Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124098
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Azul, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demanda promovida por Jorge Alfredo Cabré contra Establecimiento Frigorífico Azul S.A. y La Segunda ART S.A., por la cual perseguía el cobro de los daños y perjuicios por enfermedad profesional, en los términos del derecho común y, subsidiariamente, el resarcimiento proveniente de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 520/546).
Para así decidir, juzgó que el reclamante no había logrado acreditar el nexo causal adecuado entre las tareas que desarrollaba para su empleadora y el daño que padece.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 18-VI-2019), el que fue concedido por el tribunal de grado a fs. 567 y vta.
En su presentación denuncia el vicio de absurdo en la valoración de la prueba, e individualiza las normas y la doctrina legal que considera violadas. Solicita que se declare la nulidad de la sentencia.
Esencialmente, afirma que el fallo atacado resulta arbitrario, por cuanto el juzgador le impidió al actor producir una nueva experticia médica, en atención a que el perito, por reticencia o desconocimiento, omitió dar respuesta a los puntos de pericia que le fueran requeridos, afectando gravemente el derecho de defensa.
En tal sentido, formula diversas consideraciones en torno a la ponderación de las pruebas periciales médica y de seguridad e higiene.
Finalmente, cuestiona la imposición de costas a su parte.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, las argumentaciones que formula el impugnante dirigidas a objetar la negativa del tribunal de grado de permitir la producción de una nueva prueba pericial médica en nada se asemejan a una crítica razonada del decisorio que se pretende atacar. Más bien se observa el cuestionamiento a situaciones previas al dictado de aquél, y sabido es, que esta Corte ha dicho reiteradamente que las infracciones relacionadas con presuntos defectos anteriores a la sentencia se encuentran preclusas y son ajenas, por tanto, al ámbito del recurso extraordinario (causas L. 84.541, "Gaztelu", sent. de 28-IX-2005; L. 86.442, "Gaillardín", sent. de 31-VIII-2007; L. 96.489, "Fink", sent. de 2-IX-2009; L. 112.209, "Ramírez", resol. de 1-IX-2010; L. 112.627, "Estevez", resol. de 10-XI-2010 y L. 123.182, "Santin", resol. 11-III-2020).
III.2.a. Por otro lado, también ha sostenido este Tribunal que determinar las características de las tareas realizadas por el trabajador y la relación de causalidad entre ellas y las dolencias incapacitantes que padece, como el análisis del material probatorio, y si se configuran o no los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida en los términos del derecho común, son facultades privativas de los jueces de mérito, salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 96.692, "Bao", sent. de 10-III-2010; L. 103.856, "Angilella", sent. de 12-XII-2012; L. 106.554, "Lofiego", sent. de 14-III-2012 y L 116978, "Dalfonso", sent. de 8-IV-2015).
La configuración del vicio señalado requiere del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 118.065, "Ferrari", resol. de 3-XII-2014 y L. 118.387, "Sala", resol. de 19-II-2015).
III.2.b. En el caso, el recurrente no cumple con la carga de acreditar el absurdo alegado, ya que su crítica se reduce -en rigor- a una simple divergencia de opinión con las motivaciones sentenciales que inspiran el pronunciamiento, y como tales insuficientes para conmover el fallo atacado (causas L. 117.754, "Caballero", resol. de 12-III-2014 y L. 118.799, "Giménez", resol. de 14-X-2015).
En efecto, el recurso no contiene una réplica que desvirtúe el razonamiento del juzgador, el cual concluyó que la prueba analizada -en especial la pericia médica- no resultó idónea para acreditar la existencia del nexo de causalidad adecuado entre las tareas desarrolladas y el daño que presenta como consecuencia de la enfermedad que padece.
Por el contrario, el remedio intentado transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el sentenciante de grado debió valorar la prueba aportada al proceso, concretamente los dictámenes periciales médico y en seguridad e higiene, poniendo de manifiesto -tan sólo- su disconformidad con la solución alcanzada en el fallo (causas L. 119.646, "Zaracho", resol. de 1-VI-2016 y L. 119.869, "Parodi", resol. de 17-VIII-2016).
Es del caso recordar que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte (causas L. 102.928, "Mansilla", sent. de 21-XII-2011; L. 105.461, "Bertón", sent. de 22-VIII-2012; L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013; L. 117.155, "Roselli", sent. de 22-X-2014 y L. 119.519, "Salas", resol. de 1-VI-2016).
III.2.c. Cabe agregar, para más, que carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, cuya configuración está supeditada a la previa verificación de infracción de textos legales (causa L. 92.430 "Galarza", sent. de 20-VIII-2008), hipótesis no configurada en el caso.
III.3. El cuestionamiento respecto de las costas resulta insuficiente, puesto que, como es sabido, su imposición y distribución constituye una atribución privativa de los Jueces de mérito y exenta, como tal, de censura en casación, salvo absurdo, que sólo se verifica cuando se ha alterado burdamente el carácter de vencido o existe iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (causas L. 89.615, "Ortigosa", sent. de 28-V-2008; L. 98.143, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 11-III-2009 y L. 115.148,"Fazzari, resol de 26-X-2011), presupuestos no verificados en autos.
III.4. Finalmente, resta mencionar que la anulación de oficio de las decisiones judiciales constituye una facultad exclusiva y excluyente de la Suprema Corte y, por ende, no resulta dable que su actuación sea propiciada por las partes (causas L. 118.299, "L.,J. A.", sent de 31-V-2017 y L. 120.384, "Rocha", sent de 19-II-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/08/2020 22:13:02 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/08/2020 09:14:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/08/2020 14:10:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2020 11:41:56 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2020 11:51:23 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia