Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 123111
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, en consecuencia, se revoca la sentencia apelada en lo que se refiere a la extensión de la condena a Federación Patronal Compañía de Seguros S.A., repeliendo la demanda en este aspecto.
Las costas de alzada y de esta instancia extraordinaria se imponen a los actores en su carácter de vencidos (arg. art. 274 y arts. 68 y 289, CPCC).
El depósito previo efectuado (v. escrito electrónico de fecha 20 de noviembre de 2018 y 9 de septiembre de 2019) deberá restituirse al interesado (art. 293, Cód. cit.).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.111, "Pereyra, Roberto José y otro contra Cuello, Sergio Raúl y otros. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan.
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mercedes revocó la sentencia de primera instancia en cuanto había admitido la defensa de exclusión de cobertura opuesta por Federación Patronal Compañía de Seguros S.A. y, en consecuencia, hizo extensiva la condena a la citada en garantía (v. fs. 555/560).
Se interpuso, por el letrado apoderado de esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 569/574 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Roberto José Pereyra y Antonia Agripina Mena iniciaron la presente acción indemnizatoria contra Sebastián Valdéz y Sergio Raúl Cuello en virtud de los daños y perjuicios sufridos a raíz de un accidente de tránsito acaecido el 6 de abril de 2012 en la ciudad de Navarro, en el cual perdiera la vida el hijo de los actores. Citaron en garantía a la firma Federación Patronal Compañía de Seguros S.A. (v. demanda: fs. 108/124).
El magistrado de origen estimó procedente la demanda condenando a los accionados a abonar la suma de $1.120.000, con más la tasa de interés pasiva desde la fecha del hecho hasta el décimo día de notificada la sentencia de Cámara, utilizando la variante digital publicada en la página wwww.scba.com.ar; y a partir de entonces y hasta el efectivo pago la tasa activa para las restantes operaciones en pesos suministrada por la referida publicación (v. fs. 522/528 vta.).
En lo que respecta a la citada en garantía, advirtió que de los elementos probatorios de la causa surgía que la cobertura se encontraba suspendida por falta de pago y que el conductor de la motocicleta dominio 446-HVF carecía de carnet habilitante, por lo que cabía concluir que la compañía aseguradora no se encontraba obligada a indemnizar el siniestro de autos (v. fs. 525 vta.).
II. Apelado dicho pronunciamiento por los actores, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mercedes lo revocó en cuanto había admitido la defensa de exclusión de cobertura y, en consecuencia, hizo extensiva la condena al ente asegurador (v. fs. 555/560).
Para así fallar, comenzó por recordar que son los hechos los que fijan el objeto del proceso, siendo las partes las que tienen el señorío exclusivo para aportar el material de conocimiento -conforme el principio dispositivo (arts. 163 inc. 6, 330 inc. 4 y 354 inc. 1, CPCC)- quedando atrapado el órgano jurisdiccional por las alegaciones que aquellas introducen en los escritos constitutivos, debiéndose tener en cuenta que lo que se omitió manifestar en el inicio del juicio no será posible alcanzarlo luego por vía de interpretaciones o supuestos que se aparten del relato que cada parte esbozó al fundamentar su pretensión o el rechazo de aquella (v. fs. 557).
Sobre este piso de marcha, advirtió que la falta de precisión que evidenciaba el escrito de la citada en garantía respecto de las eventuales conductas de su asegurado que excluirían la cobertura -el que fue planteado de manera vaga y genérica- no sólo resultaba inadmisible desde el punto de vista formal sino agraviante para el derecho de defensa de aquellos que debían responder (v. fs. 557 vta.).
En razón de ello, concluyó que la sentencia debía ser revocada haciendo extensiva la condena a Federación Patronal Compañía de Seguros S.A., en los términos del contrato de seguro (v. fs. cit.).
III. Frente a este modo de decidir se alza el letrado apoderado de la aseguradora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el cual denuncia la violación de los arts. 1, 4, 11, 38, 46, 47, 48 y 158 de la ley 17.418; 1.137, 1.195 y 1.197 del Código Civil; 375 del Código Procesal Civil y Comercial; de la ley 20.091 y de la doctrina legal que cita. Hace reserva del caso federal (v. fs. 569/574 vta.).
Aduce que la Cámara erróneamente revocó la exclusión de cobertura resuelta en primera instancia, considerando que aquella, tal como fue dictada, violentaba el principio de congruencia en cuanto acogía defensas no interpuestas en debida forma (v. fs. 570 vta.).
Al respecto, afirma que en la oportunidad de contestar el traslado de la citación en garantía hizo reserva de las exclusiones de cobertura previstas en la póliza, remitiendo a los términos del contrato (v. fs. 572).
Expresa que se vio impedida de efectuar mayores precisiones en su primera presentación en razón de la falta de denuncia del siniestro por parte del asegurado; circunstancia alegada y probada a lo largo del juicio (v. fs. cit.).
Sostiene que en la etapa probatoria se arrimaron elementos de convicción que acreditaron los extremos oportunamente invocados, razón por la cual no existía óbice para abordar el examen de las defensas articuladas (v. fs. cit.).
Por fin, arguye que la fijación de los intereses de acuerdo con la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires vulnera la jurisprudencia de esta Suprema Corte emanada de los precedentes "Vera" y "Nidera" (v. fs. 573/574).
IV. El recurso prospera.
IV.1. En lo que respecta al agravio vinculado con el principio de congruencia, entiendo que le asiste razón al recurrente.
La mentada directriz -cuyo destino es conducir el pleito en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio- importa que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa y no resulta violado mientras exista el nexo necesario entre la fórmula propuesta en la traba de la litis y el contenido de la decisión del juzgador, pues sólo aparecería el quebrantamiento si el argumento decisorio alterara aquella relación (conf. causas Ac. 89.057, "Concha de Dieguez", sent. de 24-V-2006; C. 121.773, "D., V. B.", sent. de 26-IX-2018; entre muchas).
En la especie, advierto -contrariamente a lo resuelto por el Tribunal de Alzada- que la sentencia de primera instancia no desborda el marco de las pretensiones jurídicas que forman el contenido de la controversia.
Veamos.
A fs. 171/182 se presentó Federación Patronal Compañía de Seguros S.A., en su carácter de citada en garantía, negando la existencia de los hechos invocados. Alegó la falta de denuncia del siniestro y solicitó que para el caso de que se demostrase la ocurrencia del accidente y de acreditarse que el asegurado se encontraba inmerso en alguna causal de exclusión de cobertura o quedara probado que el hecho resultó extraño al ámbito de la cobertura aseguraticia otorgada, así se declarase en la sentencia, exonerándola de su obligación de responder.
En tal sentido, dio por reproducidas las estipulaciones del contrato que delineaban la medida del seguro, en particular las cláusulas 20, 21 y 22 de las condiciones generales que obraban en la póliza acompañada en calidad de prueba documental, mencionando expresamente -entre otras causales- "la falta de registro de conducir o categoría habilitante para conducir el vehículo asegurado" (fs. 172 y vta.) y ofreciendo prueba en sustento de dicha defensa (v. fs. 179 vta. y 180 vta.).
A su turno, los actores contestaron el traslado conferido, replicando la exclusión de cobertura y la omisión de denuncia del siniestro invocadas por la aseguradora (v. fs. 204/207).
En la etapa probatoria, por un lado, quedó acreditado que Pedro Daniel Cuello al momento del hecho no poseía carnet habilitante (v. contestación oficio Municipalidad de Navarro: fs. 301/303 y fs. 36 IPP n° 3.417/12).
Por otro, la pericia contable obrante a fs. 434/440 y aclaraciones de fs. 457 corroboró que a la fecha del accidente la cobertura de la póliza se hallaba suspendida por falta de pago, habiéndose rehabilitado con posterioridad al mismo (v. rta. 1: fs. 457); circunstancia que fue asimismo confirmada por la productora de seguros Gabriela Pastorini que señaló que la prima se encontraba impaga al 6 de abril de 2012 y fue regularizada con fecha 9 del mismo mes y año, mediante la cancelación de dos cuotas (v. fs. 471).
Tal como puede apreciarse del examen de las piezas y actos procesales obrantes en autos, lejos de visualizarse un apartamiento de las reglas del debido proceso o el pronunciamiento sobre una cuestión introducida sorpresivamente por el juzgador, se advierte que el juez de origen ha resuelto de conformidad con las posiciones formuladas en los escritos postulatorios, teniendo en cuenta la verdad objetiva que emerge de las constancias de la causa.
Por lo hasta aquí expuesto, estimo que corresponde revocar esta parcela de la decisión (art. 289 inc. 1, CPCC).
IV.2. En la etapa de composición positiva del pleito (art. 289 inc. 2, CPCC) y llegados a este punto, cabe recordar que el instituto de la apelación adhesiva impone, en la resolución del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, tener en cuenta lo alegado por la contraparte, ausente en su tramitación porque la sentencia le fue favorable (conf. causas C. 121.043, "Rivada", sent. de 7-II-2018; C. 122.484, "La Ruffa", sent. de 7-III-2019; e.o.).
Los actores en su memorial de apelación dirigieron su crítica a las conclusiones a las que arribó el sentenciante vinculadas con la falta de denuncia del siniestro (v. fs. 546 vta./548 vta.), a la par que alegaron la violación del principio de congruencia en relación -exclusivamente- con la causal prevista en la cláusula 50 del contrato de seguros -suspensión de la póliza ante la falta de pago- por considerar que no había sido opuesta en la etapa procesal oportuna (v. fs. 548 vta./550).
Ahora bien, sin perjuicio de lo que pudiera considerarse en torno a las críticas vertidas por los apelantes, y más allá de su acierto u error, es lo cierto que en la mentada impugnación ninguna crítica esgrimieron con relación a la cláusula 22 -exclusiones a la cobertura- relativa al siniestro producido cuando el vehículo es conducido por persona no habilitada para el manejo.
Lo decidido por el juez de la instancia liminar en cuanto a esta causal -como vimos, expresamente invocada por la aseguradora (v. fs. 172 y vta.) y acreditada en la causa (v. fs. 301/303)- al haber arribado firme al Tribunal de Alzada por falta de ataque idóneo resulta por sí sola suficiente a los fines de sustentar la decisión recurrida (v. fs. 525 vta.).
Es que permaneciendo incólume aquel tramo del pronunciamiento, que así arribó firme al Tribunal de Alzada (con aptitud suficiente para abastecer la decisión que admitió la defensa de exclusión de cobertura opuesta por la citada en garantía), la eventual procedencia de la crítica en tratamiento -ceñida a la restante causal de exclusión invocada, la suspensión por falta de pago de la prima- devendría ineficaz para alterar lo resuelto en el fallo impugnado.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario en tratamiento y revocar la sentencia recurrida en cuanto rechazó la causal de exclusión invocada por la citada en garantía y rechazar la demanda a su respecto (art. 289, CPCC).
IV.3. Atento al modo en que se resuelve, no corresponde ingresar en los restantes agravios que porta la pieza en tratamiento.
V. Por lo expuesto, si mi propuesta es compartida, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y revocar la sentencia apelada en lo que se refiere a la extensión de la condena a Federación Patronal Compañía de Seguros S.A., repeliendo la demanda en este aspecto.
Las costas de alzada y de esta instancia extraordinaria se imponen a los actores en su carácter de vencidos (arg. art. 274 y arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Torres y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, en consecuencia, se revoca la sentencia apelada en lo que se refiere a la extensión de la condena a Federación Patronal Compañía de Seguros S.A., repeliendo la demanda en este aspecto.
Las costas de alzada y de esta instancia extraordinaria se imponen a los actores en su carácter de vencidos (arg. art. 274 y arts. 68 y 289, CPCC).
El depósito previo efectuado (v. escrito electrónico de fecha 20 de noviembre de 2018 y 9 de septiembre de 2019) deberá restituirse al interesado (art. 293, Cód. cit.).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/08/2020 16:27:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/08/2020 16:31:23 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/08/2020 18:44:57 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/08/2020 20:33:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/08/2020 13:17:22 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia