Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122960
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaIntimar a la recurrente para que, en el plazo de cinco días, acredite ante esta sede el depósito -a la orden de la Cámara que dictó el fallo impugnado-, en concepto de integración, de la suma adicional de sesenta y cuatro mil veintisiete pesos ($ 64.027), bajo apercibimiento de declarar la deserción del remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley concedido (art. 280, cuarto párrafo, CPCC).
C 122.960.
"RABANAL SERGIO OMAR C/ UGON SILVIO ANIBAL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)"
La Plata, 13 de Agosto de 2020.
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 9 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios iniciada por el señor Sergio Omar Rabanal contra los señores Silvio Aníbal Armand Ugon, Elizabeth Edith Muscatello y Liderar Compañía de Seguros S.A. -esta última en la medida del seguro- por el monto de quinientos ochenta y nueve mil pesos ($ 589.000) con más los intereses desde la fecha del evento dañoso y hasta el efectivo pago -salvo para el rubro "tratamiento psicoterapéutico" al cual reconoció otra fecha de inicio-, calculados a la tasa más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para operaciones a plazo fijo a treinta días, que en la actualidad corresponde a la tasa BIP (v. fs. 520/528).
A su turno, la Sala III de la Cámara de Apelación del fuero departamental modificó lo resuelto elevando algunos rubros indemnizatorios, como asimismo revocó el pronunciamiento en cuanto al límite de cobertura del seguro, estableciéndolo en la suma de dieciocho millones de pesos ($ 18.000.000) por acontecimiento, eliminando todo sublímite (v. fs. 631/654 vta.).
Frente a esa decisión, la apoderada de la aseguradora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico del 24-VIII-2018), el que fue concedido (v. fs. 667 y vta.).
II. Previo a todo análisis relativo a la admisibilidad del recurso, se impone efectuar una breve referencia a la actuación profesional desplegada en estos autos por la apoderada de la firma de seguros, en lo que hace a la defensa técnica de los intereses en juicio de la parte demandada.
En tal cometido, cabe recordar aquí que los codemandados Silvio Aníbal Armand Ugon y Elizabeth Edith Muscatello -conductor copropietario del vehículo y cotitular del bien, tomadora del seguro, respectivamente-, se presentaron en autos con el patrocinio letrado de la doctora Nidia Susana Espejo, quien ya representaba en el expediente a Liderar Compañía General de Seguros S.A., ratificando en tal contexto lo actuado en su nombre por dicha letrada (v. fs. 104 y 106).
Esta ratificación, primera y única actuación personal de los accionados, muestra una adhesión incondicionada a la contestación de la citación y de la demanda efectuadas en su oportunidad por la misma letrada en uso de la facultad del art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 96/98 y 99/101).
En otras palabras, los codemandados ratificaron la gestión oficiosa actuada en su nombre por la letrada Espejo, consistente en la lisa y llana adhesión a todos los términos defensivos opuestos por la aseguradora en la fase postulatoria del juicio, incluida, claro está, la limitación económica de la cobertura.
A partir de ese momento, no obra en autos ninguna otra presentación personal o por representación de los asistidos, quienes fueran a su vez notificados de distintos actos del proceso en el mismo domicilio constituido por la aseguradora (v. cédulas de traslado de la pericia contable a fs. 273/274 vta.; sentencias condenatorias de ambas instancias de grado a fs. 529/530, 531/532 y 659/660 respectivamente, e.o.).
Correlato de ello resultan ser, a su vez, las sucesivas presentaciones en la causa efectuadas por Espejo como representante de la compañía de seguros.
Esa "ausencia procesal" de la parte demandada, en este especial contexto litigioso y más allá de la señalada adhesión a los términos liminares de la defensa esgrimida por la aseguradora, da cuenta de un actuar letrado cuestionable.
Obsérvese que ya la sentencia de primera instancia ponía en cabeza de los codemandados el pago de la condena en lo que excedía el monto máximo asegurado -por persona no transportada- de cien mil pesos ($ 100.000; v. fs. 62, 65, 526 vta./527).
Sin embargo, nada de lo allí resuelto fue cuestionado por la representante letrada de los sujetos a quienes afectaba tal decisión: los codemandados Armand Ugon y Muscatello.
Luego, se sumó un evidente conflicto de intereses abierto entre la compañía de seguros y su asegurada (en la figura de los copropietarios del automóvil) en cuanto ha pretendido la primera ceñir su responsabilidad a los contornos numéricos de una cobertura mínima, frente a la presumible vocación de total indemnidad patrimonial que los segundos pudieron albergar a partir de la sentencia del Tribunal de Alzada (v. fs. 652 vta./653 y 654).
Esa circunstancia no debió ser soslayada por la profesional a cargo de la defensa técnica de ambas. En todo caso, debió la misma declinar -y no lo hizo- la representación o el patrocinio ejercidos en favor de una u otra de las partes cuyos intereses se vieron confrontados.
En tal sentido, no es ocioso recordar lo preceptuado por el art. 28 de las Normas de Ética Profesional dictadas por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires que en lo pertinente reza:
"ART. 28: ACLARACIONES AL CLIENTE. CONFLICTO DE INTERESES.
Es deber del abogado enterar al cliente de todas las circunstancias que puedan influir sobre él, respecto de la elección de abogado.
Es contrario a la profesión representar intereses opuestos, excepto mediando consentimiento unánime prestado, después de completa aclaración de los hechos. Dentro del sentido de esta regla, existen intereses encontrados cuando se debe simultáneamente defender e impugnar una misma medida...".
En síntesis, el escenario descripto no puede ser inadvertido por esta magistratura (art. 34 inc. 5 apdo. "c", CPCC), por lo que deviene necesario cursar una especial recomendación a la letrada Nidia Susana Espejo, abogada de los legitimados pasivos y de la citada en garantía, para que en el futuro extreme la diligencia técnica necesaria a fin de evitar situaciones que, como la de autos, conlleven un claro menoscabo de la debida defensa en juicio de los protagonistas principales del proceso.
Asimismo, deberá el a quo tomar las medidas necesarias con el objeto de informar al Colegio de Abogados respectivo sobre la actuación de la letrada mencionada, a los fines que corresponda.
III. Pasando ahora a considerar la concurrencia de los recaudos de admisibilidad del canal extraordinario deducido, cabe poner de relieve que, en el caso, conforme a lo dispuesto en los arts. 278 y 280 del Código Procesal Civil y Comercial, el valor del agravio se encuentra representado para la sociedad recurrente, teniendo en cuenta los planteos expuestos en la impugnación, por la diferencia entre el monto indemnizatorio establecido en la sentencia de condena y la suma hasta la que pretende responder considerando el sublímite de cobertura determinado en la póliza, más la correspondiente a la diferencia entre los intereses liquidados a la tasa fijada y la que considera debe ser aplicada (conf. doctr. causas C. 111.643, "Baggini", resol. de 17-VIII-2011; C. 110.997, "Pozzan", resol. de 15-II-2012; C. 120.631, "Melinger", resol. de 31-VIII-2016; C. 120.282, "Primo", resol. de 4-V-2016; C. 121.223, "Riquelme", resol. de 28-VI-2017 y C. 122.687, "Rodríguez", resol. de 17-X-2018).
Así, se observa que el depósito efectuado ($ 115.000; v. fs. 666) no alcanza a cubrir la carga legal requerida (arts. 278 y 280, cit., ley 14.141 y Acordada 3.903/2018), correspondiendo intimar a la interesada a integrar el mismo con la suma adicional de sesenta y cuatro mil veintisiete pesos ($ 64.027).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Intimar a la recurrente para que, en el plazo de cinco días, acredite ante esta sede el depósito -a la orden de la Cámara que dictó el fallo impugnado-, en concepto de integración, de la suma adicional de sesenta y cuatro mil veintisiete pesos ($ 64.027), bajo apercibimiento de declarar la deserción del remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley concedido (art. 280, cuarto párrafo, CPCC).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
(Conf. Ac. 3971)
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia