Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124045
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
C. 124.045 "BAEZ PABLO ALEJANDRO C/ FRETES CLAUDIO ALEJANDRO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC. USO AUT. Y ESTADO)"
I. La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Martín modificó el fallo de origen que, a su turno, hiciera lugar a la acción de daños y perjuicios incoada por Pablo Alejandro Báez contra Claudio Alejandro Fretes y la Municipalidad de José C. Paz, al encontrar reunidos los extremos legales para su progreso. En tal sentido, incrementó el rubro indemnizatorio por gastos de provisión, adaptación y reposición de la prótesis (v. fs. 324/340 y fs. 379/390 vta.).
II. Frente a ello, el letrado apoderado del accionante interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que aduce infracción a los arts. 1740 del Código Civil Comercial; 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 4, 5 y 21 del Pacto de San José de Costa Rica y 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, endilga absurdo en la ponderación de la prueba y conculcación de doctrina legal (v. fs. 394/402).
III. El remedio no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Ha dicho este Superior Tribunal -en reiteradas ocasiones- que los cuestionamientos vinculados a los montos indemnizatorios constituyen típicas cuestiones de hecho, privativas de los jueces de las instancias ordinarias e irrevisables en sede extraordinaria, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo (conf. doctr. causas C. 119.472, "Dallorso", resol. de 14-X-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016 y C. 121.680, "Córdoba", resol. de 6-IX-2017; e. o.), yerro valorativo que, si bien ha sido esbozado, no se avizora configurado en la especie.
En efecto, el Tribunal de Alzada a fs. 379/390 vta. -a la luz de las pruebas colectadas, en particular: el informe de fs. 136/145- para modificar el pronunciamiento de primer grado sostuvo que "... en este momento resulta muy dificultoso determinar a ciencia cierta cuantas prótesis necesitará la víctima, como sus características. No se sabe cuáles podrán ser los avances de la ciencia y tecnología y de cómo podrá incidir en la mejor calidad de vida del actor, en especial, porque será una Prótesis que utilizará constantemente. También ha de repararse, que los gastos de repuestos y mano de obra, por posibles roturas de la prótesis cabe estimar que no es un daño cierto, pues ello dependerá de una serie de circunstancias aleatorias que pueden no acontecer." (v. fs. 389).
Tal fundamento, que se erige en el pilar jurídico de la sentencia en crisis, no logra ser conmovido por los escuetos reproches expuestos a fs. 399/401, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (vinculados con la ponderación de los elementos fácticos, el daño causado y la cuantificación del rubro por gastos de provisión, adaptación y reposición de la prótesis) se han limitado -en forma sustancial- a reiterar lo expuesto ante el órgano anterior que ha sido tratado y desechado, omitiendo atacarse de modo directo y eficiente las afirmaciones y conclusiones vertidas por la Cámara. Con tal proceder, el impugnante ha desinterpretado el contenido de lo resuelto sin realizar un ataque hábil sobre los pilares jurídicos que lo fundamentan (v. fs. 365/366 vta.; conf. art. 279, cit. y doctr. causas C. 118.323, "Gaetan", resol. de 4-III-2015; C. 120.474, "Botta", resol. de 24-II-2016; C. 121.700, "Galli", resol. de 20-IX-2017; e. o.).
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el iter lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Lo dicho, basta para repeler el intento revisor y permite descartar la infracción normativa indicada a fs. 396 (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. El mismo déficit contiene la aducida infracción a los Tratados internacionales expuestos a fs. 396, ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo del recurrente -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.119, "Sampedro", resol. de 14-X-2015; C. 121.205, "Alternativa Bahiense S.C.", resol. de 21-XII-2016 y C. 121.337, "Matossian", resol. de 5-IV-2017; entre tantas).
III.3. Tampoco cabe atender el tópico que alega violación a la doctrina legal (v. fs. 396), toda vez que en los casos en los cuales se endilga dicha infracción, es indispensable que primeramente la misma sea individualizada y luego se exponga su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación (conf. doctr. causas C. 119.452, "Benítez", resol. de 17-XII-2014; C. 120.343, "Fortunato", resol. de 25-XI-2015; C. 121.131, "Ceratto", resol. de 21-XII-2016; e. v.), cargas éstas no abastecidas por el impugnante que conllevan a repeler este segmento de la protesta.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/09/2020 13:54:00 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/09/2020 14:11:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/09/2020 16:57:14 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/09/2020 19:36:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/09/2020 13:59:34 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/09/2020 11:48:14 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia