Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122259
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 549/552 vta.), se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca el pronunciamiento impugnado, debiendo la causa proseguir según su estado. Las costas de la presente incidencia -en todas las instancias- se imponen en el orden causado (arts. 68, segundo párrafo, 69, 274, 279 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.259, "Rocchi, Elda Beatriz contra Arena, Alberto Alejandro y otra. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Kogan, Soria.
La Sala III de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata confirmó la designación de defensor oficial para representar a los sucesores universales de la actora fallecida (v. fs. 536/537).
Se interpuso, por la titular de la Unidad Funcional de Defensa n° 13 departamental, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 538/546).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 549/552 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Se ventila en autos una acción de daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito ocurrido el 6 de agosto de 2007 en la intersección de la calle Centenario con la Avenida Rivadavia de la localidad de Capitán Sarmiento.
Encontrándose la causa en la etapa probatoria, la mandataria de la actora denunció el fallecimiento de su poderdante (v. fs. 371 vta.), circunstancia que motivó la suspensión del trámite de las actuaciones hasta tanto se pudieran individualizar y citar al proceso a sus eventuales herederos (v. fs. 372).
Luego de una serie de vicisitudes procesales, el juez interviniente ordenó la publicación de edictos para emplazar a los sucesores a estar a derecho, bajo apercibimiento de designarse un defensor oficial para que los represente (art. 53 inc. 5, CPCC; v. fs. 417).
Cumplida esta diligencia sin que se presentara heredero alguno, hizo efectivo el apercibimiento, designando a la Unidad Funcional de Defensa n° 13 de La Plata para que ejerza la respectiva representación (v. fs. 501).
Contra esta resolución, la titular del organismo designado interpuso recursos de revocatoria y de apelación en subsidio (v. fs. 502/504).
A tenor de lo preceptuado por los arts. 43 y 53 inc. 5 del digesto ritual, el magistrado de intervención rechazó la reposición y concedió en relación el remedio deducido en forma subsidiaria (v. fs. 505 y vta.).
II. Subsumiendo el supuesto de autos en las previsiones del mencionado inc. 5 del art. 53 del Código Procesal Civil y Comercial, la Sala III de la Cámara Primera de Apelación departamental confirmó el criterio impugnado. Adunó, a renglón seguido, que las manifestaciones de la apelante en torno a la existencia de impedimentos para asumir la defensa de la accionante no encontraban sustento en las normas que rigen la materia (ley 14.442 y art. 18 de la Constitución nacional). Rechazó, en suma, el planteo impugnativo, manteniendo la designación de la representante oficial (v. fs. 536/537).
III. Contra este último pronunciamiento se alza la titular del respectivo organismo -doctora Karina Luján Dicósimo- mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la errónea aplicación de los arts. 53 inc. 5 y 341 del Código Procesal Civil y Comercial; 33 de la ley 14.442; 18 de la Constitución nacional y 15 de su par provincial. Asimismo, denuncia la violación de los arts. 14 y 19 de la Carta magna nacional y de la doctrina legal de esta Corte sentada en las causas C. 120.875 y C. 120.248 (sents. de 29-XI-2017), así como del art. 11, siguientes y concordantes del decreto ley 7.322/67. Formula reserva del caso federal (v. fs. 538/546).
En síntesis, argumenta que tratándose de derechos litigiosos que pertenecen al acervo hereditario, no hay razón para apartarse de la normativa sucesoria en cuanto faculta al heredero para presentarse -o no- al juicio a hacer valer sus derechos, no pudiéndose sustituir su libre voluntad (arg. arts. 3.410, Cód. Civ. y 2.280 y concs., Cód. Civ. y Com.), careciendo, por ende, de legitimación para representar al actor ausente (arts. 1.881, Cód. Civ. y 375, Cód. Civ. y Com.).
Que el art. 341 del orden ritual prevé la citación por edictos de personas inciertas o con domicilio o residencia ignorados, norma que claramente forma parte del Capítulo II-Citación del Demandado. Asimismo, conforme el art. 33 de la ley 14.442, corresponde al defensor oficial la representación de las personas ausentes citadas a juicio. De allí que el art. 53 inc. 5 del digesto adjetivo no puede, en el caso, ser leído en forma aislada sino en conjunto con los señalados preceptos.
Que, a diferencia de lo ponderado en el fallo impugnado, el presente caso no exhibe vulneración alguna del derecho de defensa en juicio del justiciable (art. 18, Const. nac.), toda vez que se trata del ejercicio voluntario de un derecho disponible (art. 19, Const. nac.).
Que la decisión apelada desnaturalizó la función propia del defensor, al imponerle suplir la voluntad de los presuntos herederos que hasta podrían, incluso, renunciar a la herencia (arts. 3.311 y concs., Cód. Civ. y 2.286 y concs., Cód. Civ. y Com.).
Que si se ponderara la eventual existencia de una herencia vacante -en tanto los presuntos herederos no han mostrado interés alguno en recibir la herencia y defender sus derechos-, el único funcionario estatal habilitado para intervenir en su representación -conforme la normativa vigente- sería el Fiscal de Estado, toda vez que el acervo reputado vacante sería adquirido por el Estado. En tal caso, tampoco correspondería al Ministerio Público de la Defensa ejercer la tutela o defensa de ese particular interés estatal.
IV. La impugnación debe prosperar.
IV.1. De inicio, es útil recordar que en las causas C. 120.875, "Morales" y C. 120.248, "Martinelli" (ambas sentencias dictadas el 29 de septiembre de 2017), esta Corte abordó y resolvió una problemática sustancialmente análoga a la traída a juzgamiento en las presentes, en el marco de sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos por las respectivas titulares de Unidades de Defensa Oficial contra su designación como representantes de los presuntos herederos de la parte actora, en juicios de neto carácter patrimonial, y luego del agotamiento de las diligencias tendientes a la individualización y citación de esos eventuales legitimados.
En cuanto aquí interesa destacar, en los señalados pronunciamientos se precisó que "...La designación de defensor oficial para la representación o patrocinio de los eventuales herederos 'ausentes' de la coactora [...] implica, en el caso, transferir al funcionario un impropio ejercicio directo de la acción entablada en el marco de un proceso gobernado -en forma preeminente- por el principio "dispositivo" (conf. doctr. arts. 14, 17, 18, 19 y concs., Const. nac.)...".
Se dijo allí también (con remisión a los términos dictaminados por el Ministerio Público) que la designación de marras conllevaba la desnaturalización de la función propia del defensor oficial "...en tanto más que resguardarse la defensa de los derechos de los justiciables importa [...] transferirle el ejercicio de la vocación hereditaria de presuntos herederos que no se han presentado libremente a asumir sus derechos, respecto de quienes se desconoce su voluntad e interés actual de mantener vigente la instancia judicial iniciada, con infracción a normas sustanciales tales como las contenidas en el art. 1881 inc. 16 del Código Civil de Vélez Sársfield derogado, reproducida en lo que aquí interesa señalar, en el art. 375 inc. 'd' del Código Civil y Comercial de la Nación y a las garantías constitucionales contenidas en los arts. 14, 18 y 19 de la Carta Magna...".
Finalmente, se acompañó -a su vez- la idea acerca de que el art. 53 inc. 5 del Código adjetivo debía ser interpretado de consuno con lo preceptuado por el inc. 2 del art. 33 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 14.442 que circunscribe dicha particular intervención de los defensores oficiales a la representación de las personas ausentes citadas a juicio (en el sentido de demandadas), en observancia de las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso (art. 18, Const. nac.), sin que le quepa suplir el interés del promotor de la acción o, como en el caso, de sus herederos.
IV.2. En la especie, conforme se desprende de la reseña efectuada, nos encontramos ante un reclamo de estricto carácter patrimonial cuyos eventuales legitimados no se han presentado a hacer valer sus derechos no obstante las diversas diligencias llevadas a cabo a tal fin.
Ergo, siendo evidente la analogía que exhibe el supuesto de autos con los ventilados en los referidos antecedentes, corresponde acompañar el criterio por el que aboga la recurrente, en cuanto se ve claramente avalado por la reseñada argumentación (arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812- 279 y 289, CPCC).
IV.3. Finalmente, y tal como señala el señor Procurador General a fs. 552 vta., corresponde dar intervención a la Fiscalía de Estado de la Provincia a los fines previstos por los arts. 3.588 y concordantes del Código Civil y 768 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial.
V. Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 549/552 vta.), si mi opinión resulta compartida, corresponderá estimar el recurso extraordinario y revocar la sentencia impugnada, debiendo los autos remitirse a la instancia de origen y proseguir según su estado. En atención al modo en que se resuelve y a las particularidades del caso, propongo distribuir las costas de la presente incidencia -en todas las instancias- en el orden causado (arts. 68, segundo párrafo, 69, 274, 279 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Pettigiani , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 549/552 vta.), se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca el pronunciamiento impugnado, debiendo la causa proseguir según su estado. Las costas de la presente incidencia -en todas las instancias- se imponen en el orden causado (arts. 68, segundo párrafo, 69, 274, 279 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20), ofíciese con copia de la presente a la Fiscalía de Estado provincial (arts. 3.588 y concordantes del Código Civil y 768 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/08/2020 14:37:34 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2020 15:43:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/08/2020 09:52:48 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/08/2020 13:48:23 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/08/2020 13:56:02 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia