Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122110
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe anula de oficio el veredicto de fs. 260/267 vta. y la sentencia de fs. 269/283 vta. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, debidamente integrado, renueve los actos procesales necesarios y dicte el pronunciamiento que corresponda.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.110, "Wainmann, Verónica Marina contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Azul, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción deducida, imponiendo las costas a la actora vencida (v. fs. 260/283 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 30 de julio de 2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde anular de oficio el veredicto de fs. 260/267 y la sentencia de fs. 269/283 vta.?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente desestimó la demanda promovida por la señora Verónica Marina Wainmann contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, por la que procuraba el cobro de una indemnización -con fundamento en las normas del derecho común- por daños y perjuicios, e impuso las costas a la accionante en su carácter de vencida (v. fs. 260/267 vta.).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y la violación y errónea aplicación de los arts. 14, 14 bis, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 22, 28, 44, 47 y 63 de la ley 11.653; 34 incs. 4 y 5 apartado "c", 163, 266 –segundo párrafo-, 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 10, 63, 243 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo; 499 del Código Civil; 10, 11, 28, 31, 75 inc. 22, 161 inc. 3 apartado "b", 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; y de doctrina legal que identifica (v. escrito electrónico de fecha 30 de julio de 2018).
Cuestiona que el órgano judicial de grado rechazara su demanda con sustento en lo normado en el segundo párrafo del art. 4 de la ley 26.773.
Alega que dicha norma resulta inconstitucional, en tanto afecta los derechos de la trabajadora, castigando al sujeto que la Ley Suprema manda a proteger.
Denuncia que se trata de una reglamentación irrazonable que no tiende a la efectivización plena de sus derechos, sino que -por el contrario-, la obliga a realizar una elección en forma prematura entre una indemnización injusta -como en el caso, insuficiente- o una acción judicial con tiempos procesales extensos.
Señala que el sistema de opción del cuestionado artículo se inspiró en sistemas antiguos que han quedado superados por la jurisprudencia actual del superior Tribunal de la Nación, vulnerando principios fundamentales como los de progresividad, no regresión y reparación integral, entre otros.
Entiende -asimismo- que deviene erróneo el fallo en tanto el a quo juzgó acreditado que la incapacidad profesional padecida por la accionante había sido superior a la indemnizada por la parte demandada y, a pesar de ello, rechazó la demanda y paradójicamente "aconsejó abonar la diferencia de porcentajes existentes". Indica que en tal supuesto debió condenar en costas a la demandada y ordenar una nueva liquidación -del monto total percibido con el nuevo porcentaje fijado-, de acuerdo a las pautas fijadas por la Suprema Corte.
Manifiesta que la condena en costas a su parte produce un efecto intimidante para los trabajadores que buscan resarcir un daño sufrido.
Subsidiariamente, refiere que la cuantía de las costas a su cargo excede ampliamente el tope legal del veinticinco por ciento (25%) del monto reclamado, trasgrediendo el art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación.
III. Corresponde responder afirmativamente el primer interrogante planteado.
III.1.a. No ha concurrido con relación a dos de los temas a tratar en el veredicto que integra el pronunciamiento, la necesaria mayoría de opiniones y -con ello- de fundamentos entre los jueces que lo sufragaron.
El señor juez Mancini, que inauguró la votación, se pronunció respecto de cada una de las tres cuestiones allí planteadas. Sin embargo, se observa que, a diferencia de lo que aconteció en la respuesta a la segunda cuestión del veredicto, en la que adhirieron al voto del ponente, los jueces Marambio y Sachet nada dijeron respecto del primer interrogante referido a la acreditación de la incapacidad denunciada por la trabajadora ni tampoco del tercero vinculado con la prueba del origen de la enfermedad padecida por aquélla (v. fs. 260/267 vta.).
III.1.b. Tal omisión invalida el pronunciamiento dictado en la instancia. Como es sabido, en el fuero laboral, las circunstancias fácticas del veredicto que se proyectarán en la decisión final y en la sentencia, requieren del juicio individual de cada uno de los jueces que intervienen, porque las decisiones deberán adoptarse por una mayoría de opiniones que deben ser expuestas en los votos de los tres magistrados integrantes del tribunal de trabajo (arts. 44 incs. "d", "e" y "f", ley 11.653 y 168, Const. prov.). Ello así, pues la coincidencia o la discrepancia no pueden establecerse por vía de inferencia o interpretación (causas L. 89.252, "Cintora", sent. de 15-II-2006; L. 107.395, "Sueyro", sent. de 25-IV-2012; L. 117.128, "RománÁvalos", sent. de 18-VI-2014; e.o.).
III.1.c. Cabe aclarar que la opinión volcada al pronunciarse los magistrados sobre la segunda cuestión en la que se propone fallar atento la forma en que quedara votada la primera ("en caso afirmativo"), precisamente porque no fue votada por dos de los jueces, no alcanza para sanear la deficiencia apuntada respecto de ésta.
La omisión de pronunciarse respecto de todas las cuestiones planteadas tampoco logra suplirse por el solo hecho de haber suscripto los tres miembros integrantes del tribunal de grado la parte dispositiva del veredicto y la sentencia, dado que la falencia señalada imposibilita conocer los fundamentos que utilizaron los señores jueces actuantes para arribar a su decisión que -eventualmente- les hubiera permitido alcanzar la mayoría de fundamentos requerida para cada una de las cuestiones.
III.2. Con todo, concurren en autos las excepcionales circunstancias que autorizan a decretar la anulación oficiosa del pronunciamiento.
IV. Por lo expuesto, corresponde declarar de oficio la nulidad del veredicto de fs. 260/267 vta. y la sentencia de fs. 269/283 vta., devolviéndose la causa al tribunal de origen a fin de que, debidamente integrado, renueve los actos procesales necesarios y dicte el pronunciamiento que corresponda.
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Genoud , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
En atención a la forma en que ha quedado resuelta la cuestión anterior, no corresponde ingresar al tratamiento de la presente.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Genoud , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se anula de oficio el veredicto de fs. 260/267 vta. y la sentencia de fs. 269/283 vta. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, debidamente integrado, renueve los actos procesales necesarios y dicte el pronunciamiento que corresponda.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/08/2020 10:40:08 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/08/2020 11:39:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/08/2020 19:10:40 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/08/2020 09:16:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/08/2020 15:33:26 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia