Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123718
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (art. 292, CPCC y Acordada 1.790). Con costas.
C. 123.718 "A., A. A. Y OTROS C/ RIBOLDI, GUILLERMO DANIEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
I. Conforme surge de las constancias acompañadas la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata, en lo que aquí interesa destacar, confirmó la decisión que decretó la caducidad de instancia respecto de los coactores A. A. Á. y R. M. Á. y desestimó igual planteo con relación a las accionantes S. B. y F. Á., en el marco de la causa principal sobre daños y perjuicios que los mencionados instaron contra Guillermo Daniel Riboldi, siendo citada en garantía San Cristóbal Seguros SMSG (v. fs. 21/24 y 15/18, respectivamente).
Frente a tal pronunciamiento, los actores mencionados en primer término dedujeron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 26/28).
El a quo denegó tal vía extraordinaria con sustento en la insuficiencia del valor del agravio -tomando en consideración el monto reclamado por los impugnantes en la demanda, deducida la parte peticionada en representación de sus hijas- y rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial articulado al deducir el mencionado remedio (v. fs. 29 y vta.).
Contra la denegatoria del recurso de inaplicabilidad de ley se articuló una queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. fs. 33/37).
II. Al respecto, cabe observar en primer lugar que este Tribunal ha dicho, en reiteradas oportunidades, que en los supuestos de litisconsorcio facultativo activo el valor del agravio a los efectos de cumplir con el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial está representado, para la parte accionante, por las sumas individualmente peticionadas en la demanda (v. fs. 6 vta.; doctr. causas C. 118.371, "Ricardi", resol. de 27-XI-2013; C. 119.324, "Romero", resol. de 20-XI-2014; C. 120.590, "Meneses", resol. de 4-V-2016; C. 121.527, "Correa", resol. de 29-VIII-2017 y C. 122.699, "Vallejos", resol. de 26-II-2020).
Así, en el caso, los montos reclamados por cada uno de los actores recurrentes en el escrito de inicio no alcanzan individualmente el mínimo para acceder a la revisión por la vía intentada, de acuerdo a lo regulado por el art. 278 del ordenamiento procesal -texto según ley 14.141 y Acordada 3.947/19, vigente a la fecha de interposición del carril extraordinario- (v. fs. 6 vta. y 26).
En su queja los impugnantes aducen que si se tomara como pauta el valor que tenía el ius al momento de interponer la demanda, el valor de lo solicitado en la demanda excedería el mínimo exigido legalmente (v. fs. 34 vta.). Tales argumentaciones no pueden admitirse, desde que -además de que consideran en conjunto los montos peticionados por cada uno de ellos, lo que no se condice con la doctrina antes referida- este Tribunal ha sostenido -reiteradamente- que las condiciones de admisibilidad de los recursos extraordinarios, y en particular el monto mínimo para recurrir, se rigen por la ley vigente al momento de su interposición (doctr. causas C. 113.930, "Becerra", resol. de 30-III-2011; C. 116.602, "Tenenbaum", resol. de 9-V-2012; C. 118.512, "Olhaberry", resol. de 27-XI-2013; C. 122.066, "Parra", resol. de 7-II-2018; C. 122.590, "Lemos", resol. de 22-VIII-2018 y C. 122.919, "Godoy", resol. de 20-III-2019; C. 122.699, cit.), por lo que resultan inadmisibles tales fundamentos expuestos para superar tal valladar (doctr. causas C. 114.679, "Cristalfin S.A.", resol. de 31-VIII-2011 y C. 120.993, "González", resol. de 26-X-2016; C. 122.757, "Cardano,", resol. de 26-II-2020 y C. 122.699, cit.).
Por otra parte, en cuanto a la alegación referida a actualizar los rubros que se mencionan (v. fs. 34 vta./37), cabe recordar que esta Corte ha dicho, en casos análogos, que a los fines previstos en el art. 278 citado, no corresponde actualizar la suma peticionada en la demanda de acuerdo a lo dispuesto por el art. 7 y concordantes de la ley 23.928 -texto según ley 25.561- (conf. causas Ac. 91.200, "Biasutti", resol. de 3-XI-2004; Ac. 91.629, "Sánchez Escudero", resol. de 1-XII-2004 y Ac. 92.986, "Del Canto Zamora", resol. de 23-II-2005, entre muchas otras), cuya invalidez constitucional aún no ha sido declarada por este Tribunal (causa C. 122.757, "Cardano,", resol. de 26-II-2020).
III. Asimismo, interpretando que a través del planteo efectuado en el Punto V del recurso de hecho bajo estudio se reitera ante esta instancia el cuestionamiento a la constitucionalidad del citado art. 278 -aplicado a fin de decretar la inadmisibilidad del remedio de inaplicabilidad de ley- (v. fs. 37), esta Corte tiene decidido ya que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al monto del juicio para la concesión del remedio extraordinario regulado en aquel dispositivo legal no vulneran derechos o garantías de ese rango (doctr. causas "Fratti", resol. de 20-V-2015; C. 122.467, "Morelli", resol. de 27-VI-2018 y C. 122.369, "L. N. I.", resol. de 5-IX-2018; C. 122.699, cit.).
IV. Finalmente, cabe agregar que, no obstante la invocación de afectación de garantías constitucionales (v. fs. 34 vta.; 35 vta.; 36/37), tampoco se advierte prima facie la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que en el embate subyacen denuncias concernientes a la interpretación y aplicación del derecho procesal, que denotan que en el caso no se encuentra involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal carácter (doctr. causas C. 119.442, "Figliuolo", resol. de 26-VIII-2015; C. 119.450, "Acosta", resol. de 25-XI-2015; C. 122.944, "Collado", resol. de 20-III-2019).
En consecuencia, corresponde rechazar la queja bajo estudio (arts. 278 y 292, CPCC y Acordada 1.790).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (art. 292, CPCC y Acordada 1.790). Con costas.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/07/2020 20:22:52 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 08/07/2020 13:20:49 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 14/07/2020 17:41:50 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 27/07/2020 17:39:41 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 29/07/2020 13:44:01 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia