Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124083
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, en tanto los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Quilmes hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Juan Carlos Skretkowicz contra Ricardo Héctor Ribeyrol Biondi, condenando a este último al pago de la suma que especificó en concepto de daño moral. La rechazó, en cambio, respecto de Provincia ART S.A. y la Municipalidad de Berazategui en cuanto pretendía una indemnización por daños y perjuicios con fundamento en el derecho común (v. fs. 720/736 vta.).
Para así decidir, y en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, juzgó no acreditada la responsabilidad civil de la Municipalidad empleadora, por cuanto los golpes propinados por el codemandado Ribeynol Biondi al actor no lo fueron con motivo de las tareas desarrolladas en favor de su principal.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo interpone recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fecha 3-VI-2019), concedidos por el tribunal de grado a fs. 745/746, el último mencionado en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III.1. En el primero de los remedios articulados, el impugnante alega violación del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en tanto denuncia la falta de tratamiento de cuestiones esenciales, como lo son el comportamiento de la Municipalidad codemandada, y sus incumplimientos en torno a resguardar la integridad psicofísica del actor, puesto que conocía los antecedentes de violencia del agresor, y, además, lo obligó a reintegrarse a sus tareas y compartirlas con aquél durante varios meses, hasta que decidió su suspensión preventiva.
III.2. El recurso no puede prosperar.
III.2.a. De modo liminar, corresponde señalar, respecto a la vía prevista en el art. 161 apdo. 3 inc. "b" de la Constitución provincial, que la misma sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 118.066, "Ortega", resol. de 30-IX-2014 y L. 118.295, "Díaz", resol. de 12-XI-2014).
III.2.b. Por otro lado, sabido es que la omisión de cuestiones esenciales que genera la nulidad del pronunciamiento es la referida a la falta de tratamiento de los asuntos que estructuran la traba de la litis y el esquema jurídico que la sentencia debe necesariamente atender para su validez, no revistiendo tal carácter los argumentos introducidos por las partes en apoyo de sus pretensiones (causas L. 103.215, "Massimino", sent. de 14-X-2009 y L. 114.776, "Alegre", sent. de 5-VI-2013).
Nótese además, que conforme lo tiene reiteradamente dicho esta Corte, el deber de los tribunales de trabajo de tratar todas las cuestiones sometidas a su conocimiento no importa el de seguir a los litigantes en las argumentaciones de hecho y de derecho esgrimidas como sustento de su postura (causas L. 82.520, "Sotelo", sent. de 7-IX-2005; L. 84.291, "Kirilenko", sent. de 8-III-2007; L. 81.389, "Vanetti", sent. de 30-IV-2008 y L. 94.169, "Almirpeguy", sent. de 28-V-2010 y L. 121.897, "Do Santos", resol. de 13-II-2019).
III.2.c. En el caso, las críticas por las que, en definitiva, el impugnante le cuestiona al sentenciante de origen no haber considerado las pruebas que corroboran los incumplimientos de la Municipalidad en cuanto a sus deberes de prevención y de resguardar la integridad psicofísica de sus dependientes, resultan extrañas al ámbito del recurso extraordinario de nulidad y propias del de inaplicabilidad de ley, pues es sabido que en el marco del remedio intentado, las objeciones dirigidas a demostrar presuntos errores in iudicando no son idóneas (causas L. 102.098, "Llera", sent. de 16-II-2011; L. 96.682, "Hegler", sent. de 21-III-2012; L. 111.418, "González", sent. de 13-V-2015 y L. 123.161, "Díaz", resol. de 19-II-2020).
IV. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley alega absurdo y arbitrariedad en la valoración de la prueba, en cuanto no tuvo por acreditada la responsabilidad civil de la Municipalidad accionada.
Esencialmente se agravia de la forma en que el tribunal de grado apreció la prueba producida, omitiendo considerar los incumplimientos de la empleadora.
Por otro lado, objeta el monto fijado en concepto de daño moral, el que considera exiguo. Alega que en el pronunciamiento no se explicitan los parámetros utilizados para calcularlo.
IV.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado (v. fs. 383), la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 113.436, "Nuñez", resol. de 16-III-2011; L. 113.743, "Pérez", resol. de 17-VIII-2011; L. 117.035, "Abregu", resol. de 25-IX-2013 y L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.474, "Martín", resol. de 8-VIII-2012 y L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015).
IV.2. En este contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que las doctrinas que se invocan como violadas -además de haber sido elaboradas sobre presupuestos disímiles a los del caso en juzgamiento- se hallan relacionadas a cuestiones fácticas y probatorias, vinculadas a la configuración -o no- de los presupuestos de responsabilidad en los términos del derecho común, así como a la forma en que el a quo procedió a la cuantificación del daño moral, resultando en consecuencia inhábiles a los fines de abrir la competencia revisora por el estrecho marco cognitivo ut supra referido (causas L. 105.399, "G., S.", sent. de 14-III-2012; L. 102.278, "S., J.", sent. de 15-VIII-2012; L. 118.965, "Martínez", resol. de 25-X-2015; L. 120.492, "Olmos", resol. de 21-VI-2017; L. 121.574, "Wagner", resol. 21-XI-2018; L. 122.127, "Saavedra", resol. de 10-IV-2019 y L. 122.613, "Parceq", resol. de 5-VI-2019).
Por otro lado, las doctrinas referidas al vicio de absurdo no devienen idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 118.068, "Gudiño", resol. de 20-11- 2014 y L. 118.239, "González", resol. de 19-II-2015).
Asimismo, en relación a la cita que se formula en el recurso (v. tercer párrafo de la página 26 del escrito electrónico de fecha 3-VI-2019), sabido es, que se encuentra excluida del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este Superior Tribunal, la mención de la opinión personal de uno de sus ministros (causas L. 112.025, "Carta", resol. de 22-IX-2010; L. 108.361, "Errecalde", sent. de 5-IX-2012; L. 119.831, "Salazar", resol. de 13-XII-2017 y L. 121.509, "Iglesias Masello", resol. de 28-XI-2018).
Finalmente, cabe señalar que los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la que deriva de la opinión de los autores, no constituyen la "doctrina legal" a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 118.921, "Veliz", resol. de 23-IX-2015 y L. 122.001, "Quiroga", resol. de 5-XII-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, en tanto los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/08/2020 22:12:55 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/08/2020 09:14:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/08/2020 09:37:27 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/08/2020 14:10:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/08/2020 13:42:41 - ALFANO Sergio Daniel
Fin de la sentencia