31 bis, ley 5.827- para desvirtuar la conclusión del a quo respecto a la competencia del fuero provincial) no justifican -por regla y naturaleza- la habilitación de la instancia federal (conf. CSJN, causa C. 969.XLV, sent. de 9-III-2010; Fallos: 249:530; 250:373; 251:164; 310:1542 y 322:1888; entre otros; también: 295:12; 303:638; 306:1332; 1535 y 307:1793).
En estos casos, se hace particularmente exigible que la apelación cuente -en relación a los agravios que la originan- con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial, situación que no se advierte en el presente en tanto los argumentos del recurrente no constituyen más que una diferencia de opinión, insuficiente como tal para habilitar la vía federal (art. 14 y 15, ley 48).
VI.2. En lo que respecta a la denuncia de arbitrariedad con base en las causales de dogmatismo, falta de fundamentación, apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable y omisión de cuestiones, tampoco se exponen fundamentos que - prima facie valorados- sean suficientes para dar sustento a la demostración de un supuesto de carácter excepcional.
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
En ese marco la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía del caso excepcional de la arbitrariedad, sin que tales recaudos se encuentren satisfechos en la especie.
VI.3. Por otro lado, en lo que atañe a la pretendida vulneración de la garantía de juez natural (v. fs. 1698/1699 vta.) no se evidencia -en principio- que se hayan formulado razones suficientes para demostrar la relación directa e inmediata con las circunstancias particulares del caso, no siendo idóneas -a tal fin- las alegaciones generales efectuadas (doctr. art. 15, ley 48).
VI.4. Tampoco se advierte un apartamiento de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación invocados por el interesado (v. fs. 1700/1702), toda vez que las circunstancias allí juzgadas no pueden asimilarse a las planteadas en el presente proceso
VI.5. Cabe apuntar, además, que la simple denuncia de la invocada violación de garantías constitucionales (derechos de defensa en juicio, propiedad, razonabilidad y jerarquía normativa; arts. 14, 17, 18, 31 y 75 incs. 13, 14 y 19, de la Const. nac.; v. fs. 1696/1697, 1698, 1700 vta.), no abastece el medio de impugnación formulado, puesto que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 119.977 "ITATIC SAAICEI", resol. de 13-IX-2017; C. 122.680, "González Rodríguez" y C. 121.534, "Zubillaga", cits.; entre otros.)
VI.6. Resta agregar que tampoco se observa la exposición de motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida con base en la doctrina de la gravedad institucional, por cuanto la misma constituye un supuesto excepcional, que no se avizora configurado en el caso (doctr. Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; v. también 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799; v. fs. 1702).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Denegar el recurso federal deducido a fs. 1681/1690, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 3, inc. "d" Ac. cit.) y 2) denegar el remedio federal de fs. 1691/1703, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Conf. Ac. 3971/2020
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia