Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124772
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás hizo lugar a la acción promovida por Pedro Mauro Martín González y, en consecuencia, condenó a la Municipalidad de San Pedro a pagar la suma que especificó en concepto de indemnización por los daños y perjuicios con fundamento en el derecho común. También acogió la demanda respecto de La Segunda ART en relación a la prestación dineraria prevista en el art. 14 apdo.2 inc."a" de la ley 24.557 (v. fs. 344/362).
Para así decidir, en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, juzgó que la empleadora no adoptó medidas básicas de protección, ni entregó -teniendo en cuenta las características de la tarea encomendada- los elementos para salvaguardar la integridad psicofísica del trabajador, circunstancias que conllevaron a la producción del evento dañoso.
II. Frente a lo así resuelto, la codemandada Municipalidad de San Pedro interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 372/378), el que fue concedido por el a quo a fs. 411 y vta.
En su presentación relata los antecedentes de la causa, cita las normas y la doctrina legal que considera transgredida. En sustancia, afirma que la conclusión del Tribunal, respecto a que su parte no proporcionó al accionante la ropa y elementos de seguridad necesarios para la labor, es fruto de una absurda valoración de la prueba. En dicho vicio -agrega- también incurre el tribunal, al limitar la condena de la aseguradora codemandada sólo por las prestaciones establecidas en la ley 24.557.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. De modo liminar, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia -representado en el caso por el capital de condena de cuya procedencia se agravia- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, según el texto de la ley 14.141, vigente al momento de la interposición del remedio procesal, razón por la cual la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.998 "Ferreyra", res. de 24-IX-2014; L. 118.113 "Salgado", res. de 20-XI-2014).
III.2. Bajo las señaladas premisas, no se verifica la concurrencia del supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, desde que las doctrinas que se invocan como violadas -además de haber sido elaboradas sobre presupuestos fácticos disímiles a los del caso en juzgamiento- se hallan relacionadas a cuestiones fácticas y probatorias, vinculadas a la configuración -o no- de los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios fundada en las normas del derecho común, resultando en consecuencia inhábiles a los fines de abrir la competencia revisora por el estrecho marco cognitivo ut supra referido (causas L. 105.399, "G., S.", sent. de 14-III-2012; L. 102.278, "S., J.", sent. de 15-VIII-2012 y L. 118.965, "Martínez", resol. de 25-X-2015).
Igual suerte adversa a las pretensiones del recurrente han de correr las doctrinas referidas al vicio de absurdo, en tanto no resultan idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 118.068, "Gudiño", resol. de 20-11- 2014 y L. 118.239, "González", resol. de 19-II-2015).
III.3. Por otro lado, sabido es, que resulta ineficaz limitar la impugnación a la mera enunciación de citas doctrinales, sin explicar cómo o en qué forma aquellas resultarían vulneradas. En este sentido, es oportuno recordar que es carga específica de la recurrente denunciar la doctrina legal violada o erróneamente aplicada, mención que debe ser acompañada por la explicación concreta sobre el modo en que dicha infracción o yerro se produjo (causa L. 117.232, "Migliano", resol. de 17-IV-2013; L. 121.311, "Encina", resol. de 26-IX-2018 y L. 122.559, "De Asua", resol. de 8-V-2019).
III.4. Finalmente, la jurisprudencia emanada de la Corte nacional no constituye doctrina legal en los términos señalados (causas L. 117.691, "Giberti", resol. de 5-III-2014 y L. 121.514, "Pardo", resol. de 26-IX-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/09/2020 10:10:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/09/2020 13:13:46 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/09/2020 18:40:51 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2020 10:30:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/09/2020 09:11:50 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia