Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121994
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.994, "Fittipaldi, Gustavo Ismael contra Municipalidad de Tandil y otro. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Genoud, de Lázzari .
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, hizo lugar a la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 483/506 vta.).
Se dedujeron, por las codemandadas Provincia ART S.A. y Municipalidad de Tandil, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 511/517 vta. y 518/520, respectivamente), que fueron admitidos por el citado tribunal (v. fs. 508/509 vta.). Luego, la última de las impugnaciones fue declarada mal concedida por esta Corte (v. fs. 524/525).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Gustavo Ismael Fittipaldi, condenando solidariamente a la Municipalidad de Tandil y Provincia ART S.A. a pagarle la suma que determinó en concepto de indemnización por los daños y perjuicios derivados de la incapacidad laboral que padece (v. fs. 483/506 vta.).
Para así decidir, tuvo por acreditado que el actor sufrió dos accidentes laborales que le ocasionaron una incapacidad del 30,2% del índice de la total obrera. El primer infortunio ocurrió el día 25 de octubre de 2011, mientras que el segundo sucedió el día 8 de febrero de 2013, cuando el trabajador cayó de una escalera sobre la que estaba apoyado mientras realizaba tareas de mantenimiento encomendadas por su empleador, lesionándose -por segunda vez- su rodilla (v. vered., fs. 483 vta./484 vta.).
Ya en la sentencia, puesto a analizar el planteo de invalidez constitucional del art. 4 de la ley 26.773 introducido en la demanda, el tribunal de origen determinó que la "opción excluyente" establecida en dicha norma lucía contraria a los principios de libre acceso a la justicia (arts. 14, 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8 y 25, CADH), indemnidad (arts. 14 bis, 17 y 19, Const. nac.) y progresividad (arts. 19, 23 y 75 inc. 22, Const. nac.; 2 inc. 1, PIDESC; 39 inc. 3 y 57, Const. prov.; v. fs. 495 vta.).
Explicó que esos derechos se ven afectados al retacear y/o demorar -en razón del contenido del primer párrafo del art. 4 de la ley 26.773- el acceso a la justicia laboral para reclamar las acciones emergentes de la ley o acceder a la vía civil, obligando al trabajador -en todo caso- a contrariar el principio de irrenunciabilidad de las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias (arts. 11 y 12, LCT). Señaló -además- que del modo en que se establece la opción cuestionada, se impide al accidentado el cobro de una reparación íntegra, justa y oportuna del daño ocasionado a su salud por el hecho del trabajo, amparado en el principio protectorio de incuestionable raíz constitucional, con evidente privación de su derecho de propiedad. Por último, agregó que -pese a los loables propósitos enunciados por el legislador- la disposición implica una "regresión insostenible constitucionalmente" al desestimar el derecho al cúmulo consagrado por la doctrina pacífica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Con todo, concluyó que, en el caso concreto, impedir al trabajador el acceso a la justicia en procura de obtener una reparación íntegra al daño en su salud resultaba contrario a los principios constitucionales citados (v. fs. 496).
Sentado ello, se abocó a resolver la acción intentada por el actor con fundamento en los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil (vigente cuando sucedieron los hechos ventilados en la causa) respecto a la empleadora Municipalidad de Tandil y aquella prevista en el art. 1.074 con relación a la codemandada Provincia ART S.A.
Tras juzgar configurados los presupuestos de responsabilidad civil del principal en los términos de las citadas normas, estableció el importe que le correspondería percibir al demandante en concepto de reparación integral conforme la aplicación de la fórmula "Méndez" (v. fs. 496/500 vta.).
En ese contexto, puntualizó que no obstante la actora no había pretendido desactivar la constitucionalidad del art. 39 apartado 1 de la ley 24.557 -ordenamiento que juzgó aplicable respecto del primero de los infortunios denunciados- que vedaba la búsqueda de la reparación extra sistémica pretendida, la Municipalidad codemandada interpuso la defensa de falta de acción en base a esa disposición y aun cuando la misma resultó derogada por la ley 26.773 (art. 17 apdo. 1), con sustento en doctrina de este Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, declaró -de oficio- la inconstitucionalidad del citado art. 39 apartado 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 500 vta./501 vta.).
Luego, resolvió condenar solidariamente a la aseguradora con sostén en el art. 1.074 del Código Civil por considerar que no había observado las obligaciones impuestas por la ley 24.557 en materia de prevención de los riesgos del trabajo (v. sent., fs. 502 vta./504). En este sentido, señaló que resultó corroborado que las visitas efectuadas al municipio codemandado databan de fechas posteriores a los accidentes de trabajo verificados en autos y que no se probó que la ART ni la empleadora hubieran brindado capacitación respecto a condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. Añadió que la aseguradora no había producido prueba alguna con relación a que se hubieran formulado denuncias por incumplimientos del municipio codemandado ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo ni tendiente a evidenciar su actividad preventiva o de control en el ámbito de trabajo del actor (v. fs. 503 vta.).
En definitiva, precisó -compartiendo el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia nacional en el precedente "Torrillo"- que no existe razón alguna para poner a una aseguradora de riesgos del trabajo al margen del régimen de responsabilidad del Código Civil por los daños sufridos por un trabajador si los mismos son imputables a un acto ilícito, cuando existe el nexo causal adecuado (excluyente o no) entre dichos daños y la omisión o el incumplimiento deficiente de los deberes legales por parte de aquella (v. fs. 504).
II. Contra dicho pronunciamiento, la aseguradora de riesgos del trabajo codemandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los art. 45 inc. "c" y concordantes de la ley 24.557; ley 26.773; arts. 9, 15, 27 y 43 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 14, 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 68 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 19 y concordantes de la ley 11.653 y de la doctrina legal vigente.
II.1. Se agravia de la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773. Concretamente, con apoyo en doctrina autoral y en la jurisprudencia que cita, defiende la validez constitucional del citado precepto legal.
II.2. Por otro lado, controvierte la decisión de grado en cuanto reputó acreditada la responsabilidad de la aseguradora.
Afirma que el actor no probó la relación de causalidad entre los incumplimientos denunciados y el daño para que aquella fuera responsabilizada civilmente. Por lo tanto -alega- la condena en los términos del art. 1.074 del Código Civil resulta improcedente.
II.3. Finalmente, cuestiona el quantum indemnizatorio establecido por el tribunal de origen en concepto de reparación integral con sustento en la fórmula "Méndez".
En sustancia, sostiene que el monto fijado es excesivo e irrazonable y configura un enriquecimiento sin causa para el trabajador.
Añade que no se compadece con los elementos de juicio ponderados en el fallo ni pueden advertirse qué pautas o parámetros condujeron a su estimación.
III. El recurso no prospera.
III.1. El agravio dirigido a cuestionar la declaración de incongruencia constitucional del art. 4 de la ley 26.773 no merece respuesta favorable.
La postulación en tratamiento dista, en este tramo, de reunir los recaudos de una adecuada fundamentación (art. 279, CPCC).
Ello así, pues la interesada insiste en sostener la validez constitucional de la opción excluyente prevista en la citada norma del régimen de riesgos del trabajo, con apoyo en doctrina autoral, sin explicar de modo concluyente y eficaz el motivo por el cual este fragmento del fallo de grado le causa un agravio concreto en su calidad de aseguradora condenada.
Desde esta perspectiva, es mi opinión que debe rechazarse este aspecto de la impugnación, sin que corresponda ingresar en consideraciones de otro orden. Por caso, aquellas vinculadas con la formulación del test constitucional del mentado precepto en el contexto de la responsabilidad civil atribuida a la aseguradora y/o el acierto sustancial de la descalificación constitucional de dicha disposición legal.
III.2. Luego, entiendo que tampoco es atendible el planteo orientado a desvirtuar las inobservancias atribuidas a la aseguradora de riesgos del trabajo.
Sabido es que determinar si dichas entidades han cumplido o no con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo, como asimismo establecer la existencia de nexo causal entre su eventual inobservancia y el infortunio laboral, constituyen el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado no revisable en casación, salvo absurdo, que debe ser invocado y demostrado por la interesada (causas L. 115.990, "Staropoli", sent. de 11-XII-2013; L. 117.314, "Gorosito", sent. de 16-VII-2014 y L. 119.988, "Llamazares", sent. de 22-VIII-2015).
Sin siquiera denunciar la existencia de ese vicio invalidante, las genéricas alegaciones que contiene este tramo del recurso, desencontradas de las circunstancias de la causa y -para más- en el marco de la invocación de avasallamiento de normas que no dieron sustento a la condena de la interesada, no resultan eficaces para descalificar las conclusiones expuestas por el juzgador en el pronunciamiento impugnado que justificaron la atribución de responsabilidad de la aseguradora de riesgos del trabajo en los términos del citado art. 1.074 del Código Civil velezano.
III.3. Finalmente, el cuestionamiento que gira en torno al monto fijado en concepto de reparación integral no merece favorable acogida.
Es doctrina legal de esta Suprema Corte que la determinación del quantum indemnizatorio en los supuestos en los que se reclama con fundamento en el derecho común constituye una cuestión privativa de los jueces de grado ajena -en principio- al ámbito de la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo y violación de las normas que rigen la reparación integral (causas L. 117.850, "Arguello", sent. de 10-VI-2015; L. 118.642, "Torres", sent. de 15-VI-2016 y L. 119.580, "Mendieta", sent. de 2-III-2017).
También ha señalado este Tribunal que es facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria la elección de las pautas que consideren adecuadas cuando se trata de establecer el monto de la indemnización por un infortunio de trabajo, cuya reparación se reclama por vía del derecho común y que, en tal supuesto, la configuración del absurdo debe apreciarse estrictamente (causas L. 117.778, "Abadie", sent. de 18-V-2016; L. 116.696, "Sosa de Correa", sent. de 31-X-2016 y L. 117.653, "G., M. S.", sent. de 14-II-2018).
Partiendo de estas directrices, se advierte -una vez más- la insuficiencia técnica del remedio procesal bajo estudio, en tanto la impugnante prescinde denunciar expresa y concretamente tal grave anomalía, observándose únicamente en el recurso la transcripción de un sumario de un precedente de esta Corte en que se lo menciona, sin el desarrollo y la vinculación necesaria de una presunta presencia de ese vicio en la sentencia.
De la lectura de la pieza recursiva se desprende -entonces- la ausencia del cumplimiento de la inexcusable carga de invocar concretamente y demostrar la configuración del vicio de absurdo, única vía apta para abrir la instancia extraordinaria en lo que concierne a cuestiones fácticas y probatorias, sin que esta Suprema Corte pueda suplir de oficio, por inferencias o interpretación, la omisión en que se incurre al formular la impugnación (causas L. 117.701, "Titos", sent. de 20-V-2015; L. 118.451, "Laffue", sent. de 16-III-2016 y L. 119.769, "Corbari", sent. de 29-VIII-2017).
Sin perjuicio de que lo expuesto basta para desestimar la impugnación deducida, debo señalar que la interesada tampoco aporta ningún elemento convincente con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica en una mera contraposición de criterios que -como tal- no resulta idónea a los fines del recurso deducido (causas L. 115.714, "Escobar", sent. de 12-VI-2013; L. 117.656, "Barraza", sent. de 23-XI-2016 y L. 120.802, "Mandagaran", sent. de 28-VIII-2019).
IV. Por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/09/2020 16:30:51 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/09/2020 16:49:24 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/09/2020 21:15:59 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/09/2020 10:00:49 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/09/2020 12:58:52 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia