Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 123026
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Las costas correspondientes a esta instancia extraordinaria se imponen a la recurrente que resulta vencida (arts. 68 y 289, CPCC).
El depósito previo acreditado mediante presentación electrónica del día 16 de noviembre de 2018 queda perdido (art. 294, CPCC), debiendo el Tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3.135/13).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.026, "Fierro, Paola Soledad contra Telefónica de Argentina S.A. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Soria , Pettigiani.
La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca modificó el fallo anterior que, a su turno, había estimado parcialmente la demanda (v. fs. 572/585).
Se interpuso, por la firma accionada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico presentado el día 22 de octubre de 2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Se debate en autos la reparación de los daños y perjuicios derivados de un accidente ocurrido el día 15 de junio de 2014, alrededor de las 20:00 hs., en la calle Líbano, casi en su intersección con la calle Martín Rodríguez de la ciudad de Bahía Blanca. En tal ocasión, y encontrándose la actora circulando al volante de un ciclomotor marca Gilera, a una velocidad aproximada de 25 km/h, sorpresivamente se topó con un cable telefónico aéreo que colgaba de poste a poste y que la interceptó a la altura del cuello, provocando su caída y pérdida de conocimiento.
El señor juez de la fase inicial hizo lugar a la demanda, condenando a Telefónica Argentina S.A. a abonar a la actora una indemnización de cuarenta y dos mil seiscientos pesos ($42.600) en concepto de "gastos de traslado" ($2.600) y "daño moral" ($40.000). Siendo que tal suma fue establecida "a valores actuales", descartó la procedencia de intereses moratorios, los que diversamente reconoció para el caso de mora en el pago del importe de condena, a la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Impuso las costas a la firma vencida (v. fs. 530/540 vta.).
II. Apelado el fallo por la señora Fierro, la Sala I de la Cámara departamental, por mayoría, lo modificó, reconociendo los rubros "incapacidad sobreviniente" ($932.000) y "reposición de campera" ($5.500). Elevó, asimismo, el importe por daño moral (de $40.000 a $200.000) y estimó la aplicación de intereses, desde el momento del hecho y hasta la fecha del pronunciamiento a una tasa de interés puro del 6% anual y de allí hasta el efectivo pago a la tasa pasiva más alta pagada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, con costas a la vencida (v. fs. 572/585).
Para así decidir, y en lo que aquí interesa poner de resalto a tenor del remedio extraordinario interpuesto, tuvo por probado que la actora padeció una incapacidad parcial y permanente del 11%, estimando -en consecuencia- el respectivo renglón resarcitorio. Por mayoría, estableció la cuantía del rubro en la suma de novecientos treinta y dos mil pesos ($932.000), arribando a dicho guarismo a través de la aplicación de una conocida fórmula polinómica de matemática financiera, atendiendo a la edad de la víctima al momento del accidente, los años remanentes de expectativa de vida, el ingreso promedio mensual percibido como empleada municipal y el señalado porcentual de incapacidad (v. fs. 580 vta./582).
III. Contra esta decisión se alza Telefónica de Argentina S.A. mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico del día 22 de octubre de 2018), en el que denuncia: absurdo en razón del excesivo importe de condena; violación de doctrina legal de esta Corte dimanada de los antecedentes L. 52.561, "Serrano", sentencia de 13-IX-1994; L. 39.018, "González", sentencia de 5-VII-1988; L. 117.025, "Q., J. A.", sentencia de 4-III-2015; L. 116.857, "P., R. A.", sentencia de 27-VIII-2014 y L. 64.163, "López", sentencia de 15-XII-1998, al aplicarse los arts. 7 inc. 2 apartado "c" y 9 inc. 1 de la ley 24.557; asimismo, también la errónea aplicación de este último precepto y absurdo en la labor de ponderación de la prueba pericial médica. Mantiene reserva del caso federal (v. escrito electrónico cit.).
IV. El recurso no prospera.
IV.1. En un primer plano de ponderación, cabe decir que resulta inabordable el argumento que califica como exorbitante, excesiva o desproporcionada a la cuantía de la condena resuelta en el fallo, desde que más allá del enunciado de dicha disconformidad (v. pág. 2), no existe en la pieza bajo estudio despliegue argumental alguno que ulteriormente explique, abone o justifique los términos de la protesta así anticipada.
Reiteradamente esta Corte ha expresado que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. La frustración de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. causas C. 110.709, "Troncoso", sent. de 15-XI-2017; C. 120.693, "Arias", sent. de 11-IV-2018 y C. 122.310, "Nonaka", sent. de 3-VII-2019).
IV.2. En un subsiguiente orden de ideas, tampoco es de recibo el denunciado quebrantamiento de la citada doctrina legal de esta Corte vinculada a la inaplicabilidad de los principios y normas del trabajo a los reclamos basados en el derecho común (v. págs. 6/7 vta.).
