Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 123392
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto; con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.392, "Diez, Francisco contra Forte, Livia Alejandra. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Pettigiani.
La Sala III de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata confirmó -por mayoría- la sentencia de primera instancia que, oportunamente, había rechazado la acción de daños y perjuicios que autoriza el art. 208 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 213/230 vta.).
Se interpuso, por la actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 234/243).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Francisco Diez inició la presente acción contra Livia Alejandra Forte por los daños y perjuicios que le habría ocasionado la medida de no innovar solicitada por la accionada, decretada en los autos "Forte, Livia Alejandra contra Diez, Francisco. Interdicto", en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 22 del Departamento Judicial de La Plata (v. demanda, fs. 50/60).
El magistrado de origen, tras destacar que el rechazo del interdicto de recobrar no significaba que debiera admitirse en forma automática la pretensión resarcitoria requerida por quien fue destinatario de la medida cautelar, a la par de señalar que no había sido acreditado un obrar abusivo o antijurídico del accionado, concluyó que la demanda entablada no podía prosperar (v. fs. 179/183 vta.).
II. Apelado dicho pronunciamiento por la actora, la Sala III de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata confirmó -por mayoría- el rechazo de la acción (v. fs. 213/230 vta.).
III. Frente a esta decisión, la accionante interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley mediante el cual denuncia la violación de los arts. 208 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial; 512 del Código Civil y de la doctrina legal que cita. Alega el vicio de absurdo en la valoración de la prueba. Hace reserva del caso federal (v. fs. 234/243).
En prieta síntesis, aduce la recurrente que la demandada, desde el inicio de su demanda en los autos "Forte, Livia Alejandra contra Diez, Francisco. Interdicto", tenía conocimiento cabal de su conducta culposa y su falta de derecho para promover el referido interdicto como así también para solicitar la medida precautoria allí decretada, debiendo responder por su obrar antijurídico (v. fs. 241 y vta.).
IV. El recurso no prospera.
IV.1. De manera liminar, cabe recordar que esta Corte se ha inclinado desde hace tiempo (aún antes de la vigencia del actual ordenamiento ritual) por la denominada "tesis subjetiva" en materia de responsabilidad por la traba incorrecta de medidas cautelares (conf. causa Ac. 29.224, "Acuerdos y Sentencias", serie 19, t. IV, p. 351), postura a la que ha adherido importante doctrina (de Lázzari, Eduardo, Medidas cautelares , p. 203; Morello, A.; Sosa, G.; Berizonce, R., Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación , t. II-C, p. 636).
En tal dirección, se ha resuelto que la responsabilidad que consagra el art. 208 del Código Procesal Civil y Comercial es netamente subjetiva y por ello no corresponde formular en los términos de dicha norma una condena automática por el mero hecho del levantamiento de la medida cautelar (conf. causas Ac. 49.702, "Baquero", sent. de 1-XII-1992; Ac. 60.680, "Banco Santander S.A.", sent. de 20-II-1996 y Ac. 87.273, "Carluccio", sent. de 3-X-2007).
En otras palabras, a los fines del progreso de la acción es necesaria la invocación y demostración del dolo, culpa o negligencia del cautelante, siendo insuficiente el mero hecho de haber sido pedida la medida sin derecho.
IV.2. Tal lo establecido por el Tribunal de Alzada como resultado de las constancias de la causa y los lineamientos esbozados por esta Suprema Corte.
En efecto, el señor juez doctor Maggi -quien concitó la adhesión de la señora jueza doctora Bourimborde- comenzó por señalar que para configurar la responsabilidad emergente del art. 208 del Código Procesal Civil y Comercial se requiere haber obrado con dolo, culpa o negligencia, utilizando las vías legales apartándose de sus fines legítimos. En este sentido, afirmó que debe valorarse una serie de factores de carácter predominantemente subjetivos que permitan calificar su conducta en el pleito (v. fs. 227 vta. y 228).
A la luz de tales consideraciones, advirtió que la actora no había logrado acreditar una conducta irreflexiva, precipitada, imprudente, con dolo, culpa o negligencia por parte de quien obtuvo la medida cautelar en el proceso en el cual, a la postre, la pretensión fue rechazada (v. fs. 228 y vta.).
Destacó que el propio accionante en los autos "Forte, Livia Alejandra contra Diez, Francisco. Interdicto", en oportunidad de solicitar el levantamiento de la referida medida, afirmó que "...'ab initio' se pudo tener por acreditada la verosimilitud del derecho invocado por las accionantes, con fundamento en las constancias de la demanda que, por escrituración de boleto de compraventa, promovieran contra uno de los antecesores en el dominio del inmueble objeto de autos...", circunstancia que alejaba objetivamente la existencia de dolo o culpa en cabeza de quien solicitó la medida cautelar (v. fs. 228 vta.).
Asimismo, juzgó que en atención a la doctrina de los propios actos le estaba vedado a la actora desplegar una actividad procesal incompatible con otra anterior, en particular, con aquella en la cual había reconocido prima facie la legitimidad de la petición articulada (v. fs. 229).
IV.3. Estos fundamentos no han sido conmovidos por los argumentos brindados en el recurso traído a consideración, mediante el cual se ensaya una protesta dirigida a discrepar con las circunstancias de hecho y prueba, cuestiones que -como es sabido- sólo pueden ser revisadas en esta sede extraordinaria en el supuesto excepcional de absurdo (conf. doctr. art. 279, CPCC).
Recuerdo que, tal como ha sido definido por esta Suprema Corte, el absurdo consiste en el error palmario, grave y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa. Su demostración debe ser fehaciente y su percepción ostensible (conf. causas C. 120.949, "Borra", sent. de 28-VI-2017; C. 120.963, "Di Ninno", sent. de 24-IV-2019; e. o.); extremo que, en la especie, no ha sido demostrado.
Adviértase que, en relación con la posición asumida por el aquí actor al solicitar el levantamiento de la cautelar decretada en el referido expediente, el impugnante se ciñe a señalar que lo allí manifestado no constituyó una declaración de su voluntad ni de su convicción sino una expresión efectuada de modo conjetural o potencial (v. fs. 242), sin lograr conmover de este modo el razonamiento efectuado por la Cámara fundado en actos procesales anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces.
Tiene dicho esta Corte que determinar si la doctrina de los propios actos resulta aplicable al caso constituye una cuestión de hecho ajena, en principio, a la revisión extraordinaria en tanto supone el análisis de la conducta observada por las partes, salvo claro está, la existencia del vicio de absurdo (conf. causas C. 101.623, "Linguido", sent. de 30-IX-2009; C. 120.235, "Fabbian y Ravena", sent. de 21-XII-2016; etc.); vicio lógico del razonamiento que -como adelanté- no encuentro acreditado en la especie.
Asimismo, resulta infructuosa la crítica dirigida a demostrar la responsabilidad de la señora Forte teniendo en cuenta las pruebas valoradas en la sentencia dictada en el interdicto que desembocaron en su rechazo, a saber, las omisiones incurridas al momento de celebrar el boleto de compraventa, vinculadas a los certificados de dominio, la debida representación, etcétera (v. fs. 241 vta.), pues tales elementos de ponderación -como fuera advertido por el Tribunal de Alzada (v. fs. 229 vta.)- resultan ajenos a la cuestión aquí debatida.
En definitiva, y a efectos de dar acabada respuesta a la pieza recursiva bajo estudio, cabe reiterar que a los fines del progreso de la presente acción resarcitoria resultaba necesario acreditar que hubo una conducta abusiva, dolosa o imprudente por parte del solicitante de la medida cautelar y no simplemente que se haya actuado sin derecho, tal como insistentemente denuncia el impugnante; circunstancia que sella definitivamente la suerte adversa de la impugnación.
V. Por lo brevemente expuesto, no habiéndose demostrado, por quien tenía la carga de hacerlo, el error de la decisión (conf. art. 279, CPCC), corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (conf. arts. 68 y 289, Cód. cit.).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al voto del distinguido colega doctor Torres, pues coincido en que, ante el análisis por parte del a quo de circunstancias típicamente subjetivas (factor de atribución en el origen de la cautela), no logra evidenciar el recurrente el vicio lógico de absurdidad, único carril que le hubiese permitido abrir la vía revisora en esta instancia extraordinaria.
Para más, la noción esencial que incorpora el Tribunal de Alzada (su mayoría) al reconocer que "Luego, en el proceso antes referido, el pedido de levantamiento de la medida cautelar resultó desestimado por resolución de fs. 149/150, la que resultó consentida por su solicitante. Se advierte así que el aquí actor no cumplió con el requisito de procedencia de agotar todos los medios a su alcance para lograr el levantamiento de la medida cautelar cuyos perjuicios aquí reclama" no es siquiera objeto de tratamiento en el recurso, incumpliéndose así con la exigencia del ataque frontal y concreto a todos los basamentos sobre los que se estructura el decisorio puesto en crisis (causa C. 100.570,"Mohando Soto", sent. de 29-IV-2009).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa.
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto; con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/09/2020 18:28:44 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/09/2020 21:56:51 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/09/2020 10:23:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2020 11:13:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/09/2020 14:30:32 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia