Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122220
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.220, "Frisicale, María Laura contra Telecom Personal S.A. Daños y perjuicios" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Kogan, Soria , Genoud.
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca modificó parcialmente la sentencia de primera instancia al desestimar, por un lado, la reparación del lucro cesante y, por el otro, incrementar el monto del resarcimiento del daño emergente y la multa por daño punitivo. Impuso las costas de alzada a la demandada vencida (v. fs. 529 vta.).
Se interpusieron, por la actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 536/542 vta.) y, por la demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 549/555 vta.).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto por la actora a fs. 540/542?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada de fs. 549/555 vta.?
En su caso:
3ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley interpuesto por la actora de fs. 538/540?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La Cámara modificó parcialmente la sentencia de primera instancia al revocar la decisión que había admitido el lucro cesante y, a su vez, incrementó el resarcimiento por el daño emergente y la multa por daño punitivo, confirmando la sentencia en todo lo demás que había decidido y había sido motivo de impugnación (v. fs. 515/529 vta.).
II. La recurrente se agravia denunciando la violación de los arts. 354 del Código Procesal Civil y Comercial; 3 del Código Civil y Comercial y 171 de la Constitución provincial.
En su argumentación sostiene que:
a) la Cámara ha violado el deber de fundamentar su decisión cuando rechazó su agravio referido a la utilización, en la fórmula para cálculo del daño punitivo, de la probabilidad 1/100 en vez de la de 1/1.000, como peticionó en su demanda (v. fs. 540 y vta.);
b) se ha configurado una contradicción en el fallo cuando el sentenciante, por un lado, sostuvo que los agravios eran razonables, para seguidamente concluir que la apelante no había cumplido con la carga de demostrar la razonabilidad de su propuesta (v. fs. 540 vta.);
c) es imposible que una cosa sea y no sea al mismo tiempo, motivo por el cual su apelación o bien era una crítica concreta y razonada y el fallo debía revocarse, o bien no lo era y debía confirmarse la sentencia de primera instancia (v. fs. cit.); y
d) se omitió tratar dos capítulos de su argumentación sobre el guarismo de probabilidad, los que reproduce, para señalar que se han violado los arts. 163 y 354 del Código Procesal Civil y Comercial y el art. 3 del Código Civil y Comercial, porque nada de ellos se ha dicho en el fallo (v. fs. 540 vta./542).
III. Coincido con el señor Procurador General en que el recurso no prospera.
III.1. Como es sabido, la vía prevista en el art. 161 inc. 3, apartado "b" de la Constitución provincial sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la falta de concurrencia de la mayoría de opiniones -arts. 168 y 171 de la Carta mencionada- (conf. doctr. causas C. 94.486, "Landa", sent. de 18-XI-2009; C. 99.266, "Arboleya", sent. de 11-V-2011; e.o.).
III.2. En el sub lite, no se configura ninguno de los motivos que conducen a la viabilidad de la impugnación intentada, toda vez que la crítica del impugnante, en rigor, se dirige a cuestionar el sentido y acierto de la decisión del tribunal a quo . Lo expuesto queda evidenciado desde que, bajo la aducida violación del art. 171 de la Constitución provincial, se enmascara su disconformidad con la utilización de una de las variables de la fórmula con la que se calculó el daño punitivo.
Tal circunstancia sella adversamente la suerte del recurso ensayado.
Vale recordar que esta Corte, reiteradamente, ha sostenido que los supuestos errores de juzgamiento se encuentran detraídos del remedio bajo examen, siendo propios del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (conf. doctr. causas C. 91.811, "Siri", sent. de 3-VI-2009; C. 119.637, "Fornazar", sent. de 22-VI-2016; e.o.), por lo que su análisis resulta improcedente mediante la vía intentada (conf. doctr. arts. 279 y 296, CPCC).
Sin perjuicio de lo resuelto, recuerdo aquí mi postura (que ha resultado minoritaria), expuesta en la causa Ac. 56.599, "Blanco" (sent. de 23-II-1999), respecto del deber de motivación y fundamentación.
En dicho precedente, en prieta síntesis, sostuve que el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires impone que las sentencias sean "fundadas en el texto expreso de la ley; y a falta de éste, en los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de éstos, en los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso", siendo el pasaje final del texto constitucional el que reviste definitoria trascendencia.
Para satisfacer la exigencia de fundamentación la cláusula en examen no impone únicamente la cita del precepto. La labor no se agota allí. Según la Constitución, ha de indicarse el texto expreso de la ley o de los principios aplicables "teniendo en consideración las circunstancias del caso", esto es, complementando esa cita con la referencia explícita, puntual y concreta de las particulares modalidades por las cuales esa ley o esos principios se relacionan con el caso.
En otras palabras, el propio art. 171 desalienta la mención ritual o automática de la ley, erigiendo la indicación de su cabal relación con las circunstancias de la causa en elemento igualmente esencial.
Sin embargo, la mayoría de esta Suprema Corte ha ratificado los principios que informa la doctrina según la cual la exigencia del art. 171 de la Constitución de la Provincia está dirigida a sancionar aquellas decisiones que no tienen otro fundamento que el arbitrio de los juzgadores, por lo que no se viola dicha norma si la sentencia se encuentra fundada en ley, aun cuando supuestamente no hubiese sido acertada la invocación de las normas (conf. doctr. causa C. 53.392, "Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 12-VIII-1997 y sus citas).
Vale decir que, a los efectos de la procedencia del carril extraordinario de nulidad, nada importa el acierto de la decisión atacada, siendo lo determinante que esté basada en una norma, aunque no se apoye en la pertinente, es decir, aún en la situación de que el precepto invocado nada tenga que ver con el caso juzgado.
IV. No demostrada, entonces, la infracción denunciada, corresponde rechazar el recurso, con costas a la recurrente (arts. 171, Const. prov. y 68, 296 y 298, in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó la primera cuestión también por la negativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al voto del distinguido colega que abre el acuerdo con excepción de lo consignado en los párrafos cuarto a noveno del punto III.2. por considerar que los restantes fundamentos abastecen suficientemente la propuesta decisoria allí plasmada.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. La señora María Laura Frisicale promovió juicio de daños y perjuicios contra Telecom Personal S.A. peticionando una indemnización por la facturación indebida, a partir del mes de febrero de 2015, de un servicio de mensajes de texto Premium que no había sido solicitado, situación que era reiteración de dos anteriores, las cuales se habían resuelto extrajudicialmente. Reclamó daño emergente, lucro cesante, daño no patrimonial y daño punitivo (v. fs. 42/56 y 80/82 vta.).
Corrido el traslado de ley, se presentó la demandada repeliendo la acción y solicitando la citación de terceros (v. fs. 94/103), a lo que se opuso la actora (v. fs. 105/108 vta.). Finalmente, la petición de la accionada fue rechazada (v. fs. 109/110).
Se abrió el juicio a prueba y, a su turno, se dictó sentencia haciendo lugar a la demanda, condenando a la accionada al cese del servicio de mensajes de contenido Premium y al pago de la indemnización determinada, correspondiente a daño emergente, lucro cesante, daño moral y daño punitivo, con más intereses (v. fs. 441/454).
Este pronunciamiento fue apelado por la demandada (v. fs. 456) y por la actora (v. fs. 462), presentando sus respectivos memoriales (v. fs. 485/491 vta. y 475/484 vta.) y contestaciones (v. fs. 511/513 y 497/509).
Elevados los autos a la Sala II de la Cámara de Apelación del Departamento Judicial de Bahía Blanca, ésta modificó parcialmente la sentencia de primera instancia, desestimando la procedencia del lucro cesante e incrementando el monto establecido para resarcir el daño moral y el fijado como multa por los daños punitivos.
I.2. En lo que atañe al primero, la Cámara resolvió que procedía el daño moral, en razón de que resultaba palmario el avasallamiento y desprecio de la accionada frente a los derechos e intereses de la actora en su calidad de usuaria, ya que no fue la primera vez que la demandante y su grupo familiar habían sufrido similar inconveniente (v. fs. 522). Igualmente confirmó el monto fijado en tal concepto, porque la apelante no había cumplido con el recaudo que imponía el art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial de demostrar al tribunal que la suma fijada era excesiva (v. fs. 522 y vta.).
Respecto del segundo (la fijación de la multa por daño punitivo), la Cámara desestimó la argumentación de la demandada basada en que terceras empresas eran las encargadas de prestar el servicio cuando ella era quien lo facturaba a la usuaria (v. fs. 522 vta. y 523). Luego señaló que la finalidad sancionatoria de la multa era aplicable a las conductas dolosas y también a las que resultaran groseramente negligentes, resaltando que en el caso en examen había quedado suficientemente claro que la usuaria no quería continuar recibiendo el servicio de mensajes ni pagar por él, viéndose obligada a judicializar la cuestión para lograrlo, lo que demostraba un manejo de la situación inexcusablemente negligente y absolutamente desinteresado de los derechos de la usuaria por parte de la empresa, lo que justificaba la aplicación del instituto punitivo (v. fs. 523).
Para más, advirtió que la ponderación de la gravedad del hecho que exige el art. 52 bis de la ley 24.240 lo es a los fines de la cuantificación de la multa, pero no respecto a su procedencia, agregando que la cuantía estaba relacionada con la entidad del daño configurado, al prestar un servicio no solicitado por la usuaria, el que se facturó aun con posterioridad a la manifestación de voluntad en contrario de esta última, expresada en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (v. fs. 523 y vta.);
También consideró adecuada la fórmula aritmética propuesta por un doctrinario (entre cuyas variables se considera la probabilidad de judicialización del problema y la probabilidad de éxito de esa acción), pues el objeto de la multa es prevenir futuras infracciones, persuadiendo al sujeto pasivo de comportarse en lo sucesivo de una manera distinta a la reprochada en el caso (v. fs. 525 vta.). En el mismo sentido resaltó el carácter objetivo de los modelos económicos, los que ofrecen la ventaja correlativa de permitir reconstruir el razonamiento que llevó a fijar la suma indemnizatoria, resguardando así el derecho de defensa de las partes. Agregó que la utilización de fórmulas matemáticas resulta muy superior al lenguaje retórico (v. fs. 525).
II. Se agravia la empresa recurrente, por medio de apoderado, denunciando la violación de los arts. 272 del Código Procesal Civil y Comercial y 18 y 98 inc. 2 de la Constitución nacional. Aduce que:
a) la Cámara ingresó al examen del daño moral, reconociendo una suma mayor, cuando la actora no había introducido la cuestión en su recurso, motivo por el cual había pasado en autoridad de cosa juzgada (v. fs. 550 vta.);
b) se falló ultra petita, pues la actora había cuantificado el rubro en la suma de dos mil pesos ($2.000), razón por la cual la Cámara debió determinarlo hasta ese monto (v. fs. 551 y vta.);
c) no corresponde admitir daño punitivo porque la conducta reprochada no ha sido la de la empresa, sino la de las prestatarias de los servicios de mensajes Premium (v. fs. 551 vta. y 552);
d) la empresa no desplegó ninguna conducta grave porque la responsabilidad le ha sido atribuida por la falta de probanzas respecto del hecho que motivó el reclamo, señalando que de los relatos de la actora no se desprende que hubiera sufrido un daño de tal entidad que diera lugar a la aplicación del art. 52 bis de la ley 24.240, norma que entiende debe ser considerada de excepción; cita doctrina de autor y de Cámaras en apoyo de su postura (v. fs. 552/553);
e) el importe del reclamo que ascendió a la suma de $813,92, comparado con la multa establecida de $735.046,40, demuestra la desproporción existente entre ambas (v. fs. 553);
f) es inadecuada la utilización de la fórmula para cuantificar el daño punitivo porque importa reconocer a los jueces una actividad reglamentaria contrariando el art. 98 inc. 2 de la Constitución nacional, en tanto supone contemplar variables dogmáticas y conjeturales y, además, extrañas al expediente, sustituyendo así la voluntad del legislador (v. fs. 553 y vta.);
g) se deja de lado la letra de la ley, en la cual se prevé que la sanción debe graduarse en función de la gravedad del hecho y las circunstancias del caso, cuando la Cámara considera de antemano que existen otros hechos idénticos al analizado desconociendo si los distintos reclamos de los usuarios se pudieron canalizar a través de otras vías (v. fs. 553 vta. y 554); y
h) ninguna de las dos sentencias ha aportado elementos de juicio contundentes para establecer en su fórmula que la variable "PC" es igual "0.01", sino que se han utilizado conjeturas desprovistas de todo sentido práctico, ajenas al pleito y violatorias del derecho de defensa en juicio, refiriendo seguidamente a la postura de uno de los magistrados que, en la causa "Castaño", de la Sala I de esa Cámara, señaló la orfandad absoluta de las magnitudes de las probabilidades utilizadas en la fórmula (v. fs. 554/555).
III. Coincido con el señor Procurador General en que esta impugnación tampoco prospera.
III.1. Se agravia la recurrente de la suma otorgada a la actora por daño moral. Tal impugnación no es de recibo.
La Cámara confirmó la indemnización sosteniendo que "en cuanto a la suma en definitiva fijada por el a quo , no basta que la recurrente la repute excesiva, sino que debe someter a consideración del Tribunal el razonamiento que la lleva a calificarla de esa manera, recaudo que no se halla abastecido y determina la deserción del embate en esta parcela (art. 260 del Código Procesal)" (fs. 522 vta., primer párr.).
En su impugnación atribuye un exceso en la función judicial denunciando una decisión extra petita (v. fs. 551). Sin embargo, el pronunciamiento del Tribunal de Alzada resulta confirmatorio del anterior, con fundamento en la falta de ataque idóneo a la sentencia de primera instancia, en los términos del art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial, declarando desierto en este punto el agravio llevado ante esa sede por no constituir una crítica concreta y razonada. No se advierte ninguna forma de apartamiento de la congruencia, decisión excesiva o la concesión por el a quo de una suma mayor a la reclamada (repito: la cantidad no fue aumentada ni disminuida, sino confirmada).
Ese basal fundamento de la decisión no ha sido atacado por la recurrente, lo que lo torna improcedente. En todo caso, su embate parece estar encaminado a atacar la decisión de primera instancia (teniendo en cuenta el tenor de su impugnación), lo que demuestra un insoslayable error técnico que condena el recurso al fracaso.
Esta Corte sostiene que es requisito ineludible de una adecuada deducción del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la impugnación concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo, siendo insuficiente la que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos y citas legales sobre los que la misma se asienta (conf. doctr. causas C. 118.333, "Salamone", sent. de 15-VII-2015; C. 120.490, "Estudio 81 S.A.", sent. de 3-V-2018), lo que acontece en la especie y sella el resultado adverso del intento revisor.
III.2. También se agravia la empresa recurrente de la aplicación de la multa por daños punitivos.
III.2.a. En principio cabe señalar que el art. 52 bis de la ley 24.240, incorporado por la ley 26.361 (B.O. del 7-IV-2008), establece que: "Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley" (el subrayado, por supuesto, me pertenece).
La norma es clara en cuanto a que exige para su aplicación un solo requisito: que el proveedor no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor. Dicho de otra manera: apartándose de las sugerencias efectuadas a nivel doctrinario, el precepto no exige un grave reproche subjetivo en la conducta del dañador, ni un supuesto de particular gravedad caracterizado por el menosprecio a los derechos del damnificado o a intereses de incidencia colectiva, ni a los supuestos de ilícitos lucrativos. Sólo dispone que procede cuando se incumplen obligaciones legales o contractuales (conf. Lorenzetti, Ricardo L.; Consumidores , 2da Ed., Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009, págs. 562 a 563; Mosset Iturraspe, Jorge y Wajntraub, Javier H.; Ley de Defensa del Consumidor, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2008, págs. 278 a 279; Fernández, Raymundo L.; Gómez Leo, Osvaldo R. y Aicega, María Velentina; Tratado Teórico-Práctico de Derecho Comercial , Abeledo Perrot, t. II-B, Buenos Aires, 2009, pág. 1.197; Conclusiones de la Comisión 10, XVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Santa Fe, 1999, publicadas en Congresos y Jornadas Nacionales de Derecho Civil, LL, pág. 196).
III.2.b. El encuadramiento de la relación jurídica dentro del estatuto del consumidor, que permite la aplicación del daño punitivo, se encuentra fuera de discusión en el sub examine , no sólo por la forma en que ha quedado trabada la litis sino también por los elementos que se hallan presentes en el caso: los sujetos involucrados (una persona física y una prestadora de servicios telefónicos) y los objetos sobre los que recae la relación cuestionada (los bienes y servicios en los que la persona física es destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar; arts. 1 a 3, ley 24.240).
A ello se añaden los hechos que dieron lugar a la iniciación de la demanda judicial, los
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