Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 118639
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 118.639, "Olguin, Linda Lucero contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Soria, de Lázzari, Kogan, Natiello, Torres .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar en forma parcial a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 361/380 vta.).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 393/403 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de trabajo hizo lugar parcialmente a la acción deducida por la señora Linda Lucero Olguin contra la Provincia de Buenos Aires, condenándola a abonar las prestaciones previstas en los arts. 15 apartado 2 segundo párrafo de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773, a las que adicionó el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) contemplado en la última de las leyes citadas. Asimismo, ordenó la aplicación de intereses de conformidad con la tasa activa promedio del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Para así decidir, en el veredicto determinó: i] que la actora sufrió un accidente de trabajo el día 26 de agosto de 2008, en circunstancias en que "...fue comisionada junto con el móvil 11980 a cargo del Teniente Primero Juan Arenas secundado por la Oficial Daniela Grillo para que se constituya en la intersección de las calles Chile y Camino del Resero de la ciudad de Junín por sus obligaciones laborales donde habría varios individuos prendiendo fuego y cuando llegaron estos se dieron a la fuga corriendo, por lo que decidieron seguirlos caminando atento a que la topografía del lugar impedía ingresar con el móvil, el que estaba oscuro, cuando [la demandante] tropezó con un tronco allí existente y cayó al piso golpeándose la mano izquierda clavándose una astilla de madera en la misma sufriendo golpes en distintas partes del cuerpo, dándose a la fuga las personas que estaban siguiendo" (vered., fs. 361 vta.); ii] que Provincia ART S.A. brindó y continúa otorgando las prestaciones médicas; iii] que, según lo dictaminado por el perito médico de autos, la señora Olguin padeció un traumatismo de mano izquierda que le produjo una herida contusa en el dedo anular y fractura de intercondilea de la primera falange del dedo anular izquierdo, ocasionándole una limitación del movimiento articular que le genera una incapacidad del 6,2% del índice de la total obrera de carácter parcial y permanente; iv] que la perito psicóloga informó que la actora se encuentra enferma desde el punto de vista psíquico; v] que, posteriormente, el experto psiquiatra de la Asesoría Pericial Departamental dictaminó que la reclamante presenta un trastorno psicótico con ideas de corte paranoide, que se manifestó después del infortunio sufrido. Asimismo, explicó que la actora posee una estructura de personalidad de base previa para desarrollar tal patología psiquiátrica, concluyendo que el accidente y el posterior proceso asistencial de su dolencia física actuaron como factores desencadenantes. Por último, estableció que la incapacidad para la tarea que desarrollaba es del 100% del índice de la total obrera de carácter parcial y permanente; vi] que, mediante la resolución 306 fechada el 27 de diciembre de 2011, el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial dispuso el retiro obligatorio de la señora Olguin por incapacidad física con motivo de que la Junta Superior de Reconocimientos Médicos le dictaminó un 70% de incapacidad imputable al servicio.
En definitiva, juzgó demostrado el accidente de trabajo relatado, ocurrido mientras la accionante prestaba sus tareas habituales y, asimismo, que el siniestro le ocasionó las minusvalías física y psíquica descriptas, siendo la señora Olguin portadora de una incapacidad total y permanente (v. vered., fs. 363).
En la sentencia, precisó que la actora demandó a su empleadora, la Provincia de Buenos Aires, con sustento en los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil, y a Provincia ART S.A. por las prestaciones previstas en la ley 24.557. Puntualizó que la representación de la segunda es ejercida en autos por el Fisco provincial.
En atención al fundamento jurídico del reclamo impetrado, el juzgador de mérito trató, en primer lugar, lo tocante a la reparación procurada al amparo del derecho común. En este orden, consideró configurados los presupuestos atributivos de responsabilidad sustentados en el art. 1.113 del Código Civil (v. sent., fs. 369 vta. y 370). En cambio, entendió no verificadas las condiciones para la procedencia de la pretensión resarcitoria apoyada en el art. 1.109 del Código citado.
Luego, entendió que debía efectuar el control de constitucionalidad formulado con relación al art. 39 de la ley 24.557 a partir del cotejo de los sistemas de reparación comprometidos, siguiendo -refirió- los lineamientos del precedente "Aquino" de la Corte nacional.
En esta faena, tras declarar de oficio la inconstitucionalidad de los arts. 16 del decreto 1.694/09 y 17 apartado 5 de la ley 26.773, efectuó el cálculo de la prestación del art. 15 apartado 2 segundo párrafo de la ley 24.557, a la que aditó el 20% adicional establecido en el art. 3 de la primera de las leyes citadas. A dichas sumas les adicionó el índice RIPTE desde la fecha del evento dañoso -apartándose, por los fundamentos que expresó, de lo dispuesto en el art. 17 apartado 6- hasta el último valor publicado del mes de marzo de 2014, lo que arrojó como resultado el importe de $2.358.720,80. Finalmente, ordenó la aplicación de intereses conforme la tasa activa promedio del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Posteriormente, estimó el resarcimiento de los perjuicios material y moral y descartó la procedencia del daño estético. La cuantía por dichos conceptos ascendió a la suma de $632.607,60.
En consecuencia, después de efectuar la comparación entre ambos guarismos provenientes de uno y otro de los regímenes reparatorios, concluyó que, en el caso, el art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo no se encontraba en pugna con la Constitución nacional y los tratados incorporados por vía del art. 75 inc. 22.
Por ello, condenó al Estado provincial a abonar a la actora el importe de $2.358.720,80 en concepto de las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 15 apartado 2 segundo párrafo de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773 con inclusión del índice RIPTE, con más los intereses que ordenó liquidar conforme la tasa activa promedio del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la demandada denuncia absurdo y violación de los arts. 28 de la Constitución nacional; 16 del decreto 1.694/09; 17 apartado 5 de la ley 26.773; 1.068, 1.069, 1.078, 1.083 y 1.086 del Código Civil; 165, 384 y 456 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
Plantea los siguientes cuestionamientos:
II.1.a. Se agravia de la aplicación del decreto 1.694/09 y del índice RIPTE contemplado en la ley 26.773.
Alega que toda vez que el siniestro que motivó el reclamo de autos ocurrió el día 26 de agosto de 2008, el fallo de origen, en cuanto ordena la actuación de las normas de referencia descalificando de oficio su validez constitucional, quebranta el principio de irretroactividad de las leyes y la seguridad jurídica.
Sostiene que en el precedente "Lucca de Hoz" (L.515.XLIII, sent. de 17-X-2010), la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció con relación a la vigencia temporal del decreto 1.278/00. Aduce que allí estableció su no aplicación a hechos ocurridos con anterioridad a su entrada en vigor porque definió que la compensación económica debe determinarse conforme la ley vigente a la época en que el derecho se concreta. En este orden, puntualiza que esa línea directriz ya había sido recogida por el Máximo Tribunal en las causas citadas en dicho pronunciamiento vinculadas a la ley 23.643, modificatoria de la ley 9.688.
Con apoyo en doctrina autoral y en jurisprudencia de otros tribunales de justicia, postula que el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 armoniza perfectamente con el art. 17 apartado 5, que establece que la ley será aplicable a las contingencias cuya primera manifestación invalidante ocurra con posterioridad a su sanción.
II.1.b. Además, cuestiona la declaración oficiosa de inconstitucionalidad de los arts. 16 del decreto 1.694/09 y 17 apartado 5 de la ley 26.773.
Plantea que la actora no solicitó la aplicación de los citados dispositivos al siniestro de autos que ocurrió con anterioridad a su entrada en vigor, ni siquiera -remarca- se presentó en el proceso denunciando su vigencia y aplicación, por lo que considera que el a quo transgredió el principio de congruencia e incurrió en absurdo al decidir de ese modo.
II.1.c. De otro lado, sostiene que el índice RIPTE debe ser aplicado desde el día 1 de enero de 2010, conforme lo establece el art. 17 apartado 6 de la ley citada, y no desde la fecha del infortunio, como erróneamente lo hizo el juzgador de grado, apartándose así de lo prescripto en dicha norma.
II.2. También objeta la tasa de interés establecida en la sentencia.
Denuncia infracción de la doctrina legal que emerge de las causas L. 108.164, "Abraham"; L. 110.487, "Ojer"; L. 102.210, "Campana"; L. 108.142, "Díaz" y L. 90.768, "Vitkauskas", sentencias de 13-XI-2013, en las que -resalta- se declaró la inconstitucionalidad de la ley 14.399, ratificándose la aplicación de la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
II.3. Considera que la determinación del quantum indemnizatorio es absurda.
Postula que dicho importe supera largamente el monto reclamado en la demanda, ya que es cuarenta y cuatro veces mayor.
Aduce que la solución resulta irrazonable ni bien se repara en que el a quo aplicó retroactivamente el decreto 1.694/09 y la ley 26.773 e incluso adicionó, de modo improcedente, el rubro contemplado en el art. 3 de la citada ley.
Agrega que a la hora de liquidar el índice RIPTE incurrió en un error, puesto que tomó la base indemnizatoria actualizada y luego aplicó al monto obtenido -nuevamente- la indicada pauta legal.
Con todo, reitera que la estimación de la suma de condena es fruto de un razonamiento absurdo e ilógico.
II.4. Por último, invoca vulnerada la doctrina elaborada por esta Suprema Corte en la causa L. 80.735, "Abaca" (sent. de 7-III-2005).
Aduce que la validez constitucional del art. 39 de la ley 24.557 no debe juzgarse en abstracto, sino en concreto y que, si bien en el caso bajo examen el tribunal efectuó el cotejo de los importes reparatorios, el monto de condena que calculó según el régimen especial -por aplicación retroactiva del decreto 1.694/09 y la ley 26.773- supera de manera irrazonable y absurda el resarcimiento integral, transgrediendo el art. 28 de la Constitución nacional.
III. El recurso prospera.
III.1. De inicio se impone destacar que el veredicto carece de fecha y de indicación del lugar en el que se dictó, incumpliendo de tal modo con las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47 de la ley 11.653 (v. fs. 361/363). Asimismo, se observa que la secretaria del tribunal de origen no rubricó dicho pronunciamiento (v. fs. 363 vta. y 380 vta.), ni hay constancia de que hayan sido registrados.
Si bien los defectos apuntados constituyen falencias de forma y no conducen por sí solos a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), no pasan inadvertidos en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2. Sentado ello, es menester señalar que no le asiste razón a la interesada -conforme doctrina legal de esta Corte- cuando afirma que el tribunal de grado transgredió el principio de congruencia porque declaró -de oficio- la inconstitucionalidad de los arts. 17 apartado 5 de la ley 26.773 y 16 del decreto 1.694/09, sin que lo haya peticionado la parte actora.
Al respecto, esta Suprema Corte tiene dicho que el ejercicio de la atribución que emana del art. 31 de la Constitución nacional, en el marco del control judicial difuso adoptado por nuestro país, por constituir una cuestión de derecho y no de hecho, faculta a todos los magistrados del territorio a ejercerlo aun de oficio, sin que se produzca un quiebre en la igualdad entre las partes que debe ser garantizada en el proceso, ni afecte la garantía de la defensa en juicio, las que no pueden ser argumentadas frente al derecho aplicable para resolver la contienda (causas L. 100.688, "Fernández", sent. de 11-XI-2009 y L. 102.699, "Mascareño", sent. de 7-XII-2011).
En ese sentido me he explayado, en torno a la facultad de los jueces para declarar de oficio la inconstitucionalidad de las normas, al votar en las causas C. 84.417, "L., J. A." (sent. de 28-V-2004) y L. 81.953, "Omar" (sent. de 6-VII-2005), a cuyas consideraciones por razones de brevedad, me remito.
III.3. Ahora bien, sentado ello, debe revocarse, en primer lugar, la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 16 del decreto 1.694/09 y 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia.
Sobre el particular, he de insistir en que en lo atingente al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, tanto el mencionado decreto 1.694/09 como la referida ley 26.773 -como ya lo dijo esta Corte- han reiterado aquella regla general contenida en normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación solo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia.
En este marco, es dable recordar que, si bien el principio de no retroactividad de la ley carece de jerarquía constitucional, tiene un límite claro, configurado por la interdicción de todo menoscabo sustancial a situaciones subjetivas consolidadas al amparo de un régimen jurídico válido anterior (art. 17, Const. nac.; causa L. 96.278, "Mussio", sent. de 11-III-2013), como sucede en la especie.
Desde este enfoque, es mi convicción que no cabe la descalificación de dichos preceptos, toda vez que no los advierto, en el caso, en pugna con derechos y garantías de jerarquía constitucional, tal como lo sostuvo el a quo en su sentencia.
Por ello, y los concordantes fundamentos expuestos por el colega doctor Soria al emitir su voto en la causa L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018), a los cuales adhiero, propongo hacer lugar a esta parcela de la impugnación.
III.3.a. Aclarado cuanto antecede, corresponde abordar el agravio dirigido a cuestionar la aplicación al caso del decreto 1.694/09.
III.3.a.i. El art. 16 del decreto 1.694/09 (B.O., 6-XI-2009) establece que: "Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la Ley N° 24.557 y sus modificaciones cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".
Luego, ponderando que, a los fines de la determinación del régimen jurídico aplicable, el tribunal de la instancia inferior en grado se basó en la fecha de ocurrencia del accidente de trabajo que motivó el reclamo de autos, acaecido el día 26 de agosto de 2008 y, a la vez, que el art. 16 del decreto 1.694/09 prescribe expresamente que sus disposiciones se aplican a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de la referida fecha de publicación, se impone concluir que las pautas indemnizatorias previstas en el señalado reglamento no resultan aplicables al presente caso.
III.3.a.ii. En el sentido indicado, cabe destacar que, en situaciones asimilables a las que se verifican en la especie, esta Suprema Corte ha descartado la aplicación de las modificaciones introducidas a la Ley de Riesgos del Trabajo por el decreto 1.278/00 a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se hubiese producido con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del mentado reglamento (causas L. 90.384, "N., P. A.", sent. de 9-V-2007; L. 94.904, "Bertino", sent. de 22-X-2008; L. 94.119, "F., C. V.", sent. de 4-XI-2009; L. 94.456, "Vecchi", sent. de 2-VII-2010; L. 107.414, "S., A. R.", sent. de 26-IX-2012 y L. 109.850, "Aguirre", sent. de 12-VI-2013).
Del mismo modo, declarando expresamente aplicable -precisamente, por la similitud de los respectivos contextos normativos (arts. 19, dec. 1.278/00; 8, dec. 410/01 y 16, dec. 1.694/09)- la doctrina legal citada en el párrafo anterior, también ha resuelto este Tribunal que las modificaciones introducidas a la ley 24.557 por el decreto 1.694/09 no resultan aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante hubiere ocurrido con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de dicho decreto (causas L. 116.513, "Orellana", sent. de 26-III-2014; L. 116.622, "Bracco", sent. de 15-IV-2015 ; L. 116.955, "Enríquez", sent. de 29-III-2017 y L. 117.431, "Corvalán", sent. de 29-VIII-2017), doctrina que resulta aplicable al caso y alcanza para revocar lo resuelto en la sentencia de grado.
III.3.b. Por similares motivos, también debe hacerse lugar al agravio dirigido a controvertir la aplicación al caso de la ley 26.773.
En tal sentido, habré de reproducir aquí -en lo pertinente y ceñido el abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual el tribunal de grado juzgó el caso- los fundamentos expuestos por esta Corte al resolver en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), oportunidad en la que presté mi adhesión al voto de mi colega doctor Genoud.
III.3.b.i. La ley 26.773 ("Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales", B.O., 26-X-2012), dispone en su art. 17 apartado 5: "Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".
Es indudable que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de las disposiciones pertinentes, la reforma de la ley 26.773 ha mantenido el criterio adoptado por las normas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00 y 1.694/09), relativo a que las mejoras introducidas en la nueva legislación solo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito). Luego, deben reputarse aplicables al referido cuerpo legal -en principio, y salvo que la nueva legislación haya establecido alguna excepción puntual a dicha regla- los criterios interpretativos mediante los cuales esta Suprema Corte ha zanjado los debates relativos a la aplicación en el tiempo de sus antecesoras (los citados decretos 1.278/00 y 1.694/09).
III.3.b.ii. Definido lo anterior, cabe analizar si el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, en cuanto regula el mecanismo de "ajuste" de las prestaciones por incapacidad permanente previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, consagra una excepción a la aludida regla general establecida en el art. 17 apart
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