Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121569
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.2.b.ii. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.569, "Villagra, José Luis contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria , Pettigiani, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata declaró procedente la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 608/621 vta.).
Se dedujo, por la parte accionada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 627/632).
Dictado la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa para la resolución del litigio, el tribunal de trabajo hizo lugar parcialmente a la acción deducida por el señor José Luis Villagra y, en consecuencia, condenó a la Provincia de Buenos Aires a pagar las sumas que especificó en concepto de las prestaciones previstas en la ley 24.557 (arts. 11 apdo. 4 inc. "b", 15 apdo. 2 y 20), como reparación por la incapacidad permanente total sufrida como consecuencia del accidente in itinere que alegó haber padecido.
Para así resolver, en lo que interesa, juzgó acreditado que, como derivación del ataque con arma de fuego padecido por el actor -dependiente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires- mientras se dirigía a tomar servicios como Policía Adicional, posee secuelas que importan un compromiso severo en el nervio tibial posterior de la pierna derecha, disminución de la fuerza muscular contra resistencia anulada en la mano izquierda, limitación reducida en la columna lumbosacra, hipotrofia muscular en tobillo derecho y ausencia de sensibilidad y tono y trofismo disminuidos en el pie derecho; que lo invalidan en un 68,40% del índice de la total obrera (v. vered. primera cuestión, fs. 608/609).
Expresó luego, que la primera manifestación invalidante coincide con la fecha del siniestro -11 de abril de 2011- (v. vered. tercera cuestión, fs. 610 vta.).
Tuvo por probado también que el reclamante devengó en abril de 2011 una remuneración de $12.139,40. Sobre el particular, señaló que a los fines de determinar la base salarial "deben computarse (en su importe bruto) todos los rubros incluidos en el recibo (incluyendo las horas CORES, como lo plantea la parte actora a fs. 373/374 vta.), pues, con prescindencia de su denominación, todos ellos revisten linaje salarial en tanto representan una contraprestación por los servicios prestados (arg. art. 1, Convenio 95, OIT)" (vered. quinta cuestión, fs. 611).
Sobre esa base fáctica, puesto a determinar el importe de la reparación sistémica, la cuantificó en la suma de $1.050.138,51, discriminados del siguiente modo: $929.338,51 en concepto de prestación dineraria por incapacidad, $100.000 por pago único de la renta periódica y $20.800 por gastos del tratamiento psicológico (arts. 15 apdo. 2, 11 apdo. 4 inc. "b" y 20, ley 24.557; v. sent., fs. 615).
Seguidamente y tras rechazar la procedencia de la acción promovida con fundamento en el art. 1.113 del Código Civil (ley 340), dispuso aplicar intereses sobre el capital de condena con arreglo a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. sent., fs. 615/617).
II. Contra la decisión de mérito, se alza el Fisco de la Provincia de Buenos Aires mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 1.067, 1.068, 1.069, 1.083 y concs. del Código Civil; 165, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 12 de la ley 24.557; 40, 41, 44 inc. "d", 47 y concordantes de la ley 11.653 y de la doctrina legal de esta Corte que cita. Asimismo, alega absurdo.
En lo sustancial, se agravia de la base salarial tomada en cuenta por el sentenciante para el cálculo de las prestaciones dinerarias objeto de condena.
Manifiesta que la suma reconocida por el tribunal para la "variable sueldo" ($12.139,40), considerada integralmente como remunerativa, no encuentra respaldo en las constancias a las que refiere el propio fallo atacado -expediente administrativo n° 5100.29859/2013, que corre acollarado-, existiendo un error grosero de juzgamiento constitutivo de flagrante absurdo. Al efecto, reprocha el análisis de las constancias obrantes de las mencionadas actuaciones administrativas, de las cuales surgiría -afirma- que los ingresos que percibía el trabajador eran muy inferiores a los reconocidos en el fallo (v. fs. 629 y vta.).
Sostiene que el salario bruto devengado en el mes de abril de 2011 según la fórmula utilizada en la sentencia, debió ascender a $8.679,33, por lo que la indemnización por incapacidad permanente total no pudo superar los $662.406,46 (v. fs. 630).
Por otro lado, advierte que la operación desplegada por el juzgador para determinar el ingreso base mensual prescinde de lo dispuesto por el art. 12 de la ley 24.557 -sin declarar su inconstitucionalidad- en cuanto alude al promedio de las doce remuneraciones anteriores a la primera manifestación invalidante y sin contemplar las sumas abonadas con carácter no remunerativo (v. fs. 630 vta. y 631). Respecto de esto último, agrega que un concepto es remunerativo cuando está sujeto a descuentos de la seguridad social, siendo estos rubros los que deben considerarse para definir el importe del ingreso base mensual. Concluye que de haberse aplicado el art. 12 de la ley 24.557, la prestación no hubiera superado la suma de $342.553,96 (v. fs. 631 vta.).
En definitiva, plantea que el sentenciante alteró groseramente la cuantía del salario, arribando a una decisión absurda, por apartarse de la prueba obrante en autos.
III. El recurso prospera.
III.1. Inicialmente debe advertirse que esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), se ha pronunciado por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial.
III.2. Sentado lo anterior, anticipo que en la especie, la recurrente ha logrado acreditar la configuración de absurdo en el razonamiento del sentenciante de grado.
III.2.a. Tiene dicho reiteradamente esta Corte que la concurrencia del señalado vicio invalidante, requiere acreditar la existencia de un error grave, grosero y fundamental, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 105.415, "Meacci", sent. de 2-V-2013; L. 117.725, "Giribaldi", sent. de 10-VIII-2016 y L. 119.179, "Santana", sent. de 7-III-2019), y que excede el marco del mero disentimiento o la discrepancia de criterio personal.
III.2.b. En el caso, se exhibe nítida la desinterpretación material de la prueba rendida que conduce al desenlace claramente insostenible o inconciliable con los antecedentes de la causa (causas L. 118.700, "Leyes", sent. de 15-VI-2016 y L. 120.887, "Fresca", sent. de 14-XI-2018).
III.2.b.i Como se expuso en el relato de antecedentes, puesto a analizar los elementos de prueba tendientes a determinar el ingreso base mensual (IBM) del trabajador, el tribunal de grado lo fijó -sin formular ninguna aclaración adicional- en la suma de $12.139,40 computando a tal fin el salario que se devengó en el mes de abril de 2011 (v. vered. quinta cuestión, fs. 611), haciendo expresa referencia a que dicho guarismo surgía del recibo de haberes respectivo glosado al expediente administrativo n° 5100.29859/2013 (v. fs. 26).
Ahora bien, esta esencial definición ha sido eficazmente cuestionada en la postulación recursiva, pues -como allí se indica- un simple análisis del recibo, refleja un salario bruto de $8.679,33, por lo que es fácil advertir que dicho guarismo se contradice palmariamente con la pauta establecida por el propio sentenciante como base de cálculo a los fines de establecer el IBM ($12.139,40) para cuya determinación parece haber adicionado los descuentos.
En estas condiciones observo que, -como adelanté- la recurrente ha cumplido con la carga de acreditar el vicio invalidante invocado, poniendo en evidencia el grave error en que incurrió el tribunal de grado al arribar a una conclusión que no se compadece con las constancias objetivas de la causa.
III.2.b.ii. En consecuencia, los autos deberán volver al tribunal de origen para que, con nueva integración, determine -con todos los elementos de juicio (fácticos y jurídicos) necesarios- el ingreso base aplicable y calcule las prestaciones que correspondan.
III.3. Toda vez que dicho rubro habrá de ser estimado nuevamente, pierden virtualidad los planteos destinados a cuestionar, el modo en que el juzgador hubo de aplicar el art. 12 de la ley 24.557.
IV. En razón de todo lo expuesto, corresponde acoger el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, y revocar la sentencia con el alcance establecido en el punto III.2.b.ii.
Costas a la vencida (art. 289 CPCC).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Soria , Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.2.b.ii. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/08/2020 15:48:21 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2020 16:40:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/08/2020 14:51:03 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2020 20:06:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2020 11:11:12 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia