Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120646
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.646, "Maldonado, Leonardo Martín contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, de Lázzari , Kogan, Pettigiani, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 238/252 vta.).
Se dedujo, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 262/272).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Leonardo Martín Maldonado -dependiente del Ministerio de Seguridad- contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, por la cual había reclamado el cobro de una indemnización integral por los daños y perjuicios derivados de las secuelas incapacitantes atribuidas al accidente de trabajo que protagonizó.
Para así decidir, tras analizar el material probatorio aportado al proceso, el a quo juzgó acreditado que el día 22 de diciembre de 2010 el actor procedió a estacionar su moto en el playón del cuartel, pero la "pata" del vehículo apoyó mal y se desplazó, provocando que el ciclomotor comenzara a caer; pretendiendo evitar que eso sucediera, el agente sujetó el manubrio con ambas manos y al comenzar a levantar el rodado sintió un fuerte tirón en su muñeca izquierda. Tuvo por demostrado que el actor padece una incapacidad parcial, permanente y definitiva del 14,5% del índice de la total obrera, en relación causal con el hecho descripto (v. vered., fs. 238/239 y 241 vta.).
A su vez, tuvo por probado que el actor recibió por parte de Provincia ART S.A. la suma de $18.616,25 en concepto de prestaciones dinerarias de la ley 24.557 (v. vered., fs. cit.).
Concluyó luego que, se encontraban configurados los presupuestos necesarios para atribuirle responsabilidad civil a la parte demandada conforme el art. 1.113 del Código Civil (v. sent., fs. 246).
Con fundamento en los precedentes "Arostegui" y "Aquino" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó el importe de la indemnización por la reparación integral del daño (v. sent., fs. 246/247). Teniendo en cuenta la edad de la víctima, tiempo restante estimado para realizar actividades productivas, incapacidad y tasa de descuento, adoptó una fórmula que arrojó un monto total de $176.181,07 en concepto de "incapacidad laborativa", a la que adicionó las sumas de $50.000, $150.000 y $100.000 en concepto de "daño moral", "integridad psicofísica" y "pérdida de chance", respectivamente (v. sent., fs. 248/249 vta.).
Por otro lado, cuantificó las prestaciones dinerarias contempladas en la ley 24.557, estableciéndolas en la suma de $73.291,91 (v. sent., fs. 249 vta. y 250).
Determinada la cuantía de la reparación sistémica, tras cotejarla con el importe del resarcimiento integral, el sentenciante declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. cit.). Posteriormente, al monto indemnizatorio fijado según el derecho común, le descontó lo percibido por el actor en sede administrativa ($18.616,25) y procedió a condenar a la Provincia de Buenos Aires a pagar al señor Maldonado la suma de $457.564,82 por la reparación integral de daños y perjuicios.
II. La Fiscalía de Estado deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación y errónea aplicación de los arts. 901 a 906, 1.067, 1.068, 1.069, 1.078, 1.079, 1.083, 1.101, 1.102, 1.103, 1.113 y concordantes del Código Civil (ley 340); 165 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 40, 44 inc. "d", 47 y concordantes de la ley 11.653 (v. fs. 262/272).
II.1. Alega que el a quo incurrió en absurdo al valorar la prueba y realizó una interpretación de los hechos que se encuentra alejada de los escritos constitutivos del proceso.
Sostiene que el actor en su demanda no se refirió a la existencia de riesgo de la cosa, sino que sólo hizo una mención en cuanto al peso de la moto y su peligrosidad (v. fs. 263 vta. y 264).
Aduce que en ningún momento se acreditó que dicho rodado fuera excesivamente pesado o peligroso, sino que era de utilidad normal en el marco de las actividades que desarrollaba el agente, quien contaba con aptitud y conocimiento adecuado para su función (v. fs. 264 in fine y vta.).
Agrega que el tema a dilucidar es la relación de causalidad, resultando de interés examinar de qué manera intervino la cosa y qué rol le cupo en la producción del resultado prejudicial (v. fs. 264 vta.).
Señala que el vehículo se encontraba en perfecto estado de funcionamiento, en tanto se le habían realizado los services correspondientes.
Alega que al encontrarse "en situación de ser estacionada" la moto puede equipararse a los objetos inertes. En tales condiciones, la víctima debió probar su anormal comportamiento o posición, vicio que -reitera- no quedó acreditado, quedando por ende desplazada la presunción de causalidad que establece el art. 1.113 segundo párrafo in fine del Código Civil (ley 340; v. fs. 265/266).
A su juicio, el infortunio derivó del actuar negligente del actor, quien resultaba conocedor del accionar de la moto y que ello se encuentra probado en autos, resultando absurda la valoración realizada por el tribunal en el punto (v. fs. 266 y vta.).
II.2. Por otra parte, aduce que también es absurda la cuantificación realizada por el sentenciante del monto indemnizatorio.
II.2.a. Refiere que el a quo estableció arbitrariamente como "expectativa de vida" la edad de setenta y cinco años, basando tal parecer en la equívoca afirmación de que el señor Maldonado sufriría una merma en sus ingresos que repercutiría en sus haberes jubilatorios, en lugar de utilizar el "plazo de vida útil", apartándose de lo normado por el decreto 9.538/80, modificado por ley 13.201 (v. fs. 267 vta. y 268).
A su vez, denuncia la transgresión de la doctrina legal que emana de la causa L. 78.500, "Buceta", sentencia de 21-V-2002 (v. fs. 268 vta.).
II.2.b. Por otro lado, se agravia de que, al momento de fijar la incapacidad del trabajador, el juzgador de origen incluyera a los factores de ponderación establecidos en el art. 8 apartado 3 de la ley 24.557, ya que considera que éstos únicamente fueron previstos para el sistema regido por la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 269 vta. y 270).
II.2.c. Sostiene también que el importe determinado en concepto de "pérdida de chance" resulta irrazonable, en tanto ha sido sobredimensionado en relación con el real beneficio económico que dejaría de percibir el promotor del pleito (v. fs. 270).
Señala que el sentenciante no precisó el grado de probabilidad de beneficios económicos que se vio frustrado de obtener el señor Maldonado como consecuencia del siniestro, sino que sólo realizó referencias globales.
Añade que este último continúa realizando sus tareas laborales de manera normal y habitual, por lo que -sostiene- no existe ningún perjuicio para su futuro (v. fs. 270 vta.).
II.2.d. Luego, cuestiona la cuantificación realizada en relación con el daño moral, pues sostiene que, si ha sido calculado en base a los anteriores rubros y éstos fueron impugnados, ello conlleva a su reducción. Alega así, que en nada se relaciona aquel rubro con lo atinente al daño material (v. fs. 270 vta. y 271).
II.2.e. Por último, señala que la sentencia viola el principio de congruencia, ya que se aparta arbitrariamente de lo peticionado en la demanda, donde no se formuló ningún reclamo por "integridad psicofísica", vulnerándose a su vez la doctrina que emana del precedente L. 81.159, "Caruso", sentencia de 27-XI-2002 (v. fs. 271).
Además, destaca que este rubro ya se encontraba cubierto por la indemnización del daño moral o por la incapacidad laborativa (v. fs. 271 y vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. De manera liminar, dable es señalar que en lo que respecta al recaudo del depósito previo, el recurso ha sido bien concedido, pues la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 consagra la eximición del cumplimiento del referido depósito al Fisco provincial, y su validez constitucional fue declarada -por mayoría- por esta Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014).
III.2. Ingresando al análisis de aquella parcela de la impugnación vinculada con la configuración de los presupuestos que tornan viable la atribución de responsabilidad civil establecida por el a quo, anticipo que no merece favorable recepción.
III.2.a. El tribunal de grado, luego de analizar las pruebas, juzgó acreditado que la demandada era la dueña o guardiana de la moto que utilizaba el agente para realizar sus actividades laborales, también, que era de gran porte -cualidad, dijo, que no fue negada por el Fisco- y que, además, poseía una cilindrada de "900 cm3" (v. vered., fs. 240 vta.).
Considerando que al ser la moto un vehículo susceptible de perder el equilibrio, incluso al momento de estacionarlo, sostuvo que el riesgo natural se encontraba incrementado en el caso, ya que el rodado utilizado por el actor poseía una alta cilindrada, que multiplicaba exponencialmente su peso y dificultaba su manejo (v. fs. cit.). Estableció, así que no había duda de que "la circunstancia de manipular una moto de alta cilindrada que pueda caerse es lo que genera que la misma pueda considerarse como riesgosa" (v. fs. cit.). Añadió que la constancia presentada por la accionada que daba cuenta del service del rodado, en nada modificaba lo resuelto, pues aquel había sido prestado con posterioridad al accidente (v. fs. cit.).
Finalmente, tras valorar que la demandada no había probado la culpa endilgada al trabajador, determinó que este último padece una incapacidad física, parcial y permanente del 14,5% del índice de la total obrera en relación causal con el infortunio laboral ocurrido el día 22 de diciembre de 2010 (v. vered., fs. 241 y vta.).
III.2.b. No es atendible lo argumentado por el recurrente al afirmar que en la demanda no se hizo referencia alguna sobre "la existencia de riesgo de la cosa".
Surge del escrito de inicio que el promotor del pleito hubo específicamente de consignar que "La atribución de responsabilidad al Fisco de la Provincia de Buenos Aires, lo es por su calidad de dueño o guardián de la motocicleta y por la falta de service de la moto, pues un biciclo de gran porte -900 cm3-, cuando pierde el equilibrio se torna peligrosa". A ello agregó que "todas ellas son cosas, en términos jurídicos, de propiedad y su guarda de la empleadora, riesgosas de por sí y viciosas al carecer de recaudos de seguridad suficientes" (fs. 22).
Luego, en tanto evidentemente el actor hubo de denunciar oportunamente el carácter riesgoso de la cosa productora del daño (en el caso, la moto de alta cilindrada), resulta de aplicación la doctrina de este Tribunal que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que el impugnante, partiendo de una premisa errónea y con la sola exposición de su personal y discordante criterio respecto del de los jueces de grado, no logra demostrar el error grave, palmario y fundamental configurativo de absurdo (causas L. 99.678, "Ibrahim", sent. de 3-V-2012 y L. 117.524, "Fernández", sent. de 27-V-2015).
III.2.c. También luce infructuosa la crítica en la que alega la configuración de la culpa o negligencia de la víctima en la producción del siniestro.
Con arreglo a la doctrina de esta Corte, tanto establecer la relación de causalidad entre el siniestro y el daño provocado (causas Ac. 65.195, "Rochón", sent. de 10-XI-1998; Ac. 65.735, "Costa", sent. de 15-VI-1999; Ac. 92.568, "Fernández", sent. de 23-XI-2005; L. 83.118, "S. V., J.", sent. de 9-V-2007; C. 103.081, "Acosta", sent. de 26-II-2009; C. 107.242, "Robledo", sent. de 14-IV-2010 y L. 105.288, "B., R. N.", sent. de 6-VI-2012), como determinar la existencia de "culpa" de la víctima de un accidente susceptible de interrumpirla (causas Ac. 94.094, "Cottini", sent. de 5-IV-2006; C. 105.169, "Cruz", sent. de 2-VII-2010 y L. 103.984, "Müller", sent. de 12-X-2011), son cuestiones que, en tanto dependen de la valoración de circunstancias de hecho cuya ponderación está reservada a los jueces de grado, resultan -en principio- ajenas a la revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo.
El impugnante sostiene que el juzgador de origen valoró absurdamente la prueba rendida, pues se encuentra acreditada la inexistencia de vicio de la cosa y que el accidente se produjo porque el actor apoyó "mal la pata de la moto" (v. fs. 266 y vta.).
Así, lejos de rebatir frontal y eficazmente las conclusiones que estructuran al pronunciamiento de grado, en su discurrir, el agraviado se limita a exponer el esquema fáctico-jurídico esbozado al contestar la demanda.
Es que, habiéndose determinado en el pronunciamiento de grado que el accidente se produjo por la intervención de una cosa "riesgosa", lo alegado en torno a la inexistencia de un "vicio" en ella luce apartado de dicha motivación. Por cierto, tampoco las consideraciones que buscan evidenciar la ausencia de peligrosidad vigorizan el planteo, pues no demuestran que la ponderación realizada por el a quo a la luz de la propia fisonomía del rodado, sus dimensiones y peso, y que lo condujo a vislumbrar un "riesgo natural" en la moto involucrada en el siniestro, luzca irrazonable.
Sentado ello, no logra el interesado conmover lo expuesto en el fallo en cuanto se señaló que la demandada no produjo ninguna actividad útil a los fines de acreditar la culpa atribuida a la víctima: sólo se circunscribe a reiterar que el demandante habría situado incorrectamente "la pata" de la moto, pero ello, sin otro sustento que su subjetiva opinión.
En el marco de cuestiones como las aquí abordadas, debe reiterarse que no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurar al absurdo, pues éste hace referencia a la existencia de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica en el razonamiento efectuado por el juzgador, o una grosera desinterpretación material de la prueba (causas L. 94.368, "Casella", sent. de 18-VIII-2010; L. 117.599, "Escobar", sent. de 27-V-2015 y L. 117.867, "Vigliero", sent. de 17-V-2017).
Con todo, permanece firme la decisión del tribunal en cuanto juzgó configurada la responsabilidad civil del empleador por el daño sufrido por el trabajador.
III.3. Igualmente inatendible deviene el embate dirigido a objetar el monto reconocido en la sentencia en concepto de reparación integral.
III.3.a. La determinación del quantum indemnizatorio en los supuestos en los que se reclama por vía del derecho común, constituye -por regla- una cuestión privativa de los jueces de la instancia ordinaria, ajena al ámbito de la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo y la consecuente infracción de las normas que rigen la reparación integral (causas L. 116.354, "Primitivo", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.850, "Argüello", sent. de 10-VI-2015; L. 116.696, "Sosa de Correa", sent. de 31-X-2016 y L. 118.294, "Cambarere", sent. de 31-V-2017).
También es facultad de los jueces de la instancia ordinaria la elección de las pautas que consideren adecuadas a los fines de establecer el referido monto, en cuyo caso la configuración del absurdo debe apreciarse estrictamente (causas L. 100.966, "Zapata", sent. de 14-IX-2011; L. 102.276, "Cruz", sent. de 11-VII-2012 y L. 107.804, "Vatrella", sent. de 11-XII-2013).
III.3.b. Partiendo de dichas directrices, el recurso luce ineficaz.
III.3.c. No acierta el quejoso en cuanto denuncia que el juzgador computó la edad de setenta y cinco años como "expectativa de vida", cuando debió aplicar el "plazo de vida útil", atendiendo a lo normado por el decreto 9.538/80, modificado por la ley 13.201 y el precedente de esta Corte L. 78.500, "Buceta" (sent. de 21-V-2002).
El tribunal juzgó que el lucro cesante debía ser cuantificado en base a una fórmula de cálculo actuarial que determine un capital, "de modo tal que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote en el plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades". Agregó que desde hace tiempo la edad jubilatoria ha dejado de ser el hito formal de culminación de las actividades productivas de los trabajadores, y que cada vez son más los casos en los que "continúan prestando tareas más allá de esa frontera, hayan obtenido (o no) dicho beneficio" (sent., fs. 247 y vta.).
Se observa que el tribunal de origen no fijó a los setenta y cinco años de edad como "expectativa de vida" -según sugiere el recurrente-, sino que la consideró "como valor final de las actividades económicamente valorables", en función de la "expectativa de vida" estipulada por la Organización Mundial de la Salud (v. fs. cit.).
En consecuencia, lejos de evidenciar que los magistrados de origen hubieran incurrido en el mentado vicio de absurdo, el planteo del recurrente sólo exhibe su disconformidad con la decisión de grado -oponiendo a la pauta que cuestiona aquella otra que considera más conveniente a sus intereses- pero sin ocuparse de rebatir el razonamiento que, sobre la base de los distintos elementos ponderados, llevó al a quo a restarle relevancia -en ese contexto- a la fecha en que el accionante pudiera obtener el beneficio jubilatorio.
Ha dicho esta Corte que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que expone su disconformidad con las pautas utilizadas por el tribunal de origen para fijar el monto indemnizatorio y sólo traduce la pretensión de disputarle a los jueces de grado las facultades que poseen en la materia (causas L. 101.544, "Szewcruk", sent. de 28-XII-2011 y L. 115.518, "Colotta", sent. de 29-VI-2016).
Cabe agregar que la doctrina legal cuya transgresión se denuncia proveniente del citado precedente L. 78.500, deviene infructuosa, toda vez que fue elaborada sobre la base de presupuestos distintos de los que aquí se han configurado (causas L. 117.914, "Vásquez", sent. de 15-VII-2015; L. 116.942, "Novelli" y L. 117.785, "Sias", sents. de 28-X-2015; e.o.), pues allí se procuró el cobro de una indemnización por incapacidad absoluta de un agente del Servicio Penitenciario provincial -sujeto a normas estatutarias distintas a los dependientes de la Policía, como el actor- y el tribunal a quo tuvo especialmente en consideración la variable "vida útil" para determinar la cuantía del resarcimiento.
III.3.d. Tampoco merece acogida el reproche referido al grado de disminución de la capacidad laborativa.
Al desarrollar este agravio el recurrente omite denunciar correctamente cual sería la infracción en la que encontraría sustento, tal déficit sella su suerte adversa (art. 279, CPCC).
En una mejor hipótesis, en modo alguno se encarga el interesado de traer argumentos aptos que demuestren una absurdidad en la labor que desplegó el tribunal al juzgar útil para determinar la incapacidad resarcible en el marco del derecho común, el empleo de ciertos factores de ponderación (v.gr. la edad del trabajador) que pueden verse a su vez contemplados expresamente en el régimen especial de infortunios laborales (art. 8 apdo. 3, ley 24.557).
III.3.e. Igual suerte ha de correr el agravio por el que se pretende la disminución del monto otorgado en concepto de pérdida de chan
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.