En efecto, y tal como lo señala la propia recurrente, los fallos laborales cuya normatividad se aduce vulnerada refieren la imposibilidad de extender la solidaridad legal prevista en la ley laboral -art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo- a reclamos por accidentes de trabajo incoados, desde el inicio, en base a las normas del derecho común.
A diferencia de ello, en la especie nos encontramos ante una acción resarcitoria de estricto carácter civil, en cuyo marco la Cámara ponderó el carácter "permanente" de la incapacidad sufrida por la actora -como un renglón del daño emergente-, basándose para ello en las pericias médicas de autos, considerando a su vez, por vía de analogía (art. 16, Cód. Civ.), aspectos concernientes preceptuados por las citadas normas de linaje laboral (arts. 7 inc. 2 apdo. "c" y 9 inc. 1, ley 24.557 de Riesgos del Trabajo; v. fs. 574 vta./576).
Conforme se ve, ambos supuestos presentan entre sí asimetrías decididamente más marcadas que las lejanas similitudes cuya virtualidad la demandada pretende enfatizar.
Al respecto, esta Corte reiteradamente ha expresado que no puede alegarse infracción de doctrina legal elaborada sobre la base de hechos distintos al del caso en que se invoca (conf. causas Ac. 94.644, "Moroz", sent. de 12-VII-2006; C. 97.478, "Barraza", sent. de 26-VIII-2009; C. 107.407, "Arellano", sent. de 6-VII-2011; C. 110.320, "Friggeri", sent. de 22-V-2013 y C. 116.483, "Di Cunzolo", sent. de 17-VI-2015).
IV.3. Tampoco asiste razón a la recurrente en cuanto aduce la errónea aplicación del mencionado art. 9 inc. 1 de la ley 24.557 (v. pág. 7).
En efecto, el argumento esgrimido en abono del tópico, en el sentido de que dicho precepto refiere la incapacidad laboral, el grado de la misma y el pago de prestaciones mensuales, y que tales aspectos ninguna relación guardan con la cuestión debatida en autos (v. pág. cit.) resulta ineficaz, en la medida en que se desentiende del razonamiento expuesto en esta parcela del fallo.
En este sentido, vale destacar que el inciso en cuestión fue analógicamente evocado como parámetro de cotejo del plazo máximo para evaluar el pasaje de "provisorio" a "definitivo" del carácter de la incapacidad sufrida por la actora de autos. Menoscabo que, a esa altura del análisis, ya había el Tribunal catalogado como "permanente" (v. fs. 575 vta. y 576).
No advierto que dicho razonamiento irrogara, de por sí, el denunciado error normativo, ni que éste aparezca perfilado a través de la endeble crítica ensayada.
Así, no es ocioso recordar que discrepar con las conclusiones del sentenciante, exponiendo un criterio interpretativo meramente distinto, no constituye base idónea de agravios a los fines de la revisión de lo decidido (conf. causas Ac. 69.899, "Centro de Analistas Clínicos", sent. de 17-V-2000 y C. 95.155, "Méndez", sent. de 13-VIII-2008).
IV.4. Por último, no cabe tampoco receptar el agravio en el que se califica de absurda la conclusión del fallo respecto del carácter "permanente" de la incapacidad, grave yerro que se evidenciaría en la abierta contraposición de ese juicio con la explicación dada por el perito médico a fs. 467 vta. in fine y 468 acerca de que "La incapacidad hallada es de carácter temporario...", así como con el expreso reconocimiento de la actora efectuado a fs. 48 vta., en el sentido de que no había concurrido a su trabajo durante un mes debido a la incapacidad "transitoria" sufrida (v. págs. 8/9 vta.).
En lo concerniente, la Cámara ponderó que el perito doctor Landera que intervino en estos autos pareció aceptar inicialmente la calificación de "permanente y definitiva" utilizada por la propia actora al proponer un punto de pericia respondido por el mismo a fs. 363 vta. y 364. Sin embargo, y a propósito de la impugnación planteada por la demandada, dicho facultativo produjo un informe ampliatorio y complementario del anterior, en cuyo contexto (v. fs. 468) pareció contradecir ese temperamento previo en cuanto expuso: "La incapacidad hallada es de carácter temporaria" (fs. 574 vta. y 575).
En vista de esta ambigüedad, y de la relevancia que con relación a la procedencia del respectivo capítulo resarcitorio poseía la concreta determinación del carácter de la incapacidad, consideró que no podía estarse a la literalidad emergente de esta última expresión pericial (arts. 384 y 474, CPCC; v. fs. 575 in fine ).
Sobre todo, agregó, "...si nos atenemos a la usual clasificación del régimen de riesgos del trabajo -cuya aplicación analógica no podría disputarse (art. 16, Cód. Civil)-, al amparo de la cual, una incapacidad que continúa más allá de un año 'desde la primera manifestación invalidante' ya deja de considerarse 'temporaria' para pasar a ser 'permanente' (art. 7 inc. 2 'c', ley 24.557), aunque no necesariamente todavía 'definitiva' (art. 9 inc. 1, ley citada)..." (fs. 575 vta.).
Concluyó, a renglón seguido, que "Probablemente lo que el experto quiso significar es el carácter 'provisorio' y no 'temporario' de una incapacidad que, constatada con los rasgos que bien describió el experto en su primer informe -y que ratificó en el segundo- a casi dos años del accidente e inmediata aparición de los síntomas, no puede ya razonablemente encuadrarse bajo este último rótulo..." (fs. cit.).
Por su parte, la impugnante adujo que el juzgador no solo había echado mano de preceptos y principios laborales en forma indebida e inaceptable, sino que incurrió en la grave contradicción de afirmar que la incapacidad era "transitoria" para luego desdecirse inexplicablemente considerándola "permanente" (v. pág. 9).
Adunó que, al valorar los términos de la pericia médica obrante en la Investigación Penal Preparatoria (IPP), el Tribunal no había explicado ni justificado que el caso de la actora encuadraría en el 10% de la mitad de los afectados por esguince cervical grado 3 -el más grave, tal el sufrido por la actora- que habrían de padecer dolores en la zona del cuello a lo largo de toda su vida (v. pág. cit.).
Pues bien, comienzo por descartar el reconocimiento expreso que la actora habría formulado respecto del carácter "temporario" de la incapacidad. Ello así en tanto de la referencia traída por la impugnante: "...fs. 48 vta., 2° y 3° párr." en modo alguno se desprende la circunstancia denunciada. Lo que allí surge, sí, es el efectivo reconocimiento de haberse tomado licencia laboral por más de treinta días desde el hecho, pero en modo alguno se expresa una categorización de la dolencia como "temporaria", corriendo tal conclusión, en todo caso, como una sesgada inferencia de la interesada.
Sentado lo anterior, cabe también desestimar el argumento vinculado a la ponderación de la experticia médica forense rendida en sede represiva. Ello así por cuanto el escrutinio de dicho dictamen efectuado por el Tribunal lo fue en orden a despejar la duda respecto del carácter "provisorio" o "definitivo" de la dolencia, en un análisis lógicamente posterior, subsiguiente al que previamente había determinado el carácter "permanente" de la misma (v. fs. cit.). De allí que el ataque a esa apreciación del fallo, en un contexto discursivo en el que se pretende evidenciar absurdo por haberse arribado a la conclusión de que la incapacidad era "permanente", equivoca evidentemente su objeto.
Por último, y en cuanto a la invocación de la impropia consideración de normas y principios de linaje laboral y la absurda valoración de la opinión pericial del doctor Landera, cabe decir que tales alegaciones no superan el umbral de la simple y mera discrepancia, temperamento subjetivo que, sabido es, no alcanza a abastecer con suficiencia el denunciado quebrantamiento lógico (doctr. arts. 279 y 384, CPCC).
En efecto, aun cuando el apuntado razonamiento del juzgador en torno al carácter "permanente" del menoscabo sufrido por la actora pudiera presentar algún flanco opinable, lo cierto es que la contraposición argumental ensayada, en el sentido de que la Cámara recurrió a normas propias del derecho laboral para justificar el carácter permanente de la incapacidad que la pericia había calificado terminantemente como "temporaria", considerando -además- un inaceptable principio laboral en favor de la víctima (v. pág. 9), no alcanza a evidenciar el grave yerro lógico imputado, exhibiendo -en cambio- una dogmática y, por tanto, ineficaz descalificación del fallo.
En resumidas cuentas, es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que -como en el caso- desinterpreta los términos expuestos por la Cámara, parte de premisas erróneas o contrapone argumentos dogmáticos, limitándose a discrepar con las conclusiones del fallo (conf. causas C. 117.573, "Scrimaglia", sent. de 5-III-2014; C. 117.541, "Scaglia", sent. de 13-VII-2016 y C. 120.670, "Ostheguy", sent. de 12-VII-2017).
V. Por lo expuesto, no habiéndose demostrado las infracciones denunciadas (art. 279, CPCC), si mi opinión resulta compartida, corresponderá desestimar el presente remedio extraordinario. Con costas de esta instancia a la recurrente vencida (arts. 68 y 289, Cód. cit.).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud, Soria y Pettigiani, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Las costas correspondientes a esta instancia extraordinaria se imponen a la recurrente que resulta vencida (arts. 68 y 289, CPCC).
El depósito previo acreditado mediante presentación electrónica del día 16 de noviembre de 2018 queda perdido (art. 294, CPCC), debiendo el Tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/08/2020 14:38:08 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2020 15:43:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/08/2020 09:52:44 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/08/2020 13:48:21 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/08/2020 13:56:00 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia