Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122745
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.745, "Cajal, Santos Marcelo y otro/a contra Bigurrarena, Bernardo Antonio y otro/a. Daños y Perjuicios" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Soria, Pettigiani .
La Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata declaró desierto el recurso de apelación articulado por el apoderado de la parte demandada y de la citada en garantía (v. fs. 416 y vta.).
Se interpuso, por el citado letrado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 452/461 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En las presentes actuaciones los señores Santos Marcelo Cajal y Graciela Alejandra Iglesias promovieron demanda de daños y perjuicios por el accidente de tránsito en el que perdiera la vida su hijo Iván Marcelo Cajal contra Hugo Luis Baños y Bernardo Antonio Bigurrarena en sus calidades de titular registral y conductor respectivamente del camión Mercedes Benz dominio BPX-915; la firma 26 de Octubre S.R.L. en su carácter de titular del acoplado comercial, dominio EZL-692, y Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada como citada en garantía (v. fs. 53/69 vta.)
Corrido el traslado de ley, se presentó el doctor Federico Guillermo Rosbaco como apoderado de los tres codemandados y de la referida aseguradora. Efectuó una negativa general y en particular de los hechos expuestos por los actores, dando su versión del evento y esgrimiendo como causal exonerativa la propia culpa de la víctima (v. fs. 108/123 y 159/174 vta.).
Abierto el juicio a prueba y producida la misma, se dictó sentencia haciendo lugar a la pretensión incoada. Allí se atribuyó la incidencia causal en el hecho dañoso en un sesenta por ciento (60%) a los demandados y en un cuarenta por ciento (40%) a la víctima. Asimismo, se estableció el monto de la indemnización en la suma de un millón veinte mil pesos ($1.020.000), con más los intereses fijados, imponiendo las costas a los demandados vencidos y haciendo extensiva la condena a la citada en garantía (v. fs. 367/383 vta.).
Este pronunciamiento fue apelado por los actores a fs. 386/387 vta. y por el apoderado de la parte demandada y la aseguradora a fs. 390 y vta.; recursos que fueron concedidos libremente (v. fs. 391).
Elevados los autos a la Cámara Primera de Apelaciones de La Plata, se hizo saber que en los mismos intervendría la Sala Primera y se ordenó a la parte actora expresar agravios dentro del plazo de cinco días (v. fs. 396), carga que cumplimentó a fs. 401/411.
Luego, se dispuso la misma medida respecto a los apelantes de fs. 390, representados por el doctor Rosbaco, notificándose dicha intimación mediante cédula electrónica cuya copia luce a fs. 413 y vta., emitiéndose la constancia de notificación de fs. 414.
Con fecha 20 de febrero de 2018 la Cámara dictó la resolución de fs. 416 y vta. en la que declaró desierta la apelación de los accionados y la aseguradora por no haber expresado en tiempo y forma sus agravios, pese a encontrarse debidamente notificados.
Conforme surge de fs. 424 (y del sistema Augusta), el mencionado letrado presentó un escrito con fecha 21 de febrero de 2018 cuyo trámite se titula "EXPRESA AGRAVIOS", que fuera presuntamente agregado a fs. 418/423 del expediente para luego ser desglosado en virtud de lo ordenado en aquella foja, en la que se remitió a la deserción dispuesta a fs. 416 y vta.
Frente a ello, el doctor Rosbaco interpuso recurso de reposición cuestionando el modo en que se efectivizó la notificación y se computó el plazo a partir del cual se lo intimó a expresar agravios, desencadenando la posterior deserción del intento apelatorio (v. fs. 436/444). Dicho remedio fue desestimado por el Tribunal de Alzada a fs. 445 con sustento en que la decisión atacada no resultaba una providencia simple ni se advertían motivos para apartarse de la irrecurribilidad por esa vía de las resoluciones de Cámara (arts. 160, 238, 268 y 278, CPCC).
II. Asimismo, contra el mentado pronunciamiento que declaró la deserción del intento apelatorio, el letrado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 452/461 vta.) en el que denuncia la violación y/o errónea aplicación de los arts. 133 y 140 del Código Procesal Civil y Comercial, 7 de la Acordada de esta Corte n° 3845/17, 166 de la Acordada n° 3397/08 y sus concordantes, así como la vulneración de los arts. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 17 y 18 de la Constitución nacional y 15 y 31 de su par provincial (v. fs. 453 vta. y 454).
Despliega sus argumentos señalando que la sentencia objetada entendió extemporánea la fundamentación de su recurso con sustento en un cómputo de plazos fruto de una modificación informática del sistema de notificación electrónica y ajeno a la normativa vigente. Y agrega que, de considerarse correcto dicho cálculo, el mismo deriva de una pauta sin la debida publicidad y uniformidad, que originó el error de su parte, con la consecuente vulneración del derecho al debido proceso (v. fs. 454).
En ese sentido pone de relieve que, conforme surge de la cédula electrónica librada por la Cámara y la constancia del trámite de notificación de fs. 414, la "fecha de notificación" indicada fue el día 6 de febrero de 2018 (día martes). Dicha fecha, entiende, refleja el día en que la cédula ha quedado a disposición del profesional en su plataforma digital, en los términos del art. 7 del Reglamento para la notificación por medios electrónicos (Anexo I, Ac. 3845/17; v. fs. 454).
Y refiere que, de acuerdo a lo informado por funcionarios de la Sala interviniente en autos, el órgano entendió que la fecha de puesta a disposición es la que figura en el registro interno del sistema, en el caso: 5 de febrero de 2018. Fecha coincidente con el ítem "firmado y notificado por" de la cédula recibida por su parte. De allí que el Tribunal de Alzada concluyó que el martes 6 de febrero de 2018 se tuvo por notificados a los interesados, comenzando a correr el plazo legal. Sin embargo, esgrime el recurrente que al recibir una cédula con "fecha de notificación" el día 6 de febrero de 2018, entendió la misma como fecha de puesta a disposición, teniendo entonces por cumplida la notificación el día de nota posterior, es decir, el viernes 9 de febrero de 2018 (v. fs. 454 y vta.).
Y agrega el letrado que el área de Administración de Justicia del Colegio de Abogados le informó que a fines del año 2017 "'técnicos informáticos' han modificado el sistema de notificaciones electrónicas de manera que, antes, 'Fecha de notificación' era la fecha en que la cédula quedaba a disposición del letrado, pero que ahora, a partir de diciembre de 2017, y sólo en algunas Cámaras y Tribunales -en las que se hicieron las modificaciones-, puesto que en otras y en los juzgados de Primera instancia aún el sistema respeta la lógica anterior, se coloca allí el día martes, viernes o hábil siguiente, desde el cual 'se tendría por cumplida la notificación'" (fs. 454 vta.; el destacado figura en el original).
Afirma que el sistema de notificaciones electrónicas debe ser riguroso y no puede generar dudas en los justiciables, debiendo guardar criterios uniformes en el cumplimiento de la Acordada n° 3845/17. Denuncia que nada de eso acontece en el caso, dado que ciertos tribunales modificaron -inconsultamente y sin publicidad alguna, a su entender- el sistema, privándolo de uniformidad en la "nomenclatura" utilizada, nada menos que respecto al momento en que opera la notificación. Se impide así, concluye, conocer el dies a quo del plazo notificatorio (v. fs. 454 vta. y 455).
Agrega que la citada Acordada contempla en su art. 7 dos conceptos relevantes: la "fecha de disponibilidad" y el "momento en que opera la notificación". El primero de los conceptos -esgrime- tiene mayúscula importancia, pero no se encuentra definido en la mentada reglamentación. Y toda vez que ese hito resulta equivalente a la fecha que el Oficial notificador consigna en la cédula papel, asegura que no debería generar duda alguna para los litigantes (v. fs. 455 y vta.).
Denuncia que el sistema informático utilizado posee dos nomenclaturas diversas y que ninguna de ellas guarda correlación con los criterios adoptados por la Acordada. Así, explica que hasta diciembre de 2017 se consignaba con uniformidad bajo el rótulo "fecha de notificación" el concepto "fecha de disponibilidad" reglado por el art. 7 del referido reglamento, con lo cual el momento en que se tenía por cumplida la notificación era el martes o viernes inmediato posterior, o siguiente hábil si alguno de ellos no lo fuere (v. fs. 455 vta. y 456).
Sin embargo, a partir del mes referido, algunos tribunales modificaron el criterio, consignando un dato distinto en el campo "fecha de notificación", esto es, el momento en que se tendrá por cumplida la notificación. Ello, esgrime, sin sustento legal alguno, ni comunicación previa a los justiciables y con la consecuente pérdida de uniformidad del sistema (v. fs. 456).
Reflexiona acerca de la fragilidad del sistema de notificaciones electrónicas y aduna varias copias de cédulas libradas durante el año 2017 por la misma Cámara interviniente en autos, en las que se indica como "fecha de notificación" la de disposición para el destinatario y no el día de nota posterior. Asimismo, acompaña a modo de ejemplo una cédula emitida por un Juzgado de Primera Instancia departamental, de la que surge que aún en el año 2018 se seguía utilizando el criterio originario de contabilización de plazos. Concluye así que el cómputo efectuado por su parte no resultó antojadizo, sino que se ajustó a la normativa vigente y a la práctica tribunalicia habitual (v. fs. 446/451 vta. y 455 vta./458).
Asevera, además, que toda cédula como instrumento que contiene el acto procesal del traslado debe respetar los preceptos de rito. Así, invoca que el art. 140 del Código Procesal Civil y Comercial claramente exige una constancia de fecha y hora de entrega de la cédula. Y en concordancia con ello, el art. 166 de la Acordada n° 3397/08 requiere que las constancias que realicen los oficiales de justicia y notificadores hagan mención -en letras- del día y hora en las diligencias regladas por el citado art. 140 del Código formal (v. fs. 458).
Denuncia que la cédula aquí objetada contiene tres fechas y horas, con el agravante de que ninguna utiliza la nomenclatura establecida por la Acordada que reglamenta las notificaciones electrónicas. Entonces, asegura que esa disparidad no puede perjudicar al profesional, ni al justiciable, sino que debe interpretarse de la manera más benigna, sosteniendo la validez del acto procesal cuestionado y favoreciendo el derecho de defensa en juicio (v. fs. 458/459).
Finalmente, peticiona que se evite incurrir en un exceso ritual que desnaturalice los fines del proceso, por lo que solicita que se avale el cómputo de plazos realizado por la parte y se considere temporánea la presentación de agravios ante el Tribunal de Alzada. Y explica que, de haber existido un error de su lado, este resultó inducido por el sistema nuevo de notificación y excusable, atento a la gravedad de la sanción aplicada. Ello, en tanto se impidió a los accionados acceder al control del fallo por vía de apelación ordinaria (v. fs. 459 vta.).
En ese sendero, trae a colación un antecedente de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Junín que, frente a una situación similar a la presente, dejó sin efecto la deserción declarada, tras admitir el cambio introducido -a partir de diciembre de 2017- en la forma de diligenciar las cédulas electrónicas. Ello, explicando el Tribunal que se comenzó a utilizar la opción "cálculo automático de la fecha" al librar la cédula electrónica, en la cual el sistema automáticamente asigna la fecha de notificación correspondiente según lo normado por el art. 7 del reglamento en la materia. Así, meritó que esa modificación pudo razonablemente motivar el error en el cómputo de plazos que alegara el profesional (v. fs. 460/461).
Finalmente, esgrime el recurrente que la gravedad de las cuestiones ventiladas y la imperiosa necesidad de unificación y comunicación a los profesionales tornan necesaria la puesta en conocimiento de la Presidencia de esta Suprema Corte, lo que adelanta que efectuará adjuntando copia del escrito en análisis (v. fs. 461).
III. A fin de resolver el presente caso, resulta relevante analizar el contexto normativo, recordando que esta Corte ya efectuó una reseña de las normas que rigen la materia electrónica en el precedente "Herrera" (causa C. 121.320, sent. de 3-X-2018).
Se dijo allí que este Tribunal inició, con el dictado del Acuerdo n° 3399/08 -y sus resoluciones previas-, un proceso de modernización en los mecanismos de notificaciones y demás actos de comunicación procesal, a través de la incorporación de adelantos tecnológicos y desarrollos informáticos en la materia.
Ello, en el entendimiento de que los mismos tendrían directa repercusión en la eficiencia del servicio de justicia, reduciendo los tiempos del proceso (arts. 15, Const. prov.; 18, Const. nac. y 8, CADH) y procurando una paulatina disminución en la utilización del soporte papel en los expedientes judiciales (conf. aspiración de "progresiva despapelización" reconocida con carácter general por el art. 48 de la ley 25.506, a la que la Provincia prestara adhesión por ley 13.666, y en la que por otra parte se encuentra interesada la protección del medio ambiente, conf. arts. 41, Const. nac. y 28, Const. prov.).
Con ese objetivo, se aprobó el Reglamento para la notificación por medios electrónicos (prueba piloto) y se estableció su gradual implementación entre los órganos participantes en dicha prueba. En dicha reglamentación, se estableció la operatoria para efectuar las notificaciones electrónicas. Así, se encomendó al Secretario del órgano jurisdiccional la confección, firma y envío de la cédula al servidor del Poder Judicial. Aclarando que el sistema debía registrar la fecha y hora en que el documento ingresara al mismo y quedara disponible para el destinatario de la notificación, la de acceso al servidor por el destinatario para notificarse y la de descarga de dicha notificación. Asimismo, se dispuso la impresión de una constancia para ser agregada al expediente, certificando fecha y hora de ingreso al sistema registrada en el servidor (art. 5, reglamento cit.).
Por su parte, el art. 6 regló el momento en que operaba la notificación, esto es, el día en que la cédula quedaba disponible para su destinatario en el sitio web aludido, salvo que fuera acompañada de copias. En este último caso, se tenía por notificada la resolución el día de nota inmediato posterior a la fecha en que el documento ingresó al sitio web seguro, quedando disponible para el destinatario de la notificación.
Luego, la ley provincial 14.142 -en lo que aquí interesa destacar- sustituyó los arts. 40 y 143, e incorporó el 143 bis al Código Procesal Civil y Comercial provincial. Dicha modificación sumó a la carga de constituir un domicilio procesal físico la exigencia de constituir un domicilio electrónico -en rigor, una casilla de correo electrónico oficial- y fijó los supuestos en que la notificación por cédula podría realizarse a dicho correo electrónico.
Además, estableció como fecha de notificación el día de nota posterior a la recepción de la comunicación electrónica, debiendo la base de datos emitir avisos de fecha de emisión y de recepción en las casillas de correo electrónico.
Asimismo, el art. 8 de la mentada norma encomendó a esta Suprema Corte la reglamentación de la utilización del mecanismo señalado, como medio de notificación y uso obligatorio para litigantes y auxiliares de la justicia.
En esa dirección, este Tribunal dictó -con fecha 30 de marzo de 2011- el Acuerdo n° 3540, que destacó los resultados satisfactorios de la prueba piloto fijada por el Acuerdo n° 3399/08 y, en consecuencia, aprobó el "Reglamento para la notificación por medios electrónicos", estableciendo pautas para su progresiva implementación.
A tal fin, el art. 1 de su Anexo Único dispuso que: "La notificación de las resoluciones que, de conformidad con las disposiciones adjetivas vigentes (Código Procesal Civil y Comercial -Ley 7425/68-, Leyes 11.653 y 12.008 -todas con sus modificatorias-), deban ser diligenciadas a las partes o sus letrados y a los auxiliares de justicia en su domicilio constituido, podrán ser concretadas a través de los mecanismos electrónicos previstos en esta reglamentación. Siempre que esté disponible el uso de la notificación electrónica, no se podrá utilizar la notificación en formato papel, salvo que existieren razones fundadas en contrario".
Seguidamente se determinó -entre otras cuestiones- la operatoria y la forma en que se tendría por cumplida la notificación por medios electrónicos: martes o viernes inmediato posterior, o el siguiente día hábil si alguno de ellos fuera feriado, a aquel en el que la cédula hubiere quedado disponible para su destinatario en el sitio web aludido. Y estableció los datos que el sistema debía registrar en todos los casos, entre ellos, la fecha y hora en que documento quedara disponible para el destinatario, ordenando la impresión de una constancia para ser agregada al expediente, certificando fecha y hora de ingreso al sistema registrada en el servidor (arts. 4 y 5).
Luego, sucesivos acuerdos y resoluciones encaminaron la progresiva implementación de los regímenes de presentaciones y notificaciones electrónicas -Acordada n° 3733/14, Resoluciones 3.415/12, 3.272/15, 582/16, 707/16, 1.407/16, 1.647/16, 2.915/16, entre otras- hasta llegar -en el aspecto que aquí nos compete- al Acuerdo n° 3845 del 22 de marzo de 2017 que aprobó un nuevo "Reglamento para la notificación por medios electrónicos", de aplicación a partir del 2 de mayo de 2017.
Dicha reglamentación, vigente a la fecha en que se efectuó la notificación cuestionada, resulta de aplicación obligatoria a todos los procesos en los que rija el régimen de notificaciones previsto en el Libro I, Título III, Capítulo VI del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia.
Se requiere en la mentada norma que el sistema registre -entre otros datos- al menos la fecha y hora en que la notificación quedó disponible para su destinatario, aclarando que dicho dato se encontrará visible en todo momento. Además, estipula que en ningún supuesto se imprimirán comprobantes para ser agregados al expediente, pudiendo los interesados verificar en el Sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas si la comunicación efectivamente se llevó a cabo (art. 6, "Constancia de notificación").
En cuanto al momento en que se perfecciona la notificación, el art. 7 mantiene el sistema que remite al día martes o viernes inmediato posterior -o el siguiente día hábil si alguno de ellos no lo fuere- a aquel en que la cédula hubiere quedado disponible para su destinatario en el Sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas. Aclara que, en los casos de urgencia -que tendrán que ser debidamente justificados en la providencia respectiva- la notificación se producirá en el momento en que la cédula se encuentre disponible para su destinatario en el Sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas.
IV. Conforme se advierte del análisis integral de la normativa dictada, y como fuera puesto de manifiesto en el citado precedente "Herrera", esta Suprema Corte ha promovido un sostenido y progresivo avance en la utilización
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