Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124435
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, en lo que aquí interesa destacar, hizo lugar a la defensa de prescripción y, por mayoría, rechazó la acción promovida por Liliana Mabel Rodríguez contra Provincia ART S.A. y la Provincia de Buenos Aires mediante la cual se procuraba el cobro de indemnización por daños y perjuicios (v. fs. 468/485 vta.).
Para así decidir, juzgó que al tiempo de interponerse la acción (13 de junio de 2014, según el cargo de fs. 23 vta.) ya había fenecido el plazo previsto en el art. 4.037 del anterior Código Civil, computado a partir del momento en que la trabajadora tomó conocimiento de su incapacidad (5 de junio de 2012), fecha en la que fue anoticiada del cese de su minusvalía laboral temporaria con secuelas de funcionalidad por disfonía ronquera.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 496/502 vta.), el que fue concedido por el a quo a fs. 503 y vta.
En su presentación denuncia absurdo en la apreciación de las pruebas, violación de doctrina legal y de las normas que cita, y vulneración al principio de congruencia.
Se agravia, en lo esencial, de la fecha que fija el tribunal de grado como de toma de conocimiento.
Por otra parte, reputa conculcados distintos principios del derecho laboral y consagrados en la Constitución nacional y los tratados internacionales que enuncia.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. En primer lugar, cabe señalar que, conforme tiene reiteradamente dicho esta Corte, determinar la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad y, en consecuencia, el comienzo del curso de la prescripción, como así también su eventual interrupción o suspensión, constituyen cuestiones de índole fáctica reservadas a los jueces de grado, y las conclusiones que al respectoéstos formulen no son susceptibles de revisión en esta instancia extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo (causas L. 115.788, "Díaz", sent. de 21-VIII-2013; L. 111.319, "Dimotta", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.880, "Piovacari", resol. de 8-IV-2015 y L. 121.802, "Pérez", resol. de 27-II-2019).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014; L. 117.795, "Idaskin", resol. de 20-XI-2014 y L. 119.873, "Noceda", resol. de 10-VIII-2016).
III.1.b. En el caso, la recurrente no cumple con la carga de acreditar el absurdo alegado, ya que su crítica no logra concretar una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, en tanto se reduce -en rigor- a una simple divergencia de opinión con las motivaciones sentenciales que inspiran el pronunciamiento, y como tales insuficientes para conmover el fallo atacado (causas L. 117.754, "Caballero", resol. de 12-III-2014 y L. 118.799 "Giménez", resol. de 14-X-2015).
En efecto, las alegaciones de la interesada no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las constancias de autos, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del mencionado vicio de absurdo (causas L. 118.271, "Lugo", resol. de 5-XI-2014; L. 118.305, "Ciarelli", resol. de 11-II-2015; L. 120.971, "Cepeda", resol. de 20-XII-2017 y L. 121.616, "Lareu", resol. de 5-XII-2018).
III.2. Por lo demás, las críticas con fundamentación en la violación del principio de congruencia, y afincadas en la interpretación de los escritos constitutivos de la litis, en esencia de la conducta procesal asumida por la demandada, como así también el análisis de las probanzas -en tanto exhiben una mera divergencia con la solución final- no resultan eficaces.
Tiene dicho esta Corte que interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y su decisión al respecto sólo puede revisarse en la sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe absurdo en la interpretación y violación del referido postulado (causas L. 87.372, "Antonini", sent. de 7-II-2007; L. 93.988, "Ferrera", sent. de 3-VI-2009 y L. 121.325, "Acuña", resol. de 8-VIII-2018). Tales extremos no se verifican en la especie, desde que la réplica se sitúa en el plano de la mera disconformidad de la recurrente con la solución adoptada.
III.3. Tampoco resulta apta para controvertir el fallo el cuestionamiento que gira en torno a la infracción al principio in dubio pro operario , desde que esta Corte tiene dicho que no resulta tal si los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento respecto de la apreciación del material probatorio (causas L. 118.188, "Calabresi", resol. de 15-X-2014 y L. 118.046, "Ruggiero", resol. de 5-XI-2014 y L. 121.322, "Barrionuevo", resol. de 11-VII-2018).
III.4. Cabe agregar, para más, que carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, cuya configuración está supeditada a la previa verificación de infracción de textos legales (causas L. 92.430 "Galarza", sent. de 20-VIII-2008 y L. 121.322, cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/06/2020 18:53:54 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 26/06/2020 08:44:02 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 26/06/2020 16:01:14 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 26/06/2020 17:59:51 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 29/06/2020 09:01:40 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia