Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 116840
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 116.840, "De la Peña, Carlos Diego contra Transportes Metropolitanos General Roca S.A. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Kogan, Genoud, Soria.
La Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto hizo lugar a la acción, modificando el monto de la condena. Asimismo, declaró la nulidad de la cláusula sobre franquicia estipulada en la póliza de seguros, integrando judicialmente el contrato (v. fs. 659/674).
Se interpuso, por la actora Melisa Belén De la Peña, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 692/705 vta.).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez de Lázzari dijo:
I. Carlos Diego De la Peña inició la presente acción contra la empresa Transportes Metropolitanos General Roca S.A. en virtud de los daños y perjuicios sufridos al caer del tren en el que viajaba como pasajero y padecer, entre otras lesiones, la amputación de su pierna izquierda (v. demanda, fs. 87/98).
Reclamó el resarcimiento integral de los daños, peticionando, en particular, la indemnización por lesiones físicas; incapacidad laboral; lesión estética y psíquica; daño moral; gastos médicos, de farmacia y viáticos; gastos futuros y lucro cesante (v. fs. 90 vta./94).
Citó en garantía a la firma Trainmet Seguros S.A. (v. fs. 97).
A fs. 378 se presentó María Alejandra Dell'Intento, en nombre y representación de Melisa De la Peña -hija del actor-, denunciando el fallecimiento del accionante.
A fs. 498 hizo lo propio C. A. L., en representación del también hijo del actor, M. E. D. l. P..
A fs. 398 y 500 se presentó la señora Asesora de Incapaces, asumiendo la representación promiscua de los menores.
El magistrado de origen hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Carlos Diego De la Peña (hoy sus herederos Melisa y M. E. D. l. P.) contra Transportes Metropolitanos General Roca S.A., condenando a la demandada a abonar a la actora la suma de doscientos ochenta y seis mil quinientos pesos ($286.500), con más los intereses que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días -tasa pasiva- desde la fecha del hecho y hasta el efectivo pago. Asimismo, hizo extensiva la condena a la citada en garantía Trainmet Seguros S.A., con el límite de la franquicia de $500.000, a excepción de las costas causídicas (v. fs. 579/589).
II. Apelado dicho pronunciamiento por los sucesores del actor, la Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata lo confirmó en cuanto hizo lugar a la acción de daños y perjuicios entablada, modificando la cuantía del resarcimiento. Asimismo, declaró la nulidad de la cláusula sobre franquicia estipulada en la póliza de seguros, integrando judicialmente el contrato (v. fs. 659/674).
III. Contra esta decisión la actora Melisa Belén De la Peña -hoy mayor de edad- interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, mediante el cual denuncia el vicio de absurdo en la apreciación de la prueba. Hace reserva del caso federal (v. fs. 692/705 vta.).
Afirma que la disminución de los montos resarcitorios otorgados en concepto de incapacidad sobreviniente, lesión estética y daño moral resulta arbitraria e incongruente, por su desproporción y la desnaturalización que produce en el resarcimiento de la víctima (v. fs. 693/703).
Sostiene que el fundamento brindado por la Cámara para reducir las indemnizaciones por tales rubros, consistente en el prematuro fallecimiento del actor, es incoherente y se contrapone con las razones dadas por el propio Tribunal de Alzada al abordar el daño psicológico (v. fs. 698, 700 vta. y 703).
En tal sentido, alega que la configuración de dichos daños resulta ajena a la duración efectiva de la vida del afectado, habiendo sido sufridos por el actor desde el momento mismo del accidente (v. fs. 698 vta., 700 vta. y 703).
Por otra parte, arguye que tal relevante dato temporal fue expresamente tenido en cuenta por el magistrado de origen, razón por la cual luce desmedida la drástica reducción de las parcelas indemnizatorias (v. fs. 696 y vta.).
Asevera que la Cámara ha examinado los rubros lesión física, incapacidad laboral y lucro cesante promiscuamente, afectando su derecho de defensa toda vez que no resulta claro qué fundamento utiliza para disminuir cada rubro ni en qué medida se ha declarado procedente cada uno de ellos (v. fs. 694 vta.).
Desde otroángulo, cuestiona la aplicación de la tasa de interés pasiva pues -a su juicio- no refleja cabalmente la realidad económica, solicitando se aplique la tasa activa (v. fs. 703 y vta.).
Por último, se agravia de la integración del contrato de seguro efectuada por la Cámara tanto en relación al porcentaje de la franquicia admitido (10%) como en lo que respecta a la inclusión de las costas en dicha franquicia, a la par que solicita se aclare que la referida cláusula opera exclusivamente entre las partes contratantes, luego de satisfecho el crédito de la víctima (v. fs. 703 vta./705).
IV. El recurso prospera, pero parcialmente.
Llega firme a esta sede extraordinaria la responsabilidad de la empresa accionada Transportes Metropolitanos General Roca S.A., extendida a la citada en garantía Trainmet Seguros S.A.
Lo que se trae a revisión de esta Corte es el monto de la condena, la tasa de interés aplicable y el alcance de la franquicia de acuerdo con la integración del contrato de seguros dispuesta por el Tribunal de Alzada.
IV.1. Respecto de los agravios relativos a la determinación del monto a resarcir en concepto de incapacidad sobreviniente, lesión estética y lucro cesante, recuerdo que la cuantificación de los perjuicios constituye una cuestión de hecho, ajena -por regla- a la casación y propia de las instancias de grado, en la medida en que dicha tarea haya sido ejercida con la necesaria prudencia y razonabilidad que debe imperar en todo pronunciamiento judicial, es decir, siempre que no haya mediado absurdo (art. 279, CPCC; conf. causas C. 102.346, "García", sent. de 13-V-2009; C. 101.286, "Fernández", sent. de 2-III-2011; e.o.); hipótesis excepcional que no encuentro acreditada en la especie.
El concepto de absurdo hace referencia a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una grosera desinterpretación material de la prueba producida. Al recurrente no le alcanza con argumentar que los hechos, la valoración de la prueba, la interpretación de las conductas involucradas, etcétera, pudieron ocurrir o hacerse de otra forma, tanto o más aceptable. Es indispensable demostrar que de la manera sostenida en la sentencia no pudo ser (conf. causas C. 121.645, "Agro Ramabe S.A.", sent. de 26-IX-2018; C. 122.728, "Piris", sent. de 6-XI-2019; e.o.).
En lo que aquí interesa destacar, el Tribunal de Alzada expresó que debía tenerse presente, como hecho sobreviniente producido durante la sustanciación del juicio y debidamente probado, que el señor De la Peña había fallecido el 21 de enero de 2008, a los treinta y tres años de edad, como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio traumático (conf. partida de defunción, fs. 376), sin haberse invocado que el deceso tuviera relación causal o concausal con el accidente ferroviario acaecido el 6 de agosto de 2005. Tras ello, agregó, se materializó la incorporación al presente proceso -como partes- de los dos hijos menores de edad del primigenio actor, representados por sus respectivas progenitoras (v. fs. 660 y vta.).
IV.1.a. En lo que respecta a las lesiones físicas, incapacidad laboral y lucro cesante la Cámara precisó que el juez de origen había entendido que el tratamiento conjunto de los tres ítems se justificaba porque el derecho a la integridad física comprendía la protección de los agravios sufridos por la víctima en los diversos aspectos de su personalidad (v. fs. cit.).
Asimismo, subrayó que en el caso carecía de verdadera repercusión jurídica cuantificar separadamente la incapacidad física sobreviniente y el lucro cesante habida cuenta de que lo importante en este punto era establecer en qué medida la mengua del vigor humano había podido y podría gravitar en las actividades habituales de la víctima, pues los porcentajes de incapacidad determinados por los peritos sólo constituían elementos referenciales y meramente orientadores, aunque nunca vinculantes para el juez o tribunal. Ello así -agregó- sin soslayar la magnitud de los resarcimientos que pudieran ser conferidos, como rubros independientes, a causa de otras alteraciones del soma o de la psique (conf. arts. 1.067, 1.068 y 1.086, Cód. Civ.; v. fs. 661 vta. y 662).
Así las cosas, teniendo en cuenta las declaraciones testificales sobre el trabajo que desempeñaba el señor De la Peña -consistente en la venta de teléfonos celulares en un puesto que tenía en el acceso al Hospital de Berisso, actividad que había continuado incluso después del accidente- y su emplazamiento socioeconómico desfavorable con posterioridad al hecho, sin olvidar que la acción fue ejercida iure propio por la víctima, siendo proseguida por su dos hijos menores, estimó justo reducir la suma otorgada a $40.000 (v. fs. 662 y vta.).
En cuanto a la lesión estética, tras precisar que constituía un daño material en la medida en que influía sobre las posibilidades económicas futuras del damnificado o lo afectaba en sus actividades sociales proyectándose sobre su vida individual, entendió que debía ser reducida a la suma de $8.000 (conf. arts. 1.067, 1.068, 1.083 y 1.086, Cód. Civ.; v. fs. 662 vta./663 vta.).
Pese a haber invocado la recurrente el vicio lógico del razonamiento antes aludido, no se observa que el mismo ocurra en la especie, pues -tal como surge de los párrafos precedentes- el sentenciante proporcionó los fundamentos en virtud de los cuales consideró adecuado disminuir las sumas consignadas en la sentencia de primera instancia, con la correspondiente cita legal y mención de las constancias probatorias ponderadas.
En primer lugar, cabe advertir en cuanto al alegado tratamiento promiscuo de los rubros lesión física, incapacidad laboral y lucro cesante -y no obstante explicitar el fallo los motivos por los cuales abordó su tratamiento de manera conjunta- que dicho agravio no puede ser atendido por ser fruto de un razonamiento tardío, incorporado recién en esta instancia al proceso (v. expresión de agravios, fs. 616/621 vta.), lo que determina su improcedencia.
Por otra parte, la crítica vinculada con ausencia de incidencia de la muerte de la víctima al momento de cuantificar los daños patrimoniales carece asimismo de andamiento pues, si bien no caben dudas de que los perjuicios eran ciertos y actuales al momento de la interposición de la demanda, su proyección hacia el futuro y el repentino fallecimiento del señor De la Peña poco tiempo después del accidente eran elementos de innegable trascendencia que debían ser ponderados -tal como lo hizo la Cámara- al momento de mensurar los rubros reclamados.
Tampoco encuentro configurada la denunciada incongruencia del decisorio pues, si bien con relación a la lesión psíquica expresó que "la existencia en sí y el principio del daño experimentado por la víctima en esa faceta se remonta[ba] a la época del accidente mismo y reconoc[ía] en éste su causa eficiente", la existencia en sí de los daños aquí cuestionados no fue desconocida por la Cámara en razón de la prematura muerte del actor sino que, como fuera explicitado en el párrafo precedente, fue un elemento relevante tenido en cuenta para determinar su extensión y cuantía.
En suma, las objeciones indicadas por la recurrente respecto de la argumentación de la sentencia en relación con los conceptos indemnizables referidos no logran demostrar la existencia del vicio de absurdo, con el alcance excepcional que esta Corte ha conferido a esta expresión, de conformidad con la doctrina legal antes citada.
Es por ello que, en tal aspecto, el planteo resulta infundado (art. 279 y su doctr., CPCC).
IV.1.b. Sin embargo, encuentro acertada la crítica esgrimida por la recurrente en lo referente al daño moral, vinculada al razonamiento absurdo sobre la disminución de la suma consignada en ese rubro.
En lo que respecta a este concepto indemnizatorio, el Tribunal de Alzada destacó que debía analizarse con detenimiento la repercusión espiritual que el hecho dañoso había producido en la víctima, la gravedad del mismo y las circunstancias subjetivas y objetivas que podían demostrar la entidad del perjuicio, sin olvidar la incidencia que tenía la prolongación de dicho daño en el tiempo, esto es, la temporalidad y permanencia de los sufrimientos causados. A la luz de tales consideraciones, teniendo en cuenta que -en el caso- el padecimiento persistió durante la escasa supervivencia de la víctima con posterioridad al infortunio, consideró que el monto del perjuicio inmaterial sufrido debía reducirse a la suma de $28.000 (conf. arts. 1.078 y 1.083, Cód. Civ. y 165 tercer párrafo, CPCC; v. fs. 665 y vta.).
Por su parte, la impugnante se queja de que no hay un verdadero fundamento en la sentencia en crisis para proceder con dicha merma, ya que no se explica por qué dos años y medio resultan a su juicio "escasos" para limitar la entidad del daño moral de acuerdo con la apreciación de las circunstancias del caso (v. fs. 701/703) cuando, precisamente, la mayor dolencia ha tenido lugar en esos primeros momentos, junto con las terribles consecuencias que conlleva la pérdida de una pierna para su vida de relación, tanto laboral como afectiva, vivenciada en ese período (v. fs. 702).
Además, se denuncia que del modo que argumenta la Cámara la reducción -28% del total que podría haber padecido si hubiera completado su vida dentro de los cánones estadísticos generales- no es posible llegar a esa conclusión (v. fs. 702 vta.).
Teniendo en cuenta el concepto de absurdo aludido en los acápites precedentes, advierto que asiste razón a la recurrente.
En efecto, se ha demostrado que la motivación de la decisión judicial se sustenta únicamente en la repercusión de la muerte de la víctima de forma anticipada a los cánones estadísticos generales de sobre vida de las personas. Ahora bien, esa afirmación está conformada exclusivamente de forma dogmática en que así son las cosas, sin exteriorizarse el hilo conductor que lleva a justificar la disminución de la cifra, ni cuál es el sustento y los elementos fundantes de tal aseveración, máxime cuando el juzgador de primera instancia había tomado en cuenta dicho dato en la indemnización acordada. En estas condiciones, esa conclusión se revela como proveniente de la sola voluntad del juzgador, lo que no constituye fundamentación suficiente y, por ende, incurre en clara arbitrariedad.
Es por ello que, superada la carga procesal de fundamentación, corresponde valorar las circunstancias cualitativas en la individualización del daño (art. 289, CPCC).
Veamos.
Por un lado, es un dato objetivo indiscutible la aflicción que sufrió la víctima en el momento del suceso, tanto físico como psíquico, a raíz del dolor corporal provocado en el momento del accidente, que cumple un rol preponderante para inferir la presencia del perjuicio moral y su intensidad.
Por otro, respecto de la internación, conforme el testimonio del médico del hospital, se observa que fue prolongada -desde el 13 de agosto hasta el 16 de setiembre- y gravosa, porque tuvo que transitar por dos operaciones traumáticas (v. fs. 282 vta.).
En la convalecencia, los padecimientos fueron intensos y variados hasta que se formó el muñón: el dolor continuo durante seis meses y luego con apariciones de otras manifestaciones del mismo tenor (v. fs. 282 vta. y 283); las incomodidades surgidas de la adaptación a una prótesis móvil para poder caminar, con la incertidumbre adicional de la posibilidad de cambio por otro tipo de prótesis -fija- y del obstáculo de su costo. Además, las secuelas no corregibles de las lesiones en la víctima provocaron la pérdida de la seguridad económica con el agregado de un contexto social y laboral adverso: al no contar De la Peña con un trabajo formal tampoco contó con los beneficios de la seguridad social; al quedar incapacitado para su movilidad, las posibilidades que ofrece el mercado laboral se acortaron (v. fs. 300).
A este cuadro posicional se agrega la necesidad de apreciar otras particularidades personales de la víctima: tenía dos hijos a cargo y una mamá enferma con quien convivía, con la carga de proveedor primario de su familia a una edad de plena actividad productiva -treinta y dos años- (v. fs. 33/34).
Se trata, en suma, de condiciones subjetivas de incuestionable gravitación en el perjuicio espiritual que en el caso sufrió De la Peña que se hicieron presentes en forma indiciaria para computar la mayor intensidad en el momento del accidente y en el transcurso de esos dos años y medio de vida posteriores y, por lo tanto, para otorgarles trascendencia en la fijación numérica del resarcimiento (v. Zavala Rodríguez, Matilde, Resarcimiento de daños. Daños a las personas. Integridad sicofísica , ed. Hammurabi, 1996, Bs. As., pág. 544; arts. 384 y 165 inc. 5, CPCC).
Por las razones expuestas, corresponde revocar la parcela de la decisión que redujo la suma en $28.000 y confirmar el monto fijado en primera instancia de $100.000 por el daño moral.
IV.2. Desde otroángulo, la crítica vinculada con la integración del contrato de seguros efectuada por el Tribunal de Alzada no puede ser acogida (v. fs. 703 vta./705).
La Cámara, al analizar los términos de la franquicia estipulada en las condiciones particulares de la póliza suscripta por Trainmet Seguros S.A. y la empresa demandada Transportes Metropolitanos General Roca S.A., sostuvo que siendo el contrato de seguro un negocio de adhesión con contenidos predispuestos, carecían de validez y eficacia aquellas estipulaciones que se hallasen en pugna o transgredieran los principios generales atinentes al orden público, a la moral y las buenas costumbres, al ejercicio regular de los derechos y a la buena fe, tal como sucedía con la cláusula bajo análisis, habida cuenta de que el desmesurado monto de la franquicia -$500.000- devenía ilícito, irrazonable y contrario a la naturaleza misma del contrato asegurativo sobre responsabilidad civil (v. fs. 667/670 vta.).
En tales condiciones, concluyó que se imponía la aplicación al caso del régimen tuitivo de los derechos del consumidor y del usuario -ley 24.240-, debiéndose tener por no convenida la cláusula impugnada (conf. art. 37, primer párrafo, ley cit.), ya que desnaturalizaba las obligaciones a cargo de la entidad aseguradora y limitaba la responsabilidad por daños, tratándose por tanto de una cláusula abusiva (v. fs. 671 vta.).
Por tal andarivel, consideró equitativo establecer que dicha franquicia y la consecuente participación de la asegurada en la liquidación del siniestro fuese equivalente al diez por ciento (10%) de la indemnización total a favor de la víctima, comprensiva del capital, intereses y costas (v. fs. 672).
IV.2.a. Llegados a este punto, cabe precisar que la actual doctrina legal de este Tribunal establece -por mayoría- que encasillar la interpretación del alcance de un contrato como una cuestión de hecho es válido cuando lo controvertido son las circunstancias o elementos que rodean al negocio. Pero si lo que se debate, partiendo de una plataf
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