Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 120989
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 120.989, "G., M. F. contra Banco de Galicia y Buenos Aires. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria , Kogan, Pettigiani, Torres.
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora modificó el fallo de primera instancia que, a su turno, había estimado parcialmente la demanda (v. fs. 366/378 vta. y 512/527).
Se interpusieron, por la actora y el demandado, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 580/585 y 534/574 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 614/623), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el demandado?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el deducido por la actora?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. No es a esta altura objeto de debate que alrededor de las 20:00 hs. del día 26 de noviembre de 2008, en ocasión de encontrarse la actora operando con un cajero automático de la red "Banelco", ubicado en la sucursal Banfield del accionado -en Avenida Hipólito Yrigoyen n° 7.839- fue atacada por un asaltante que aparentaba operar con otro de los cajeros contiguos. Con motivo de dicho violento abordaje, la señora G. cayó al suelo sufriendo fractura de cadera y demás daños derivados que precisó al demandar.
En su escrito de inicio, caracterizó a la responsabilidad del banco como de eminente naturaleza contractual (v. fs. 42 vta.), endilgándole el incumplimiento del deber de seguridad (arts. 5 y 6, ley 24.240) al no haber adoptado los recaudos adecuados y necesarios para garantizar su seguridad psicofísica en ocasión de operar con el cajero automático. Déficit que describió del siguiente modo: "...me hallé a merced de un delincuente dentro de un habitáculo sin defensa, ni protección alguna, sin la existencia de un guardia que controle el lugar en horario no bancario o la contratación de una empresa de seguridad que abarque la zona cuando, mediante cámara de seguridad se detecta el acto delictual, nada de ello existió en la ocasión del hecho, evidenciando un incumplimiento del deber de seguridad, notorio por parte de la entidad..." (fs. 44 vta. y 45; el destacado figura en el original).
Al responder la acción entablada en su contra, el accionado reconoció el carácter de clienta de la actora, más adujo que la respectiva vinculación contractual no lo obligaba a adoptar medidas de seguridad extraordinarias. Aseguró cumplir con la totalidad de la normativa regulatoria de su actividad, especialmente dictada por el Banco Central de la República Argentina (v. fs. 72).
Destacó, también, que el ilícito alegado por la señora G. se mostraba como un hecho ajeno que revestía las características de la fuerza mayor, habiendo sido perpetrado por un tercero por el cual no debía responder (v. fs. cit.).
Precisó, a su vez, que la problemática de la seguridad constituía una materia propia e indelegable del Estado que no podría, por tanto, ser suplida por su parte y que las medidas de seguridad extraordinarias sugeridas por la reclamante solo podían ser exigibles a partir de la sanción de una ley o disposición que así lo estableciera (v. fs. 72 vta.).
En su momento, el juzgado de origen responsabilizó a la institución bancaria en función de los contratos de caja de ahorro y cuenta corriente reconocidos por las partes, de los que -a su entender- derivaba la obligación de seguridadínsita en la operatoria cuyo servicio había ofrecido brindar a su cliente (v. fs. 368 vta. y 369).
Con cita doctrinaria, puso de relieve que la normativa administrativa que imponía el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y que se expresaba en la Comunicación "A" 3390/01 refiere a las condiciones mínimas necesarias para autorizar a una entidad financiera a implementar un servicio, quedando al exclusivo criterio y responsabilidad de cada una de ellas la adopción de todos los recaudos de seguridad adicionales que correspondan y la pongan a cubierto de las responsabilidades contractuales que adquiere con sus clientes (v. fs. 370 y vta.).
Siguiendo este derrotero, arribó a la conclusión de que el banco debía responder por los daños sufridos por la actora, habida cuenta -reitero- del incumplimiento del deber de seguridad comprendido en la relación contractual, no habiendo adoptado las medidas pertinentes tendientes a brindar a su cliente un ámbito físico en el cual pudiera realizar las gestiones propias de la operatoria en cajeros automáticos. Fijó importes resarcitorios en concepto de daño físico -comprensivo del daño estético-, daño psicológico, daño moral y daño punitivo, con más intereses a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde la fecha del hecho a la de la sentencia, y de allí hasta el efectivo pago, a tasa activa, con costas del pleito, haciendo a su vez extensiva la condena -en los límites de la póliza contratada- a Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A. citada en garantía (v. fs. 366/378 vta.).
II. Apelada la decisión, la Sala II de la Cámara de Apelación departamental la modificó respecto de los importes indemnizatorios -reduciendo el reconocido por daño punitivo y elevando los correspondientes a daño físico y estético, psíquico y moral, estableciendo asimismo que los intereses de condena se liquidaran a la tasa pasiva "digital" publicada por el Banco oficial de la Provincia y, durante los períodos en que la misma no hubiera existido, a la tasa pasiva "clásica" de dicha entidad-, confirmándola en lo restante que fuera materia de apelación (v. fs. 512/527).
Para así decidir, en lo que aquí interesa destacar, expuso preliminarmente que a tenor de su art. 7, el Código Civil y Comercial de la Nación en vigor desde el día 1 de agosto de 2015 "No será aplicable entonces a las relaciones o situaciones jurídicas -y sus consecuencias- consumad[a]s, agotad[a]s o extinguid[a]s con anterioridad a su vigencia, excepto cuando, claro está, exista disposición legal en contrario o sean las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo..." (fs. 515).
Seguidamente, ponderó que sin perjuicio de que la relación jurídica obligacional en la que se fundaba el reclamo de autos había nacido al momento de producirse el daño –el día 26 de noviembre de 2008- lo cierto era que en el sub lite se apreciaba una clara y concreta relación de consumo entre los contendientes, circunstancia que venía a abastecer el supuesto de excepción previsto en el citado precepto, con la consiguiente aplicación del novel ordenamiento sustantivo (v. fs. cit.).
Luego de precisar este marco de subsunción normativa, y ya en la concreta labor de analizar la endilgada responsabilidad bancaria, comenzó por señalar la no controvertida vinculación contractual habida entre las partes, poniendo a la vez de especial relieve la preferente tutela de usuarios y consumidores (art. 42, Const. nac.), elevada al rango de principio informador del orden jurídico de derecho privado que impone a los jueces interpretar y aplicar la normativa especial con sus valoraciones inherentes y sus soluciones tuitivas (v. fs. 515 vta. y 516).
Tras puntualizar los pormenores fácticos del hecho ilícito descripto en la demanda, introdujo a su análisis la noción de la responsabilidad objetiva por "actividad riesgosa" en los términos del art. 1.757 del Código Civil y Comercial, que consideró de aplicación al sub lite . Sobre este piso de marcha, acotó que en nuestra jurisprudencia se decidió que es actividad riesgosa, entre otras, el transporte de dinero porque es previsible la irrupción de ladrones, situación que estimó análoga al supuesto bajo estudio (art. 384, CPCC; v. fs. 516 vta. y 517).
Subsumida así la responsabilidad bancaria en el régimen de la responsabilidad objetiva, rigiendo todos los requisitos aplicables al riesgo o vicio de la cosa (las eximentes, la carga de la prueba, etc.), a renglón seguido descartó los argumentos de la citada en garantía llevados ante esos estrados, concernientes al supuesto quiebre del vínculo causal ocasionado por la conducta observada por la propia víctima (v. fs. 517 vta. y 518).
Con pie en estos elementos de análisis, confirmó la responsabilidad endilgada a la entidad accionada (v. fs. 518 vta.).
III. Contra este último pronunciamiento se alza el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia infracción de los arts. 3, 1.113, 1.109, 1.068 y 901 a 906 del Código Civil; 7, 1.757, 1.737 y 1.740 del Código Civil y Comercial; 375, 384, 163, 266, 165, 34 inc. 4 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 40, 52 bis y 53 de la ley 24.240; 163, 15, 168, 171, 31 y 10 de la Constitución provincial y numerosa doctrina legal de esta Corte que menciona. Hace reserva del caso federal (v. fs. 534/574 vta.).
Se agravia, en síntesis, por la errónea aplicación retroactiva del nuevo Código Civil y Comercial; por la supuesta inversión de la carga de la prueba; por el absurdo evidenciado en el carácter riesgoso atribuido al servicio de cajero automático, en la atribución objetiva de responsabilidad, en la relación de causalidad y en la estimación y cuantificación de los rubros; y por la vulneración de diversa doctrina legal de esta Corte (v. fs. cit.).
IV.1. Asiste razón al recurrente en cuanto denuncia una indebida aplicación retroactiva del Código Civil y Comercial de la Nación, especialmente en su art. 1.757 (v. fs. 547/548 vta.).
En efecto, y conforme surge de lo reseñado, el Tribunal de Alzada incurrió en una franca confusión hermenéutica al asumir que la excepción concerniente al derecho supletorio en materia de consumo contenida en el último párrafo del art. 7 del citado ordenamiento recae sobre el principio de irretroactividad de la ley cuando, en rigor, lo hace sobre el de aplicación inmediata, jugando, además y en todo caso, la noción de "consumo jurídico".
En el párrafo en cuestión, este precepto establece que "Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo..." (art. 7 in fine , Cód. Civ. y Com.).
Del propio texto transcripto se desprende que lo que el legislador ha tenido en mira es que las leyes de protección de consumidores, sean supletorias o imperativas, se apliquen en forma inmediata. Diversamente, nada allí se dice en cuanto a su eventual aplicación retroactiva.
Confrontando su parecer con el de quienes han sostenido que "...esta norma asigna 'efecto retroactivo de los principios que rigen a las relaciones de consumo a los contratos celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley' (Kandus y Rodríguez Pería, El derecho transitorio en el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial cit. n° 2, 2012, p. 21)", la doctora Kemelmajer de Carlucci ha expresado -en criterio que comparto plenamente- que "En mi opinión, la norma no dispone la aplicación retroactiva de la nueva ley sino su aplicación inmediata . Fundo mi posición no sólo en las palabras de la ley que en el párrafo tercero se refiere a la aplicabilidad inmediata, sino en el parágrafo segundo que impide la aplicación retroactiva, sean o no de orden público..." (Kemelmajer de Carlucci, Aída; La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes , Rubinzal Culzoni, 2015, pág. 61; el destacado me pertenece).
Concordante y concernientemente también ha dicho la doctrina que "Es sabido que el punto de inflexión en el principio de la autonomía de la voluntad en materia de contratos está dado, precisamente, por las relaciones de consumo, donde campea el principio de protección al consumidor, entendido como la parte más débil de la negociación de esas características, de ahí, que se haya consagrado una excepción al régimen que rige en general para los contratos y se haya dispuesto la aplicación inmediata de las leyes que consagran disposiciones más favorables al consumidor, aún, para las consecuencias de aquellos contratos que se encuentran en curso de cumplimiento , siempre claro está, que por las circunstancias del caso ello no importe una indebida aplicación retroactiva de las nuevas leyes a actos ya consumidos con valor jurídico propio en el pasado ..." (Uzal, María Elsa; "Nuevo Código Civil y Comercial: la vigencia temporal, con especial referencia al Derecho Internacional Privado", RCCyC 2015, julio, 1-07-2015, cita online: AR/DOC/2005/2015; el destacado me pertenece).
Pues bien, siendo entonces que el principio de irretroactividad de la ley rige en el caso sin ambages, y que el hecho ilícito ubicado en la base del reclamo de autos tuvo lugar en el año 2008, es decir, mucho antes de la entrada en vigor del nuevo ordenamiento fondal, considero que la eventual responsabilidad de los protagonistas, así como la determinación de los daños y su correlativa cuantía reparatoria han quedado atrapados en el ámbito normativo vigente al tiempo de ocurrencia del evento dañoso (doctr. art. 7 cit.).
Estimo oportuno agregar que no obstante que la "teoría del riesgo creado" fue receptada en nuestro ordenamiento positivo con mucha anterioridad a la sanción de la ley 26.994, y que la jurisprudencia fue consolidando el concepto de "actividad riesgosa" en el análisis de la responsabilidad civil "sin culpa", de ello no se sigue sin embargo que esta Corte tenga el deber de acompañar y cohonestar un análisis jurídico y eventual atribución de responsabilidad llevados a cabo en base a un ordenamiento que, más allá de analogías y similitudes, resulta evidentemente inaplicable por imperativo legal, máxime cuanto tal error ha sido objeto de concreta impugnación de la recurrente.
Va de suyo entonces que esta descalificación respecto de la parcela del fallo concerniente a la atribución de responsabilidad torna inoficioso el abordaje de los agravios vinculados a la procedencia y cuantía de los rubros que porta el recurso bajo examen.
Concluyendo, cabe decir que la relevada impropiedad en la labor de subsunción normativa -sobre la que se edificó el razonamiento inculpatorio desplegado por el a quo - lógicamente conduce -sin más aditamento- a la casación del fallo impugnado (arts. 279 y 289 inc. 1, CPCC).
IV.2. Despejado lo anterior, y ya en ejercicio de la competencia positiva reglada en el art. 289, inc. 2 del digesto adjetivo, anticipo que habré de propiciar el rechazo de la demanda, al no encontrar comprometida la responsabilidad de la entidad bancaria por los daños y perjuicios reclamados en autos. Veamos:
IV.2.a. Permítaseme volver a remarcar que en su presentación liminar la señora G. alegó el incumplimiento contractual del accionado, particularmente en lo que hace al deber de seguridadínsito en los contratos de caja de ahorro y cuenta corriente bancaria de su titularidad (v. fs. 41).
Precisó en tal contexto que ese especial incumplimiento se había evidenciado en la inexistencia de recaudos tales como proveer una guardia que controlara el lugar en horario no bancario o contratar una empresa de seguridad que abarcara la zona cuando mediante cámara de seguridad se detectase el acto delictual por parte de la entidad (v. fs. 41 vta.).
Enfatizó, asimismo, su especial condición de "consumidora" en los términos de la ley 24.240, poniendo particularmente de relieve el deber de seguridad en cabeza del prestador del servicio de cajero electrónico (arts. 5 y 6, ley cit.; v. fs. 41 vta./45).
Al contestar la acción entablada en su contra, la entidad demandada reconoció la vinculación contractual esgrimida, aunque negó que tales contratos la obligaran a adoptar medidas extraordinarias o generales o específicas sobre el cajero, más allá del cumplimiento de las obligaciones emergentes de la Ley de Entidades Financieras 24.526 y la normativa dictada por el Banco Central de la República Argentina (v. fs. 72).
Adujo, eventualmente, que la actora pretendía imputarle las consecuencias dañosas de un hecho de fuerza mayor, provocado por un tercero ajeno por el que su parte no debía responder, siendo en todo caso la autoridad pública la encargada de velar indelegablemente por la seguridad ciudadana (v. fs. cit.).
IV.2.b. En su hora, el magistrado de intervención dio por probado el violento episodio protagonizado por la actora (v. fs. 367 vta./368 vta.) y, haciéndose eco del enfoque contractual y normativo emergente del reseñado contrapunto, consideró que las medidas de seguridad alegadas por la entidad financiera y no contradichas por la accionante (instalación de vidrios transparentes que posibilitaban la visión del exterior, adecuada iluminación para operar en horario nocturno y la existencia de un supuesto sistema de filmación), resultaron de por sí insuficientes (v. fs. 371/372).
Agregó que fuera del horario bancario los clientes se encontraban expuestos a las básicas y rudimentarias medidas referidas y que las regulaciones dictadas por el Banco Central constituían un mínimo que los propios bancos podrían superar, adoptando otras medidas para mejorar la seguridad de la operatoria y de sus clientes (v. fs. 372).
Señaló también que no obstante ser el Estado el principal responsable de la seguridad, ello no importaba desconocer el deber de seguridad contractual que a su vez pesaba sobre la entidad (v. fs. 372 y vta.).
Desestimó que el mayor costo comprendido en la contratación de seguridad adicional fuera un obstáculo para el negocio bancario y que la conducta de la actora pudiera ser calificada de negligente (v. fs. 472 vta. y 473).
Destacó también el precario sistema de acceso al ámbito donde se ubican los cajeros, el ruido de salida del dinero que expondría -aún más- al cliente ante la eventual presencia de potenciales delincuentes y el aliento y promoción de las entidades financieras al uso de esa tecnología por parte de sus clientes (v. fs. 373).
En base a estos elementos de juicio, concluyó que la accionada había incumplido el deber de seguridad derivado de la relación contractual establecida con la actora, al no haber adoptado las medidas pertinentes tendientes a brindarle un ámbito físico en el cual pudiera llevar adelante las básicas operaciones correspondientes a la gestión de los cajeros automáticos (v. fs. 373 vta.).
IV.2.c. La decisión fue recurrida por ambos contendientes y por la compañía citada en garantía (v. fs. 423/431; 432/459 y 460/483).
El banco y la aseguradora cuestionaron la atribución de responsabilidad resuelta en el fallo. La actora, por su parte, se agravió por los -a su entender- exiguos montos resarcitorios reconocidos (v. fs. cit.).
IV.2.d. En lo que aquí interesa poner de relieve, en su escrito de expresión de agravios la entidad cuestionó los motivos tenidos en cuenta por el juzgador para endilgarle incumplimiento en el deber de seguridad para con su cliente. En tal sentido, calificó de absurda y arbitraria la decisión, enfatizando la circunstancia de que al haber su parte cumplido -tal como se lo reconociera en la sentencia- las pautas para la instalación y funcionamiento de los cajeros automáticos establecidas por la Comunicación "A" 3390 emitida por el Banco Central de la República Argentina, ninguna conducta omisiva podía razonablemente reprochársele. Destacó que todas las entidades financieras del país se encontraban sujetas a las mismas regulaciones y estándares de seguridad dispuestos por la autoridad de aplicación y que las omisiones que el fallo le imputaba no provenían de imposición legal o reglamentaria alguna sino de simples especulaciones del juzgador sin sustento objetivo, y que aún en la eventua
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