Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122613
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Las costas correspondientes a esta instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 68 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.613, "Badano, Hilda Reneé contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani.
La Sala III de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata modificó el fallo anterior que, a su turno, había estimado parcialmente la demanda (v. fs. 1.940/1.958 vta.).
Se interpuso, por la actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.970/2.011).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Demandó la actora por daños y perjuicios -causados por inundación de un campo de su propiedad- a la Provincia de Buenos Aires, a las Estancias "La María", "Santa Teresa", "La Bélgica", "La Diana" y "Doña Rosa" y a la señora Celia Minervino de Miskof (v. fs. 58/67 vta.).
En su hora, y luego de precisar que en razón del tiempo en que se habían verificado los hechos el análisis de la presente controversia debía enmarcarse en la norma sustancial vigente a ese entonces (Código Civil, ley 340 -doctr. art. 7, Cód. Civ. y Com.-; v. fs. 1.792 vta./1.795), la jueza de primera instancia desestimó la excepción de prescripción de la acción opuesta por la señora Menarvino de Di Nardo (v. fs. 1.795 vta./1.796 vta.) y las de falta de legitimación activa esgrimidas por el Fisco provincial y por Matilde E. González (v. fs. 1.796 vta. y 1.797).
Seguidamente, consideró que en la especie las obras llevadas a cabo por la Provincia de Buenos Aires no habían tenido incidencia causal alguna en la inundación de los campos de la actora. Por otro lado, ponderó que los diversos canales clandestinos realizados por algunos de los restantes codemandados en sus respectivos campos habían concurrido, en conjunto, en un 13,86% a la producción del fenómeno (v. fs. 1.807 vta.). Porcentual de responsabilidad por el que estimó la acción entablada respecto de "La Bélgica Agropecuaria S.A.", "Sociedad Anónima Agrícola Ganadera Nehuen", Mabel Celia Miskov, Rubén Esteban Miskov, Mirta Merarvino de Di Nardo y "Clavier S.A.", rechazándola, correlativamente, respecto del Fisco provincial y de Matilde Elías González (v. fs. 1.808 vta./1.809 vta.).
II. Apelado el fallo por la actora y por los representantes de "La Bélgica Agropecuaria S.A.", "Clavier S.A." y "S.A. Agrícola Ganadera Nehuen", la Sala III de la Cámara Segunda de Apelación departamental lo modificó en lo que hace a la responsabilidad del Estado provincial, la que estimó basada en el irregular cumplimiento de su poder de policía, valorándola en un 50% del 13,86% fijado en la instancia anterior como porcentual de incidencia antrópica (v. fs. 1.940/1.958 vta.).
Para así decidir, y luego de confirmar la aplicación al caso del régimen legal vigente a la fecha de producción del hecho denunciado, esto es, el ordenamiento civil velezano (v. fs. 1.947 vta. y 1.948), analizó los cuestionamientos encaminados hacia las responsabilidades en entredicho. En tal contexto, consideró insuficientes los argumentos concernientes llevados por la actora ante sus estrados, en cuanto se vinculaban a la ausencia de nexo causal habido entre las obras provinciales y el anegamiento, así como a la incidencia porcentual derivada de los canales clandestinos realizados en los predios de los referidos codemandados (v. fs. 1.948/1.952).
Sin embargo, y tal como se lo anticipara, el tribunal responsabilizó al Fisco por no adoptar -al menos, no probar en el expediente- medidas policiales oportunas y conducentes para evitar el traspaso irregular del agua proveniente de los campos de los codemandados hacia el de la actora. Ello a partir del conocimiento de las respectivas obras clandestinas, en razón de las denuncias mencionadas en el informe glosado a fs. 1.049/1.064 (v. fs. 1.952 y vta.).
Finalmente, confirmó la procedencia y cuantía de los rubros reconocidos (v. fs. 1.953/1.956) y sus respectivos intereses (v. fs. 1.956/1.957), y readecuó las costas de ambas instancias (v. fs. 1.957 y vta.).
III. Contra este último pronunciamiento se alza la actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y arbitrariedad. Formula reserva del caso federal (v. fs. 1.970/2.011).
Se queja, en suma, por la responsabilidad que el tribunal le atribuyera, por lo exiguo de la correlativamente endilgada al Fisco, por los rubros resarcitorios y por las costas fijadas para la segunda instancia (v. fs. cit.).
IV. La impugnación no prospera.
IV.1. Señala la recurrente que es absurdo que la Cámara considerara el 50% de responsabilidad de su parte (v. fs. 2.004 vta.) y porque al atribuir al Fisco el 50% del 13,86% se beneficia a los restantes codemandados (v. fs. 2.005).
En cuanto a lo primero, y si bien puede advertirse cierta equivocidad en la concerniente expresión del a quo: "...juzgo equitativo establecer que la omisión incurrida en clausurar las canalizaciones constatadas en los predios de las codemandadas -ello claro está, una vez que tomó conocimiento de ello (ver informe de fs. 1.049/1.051 y 1.052/1.064)-, ha actuado como concausa en la inundación sufrida en un 50% de responsabilidad que aquí se juzga, esto es 50% del 13,86% (ver fs. 1.808), pues el 50% restante corresponde endilgárselo a la propia víctima que permaneció inerte frente a la acción de sus vecinos (arts. 1.074, 1.112, 1.113 y cc. del CC)" (sic, fs. 1.953; el destacado me pertenece), lo cierto es que la responsabilidad por el concreto objeto litigioso debatido en autos quedó inequívocamente resuelta en la sentencia a razón de un 50% a los codemandados condenados en la fase anterior y el restante 50% al Fisco provincial. Ello es lo que emerge sin dificultad alguna del contenido íntegro de la sentencia, criterio que, por lo demás, es suscripto por la propia recurrente que, interpretando dicho pasaje del fallo, señala: "De ello parece inferirse que el 50% del 13,86% atribuible a los codemandados y el otro 50% es atribuible al Fisco" (sic, fs. 2.005). Es claro entonces que no hubo en el pronunciamiento una atribución de responsabilidad a la actora, víctima indisputada del hecho dañoso en debate. La pasividad o demora de esta última en formular denuncia ante la autoridad competente -antes de incoar el presente reclamo- acerca de la existencia de obras clandestinas de canalización fue, para el sentenciante, un contrapeso a la responsabilidad propia del Fisco por no adoptar medidas oportunas y conducentes para evitar o minimizar los daños provocados por la inundación, una vez anoticiado de aquellas irregularidades. En todo caso -reitero-, la sentencia confirmó las responsabilidades juzgadas en la etapa anterior, incorporando -a su vez- al Estado local en el elenco de quienes deberán atender el reclamo de la actora, sin perjuicio del reparto interno de responsabilidades entre todos los obligados pasivos. En consecuencia, no habiendo sido en el fallo concretamente responsabilizada la señora Badano, resulta innecesario pronunciarse sobre el aducido absurdo en que habría incurrido el Tribunal de Alzada al resolver dicha "atribución".
Esta Corte tiene dicho que resulta insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que -como en el caso- parte de una premisa errónea (causas Ac. 39.237, "Cosentino", sent. de 9-VIII-1988; C. 117.539, "Luque", sent. de 5-III-2014; C. 117.988, "Duche", sent. de 15-VII-2015; C. 120.926, "Leguizamón", sent. de 25-X-2017 y C. 121.226, "Quinteros", sent. de 29-VIII-2018).
Respecto de lo segundo, y más allá de la insuficiencia de la alegación -en cuanto se limita a un mero enunciado-, no parece ilógica la señalada extensión de responsabilidad al ente fiscal por el solo argumento de que con ello se beneficia a los restantes codemandados. En efecto, y aun cuando es evidente que dicho beneficio se cristaliza en el mayor número de legitimados pasivos para hacer frente a la sentencia de condena y en el condigno nuevo reparto "interno" de responsabilidades concurrentes, ello no perjudica en modo alguno a la actora en la medida en que el porcentual decretado del 13,86% de responsabilidad por acción antrópica no fue reducido en el pronunciamiento de alzada, resultando en todo caso beneficiada la accionante con la incorporación de un nuevo sujeto pasivo de la obligación de responder.
En resumidas cuentas, no se advierte que la argumentación traída importe la defensa de un concreto interés de la recurrente lesionado por el fallo.
En relación a ello, este Tribunal ha expresado que en el campo recursivo -tanto ordinario como extraordinario- tiene vigencia desde antiguo la premisa de que la restricción de la competencia de tribunal ad quem está dada por la medida del recurso donde se fija el thema decidendum: tantum devolutum quantum apellatum , brocárdico que tipifica el agravio como válvula de apertura del recurso. Si el interés es la medida de la acción, el agravio lo es del recurso (causas Ac. 93.950, "Esains," sent. de 5-VII-2006 y C. 100.904, "Ciancio", sent. de 2-VII-2008).
IV.2. Correlativamente, no mejor suerte han de correr las alegaciones de absurdo por no haberse responsabilizado al Fisco en razón de las obras realizadas en la ruta 68 (v. fs. 2.005) o por no haber ejecutado un plan integral para el manejo de las aguas (v. fs. 2.005/2.006). Veamos:
En lo que hace a la ausencia de nexo de causalidad entre el daño y las obras viales realizadas por la Provincia sobre la ruta 68, la Cámara ponderó que la protesta llevada por la actora ante sus estrados no lograba conmover el razonamiento y las conclusiones concernientes de la juzgadora liminar, apoyadas en las opiniones periciales ofrecidas por el ingeniero hidráulico Garriga y el ingeniero agrónomo Ansin, particularmente aquellas en las que expusieran que el terraplén de la ruta provincial 68 no había tenido incidencia en los hechos denunciados por la actora (v. fs. 1.801/1.802 vta.; 1.949 y vta.).
Por otro lado, y en relación a la falta de ejecución de un plan hídrico general, el a quo precisó que: "...recordando que según emerge del dictamen elaborado por el ingeniero Garriga, el año 2001 fue el más lluvioso de la serie comprendida entre los años 1.911 a 2.006, ilógico resulta responsabilizar a la Provincia por carecer de un plan integral hídrico para precipitaciones que tienen una recurrencia de 97 años (ver explicaciones de fs. 1013/1019); siendo ello así los agravios encaminados a cuestionar el rechazo de la acción contra el Fisco provincial, resultan a la par de insuficientes, infundados..." (fs. 1.949 vta.).
Contra estas apreciaciones del juzgador, la recurrente ensaya una breve oposición, técnicamente deficiente, según lo adelantara.
En efecto, cabe de entrada descartar que los canales clandestinos, al ser "permanentes", volverán a canalizar el excedente de agua en eventuales futuras precipitaciones (v. fs. 2.005), ya que ello concierne, en todo caso, a hipotéticos daños futuros, aspecto ciertamente diverso al que se pretende criticar, consistente -reitero- en el análisis del nexo de causalidad habido entre las obras viales realizadas por la Provincia en la ruta 68 y los daños verificados como consecuencia de la inundación del campo de la actora entre los años 2001 y 2003.
Por otro lado, no resulta correcta la afirmación en cuanto a que la Cámara omitió abordar la alegada cuestión de la responsabilidad estadual por inejecución de un plan integral hídrico en la zona (v. fs. 2.005 vta. y 2.006), pues, según surge de la reseña efectuada en la sentencia se ponderó que no cabía responsabilizar a la Provincia por la eventual falta de obras para manejar lluvias toda vez que la recurrencia, a tenor de los términos periciales, era de noventa y siete años (v. fs. cit.).
Así las cosas, los argumentos traídos ante esta sede, mediante los que se intenta enervar la eximición de responsabilidad fiscal esgrimida en base a estos dos aspectos, no se exhibe más que como una simple y dogmática expresión de disconformidad con lo resuelto, insuficiente para demostrar el alegado absurdo en la labor de apreciación probatoria del juzgador (doctr. art. 279, CPCC).
Al respecto, esta Corte ha expresado en forma reiterada que cuando se pretende atacar las conclusiones de un fallo sobre las circunstancias fácticas de la litis no basta con presentar la propia versión sobre el mérito de las mismas, tal como ocurre en el caso, sino que es necesario realizar un juicio crítico de los razonamientos desarrollados por el sentenciante y demostrar cabalmente que padecen de un error grave, trascendente y fundamental (conf. causas C. 106.831, "Rodríguez", sent. de 9-XI-2011; C. 118.885, "Del Pino", sent. de 12-VII-2017 y C. 121.938, "De Lóizaga", sent. de 7-XI-2018), demostración que no logra la interesada abastecer.
IV.3. En otro orden de ideas, cabe asimismo descartar los respectivos despliegues que se contraponen a lo decidido sobre los rubros indemnizatorios, los intereses de condena y las costas de ambas instancias de grado (v. fs. 2.006/2.009 vta.).
IV.3.a. En lo que hace al lucro cesante, la Cámara descartó el reconocimiento de seis periodos anuales -más allá de los dos estimados por la jueza de primera instancia-, así como un importe por costos de reimplantación de pasturas para invernada y cría. Puso de relieve, en tal contexto, la ausencia de requerimientos concretos sobre tales capítulos -por parte de la actora-, así como los límites propios de la litis contestatio (v. fs. 1.953/1.954 vta.).
La argumentación opuesta en el sentido de que la reclamante no podía conocer al tiempo de la demanda cuánto duraría la inundación y a cuánto ascenderían los daños (v. fs. 2.007) carece de toda eficacia, desde que tales circunstancias en modo alguno impedían a la reclamante efectuar una estimación provisional del daño futuro, sujeto a lo que en más o en menos surgiera de la prueba, tal como lo señalara la Cámara. No se aprecia en ello, pues, el absurdo endilgado. Tampoco se advierte esta anomalía en el hecho de que la parte hubiese sujetado su reclamo inicial "a lo que en más o en menos surgiese de la prueba..." (v. fs. cit.), ya que la falta o ausencia de dicha fórmula, en los términos en que fuera señalada por el sentenciante, no se vincula a períodos o renglones efectivamente solicitados al inicio por la actora sino, por el contrario, a los que no formaron parte de ese requerimiento liminar.
En resumidas cuentas, no es ocioso recordar que discrepar con las decisiones de la sentencia -tal como en el caso- no es base idónea de agravios ni configura absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, puesto que dicha anomalía queda configurada cuando media cabal demostración del error palmario y fundamental, única vía que autoriza la apertura de la casación para el examen de cuestiones de hecho y prueba (conf. doctr. causas C. 93.144, "Balaguer", sent. de 9-VI-2010; C. 120.316, "Calfin", sent. de 22-VI-2016 y C. 120.608, "Buisart", sent. de 21-II-2018).
IV.3.b. En cuanto al agravio aquí ensayado por el rechazo del daño moral, vale repasar que la Cámara ponderó la insuficiencia de la respectiva protesta llevada ante sus estrados, en razón de que la apelante se había desentendido del motivo considerado por la jueza anterior para descartarlo: que no existiendo lesión, el daño moral debía acreditarse, no pudiéndose presumir su existencia "in re ipsa" (arts. 375, 260 y 261, CPCC; v. fs. 1.955 vta.).
Ante esta sede, aduce la impugnante que el desastre provocado por la inundación fue de una enorme magnitud, superando con creces las molestias o dificultades de la vida, razón por la cual debe ser indemnizada en los términos de los arts. 14 y 17 de la Constitución nacional (v. fs. 2.008).
Mediante este único sostén argumental, la agraviada no sólo omite denunciar como vulneradas las normas procesales actuadas en este segmento de la decisión, sino que soslaya el argumento técnico procesal que, más allá de su acierto o error, fue utilizado por la Cámara en orden al rechazo del respectivo capítulo impugnativo (conf. doctr. arts. 260 y 261, CPCC).
Es prédica reiterada de este Tribunal aquella que edicta que es insuficiente la vía revisora en la que no sólo no se formula una réplica de las razones estructurales y definitorias del fallo, sino que -además- se omite denunciar como violados los artículos utilizados en él (doctr. causas C. 119.728, "Sandoval", resol. de 20-V-2015; C. 119.856, "Ríos", resol. de 17-VI-2015; C. 120.761, "Gauna", resol. de 13-VII-2016 y C. 120.245, "C., I. M.", sent. de 19-IX-2018).
IV.3.c. Finalmente, y a diferencia de lo que se postula (v. fs. 2.009 y vta.), no se advierte absurdo en la imposición de las costas correspondientes a la segunda instancia.
En relación a la temática, esta Corte tiene dicho que la imposición y distribución de las costas constituye una típica cuestión de hecho propia de las instancias de mérito y exenta, como tal, de censura en casación, salvo absurdo. Esto es, que se haya alterado burdamente el carácter de vencido o exista iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (conf. causas C. 94.421, "Rueda", sent. de 6-X-2010; C. 116.905, "Utges de Di Dio Cardalana", sent. de 24-VI-2015 y C. 120.381, "Antiguas Estancias Don Roberto S.A.", sent. de 23-XI-2016).
En la especie, la distribución basada en el resultado de los diversos recursos de apelación -tal ha sido el criterio del sentenciante (70% a la actora y 30% a los demandados recurrentes; v. fs. 1.957 y vta.)- no luce apartada de los criterios de razonabilidad y prudencia que modulan el principio rector del vencimiento objetivo. En tales condiciones, queda sellada la suerte adversa del intento revisor.
V. Por lo expuesto, no habiéndose acreditado ni las infracciones normativas ni el absurdo denunciado, corresponde rechazar al presente remedio extraordinario. Con costas de esta instancia a la recurrente vencida (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Las costas correspondientes a esta instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 68 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/08/2020 16:27:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/08/2020 16:31:25 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/08/2020 18:45:01 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/08/2020 21:09:27 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/08/2020 13:34:25 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia